Categoría: Entrevistas

Desde hace algún tiempo el Gobierno viene dando señales de que la eventual ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyo número se llevaría de cinco a siete miembros, es una idea que merece consideración. Existe al respecto un proyecto elaborado por el senador Juan Carlos Romero (Cambio Federal-Salta) y, en una reciente aparición pública, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, señaló que efectivamente ese proyecto se encuentra en estudio y que “no sería para descartar”.

Empecemos por señalar algo básico: es verdad que una Corte actualmente de solo tres integrantes (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti) crea dificultades para su normal funcionamiento. Hace poco fue necesario sortear conjueces para resolver una causa que involucra a Lázaro Báez y a otros imputados con condenas ya dictadas y a la espera de una decisión final del alto tribunal. Trascendió que hubo desavenencias de los jueces supremos respecto del tratamiento de un planteo de la defensa de Báez acerca de si correspondía la aplicación de determinadas normas en materia de lavado de activos. Pretender que los tres jueces de la Corte estén siempre de acuerdo no es una opción muy razonable por lo que, mientras no se designen dos magistrados titulares para cubrir esas vacantes, deberemos acostumbrarnos a la aparición regular de conjueces.

Pero la cuestión que se plantea aquí es distinta. Tiene que ver no ya con la necesidad, que la hay, de cubrir las dos vacantes existentes, sino con la inconveniencia de ampliar la composición del tribunal y llevarlo a siete miembros. Antecedentes de cortes de siete jueces hubo ya en el pasado (y también de nueve), y ha habido numerosas discusiones acerca de si existe un número ideal. La Corte funcionó en muchos períodos de su historia de manera correcta con solo cinco jueces, en la medida en que tengan claro que se trata de un tribunal con una jurisdicción acotada y excepcional, y que no es su rol bregar por la “unificación de criterios” en temas de derecho común, como la interpretación de los códigos que dicta el Congreso y de otras normas de naturaleza no federal. La actual Corte tiene en claro eso. Si se pretendiera que desempeñe su misión con más miembros, las demoras serán mayores, pues las causas circularán por un mayor número de despachos.

Respecto de si es conveniente ampliar en este momento su composición, la pregunta que cabe formularse es si el Poder Ejecutivo habrá aprendido algo de la lección que dejó su fallido intento de cubrir las dos vacantes actuales. Pues, si nada aprendió, repetir ahora la pésima experiencia anterior con cuatro jueces sería claramente un sinsentido y un gravísimo error.

Para ello, sería indispensable que baraje candidatos muy preparados e insospechados, idealmente dos mujeres, capaces de obtener la difícil mayoría de dos tercios de los votos del Senado que exige la Constitución. Eso es lo que debió haber hecho antes, sin encapricharse con la designación de un candidato como el juez Ariel Lijo, que cosechó numerosos y merecidos reproches de la comunidad jurídica.

No es ampliando ciegamente la Corte Suprema que se mejorará su desempeño, sino regulando en forma integral la legislación sobre el recurso extraordinario, restringiendo su procedencia a casos excepcionales.

Ahora bien, es un hecho notorio que nuestra dirigencia política no viene dando ninguna lección de entendimiento y menos aún para temas relacionados con la lucha contra la corrupción y en favor de la institucionalidad. Lo sucedido con la caída de la ley de ficha limpia es una clara muestra. Allí primaron los intereses relacionados con mantener el statu quo y con la protección de aquellos políticos que quedarían alcanzados por las prohibiciones para acceder a cargos públicos que ese proyecto contemplaba.

Cuando hay casos judiciales de mucha importancia, algunos ya con condenas dictadas en dos instancias previas y que por lo tanto no deberían pasar, pero pasarán por la Corte Suprema, abrir una “negociación” en el Senado para nombrar no solo dos jueces (cuyas vacantes ya existen), sino cuatro, llevará seguramente a una discusión para la cual nuestra dirigencia política claramente no está madura. Se corre así el serio riesgo de que la pretendida ampliación de la Corte quede atada a un cálculo mezquino sobre “votos favorables” para revertir esas condenas, en una especie de negociación mercantil de toma y daca en la que las condiciones de excelencia de los candidatos queden de lado.

Lamentablemente, el contexto en que aparece este proyecto, suscripto solitariamente por un senador –típica situación de globo de ensayo cuando se quiere impulsar una idea y aparentar ser ajeno a ella–, permite suponer que no existe un interés real por mejorar el desempeño de la Corte, sino por ofrecer instrumentos de negociación a opositores para obtener réditos políticos en otras áreas.

Si la ampliación es para convertir la necesaria ocupación de cargos en un botín de reparto político, flaco favor le estamos haciendo a la Corte como institución y a la división de poderes como principio central de nuestra democracia republicana.

Fuente: La Nación

Luego de prácticamente un año de discusiones, un plenario de cuatro comisiones de la Cámara de Diputados emitió un dictamen mayoritario para reformar el régimen penal juvenil, que contempla la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Propicia, además, una serie de medidas tendientes a abordar la problemática de los menores que delinquen.

Es positivo que, después de ser considerado un tema tabú, los diputados se hayan decidido a tomar el toro por las astas y dar un tan postergado como necesario debate, frente al alarmante incremento de los delitos que, especialmente en la provincia de Buenos Aires, han conmovido tanto por su salvajismo como por el hecho de ser protagonizados por adolescentes. Los menores de 16 años, por ser hasta hoy inimputables en materia penal, son muchas veces reclutados por organizaciones criminales, que medran a través de delitos comunes como el negocio del narcotráfico.

Muchos niños, acostumbrados a vivir en la marginalidad, son utilizados como mano de obra barata por esas organizaciones delictivas. Pueden actuar como “soldaditos de la droga” o bien consagrarse al robo de hogares y vehículos o al simple asalto callejero y la sustracción de teléfonos celulares.

