Categoría: Entrevistas

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Insultos, burlas, improperios a voz en cuello y a micrófono abierto parecieran haberse vuelto algo cotidiano dentro de recintos que deberían ser espacios de diálogo respetuoso entre personas educadas. Lamentablemente, de un tiempo a esta parte venimos confirmando que muchos de nuestros legisladores no son los que nuestra alicaída república necesitaría. Son otro triste ejemplo de lo que los ciudadanos rechazamos en nuestra dirigencia política. Representan la decadencia en la que hemos caído.

Ocasionalmente, en el fragor de una confrontación, podrían decirse cosas inadecuadas. Pero, si en lugar de arrepentirse se redobla la apuesta, preocupa. Tal es el caso de la diputada santafesina Florencia Carignano (UP), exdirectora de Migraciones y referente de La Cámpora en la provincia, quien arremetió con soberbia, bajeza e ironía contra su par Gerardo Milman, burlándose largamente de sus problemas de salud sin evidenciar ningún rasgo de humanidad. Exonerado ya por la Justicia, Milman había pedido una moción de privilegio contra legisladores kirchneristas que lo acusaron por el sospechoso intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, Carignano, una de ellas.

En su verborrágico brote argumental, Carignano tildó de gatos y de locas a las representantes libertarias Lilia Lemoine, Juliana Santillán y Nadia Márquez, enfurecida porque la filmaban y le gritaban durante su alocución, dando ellas también triste muestra de comportamientos fuera de lugar. A la diputada portadora de datos erróneos, Juliana Santillán, le dedicó Carignano un sinfín de duras acusaciones sobre su vida privada. La Camporista, vivo ejemplo de la falta de educación y agresividad imperante, afirmó que “el nivel intelectual de las diputadas y diputados libertarios es muy básico, elemental”. Adujo que no es políticamente correcta, se jactó de ser “auténtica” y fundamentó su violento arranque al decir que es “bien tana”. Habría que recordarle a la diputada que la inteligencia emocional que conduce a conductas equilibradas no se consigue en la universidad.

La falta de autocrítica es notoria. Lemoine, cuyo estilo deja tanto que desear, acusó a Carignano de ser “fiel representante del feminismo K” y que “hay que sancionar estos comportamientos dentro de la Cámara”. Ejemplos sobran, entre ellos, la inaceptable referencia del diputado libertario José Luis Espert en un encuentro en la UCA, cuando recordó viejos dichos de su autoría que insultaban groseramente a Florencia Kirchner y a su madre, la expresidenta. El buen gusto impide reproducirlos.

Podemos recordar, meses atrás, en el escándalo por la Comisión de Juicio Político, cómo Marcela Pagano (también de LLA) se cruzó con su compañera de bloque Lemoine en el recinto y le espetó: “¿Qué te pasa, forra?”, oportunidad también en la que su par de bancada, la santafesina Rocío Bonacci, arrojaba agua mientras se desarrollaban escenas de pugilato entre el oficialista Lisandro Almirón y Oscar Zago (MID), siendo que en la misma senda el primero ahora bautizó a Oscar Agost Carreño como Agost Carroña. En estos días, Pagano acusó a Lemoine de chirolita de Martín Menen, quien devolvió gentilezas calificándola de “delirante”. Los cruces continúan en torno al proyecto llamado “ficha limpia psicológica”, de Pagano, que seguramente tarde en avanzar detrás del fracasado de ficha limpia que perseguía que no pudieran ser candidatos a cargos electivos los condenados con doble sentencia.

Sumando virtudes, Carolina Gaillard (UP) tildó a Márquez de “rubia teñida” y Karina Banfi había gritado a Gaillard “¡Denle un Rivotril que está sacada!”. Necesitaríamos varias columnas para completar todo lo que quedó registrado en bochornosos diarios de sesiones y videos.

Mientras crece el nivel de violencia, desciende el del debate. Paula Oliveto (CC) advirtió atinadamente que “estamos normalizando cosas que pasan en el recinto de la Cámara de Diputados que no son serias [..] y evitan que se discuta lo importante”. Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Fderal) propuso con más ilusión que esperanza: “Tratemos de respetarnos entre todos” y su compañera de bloque, la cordobesa Alejandra Torres, pidió repudiar los “insultos personales, denigrantes y cargados de connotaciones agraviantes” hacia diputados “en clara violación al decoro parlamentario y la convivencia democrática”.