No puede negarse que el crecimiento de la delincuencia entre niños y adolescentes reconoce muchos factores vinculados con las dificultades socioeconómicas que afrontan. Marginalidad, precariedad habitacional, violencia familiar, falta de educación y contacto con el mundo de las drogas llevan a muchos de esos menores a ser cooptados por bandas dirigidas por adultos. De ahí que la búsqueda de soluciones a este problema requiera de un plan integral, que contemple una batería de medidas y programas para sacar a esos chicos de esta situación.

El desarrollo de los institutos penales adecuados para el alojamiento de menores surge como uno de los mayores desafíos

Pero este debate no puede seguir extendiéndose eternamente. Se impone avanzar con medidas que puedan ser aplicables y que les muestren a los delincuentes que hay voluntad política para atacar un flagelo que, desde hace demasiado tiempo, tiene en vilo a las personas de bien y que se ha venido cobrando muchas vidas inocentes, incluidas las de muchos menores que son llevados por el mal camino.

El dictamen parlamentario reunió 77 firmas de diputados de distintas bancadas, integrantes de las comisiones de Familia, Niñez y Juventudes; Presupuesto y Hacienda; Legislación Penal y Justicia. Cosechó el apoyo de los bloques de La Libertad Avanza, Pro, la UCR e Innovación Federal, al tiempo que los diputados de Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica acompañaron la iniciativa con disidencias. En cambio, el proyecto fue rechazado por el kirchnerismo, cuyos legisladores alertaron que tenía un claro sesgo punitivo contra los adolescentes.

La iniciativa consensuada, basada en un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional que fue objeto de modificaciones, contempla que la imputabilidad penal correrá a partir de los 14 años de edad –el Gobierno había propuesto que fuera de 13 años– y que los menores solo cumplirán pena de cárcel efectiva, con un límite máximo de 15 años, siempre que el delito que cometiesen esté penado con diez o más años de prisión. Si el delito cometido tuviera una pena de hasta tres años de prisión, el menor no irá a la cárcel y el juez deberá optar entre varios castigos alternativos, tales como la amonestación, la prohibición de salir del país o la prestación de servicios a la comunidad. Igual sanción podría corresponderle si el delito cometido superara los tres años de prisión hasta un máximo de diez, mientras no se trate de un homicidio, una grave violencia física o psíquica sobre las personas o delitos dolosos.

El régimen propuesto también garantiza la legalidad, el debido proceso y el derecho a la defensa desde el inicio, al tiempo que la privación de la libertad es concebida como última ratio, únicamente con alojamiento del menor en establecimientos especializados. La detención de los menores será en módulos diferenciados por edad, salud, situación cautelar o punitiva, donde además se les garantice el acceso a la educación, la salud, la recreación, la cultura y la religión. No podrán ser alojados junto a adultos y el personal de los centros penitenciarios deberá estar especializado en infancia y adolescencia.

Precisamente, el desarrollo de los institutos penales adecuados para el alojamiento de menores surge como uno de los mayores desafíos para la instrumentación de la ley una vez que resulte sancionada. Pero, por lo pronto, es importante que, de una vez por todas, se dejen atrás preconceptos asociados a ideologías abolicionistas del derecho penal, y se piense en las víctimas de la violencia y el crimen que a diario nos acosan.

Fuente: La Nación

Las graves inundaciones registradas en Bahía Blanca y, durante los últimos días, en distintas zonas del norte bonaerense son otro serio llamado de atención sobre las debilidades de la infraestructura para neutralizar exigencias extraordinarias de la naturaleza. Debe reconocerse, además, que la magnitud de esas precipitaciones ha sorprendido a los medios técnicos especializados. Cualquiera sea el posicionamiento científico frente al cambio climático, parece necesario revisar la aptitud frente a las grandes crecidas de obras e instalaciones existentes y los criterios futuros para el diseño de las nuevas.

Es oportuno y necesario reclamar la atención pública y del Gobierno sobre una situación existente de eventual riesgo catastrófico. Nos referimos a las represas existentes en el curso del río Neuquén, a lo largo del cual se construyeron importantes aprovechamientos hidroeléctricos que, además de generar energía, cumplen la función de regular el caudal y amortiguar el efecto de crecidas extraordinarias. Nos referimos al complejo Cerros Colorados-Portezuelo Grande-Planicie Banderita y Loma de la Lata. Los beneficios de esta regulación han hecho posible el desarrollo urbano y del riego en el valle del río Neuquén y por extensión en el valle del río Negro. También les ha dado protección contra inundaciones a localidades como Añelo, que es el centro operativo y logístico del yacimiento de Vaca Muerta.

Los registros hidrométricos históricos que estaban disponibles en el tiempo de construcción de esas obras hidráulicas llevaron a proyectarlas para resistir crecidas del río Neuquén de hasta 11.500 metros cúbicos por segundo. En aquel momento se estimó que la probabilidad de que en el futuro se superase ese caudal era prácticamente nula. La enorme gravedad de las consecuencias que ocasionaría el colapso de alguno de esos diques sobre vidas y bienes no daba espacio para dejar ningún margen de probabilidad a que se superara la crecida de diseño. Pero la realidad de estos últimos años ha mostrado que lo que era absolutamente improbable en los años sesenta, cuando estas obras fueron construidas, hoy ya es factible. El 12 de julio de 2006 el caudal llegó a 10.347 metros cúbicos por segundo. El dique de Portezuelo Grande, que fue diseñado para evacuar 11.500 metros cúbicos por segundo, estuvo a menos de cinco centímetros de desbordar sobre el coronamiento y producir su colapso. De haber ocurrido, el drama hubiera sido inenarrable.

Es oportuno y necesario reclamar la atención pública sobre una situación de eventual riesgo catastrófico, como el de las represas existentes en el curso del río Neuquén

Los cambios climáticos observados en los últimos años exigirían trabajar hoy con una crecida de diseño sustancialmente mayor. Los estudios que se vienen realizando desde hace algunos años dicen que la solución más aconsejable es construir una presa sobre el río Neuquén, aguas arriba de Cerros Colorados, con una capacidad de embalse suficiente para amortiguar los picos críticos de crecida. Esa sería la presa de El Chihuido, que ya cuenta con estudios y la documentación necesaria para ser licitada. Contaría con una central con 640 megavatios de potencia. En 2001 el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep) y la Autoridad Interjurisdiccional de la Cuenca (AIC), apoyados en la opinión de expertos, determinaron que Portezuelo Grande era incapaz de resistir la crecida máxima probable ya entonces pronosticable. Una presentación judicial llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que convalidó el fallo del Juzgado Federal de General Roca e intimó al Estado a “realizar las obras necesarias para garantizar la seguridad de la presa Portezuelo Grande, integrante del Complejo Cerros Colorados emplazada sobre el río Neuquén, ampliando su capacidad para que resista una crecida máxima probable (pico instantáneo) de 14.520 m3/segundo”.

La obra de El Chihuido fue licitada a fines de 2014 y preadjudicada a uno de los tres grupos que presentaron ofertas. Las condiciones de la licitación obligaban proponer su propia financiación en una concesión por 20 años. Esto no fue logrado debido a las difíciles condiciones macroeconómicas y la falta de seguridad jurídica de entonces.

En 2018, la Cámara de Diputados de la Nación declaró de interés nacional varias presas sobre el río Neuquén, prioritariamente la de El Chihuido, aunque nada ocurrió. Hoy continúa existiendo un riesgo evidente. La Academia Nacional de Ingeniería ha presentado al gobierno nacional un documento que sustenta esa conclusión con el pedido de encarar lo antes posible la concreción de esta obra.

La premisa establecida por el presidente Javier Milei de limitar al máximo el uso de fondos estatales para la obra pública se debe conciliar, en casos de necesidad impostergable como el de El Chihuido, con un urgente e inteligente armado de condiciones que convoquen perentoriamente ofertas de ejecución y operación con financiamiento y capital privados. La sola importancia de la supresión del riesgo sobre las inversiones y operación de Vaca Muerta debería ser por sí sola una base económica para financiar el proyecto. Pero es la eventualidad de consecuencias humanas catastróficas la razón por la cual esa obra no debe ser demorada.

Fuente: La Nación

La hipocresía o complicidad de numerosos líderes que traicionan la confianza en ellos depositada puede explicarse muchas veces a partir de sus mezquinos intereses propios. Las situaciones se repiten. Localmente, la frustrada sanción de ficha limpia es un triste ejemplo. Instalar falsas verdades sirve también para intentar justificar el apoyo a quienes reiteradamente vulneran derechos, tales los casos de Hamas, Nicolás Maduro en Venezuela o Vladimir Putin. El viaje del presidente Lula Da Silva a Moscú para el aniversario de la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial es otro vergonzoso ejemplo. Bastaba observar el palco de honor, plagado de criminales de lesa humanidad, algunos de ellos con pedidos de captura internacional, festejando el acontecimiento.

Al mismo tiempo, Estados Unidos liberaba a los “rehenes” asilados en la embajada argentina en Venezuela durante 412 días, paradójicamente bajo el cuidado del gobierno de Brasil.

Para la misma conmemoración de la victoria contra el nazismo, en Ucrania se hicieron presentes más de 30 representantes de países europeos y Kaja Kallas, vicepresidenta de la Comisión Europea, con el objetivo de ratificar el apoyo para la creación de un tribunal especial destinado a juzgar los crímenes de guerra cometidos por Rusia en el conflicto con Ucrania. Este tribunal europeo utilizaría partes del código procesal ucraniano que permite el juzgamiento en ausencia de los criminales identificados que no pudieron ser capturados, entre ellos Putin y María Lvova-Belova, por la deportación forzada y transferencia ilegal de niños desde las áreas ocupadas por las fuerzas rusas en Ucrania hacia el territorio ruso.

En nuestro país, desde que entró en vigencia la ley 27.784 de juicio en ausencia, la querella de Luis Czyzewski-Mario Averbuch, padres de dos víctimas del atentado contra la sede de la AMIA que representan al sector mayoritario de familiares de los 85 muertos, con el patrocinio del abogado Tomás Farini Duggan, presentaron el pedido para que se declare la rebeldía de los imputados y así poder realizar el mentado juicio. Días después, el fiscal hizo lo propio, mientras que la AMIA y la DAIA acompañaron en un mismo sentido, propiciando el nombramiento de defensores oficiales y el respeto de los derechos de los acusados.

Resulta absolutamente incomprensible a esta altura de los acontecimientos y a más de 30 años de los atentados, que otras tres querellas correspondientes a la Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia), Memoria Activa y la Asociación 18J-Familiares y Amigos de las Víctimas en el Atentado a la AMIA, plantearan objeciones al juicio en ausencia con distintos argumentos en consonancia con la defensa de los iraníes y del Hezbollah identificados hasta este momento, quienes querrán impedir que se realice el juicio oral.

Resumiendo estas peticiones, la prueba colectada hasta el momento se presenta en el juicio oral y público, ya sea en presencia y en ausencia. Basta demostrar que, habiendo hecho el Estado los esfuerzos necesarios para dar con sus paraderos, estos resultaron infructuosos porque eluden adrede la acción de la Justicia. También la causa del fallido Memorando de entendimiento y las alertas rojas que se intentaron desafectar, sumados a algunos reportajes televisivos que niegan la jurisdicción nacional, sirven plenamente para tenerlos como notificados. Si el fiscal Sebastián Basso considera que hay elementos suficientes para pasar a esa etapa y acusar a los imputados, no hay motivo para que no prospere.