En diciembre pasado, Carla Carrizo (Democracia para Siempre) había propuesto la creación de una “comisión de ética y disciplina” dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, con “recomendaciones tendientes a orientar el buen comportamiento de los legisladores, especialmente en lo referente a las cuestiones de orden, ética y transparencia”.

La cantidad y gravedad de insultos, la ausencia de argumentos y propuestas en un virulento clima habla a las claras de la mediocridad y la falta de decoro de buena parte del cuerpo. A menor nivel, mayor probabilidad de que algunos nefastos personajes de dudoso historial y suculento prontuario alcancen un cargo. No podría ser de otra manera cuando es el propio Presidente quien recurre a la agresión y a la descalificación de manera permanente.

Nuestro Congreso testimonia también que el problema educativo no es nuevo y que un error ortográfico podrá corregirse, pero que otras faltas se vuelven insalvables.

Fuente: La Nación

 Filipuzzi – LA NACION11

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El peronismo lanzó el operativo proscripción. Ante la confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la sentencia de la Cámara de Casación en la causa Vialidad, que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la expresidenta llamó al PJ a movilizarse. “Me quieren presa o muerta”, había expresado el sábado último durante un acto en Paso de los Libres. La estrategia para enfrentar el histórico fallo judicial es, una vez más, la victimización: declararse proscripta por los mismos “grupos económicos concentrados” que frustraron su “revolución nacional y popular”, ahora operando desde el máximo tribunal. “En el fondo profundo los que tienen miedo son ellos. Solo la gente que tiene miedo y odio trabaja de esa manera”, afirmó.

Miedo y odio son curiosamente dos sentimientos que Cristina Kirchner manipuló durante su gestión presidencial para alcanzar un poder hegemónico. Construyó para eso un relato, que se cimentó en un sentimiento humano que existe en mayor o menor medida en toda sociedad, y que ella estimuló para dividir y gobernar: el resentimiento. Las heridas que la expresidenta reabrió siguen abiertas y hoy el resentimiento es fomentado desde otro signo político, pero con fines parecidos. Con el auge de los populismos, la manipulación de las emociones negativas se ha vuelto global, y vale la pena detenerse en esa dinámica política que daña a las democracias republicanas.

Posiblemente no exista una emoción más ponzoñosa que el resentimiento. Hay en su origen una injusticia, real o imaginaria, que se impone a la fuerza y no deja resquicio para una respuesta o una reparación que alivie su peso. El humillado rumea su resentimiento en silencio y llena su ánimo de agresividad. Esta emoción puede provenir de una envidia malsana que coloca al sujeto en una posición de inferioridad, pero también puede ser consecuencia de una situación injusta que se prolonga en el tiempo sin visos de resolverse.

Para muchos analistas, el malestar actual de las democracias occidentales se debe en buena medida a la brecha entre los ingresos más altos y los más bajos. Una franja muy pequeña de la sociedad se ha vuelto más rica mientras las clases medias y bajas perdían posiciones y se precarizaban. “Nunca se habló tanto de estas desigualdades y, al mismo tiempo, nunca se hizo tan poco para reducirlas”, escribió el politólogo francés Pierre Rosanvallon, para quien la igualdad (sobre todo de oportunidades) es una promesa esencial de la democracia que nace con las revoluciones francesa y norteamericana. Hoy, afirma, resulta incumplida, con la consiguiente frustración de quienes se sienten excluidos del sistema, ya sea por tener ingresos insuficientes como por haber quedado fuera del mercado tras el impacto de la globalización y la revolución tecnológica, que han reconfigurado el mundo del trabajo en Occidente.

El clima de odio y división conspira contra la confianza y la salud de las instituciones

Ante la pérdida de su calidad de vida o la caída en la pobreza, estos sectores perciben que el sistema responde con la indiferencia, activando un resentimiento que los líderes populistas estimulan con discursos incendiarios para cosechar votos. Una vez en el gobierno, proceden a doblegar las instituciones de la democracia desde adentro. Estos líderes pueden vestir los colores de la izquierda, como Hugo Chávez, o de la derecha, como Donald Trump. La dinámica es la misma. Unos y otros demonizan a una supuesta élite, culpable de todos los males, y a fuerza de cebarse contra ese “enemigo”, llevan el resentimiento a la escala del odio. Y le dan cauce, lo liberan, lo transmutan en energía política activa, al precio de dividir a la sociedad, hacer añicos la convivencia democrática y desengañar finalmente las esperanzas de redención que ellos mismos despertaron.