Por otro lado, los procesos en rebeldía no son inconstitucionales como intenta alegar la Asociación 18-J sobre el atentado a la AMIA. La ley utiliza un andamiaje jurídico aceptado por la Comisión y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al compensar los derechos de defensa en juicio con los recursos legislados y, muy en especial, los derechos de las víctimas reclamantes ante la CIDH que ordenó al país remover los obstáculos procesales.

Los juicios en ausencia llevados adelante en Francia, Italia, Ucrania y por el Tribunal Internacional para Líbano, enseñaron con creces que el juicio oral alimenta la investigación, siendo que esta no se cierra hasta que el último perpetrador logre ser identificado y/o detenido. Francia acaba de reclamarle a Siria la entrega de una de las condenadas en ausencia prófugas involucradas en el atentado al teatro Bataclan del 2015 y al supermercado judío Hyper Cacher en París.

Habiendo recibido las opiniones de las partes, el juez Rafecas conocedor de procedimientos comparables, en especial de los criminales nazis juzgados en Nüremberg, deberá resolver próximamente sobre estos pedidos. Solo tiene que cumplir con el legado de quien falleció en 2023 a los 103 años, Ben Ferencz, fiscal adjunto de Nüremberg, en el primer alegato en un juicio en la Corte Penal Internacional, cuando dijo que “la única forma de salir de esto es la ley”.

Fuente: Las Nación

Cuatro de cada diez personas que trabajan en la Argentina lo hacen sin aportes al sistema previsional, según reveló un informe reciente del Indec basado en la Encuesta Permanente de Hogares. Los datos muestran también que la informalidad es mayor entre los cuentapropistas. Respecto de quienes sí tienen empleos debidamente registrados o contribuyen de manera autónoma, se estima que muchos llegarán a la edad jubilatoria sin tener cumplido el requisito, establecido por ley, de contar con al menos 30 años de contribuciones.

La alta informalidad no es novedosa ni se limita a las relaciones laborales, sino que abarca a la economía en general. En ese escenario, la política de moratorias previsionales resultó hasta aquí una respuesta de naturaleza transitoria de fuerte corte populista, frente a una realidad persistente que está en el corazón de los problemas sociales y económicos del país. Es decir, es una respuesta de por sí inadecuada, conclusión a la que puede arribarse incluso antes de considerar los efectos que generó en los últimos años en cuanto a situaciones de inequidad y a desincentivos a la formalización.

Se requiere con urgencia un debate serio y profundo para darle al régimen jubilatorio rasgos de previsibilidad y equidad en un escenario de envejecimiento poblacional que obliga a replanteos

La cuestión está en estos días en el eje de un debate en la Cámara de Diputados de la Nación. Un grupo de legisladores propone que vuelva a regir una moratoria, luego de la caída de vigencia de la que estuvo activa por dos años en virtud de la ley 27.705, y que fue la última versión de esta política de acceso a las prestaciones, protagonista desde 2005 del principal régimen jubilatorio del país.

Esa puja por reponer un sistema que no ha hecho más que empeorar las cosas para quienes han venido cumpliendo en tiempo y forma con sus obligaciones previsionales quedó cristalizado esta semana en un plenario de comisiones en la Cámara baja, del que surgió la firma de una decena de dictámenes que versaron sobre dos temáticas: la actualización por inflación del bono de 70.000 pesos, congelado desde principios de 2024 y la moratoria previsional, que el Gobierno dejó vencer en marzo último. Sobre este último punto, el kirchnerismo pretende prorrogarla por dos años más mientras que el resto de la oposición, con matices, propone reemplazarla por una prestación proporcional por la cantidad de años aportados sin que se exija tener una cantidad mínima de contribuciones. Así se busca dar respuesta a quienes acumulan, por ejemplo, 15 o 20 años de aportes, pero no llegan a 30. Será sin dudas un tema ríspido de llegar al recinto, pues lo que está en el fondo de la cuestión no es solo el reparto si no cómo se lo financiará teniendo en cuenta el colapso del sistema jubilatorio, producto en gran medida de la demagogia de gobiernos que se han dedicado a saquearlo, a usar el dinero de los jubilados para otros fines y a otorgar beneficios sin haber cumplido con todos los pasos que exige la ley.

Del total de jubilaciones y pensiones que actualmente paga la Anses, seis de cada diez fueron gestionadas a través de moratorias, volviendo insostenible el sistema

Otorgar una prestación proporcional a los años de aporte no es tenida hoy en cuenta ni por el sistema contributivo ni por el régimen de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que confiere un ingreso mensual a partir de los 65 años de edad, sin requisito alguno de aportes y siempre que se supere una evaluación socioeconómica (se revisan los datos patrimoniales y de ingresos de la persona solicitante).

Mejorar el diseño de esta prestación antes que reponer las cuestionadas moratorias es un objetivo recomendado por algunos expertos que, días atrás, expusieron ante los diputados de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda.

La estadística de la Subsecretaría de Seguridad Social de la Nación indica que, del total de jubilaciones y pensiones que actualmente paga la Anses, seis de cada diez fueron gestionadas a través de moratorias volviendo insostenible el sistema. Es decir, corresponden a personas o a derechohabientes de personas que no llegaron a cumplir con los requerimientos fijados por una ley que, por su parte, es muy rígida en algunos aspectos y quedó desacoplada de un escenario laboral con tantas fragilidades como el de nuestro país.

No debe perderse de vista que las moratorias sobrecargan pesadamente cualquier estructura de beneficios que no se sostiene por sí misma, sobre todo en un contexto en el que quienes más aportaron, más poder de compra de sus ingresos perdieron durante los últimos años. Por causa de la inflación, fueron quienes menores recomposiciones recibieron

Si se observa solo el universo de las jubilaciones, la incidencia de los casos con moratoria se eleva al 68,5%. Entre las mujeres jubiladas, la tasa trepa al 79,9%. Y los índices son incluso superiores entre quienes cobran prestaciones jubilatorias del sistema de la Anses y viven en determinadas provincias: en Formosa y en Chaco, la participación de los casos con moratoria es de 90,1% y de 86%, respectivamente, en tanto que en Misiones llega al 82,4% y en Corrientes, al 81,1%.

Las moratorias surgieron en 2005, fruto de una tardía reglamentación de la ley 24.476, de mediados de la década del 90. Con el tiempo, el mecanismo para jubilarse salteándose el requisito de 30 años de aportes (nunca revisado en los últimos 20 años) se fue adaptando con diferentes normativas. Y, más allá de la caída de vigencia de la última de ellas, el sistema de aquella ley de hace más de tres décadas sigue en pie, aunque es restrictivo en cuanto a quiénes pueden utilizarlo, ya que permite regularizar aportes solo por períodos previos a octubre de 1993.

Tanta permanencia en el tiempo parece hacer que se pierda de vista la incapacidad de las moratorias para ser un sistema adecuado, sobre todo en un contexto en el que quienes más aportaron, más poder de compra de sus ingresos perdieron en los últimos años a causa de la inflación, porque fueron quienes menores recomposiciones recibieron. Las moratorias son causa, por otra parte, de fuertes inequidades: los autónomos con esfuerzos contributivos por 30 años o más, de hecho, accederán a la misma prestación jubilatoria que quienes, por razones propias o muchas veces ajenas, no han tenido prácticamente aportes.

Esta última cuestión es una de las tantas que requiere de un debate de fondo, tendiente a darle al régimen jubilatorio rasgos de previsibilidad, equidad y sostenibilidad en un escenario de envejecimiento poblacional que obliga a replanteos.

Fuente: La Nación

La salida del cepo cambiario y el pase a una flotación entre bandas ha significado un avance positivo y, a la vez, una aproximación a una mayor claridad respecto del sistema monetario al que el gobierno de Javier Milei pretende llegar.

Se trata de un rompecabezas al que aún le faltan o tal vez le sobran algunas piezas. En el acuerdo con el FMI que acompañó el último desembolso se incluyó un compromiso de alcanzar un nivel de reservas netas de 5000 millones de dólares al 13 de junio próximo. Pero fuera de ese acuerdo, las autoridades nacionales se autoestablecieron una regla para dotar de mayor pureza y credibilidad a una flotación limpia. Solo comprarán dólares si su cotización libre cae debajo del límite inferior de la banda o los venderán si supera el límite superior. Esos límites, además, se moverán cada treinta días en sentido opuesto, ampliando gradualmente el ancho de la banda. Por lo tanto, la intervención del Banco Central o del Tesoro para comprar reservas en el mercado solo será posible si la cotización del dólar cayera al límite inferior, que comenzó siendo de 1000 pesos, pero desciende. Esto hace menos probable que se alcance ese límite inferior en tiempos en los que ya hay una fuerte revaluación del peso.

Nada que implique devaluación será implementado por iniciativa del Gobierno, que tiene puesta la vista en la derrota de la inflación. Después de un moderado incremento del índice de precios al consumidor del 2,8% en abril, la apuesta oficial es que ese indicador quede acotado a partir de mayo a un porcentaje que empiece con 1 o cero.

La autodisciplina de una flotación limpia es menos potente que asegurar que no habrá emisión de pesos

Procurando cumplir con la meta de reservas del FMI y evitando la compra oficial de reservas dentro de la banda, el ministro de Economía, Luis Caputo, ha planteado la posibilidad de emitir un bono en dólares. Esto será sujeto de crítica ya que los intereses que debería ofrecer en un bono serían superiores a los logrados con el FMI. Justamente se hizo un enorme esfuerzo negociador para obtener fondos adicionales a los requeridos por los vencimientos para sanear el Banco Central de sus deudas de alto costo.

La autodisciplina de una flotación limpia como inductor de confianza es menos potente que asegurar que no habrá emisión de pesos. Logrados el equilibrio fiscal financiero y la supresión del déficit cuasi fiscal, esta credibilidad está lograda. Así lo demuestra la observación de la disminución de la velocidad de rotación del M1 y el M2, característica de un aumento en la confianza de la moneda. Este fenómeno, cuyo efecto es equivalente a la reducción de la cantidad de dinero, se enfrenta hoy al crecimiento de la actividad económica. Por ambas razones está aumentando la demanda transaccional de pesos y la cotización libre del dólar presiona hacia abajo. De esta manera, puede haber atraso cambiario aun con flotación limpia. Es un fenómeno similar, aunque no igual, a la llamada “enfermedad holandesa”. Parecería que se podría lograr la meta de reservas convenida comprando prudentemente dólares del mercado dentro de la banda de flotación.

Las declaraciones del ministro Caputo indican que ha llegado el momento de perfeccionar la competencia de monedas, facilitando el uso del dólar o de otra divisa en las transacciones de cualquier tipo. Esto fue lo anunciado cuando reclamó que la gente use los dólares del colchón para sus consumos habituales. Surgió la observación crítica de cómo actuaría la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) frente a la aparición de dinero no declarado, cuestión que motivó un paréntesis para no violentar disposiciones existentes ni disgustar a los contribuyentes cumplidores y a los que blanquearon legalmente. Pero la “dolarización endógena” con competencia de monedas parece estar en marcha. Se está materializando un camino anticipado por el presidente Milei hace algo más de un año. Para que la demanda de dinero se satisfaga en la hipótesis de cero emisiones de pesos, debería haber un uso creciente de los dólares que los particulares han acumulado como moneda de ahorro. Ese uso del dólar no debería excluir el pago de impuestos ni tampoco los pagos del Estado al sector privado. De no ser así y de mantenerse fija la cantidad de pesos frente a un crecimiento de la economía, se aceleraría aún más la revaluación del peso frente al dólar.