“Estos líderes se convierten en objeto de una fuerte inversión emocional porque se asocian estrecha e íntimamente con el yo herido de los individuos”, dice la socióloga Eva Illouz en su reciente obra La vida emocional del populismo. Prometen vengar las heridas del pasado y adoptan un discurso victimista, que muchas veces abreva en experiencias traumáticas de su propia vida. “Esto les permite convertir en arma la condición de víctimas, volverla una moneda útil en la arena política, otorgándole un brillo moral”, sostiene.

La experiencia kirchnerista es un buen ejemplo. Cristina Kirchner polarizó a la sociedad apoyándose en una política identitaria de fuerte carácter emocional. En sus largos y frecuentes discursos, promovió una sed de revancha contra lo que ella denominaba “poderes hegemónicos”. Obtuvo así adhesión suficiente como para aspirar a alcanzar, vaya paradoja, su propia hegemonía. Expresó ese objetivo en su “vamos por todo” de febrero de 2012, pocos meses después de haber sido reelegida con más del 50% de los votos. También buscó “culpables históricos” y se lanzó a reescribir el pasado. Creó el Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego y reivindicó la lucha guerrillera de los años 70 mediante una lectura parcial de aquellos años violentos. Y lo hizo a través de un relato que apuntó a avivar el resentimiento latente y el revanchismo en gran parte de la castigada sociedad argentina, adoptando siempre la condición de víctima.

Hoy, con su estrella en declinación, sigue presentándose ante sus seguidores como una mártir capaz de inmolarse por una causa superior. La semana pasada había anunciado que se postularía a diputada bonaerense por la tercera sección, en las elecciones provinciales de septiembre, para evitar una derrota del peronismo que impactara negativamente sobre los comicios nacionales de octubre. “Creo que hay que poner el hombro como para hacer la mejor elección posible”, había señalado en una entrevista en C5N. Sin embargo, lo que se presentaba como un acto de desprendimiento era solo una búsqueda desesperada de fueros ante la inminencia de la decisión de la Corte Suprema.

Las heridas que la expresidenta reabrió siguen abiertas y hoy el resentimiento es fomentado desde otro signo político, pero con fines parecidos

En esa misma entrevista, la expresidenta culpó al gobierno de Mauricio Macri de su suerte judicial. “Durante ese gobierno se desató una persecución al principal espacio opositor y a mi persona –dijo–. Fue realmente devastador. Convencieron a la gente de que nos habíamos robado un PBI”. Lo que convenció a la gente, así como a los jueces, fue la prueba apabullante que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola desplegaron durante un histórico alegato. Solo con la ceguera del relato alguien podría desconocer semejante evidencia.

El uso político del resentimiento desde el poder sigue vigente en el país. Ahora desde otro espacio, pero con los mismos efectos. El enemigo a quien odiar es hoy “la casta”, una categoría en la que entran, a gusto del actual presidente de la Nación, varios sectores, entre ellos los políticos, los sindicalistas, ciertos economistas y el periodismo independiente. Para abreviar, podríamos incluir allí a todo aquel que esboza una crítica o una disidencia con el discurso oficial. Y en este punto las víctimas, como dice Eva Illouz, se convierten en victimarios: la promesa de venganza del líder libera en las filas libertarias energías que derivan en agravios y ataques que, desde las redes, alcanzan a los réprobos. El problema es que, al tiempo que refuerza la identificación de los militantes con su líder, el clima de odio y división conspira contra la confianza y la salud de las instituciones, condiciones necesarias para el despegue económico del país.

Es preciso ir dejando atrás este clima. Si seguimos echando sal en las heridas del cuerpo social para sacar rédito político desde cualquier espacio tendremos más de lo mismo. Pero si empezamos por considerarnos parte de ese cuerpo y reconocemos esas heridas como un dolor no del todo ajeno, quizá nuestro país pueda dar vuelta la página del populismo y dejar atrás la era del resentimiento para mirar juntos hacia adelante.

Fuente: La Nación

El remate de una suntuosa vivienda que había sido adquirida con bienes mal habidos por el exintendente kirchnerista mendocino Luis Lobos tiene, además de un enorme significado simbólico, una consecuencia tan justa como práctica: lo recaudado por la venta de la mansión será destinado a reparar escuelas de la provincia. Como se sabe, una de las formas de desbaratar a las organizaciones criminales es desarticular y recuperar su principal objetivo: las ganancias.

La recuperación para la sociedad de bienes producto de la corrupción ha sido posible en Mendoza por la existencia de la ley de extinción de dominio, que habilita al Estado a recuperar bienes adquiridos de forma ilícita mediante una acción civil que extingue la propiedad del acusado sobre el bien adquirido mediante la comisión de delitos.

Se trata de la primera vez que se aplica esta norma en ese distrito. La subasta fue posible a partir de la decisión de la jueza María Paz Gallardo de poner la propiedad en cuestión a disposición del Estado. Ya en 2021, la magistrada se había expedido en favor de la constitucionalidad de la ley de extinción de dominio que la defensa de Lobos había cuestionado.

El exintendente de Guaymallén entre 2013 y 2015 fue condenado a ocho años de cárcel e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por la comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, defraudación y administración fraudulenta tras constatarse que desvió fondos de la municipalidad para el proyecto inmobiliario finalmente rematado en 172 millones de pesos.

Una de las formas de desbaratar a las organizaciones criminales es desarticular y recuperar su principal objetivo: las ganancias

En el orden nacional, el país se adeuda una norma de similares características. En distintas oportunidades, varias fuerzas políticas presentaron proyectos en la materia, pero no llegaron a convertirse en ley. Esa demora llevó a que en 2019 el entonces presidente Mauricio Macri firmara un decreto de necesidad y urgencia por el que quedó establecido un régimen para la acción civil de extinción de dominio vinculado a actividades delictivas, referido a bienes cuya legítima adquisición no pueda ser demostrada, sin necesidad de una condena penal previa. El DNU, como sucede con muchos de esos instrumentos presidenciales, fue motivo de controversias interpretativas.

A partir de la ratificación de las condenas penales por parte de la Corte Suprema de Justicia en la causa Vialidad, Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich deben devolver al Estado alrededor de 85.000 millones de pesos por el fraude a la administración pública, como consecuencia de la matriz de corrupción instaurada en las licitaciones de rutas en Santa Cruz. El monto deberá ser actualizado porque ya ha transcurrido tiempo desde su determinación en la causa que derivó en las condenas.

La ley de extinción de dominio de Mendoza debería ser inspiración y modelo para el país

En lo que respecta a la expresidenta, su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción consigna que contaba con 249 millones de pesos repartidos entre cajas de ahorro, acciones en empresas, un plazo fijo y un automóvil. Actualizada a la fecha, rondaría los 505 millones de pesos.

Respecto de los bienes que son secuestrados y decomisados, la Corte Suprema de Justicia creó en 2013 una base de datos a partir de las informaciones suministradas por las cámaras federales de todo el país. El problema es que nunca se logró sistematizar la infinidad de información disponible, crear registros públicos que faciliten el entrecruzamiento y agilizar los procesos de decisión sobre el destino de los bienes mal habidos, pues –como ya hemos sostenido desde estas columnas– no existen criterios objetivos para determinar cómo utilizar este instituto en los diferentes juzgados y tribunales del país.

A raíz de la aplicación del DNU de Macri fue posible, por ejemplo, que la Prefectura comenzara a utilizar como parte de su flota el ostentoso yate que perteneció al exsecretario de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime, detenido en la cárcel de Ezeiza desde noviembre de 2024, cuando la Corte Suprema de Justicia dejó firme su condena a seis años de prisión por la tragedia de Once, en la que murieron 52 personas y más de 700 resultaron heridas. Pero no es el único pronunciamiento judicial que lo culpabiliza. Ya suma media docena por delitos diversos, todos por casos de corrupción. El 9 del actual, por caso, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó las quejas presentadas en la causa donde se investiga la malversación de caudales públicos en la línea de trenes Belgrano Norte, dejando a Jaime, el principal imputado, a un paso del juicio oral.