Se ha disipado el temor de que la salida del cepo produjera una corrida cambiaria y un repunte inflacionario

Estamos ante un escenario desconocido para los argentinos, pero en esencia el más virtuoso de todos los que hemos atravesado si es que fuera posible que caigan nominalmente precios si se sostuviera la emisión cero.

El camino hacia una dolarización se facilitaría, aunque hoy parece una alternativa definitivamente archivada. Lo cierto es que se ha disipado el temor de que la salida del cepo produjera una corrida cambiaria y un repunte inflacionario. Esto ocurre mientras ya se observan claramente datos de reactivación productiva y disminución del porcentaje de pobreza. Es este el pilar político del Presidente que no se debiera debilitar con su innecesaria y reprobable agresividad hacia opositores, economistas y periodistas críticos.

Fuente: La Nación

En poco menos de un mes, el plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación destituiría al nefasto juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, imputado por extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y allanamiento ilegal. Si se concreta este paso, que fuentes del Consejo de la Magistratura dan como un hecho, el magistrado será detenido. Ya no tendrá los fueros que lo protegen y se podrá hacer efectiva la prisión preventiva que dictó el juez federal Eduardo Rodríguez Da Cruz el mes pasado.

Una semana después de que se concretara la imputación formal contra Bailaque, integrantes de la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura pidieron la transcripción de las audiencias que se realizaron el 21 de noviembre de 2024, el 18 de marzo y el 30 de abril último. Luego de que fuera acusado por los fiscales federales de Rosario, el Consejo de la Magistratura tomó envión para analizar el caso, después de que esa comisión, encargada de hacerlo, no se reuniera desde diciembre pasado. Los argumentos de miembros de ese cuerpo indican que la baja de dos integrantes de esa comisión, por el fallecimiento de Héctor Recalde y la renuncia de Miguel Piedecasas, provocó estas demoras. Otra visión que contrasta con este argumento es que especularon con que la causa judicial contra Bailaque avanzara para que estuviese más clara y concreta la posibilidad de su destitución.

Una de las claves para que quedara imputado fue la declaración como arrepentido del exjefe de ARCA Rosario Carlos Vaudagna, que reconoció que, junto con Bailaque y con el financista Fernando Whpei –este último detenido anteayer–, extorsionaron al empresario Claudio Iglesias, en 2019. La maniobra, que se gestó en el quincho del edificio del magistrado, tenía dos objetivos. Por un lado, sacarle dinero a Iglesias, a quien –según declaró– Whpei le había pedido 200.000 dólares para “ayudarlo” a que no avanzara una causa en la ex-AFIP por lavado de dinero. Ese expediente se había originado con un mensaje anónimo falso que ingresó al organismo recaudador y que el mismo día fue enviado al Juzgado Federal Nº4, a cargo de Bailaque, para que se iniciara una investigación. Decía que Iglesias lavaba dinero narco de Los Monos. Se supo que el objetivo era perjudicar a Iglesias en su carrera en la compañía San Cristóbal Seguros, donde aspiraba a ser presidente del directorio. Los dos objetivos se cumplieron en parte. El empresario renunció a la empresa aseguradora y pagó unos 120.000 dólares para que la investigación judicial se detuviera. Whpei le prometió que sería sobreseído, pero, luego de un tiempo, el magistrado, sin ninguna evidencia, dictó la falta de mérito.

Paralelamente, Bailaque está acusado en otras causas. Una de ellas es por las sospechas que existen de favorecer al jefe narco rosarino Esteban Lindor Alvarado. El juez demoró varios meses en autorizar escuchas telefónicas contra este narcotraficante, algo que había pedido la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). A esto se suma lo revelado por LA NACION el 12 de junio último, cuando publicó que el contador Gabriel Mizzau le llevaba las cuentas personales al magistrado y también a las empresas del narco Alvarado. Incluso, Sebastián Mizzau, hijo del contador, entró a trabajar en el juzgado de Bailaque y, entre sus funciones, tenía la de seguir el expediente por lavado de dinero de Alvarado.

Al juez se lo acusa, además, de haber cedido a Whpei –quien confesó ser su amigo– el manejo de los fondos que estaban intervenidos de la Cooperativa de Estibadores de Puerto General San Martín. La mutual del Grupo Unión, de Whpei, manejó durante más de un año más de 10.000 millones de pesos que pertenecían a esa entidad, que estaba bajo intervención, luego de que quedara detenido el dirigente Herme Juárez por lavado de dinero.

Las maniobras detectadas por los fiscales, que llevaron a que el juez Rodrigues Da Cruz dispusiera la prisión preventiva de Bailaque dejaron al descubierto los altos niveles de impunidad que reinaron en Rosario, donde la violencia narco que golpeó a esa ciudad tiene marcadas raíces en la complicidad de otros sectores por fuera del mundo narco.

En las próximas semanas, los fiscales imputarán al financista Whpei, un hombre poderoso de Rosario, dueño del llamativo Museo de la Democracia, en pleno centro rosarino, donde varias veces estuvo Alberto Fernández, antes de ser presidente, porque era abogado personal del financista, quien enfrentó varias causas judiciales.

Los hermanos Guillermo y Fernando Whpei están al frente del grupo Unión, que nuclea varias mutuales, entre ellas, la de Jubilados y Pensionados. También gerenciaron varios medios de comunicación, como Radio Rivadavia, LT3 y el diario El Cordillerano. Se sospecha que financiaron campañas políticas de varios sectores, incluso antagónicos ideológicamente, como La Cámpora y un sector de Juntos por el Cambio.

Si se concreta la demorada destitución de Bailaque, marcará un avance y pondrá un poco de luz en medio de la preocupante oscuridad en la que quedó sumida Rosario durante tanto tiempo y que permitió que el narcotráfico avanzara en las instituciones hasta penetrar en las más altas esferas. Este caso puede marcar una bisagra de cara al futuro, luego de que la violencia extrema que azotaba las calles se descomprimió durante el último año.