Precisamente en 2019, cuando la embarcación del exsecretario de Transporte –cuyo nombre original era Altamar Sixty Four– ya había sido ploteada por la Prefectura con la leyenda “Embarcación recuperada de la corrupción”, LA NACION pudo recorrerla. Todavía se mantenían los detalles originales en la nave, valuada en un millón de dólares: sillones de cuero, pisos alfombrados y revestida con madera importada de la India. Contaba además con un camarote en suite con cama matrimonial, el techo escalonado tapizado en fino cuero y un baño con jacuzzi. Además de otros tres camarotes, sumaba un living con sistema de sonido envolvente para ver películas, la parrilla en el flybridge al aire libre y el puente de mando interno alfombrado. Un ambiente digno de una escena hollywoodense que la demora en recuperar la unidad se encargó de deteriorar. Los años de abandono que soportó el barco en Uruguay, antes de ser devuelto a la Argentina por orden judicial, provocaron esos desgastes.

La Prefectura usó el equipamiento tecnológico de la nave, que contaba con radares, sondas y sensores de última generación, para capacitar cadetes en los institutos de formación en Zárate. El crucero del exfuncionario también fue utilizado como aula flotante por alumnos para formarse en el que era el navío más moderno de la fuerza.

Los aviones decomisados a Lázaro Báez, condenado por haber lavado dinero y por integrar una asociación ilícita durante la era kirchnerista, corrieron otra suerte. Para la misma época, un Learjet 35A que había sido de su propiedad, valuado en 575.000 dólares, fue recibido por el Estado para ponerlo a disposición de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el paso del tiempo ya lo había tornado inoperable. De allí la necesidad de que una ley de extinción de dominio no se demore más.

En 2021, los dos aviones que habían pertenecido a Báez fueron finalmente vendidos en una subasta pública en poco menos de 30.000 dólares. Fueron adquiridos por una empresa de taxis aéreos. Usadas y en buen estado, el valor de ambas naves superaría el millón de dólares. Los que intervinieron en la operación ratificaron que el bajo precio se debió al muy mal estado en que se encontraban.

Hoy, muchos automóviles y motos decomisados patrullan las calles, pero muchos otros bienes permanecen guardados en depósitos y se convierten en chatarra a la espera de que se apruebe una ley que active el procedimiento y permita que el dinero de lo robado vuelva en obras y servicios a la sociedad.

La polémica de cuántos hay disponibles, en qué condiciones y qué procedimiento seguir se subsanaría con una norma que no deje lugar a dudas ni resquicios. Un proyecto legislativo fue vuelto a presentar el año pasado en el Congreso para retomar el debate. El Gobierno anunció también en 2024 que se volvería a la carga con el tema. El caso mendocino debería servir de modelo.

Es de esperar que ocurra lo mismo con tantos otros condenados que consiguieron enriquecerse ilícitamente utilizando dineros públicos para beneficio privado. Que los corruptos purguen su pena y que el daño que ocasionaron sea resarcido devolviendo lo robado en tiempo y forma.

Fuente: La Nación

La Corte Suprema de Justicia hizo lo que tenía que hacer. Sus tres jueces –Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti– rechazaron por unanimidad los recursos de queja presentados por los abogados defensores de los nueve condenados en la llamada causa Vialidad, confirmando así los seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos para la expresidenta Cristina Kirchner por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. De este modo, el máximo tribunal del país confirmó el fallo condenatorio que emitió la Cámara de Casación, que a su vez había ratificado la sentencia del Tribunal Oral Federal Nº 2.

El mensaje del máximo tribunal del país es concluyente: nadie, más allá del poder político que ostente, puede quedar impune si comete actos de corrupción.

La causa judicial, iniciada en 2016, investigó la tramitación de 51 procesos de licitación pública manifiestamente irregulares, que beneficiaron a empresas vinculadas a Lázaro Báez, para la realización de obras viales en rutas nacionales y provinciales de la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. De acuerdo con la sentencia, existió una “maquinaria de corrupción”, que contó con “un rol central” de la expresidenta de la Nación, en función de sus “lazos promiscuos y corruptos” con Lázaro Báez.

Con la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema, se pone fin a un proceso en el que participaron 14 jueces, quienes, sin excepción alguna, hallaron culpable a Cristina Kirchner. Hay que sumar a esos magistrados los seis fiscales que intervinieron en la investigación, incluido el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien había solicitado que se agravara la condena a 12 años de prisión, por entender que la expresidenta habría actuado también como jefa de una asociación ilícita.

La expresidenta buscó reemplazar con argumentos políticos la ausencia de fundamentos que avalaran su inocencia

Al rechazar el recurso de queja presentado por los abogados de la expresidenta, la Corte sostuvo que la cuestión sobre el delito imputado quedó zanjada con “sobrada prueba” en los fallos del Tribunal Oral Federal y de la Cámara de Casación, al tiempo que consideró que no se probó la existencia de un supuesto de arbitrariedad en las sentencias ni se demostró que, durante el proceso, se haya vulnerado alguna garantía constitucional. “El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley”, señalaron en sus fundamentos los jueces del máximo tribunal.

La Corte no hizo más que ratificar su doctrina, según la cual el recurso extraordinario federal es un remedio excepcional, que no suple a las instancias judiciales anteriores, salvo un grueso error en el derecho, y que el superior tribunal de la república no es una tercera instancia, sino el último garante de las declaraciones, derechos y garantías de todos los habitantes de la Nación.

En sus declaraciones posteriores a la difusión de la acertada decisión de la Corte, Cristina Kirchner insistió en victimizarse y considerarse objeto de una persecución política, judicial y mediática, además de atribuir su condena a razones electorales: habló insólitamente de un “cepo al voto popular” orquestado desde “el poder económico concentrado”, por producirse un mes antes de la oficialización de las candidaturas a cargos electivos en la provincia de Buenos Aires. En síntesis, ante la abundancia de pruebas sobre la escandalosa corrupción que caracterizó su gestión, buscó reemplazar con argumentos políticos la ausencia de fundamentos que avalaran su inocencia.

Ir a la cárcel no es un “certificado de dignidad”, como expresó Cristina Kirchner. Es, por el contrario, la ratificación de que, al menos esta vez, se ha hecho justicia y se ha dado un paso trascendente para que la sociedad argentina y su clase dirigente adviertan que quien las hace las paga, sin importar el cargo público que ocupe.

El histórico fallo de la Corte es la comprobación de que la política debe dejar de ser un vehículo para el enriquecimiento de los funcionarios y los amigos del poder, y que la función pública no puede seguir siendo una licencia para robar y gozar de impunidad.

Fuente: La Nación

La violenta toma de un edificio público y las amenazantes declaraciones formuladas por el cuestionado dirigente piquetero Juan Grabois horas antes de que la Corte Suprema de Justicia oficializara la condena a Cristina Kirchner son una muestra de la voluntad de un grupo de dirigentes kirchneristas de seguir atentando contra el orden institucional y de sembrar el caos en una sociedad que reclama justicia.

Ayer, Grabois defendió a la exmandataria, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al considerar que su detención constituiría “un estado de sitio encubierto y el inicio de una virtual dictadura”. Al mismo tiempo, convocó a “todas las fuerzas populares” a concentrarse “en defensa del sistema republicano y la identidad nacional-popular de nuestro pueblo”. Casi en forma simultánea a su convocatoria, formulada a través de redes sociales, se renovaron los mensajes de militantes kirchneristas llamando a “frenar en la calle” la sentencia contra Cristina Kirchner.

Grabois fue detenido el último fin de semana por haber encabezado la toma del edificio donde funcionaba el Instituto Juan Domingo Perón en protesta por su anunciado cierre, aunque horas después fue liberado. El 7 de mayo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había anunciado que el Gobierno cerraría ese instituto junto con la Comisión Nacional de Homenaje al Teniente General Juan Perón, con el objetivo de evitar “una carga presupuestaria injustificada”.

Al ser dejado en libertad, Grabois, fundador de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y del Frente Patria Grande, aprovechó para lanzar una hipotética candidatura presidencial pensando en 2027. De este modo, no solo cuestionó al gobierno de Milei tras su breve detención, sino que transformó su injustificable acción en una visible plataforma para proyectarse electoralmente.

Cabe recordar que el sábado último, alrededor de las 14, unas 50 personas ingresaron en la sede del Instituto Juan Domingo Perón, ubicado en Austria 2601, en el barrio de Recoleta. Se trató de una acción delictiva organizada por Grabois y otros dirigentes, entre los que se hallaban algunos diputados nacionales kirchneristas, para protestar por el cierre del edificio público anunciado por el Gobierno, que quedó en un estado lamentable tras la intrusión.