Fuente: La Nación

El diputado nacional Ricardo López Murphy acaba de presentar un proyecto de ley para que el Estado argentino comience a reconocer y reparar económica y moralmente a las víctimas de los ataques perpetrados por las organizaciones terroristas que asolaron el país desde 1960 hasta su última manifestación armada en 1989, cuando la siniestra organización Todos por la Patria asaltó los cuarteles militares de La Tablada. El proyecto dispone el otorgamiento por única vez a dichas víctimas o sus herederos de una suma de dinero con carácter reparatorio para todos los casos en los cuales los atentados terroristas hayan provocado la muerte de personas, lesiones graves o gravísimas, o privaciones de libertad por más de 72 horas. La iniciativa dispone también la realización de actos de reparación moral, emplazamiento de monumentos, memoriales conmemorativos o cualquier otra forma que asegure el recuerdo y reconocimiento de las víctimas de tales ataques.

Cabe recordar que en septiembre último, el Senado ratificó el DNU de 2019, de Mauricio Macri, que otorgó una compensación económica a los soldados heridos y a los herederos de quienes murieron durante el enfrentamiento con Montoneros, que en 1975 atacó el Regimiento de Infantería de Monte N° 29, en Formosa, conocido como “Operación Primicia”.

La aparición del terrorismo en la Argentina, derivado de la Guerra Fría entre el mundo libre y la Unión Soviética en la segunda mitad del siglo pasado, constituye la mayor tragedia afrontada por el país desde su nacimiento. Ninguno de los gravísimos enfrentamientos internos vividos en nuestra historia generó más atentados criminales, ataques a cuarteles militares y comisarías, secuestros extorsivos y daños materiales y morales que los provocados por esas bandas constituidas, paradójicamente, por jóvenes provenientes de estratos medios y medios altos de la sociedad, deslumbrados por la visión utópica, maniquea y pesimista de la doctrina marxista en boga en aquella época y que, en sus diferentes versiones, imponía la violencia como único método y solución para lograr un cambio abrupto de la sociedad, eliminando todo obstáculo institucional o humano para arribar a la dictadura del proletariado, paso necesario para llegar al “paraíso” igualitario que pregonaba.

La ofensiva guerrillera provocó más de 17.000 víctimas. La reacción estatal provocada por la ofensiva guerrillera, que abarcó todo el continente centro y sudamericano, dejó en nuestro país un saldo trágico de más de 8000 víctimas de la represión estatal según datos del Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado, más de 6000 de ellas desaparecidas. La tragedia no se limitó a la eliminación de vidas y la ruina y atraso que los enfrentamientos provocaron en un país lacerado y dividido. Los juicios a las juntas militares y las cúpulas guerrilleras intentaron generar una lección de justicia humana, solo alcanzable por la vía de la legalidad, mientras que las normas democráticas de amnistía e indultos presidenciales pretendieron dejar atrás el pasado con miras al logro de la paz y la unión nacional. Pero el revanchismo dirigido a los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad volvió con el kirchnerismo enmascarado tras el loable propósito de la lucha contra la impunidad. El método fue la presión política sobre una Justicia que no resistió el embate y dictó fallos discriminatorios que terminaron por derrumbar las garantías constitucionales que protegían a todos los ciudadanos en democracia. Lo hizo a través de sucesivos fallos de la nueva mayoría instalada en la Corte Suprema con el objetivo de cumplir el cometido político de volver a juzgar los hechos, pero solo los cometidos por los militares.

La persecución se extendería rápidamente a los jueces que condenaron a terroristas, a policías y agentes de seguridad sin distinción de jerarquías, a empresarios y a opositores políticos del gobierno dando paso, como ocurrió en casi toda iniciativa kirchnerista, a un descomunal negociado indemnizatorio para quienes se presentaron como víctimas del terrorismo de Estado sin controles serios de veracidad, respaldo probatorio mínimo o control. El proyecto de López Murphy está inspirado en las normas de pacificación que paulatinamente llevaron al Uruguay a una concordia mínima que reencauzara los ánimos y sentimientos de los ciudadanos hacia la paz y el perdón mutuos.

Como ha señalado el papa Francisco, imputado falsamente en estos procesos por los agentes del odio, sin perdón toda familia se convierte en una arena de conflictos y un reducto de penas. Quien no perdona se enferma física y espiritualmente. Glosando otras de sus palabras, toda nación, como toda familia, necesita ser un lugar de vida y no de muerte, un territorio de cura y no de enfermedad. Se requiere para ello independencia de criterio y grandeza de alma, como la que tuvieron ante similares o peores dramas diversos actores políticos y sociales de otras naciones, algo que nuestra actual dirigencia política y judicial –con destacables excepciones como la que comentamos– no alcanza a exhibir.

Las cárceles no dan abasto. El delito crece de manera incesante, con casi 12.000 internos solo en penales federales; la realidad penitenciaria desafía la creatividad de una sociedad que debería promover la reinserción social de los reclusos y no la reincidencia.

El interno tiene el derecho y el deber de trabajar, según fija la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, pudiendo ganar así una remuneración que respete la legislación laboral. Se calcula que el 70% de la población carcelaria tiene un trabajo remunerado por el que debería cumplir un mínimo de ocho horas de labor. No cobran por ser presos, sino por trabajar, y su sueldo no será inferior a las tres cuartas partes del salario mínimo vital y móvil. La ley dispone que el 10% será para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, que rara vez llega a sus destinatarios; 35%, para su alimentación; 25%, para costear los gastos que causare en el establecimiento, y 30%, para formar un fondo propio que se le entregará a su salida.