Grabois aprovechó su detención para lanzar su hipotética candidatura presidencial

Según fuentes policiales, los militantes ingresaron a través del local gastronómico Un Café con Perón, desde donde accedieron a una puerta interna que conectaría el bar con el centro de estudios. En el interior había al menos dos custodios de la Policía Federal (PFA), quienes habrían forcejado con aquellos antes de verse forzados a salir del edificio.

Sin embargo, cerca de las 17, agentes de infantería de la PFA avanzaron con el desalojo del instituto, mientras que un cuerpo de la Policía de la Ciudad estableció un perímetro en la zona. Durante el operativo, detuvieron a Grabois, quien tras permanecer varias horas detenido, fue liberado en la madrugada del domingo.

Al referirse al hecho, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró la intervención policial por haber actuado “con firmeza y eficacia”, y calificó el desalojo como un éxito. “Recuperamos un edificio tomado por militantes que se creían dueños del Estado. Se terminó el vale todo. Estamos haciendo lo que ningún gobierno hizo: detener al piquetero que promueve y ejecuta las usurpaciones”, reafirmó.

Al conocerse la protesta, el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado, en el que señaló que el organismo “contaba con 20 empleados y generaba un gasto anual de más de 400 millones de pesos”. Por esos motivos, se avanzó con la disolución, y “se tomaron las acciones pertinentes para resguardar el patrimonio histórico y cultural del instituto”. También desde el Gobierno se indicó que el inmueble donde funcionaba el Instituto Perón será destinado por el Ministerio de Capital Humano a una biblioteca para personas con discapacidad, mientras que el restaurante Un Café con Perón se convertirá en un emprendimiento destinado a jóvenes neurodivergentes.

Frente a esta decisión gubernamental, y en coincidencia con la justificada detención de la expresidenta Cristina Kirchner por corrupción, Grabois ha resuelto iniciar una campaña por la impunidad de su jefa política junto a un proyecto que debería terminar con su propia candidatura presidencial.

El sectario proyecto electoral de Grabois adquiere verosimilitud cuando, el posible candidato señala que “el 2027 empieza ahora”. Sin embargo, resulta incomprensible e inverosímil que un patotero y usurpador profesional mantenga aspiraciones, por cierto improbables, de llegar a ejercer la primera magistratura del país.

Fuente: La Nación

En tiempos en que el país parece más encaminado que en otras épocas a introducir cambios estructurales que saquen su economía del estancamiento absoluto que ha venido padeciendo desde 2012, es hora de volver hablar de su crisis demográfica.

El censo de 2022 arrojó una población de más de 46 millones de habitantes, pero concentrada en números alarmantes en no más de 13.000 kilómetros cuadros, o sea, la mitad de la jurisdicción territorial de una provincia de dimensiones relativamente reducidas como Tucumán. Alrededor de 17,5 millones de personas conviven entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense: la primera tiene 3.121.707 millones de habitantes, unas 700.000 personas menos que la población correspondiente a las localidades del interior del país con no más de 2000 pobladores.

Esto quiere decir que alrededor del 40% del total de la población argentina vive en el 5% del territorio nacional. Esa macrocefalia no constituye un problema nuevo. La Argentina creció de ese modo desde sus orígenes, con altas concentraciones en unas pocas ciudades.

La pobreza ha tocado casi el 50% de la población. En el segundo semestre de 2024, se ubicó en el 38,1%, según el Indec, pero de ese total, un altísimo porcentaje se afinca en el Gran Buenos Aires, con altas tasas de hacinamiento, menores de edad sin educación elemental, inseguridad pavorosa y un grado de penetración tal del narcotráfico que preocupa enormemente. Acabar con la inflación y contener el déficit fiscal endémico por décadas es una tarea en la que el gobierno ha puesto el acento, pero está pendiente de resolución un conjunto de políticas urgentes para sentar las bases de una articulación más armoniosa de la población.