El Ministerio de Seguridad de la Nación anunció que un 5% de los presos que no realizan tareas de reinserción social podrán cumplir tareas generales. Los pagos a internos que no realizaban ninguna labor habían venido sufriendo fuertes incrementos en los últimos años. Solo el 38% realizó alguna actividad; la mayoría cobró una suerte de subsidio encubierto sin contraprestación alguna.

El Gobierno anunció que no quiere que los delincuentes, en vez de trabajar, cobren un salario por no hacer nada. En adelante, todos los internos deberán dedicar hasta cinco horas diarias, que no serán remuneradas, a tareas de mantenimiento y limpieza de los espacios propios y comunes de los establecimientos penales.

El progreso de quien cometió un delito no puede reducirse exclusivamente a ver transcurrir el tiempo en prisión. Tiene que haber un uso productivo de este. La ociosidad ha demostrado promover la violencia y el desorden en favor de una subcultura carcelaria ligada al delito.

Un 80% del total de detenidos cursan clases en los tres niveles o en práctica de oficios a través del Programa Manos a la Obra. Trabajos de herrería, fabricación de mobiliario, provisión de adoquines y confección de uniformes para el Servicio Penitenciario son algunas de las actividades.

Cárceles sanas y limpias, no para castigo sino para reinserción, son responsabilidad del Estado, sin olvidar que los reos no son víctimas sino victimarios dentro de la sociedad. Las redes de corrupción penitenciaria contribuyen a sostener sistemas de privilegios que unos cargan sobre los otros. Hay muchísimo por hacer desde distintas áreas para que la cuestión carcelaria sea debidamente reencauzada. Demasiados años de burdo e insostenible garantismo nos han traído hasta aquí. No podemos quedar prisioneros de esta situación.

Fuente: La Nación

Debieron pasar 19 años de improcedentes e injustas acusaciones hasta que la Corte Suprema de Justicia ratificara recientemente y por unanimidad el sobreseimiento del juez Pedro Hooft, a quien el kirchnerismo le armó una causa para acusarlo de haber sido cómplice del último gobierno militar y partícipe necesario de delitos de lesa humanidad en la llamada “Noche de las Corbatas”, en 1977, cuando hubo abogados desaparecidos.

El máximo tribunal de justicia del país declaró inadmisible el recurso de queja interpuesto por la querella: la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Fiscalía General ante la Casación y la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense. Lo hizo al aplicar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que dispone que “con la sola invocación” de esa norma “podrá rechazar el recurso extraordinario por la falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.

La causa había sido iniciada en 2006, impulsada por la entonces Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo del hoy fallecido Eduardo Luis Duhalde, de amplia militancia en los 70 en las organizaciones político-militares que intentaron, mediante la lucha armada, tomar el poder y que fueron parte de la sangrienta tragedia de aquellos años.

La persecución judicial mediante el armado de causas a funcionarios judiciales federales se ha dirigido y se dirige en todos los casos contra quienes, estando en funciones, acusaron o condenaron a terroristas. Entre otros casos, cabe destacar el injusto hostigamiento que sufre el doctor Jaime Smart –quien cumple prisión domiciliaria– y, más recientemente, el padecido por uno de los más prestigiosos magistrados del fuero penal, tanto de instrucción como federal, el doctor Guillermo Rivarola.

Son más de 60 los magistrados y fiscales perseguidos por supuestos casos de lesa humanidad a casi medio siglo de ocurridos los hechos.

Hooft, juez federal de Mar del Plata, de conducta intachable, reconocido local e internacionalmente, había sido sobreseído en 2014 tras siete años de iniciada la vil causa contra su persona. En aquella oportunidad, ocho de los diez integrantes del jurado de enjuiciamiento fallaron en su favor. Previamente, un tribunal había declarado su inocencia respecto de los graves hechos que se le imputaron.

Apenas conocida aquella noticia, un enorme abanico de funcionarios judiciales, dirigentes políticos, legisladores de aquella época y uno de los abogados defensores de Hooft, el también intachable exfiscal Julio César Strassera, celebraron la decisión judicial y calificaron de “una verdadera persecución kirchnerista” la arremetida contra el magistrado. Strassera lo dijo claramente: la acusación fue una “verdadera canallada”, enmarcada en la estrategia del kirchnerismo “de querer echar a funcionarios dignos para colonizar el Poder Judicial”.

Hace 11 años y tras conocerse aquella absolución, también se solidarizaron con Hooft representantes del gremio de los trabajadores judiciales, miembros de la Federación Argentina de la Magistratura, del Consejo de la Magistratura y de la Asociación de Magistrados, entre otras tantas voces que se alzaron contra el constante ataque del kirchnerismo contra las instituciones de la República y de sus integrantes más probos mediante la promoción de falsas acusaciones con el único fin de sustentar el relato parcial y revanchista que por todos los medios quiso imponer respecto de aquellos atroces años de plomo.

Como hemos dicho desde este espacio desde el principio de la causa contra el juez Hooft, su caso es, a todas luces, un ejemplo de persecución política en nombre de los derechos humanos que el kirchnerismo enarboló recién en 2003, nunca antes, y que utilizó como un ariete e instrumento de venganza para destruir o intentar hacerlo con todas aquellas personas o instituciones que no se encolumnaron detrás de su maniquea visión.

Fueron víctimas de ese brutal ataque, entre otros, la Iglesia Católica, los medios periodísticos independientes, la Justicia, sectores del empresariado y numerosos oficiales de las Fuerzas Armadas que, en su condición de jóvenes militares, enfrentaron a las organizaciones terroristas en la guerra interna que vivió el país con un saldo de dolor y muerte en ambos sectores.

La decisión de la Corte no puede más que ser celebrada. La Justicia, aunque lenta, ha sido justa en el caso del juez Hooft. Ojalá lo fueran siempre los gobernantes, cuya misión no es inventar acusaciones, sembrar la división ni sacar rédito político de hechos sumamente desgraciados, que todavía hoy causan tanto dolor.

Fuente: La Nación