La pobreza extrema, enseñoreada en las 6400 villas conocidas bajo el eufemismo de “barrios populares”, es producto de una corrupción que adquirió carácter sistémico con el kirchnerismo, pero que debe combatirse a conciencia de que esa cleptomanía impregna a estamentos de la mayoría de las fueras políticas

Nadie se equivocará si asocia la concentración humana extraordinaria en el Gran Buenos Aires con las exacciones indebidas al campo y al incumplimiento del Congreso de la Nación de la obligación de dictar una ley justa de coparticipación federal de impuestos como lo ordenó en una cláusula transitoria la reforma constitucional de 1994. Esa cláusula debió cumplirse dos años después de su sanción y han transcurrido ya más de tres décadas sin noticias al respecto.

Todo lo que ha habido han sido acuerdos temporarios y parciales, canjes de favores entre el poder central y gobernadores adictos o dóciles en ese tipo de trapicheos. Lejos ha estado la estructura del Estado de comportarse con un criterio legislativo coherente en esa delicada cuestión con el régimen representativo y federalista que se dio el país por la Constitución de 1853/60.

Nadie se equivocará si asocia la concentración humana en el GBA con las brutales exacciones al campo y la falta de una ley de coparticipación

Hemos hecho muchas cosas mal. El proceso de industrialización de los años 30 produjo una inmigración masiva en dirección del puerto de Buenos Aires, en lugar de aferrar a la gente a sus terruños o centros urbanos de sus respectivas provincias con otros emprendimientos. Tanto o peor aún fueron las consecuencias de la inmigración interna de los años 40, 50 y posteriores, realizadas siempre de forma inorgánica, sin previsiones sobre provisión de agua, electricidad y otros servicios elementales para el desarrollo de vidas dignas. Así se realizaron infinidad de loteos o se ocuparon por la fuerza tierras de terceros por impulso de políticos irresponsables –los denostados “punteros”–, con la complicidad de autoridades de gobierno.

En 1985, hace 40 años, ya la mitad de los establecimientos industriales del país estaban radicados en el Gran Buenos Aires y la ciudad capital; diez provincias, fundamentalmente del noroeste y el sur, representaban apenas el 1% de esa actividad. La desarticulación del sistema ferroviario, tan importante a partir de la organización constitucional definitiva después de Caseros, también contribuyó negativamente a partir de 1960, profundizando el éxodo desde terruños locales a ciudades. Se hizo aún más grave desde los años 90, en que se acentuó ese proceso de demolición de la estructura ferroviaria. Desinversión en rieles y vagones y apuesta al transporte automotor, pero con rutas vitales inexistentes o trazadas con tales ardides, entre el Estado y empresas constructoras, que en pocos años se hacían poco menos que intransitables por su rápido deterioro. Quien ande por el país ha sido víctima de todo esto que narramos.

Desde el siglo XIX se ha discutido muchas veces cuál sería la ubicación ideal de la capital después de haberse resuelto en 1880 que lo fuera la ciudad de Buenos Aires. No solo los nuevos debates refirieron a esa sede en función de múltiples cuestiones estratégicas y, en particular, como respuesta a la necesidad de desahogar la megalópolis en que aquella se había convertido con su extensión interminable hacia suelos bonaerenses.

Durante su presidencia, Raúl Alfonsín soñó en una suerte de nueva Brasilia en la Argentina, pero con bases preexistentes en los núcleos urbanos de Viedma, Carmen de Patagones y Guardia Mitre. “Hacia el sur, hacia el mar y hacia el frío”, fue su consigna. En la campaña electoral de 2023, Adolfo Rodríguez Saá, del peronismo puntano, propuso llevar la capital a Río Tercero, Córdoba.

Empresas de ese tamaño deben encontrar, en el mejor de los casos, el momento oportuno y una concertación suficiente de voluntades para llevarla adelante. Entretanto, serán más prácticas las políticas de persecución eficiente del crimen organizado y de ocupaciones ilegales en el interior, como la de Villa Mascardi, ocurrida bajo el amparo de las nefastas tesis penales del garantismo. Hicieron que prosperaran aventuras y aventureros que pretendieron desconocer hasta la soberanía nacional izando otra bandera.

La pobreza extrema, enseñoreada en las 6400 villas conocidas oficialmente bajo el eufemismo de “barrios populares”, es producto de una corrupción que adquirió carácter sistémico bajo el kirchnerismo, pero que debe combatirse a conciencia de que esa cleptomanía impregna a estamentos de la mayoría de las fuerzas políticas. En esa misma dirección corresponde apoyar las iniciativas oficiales de que un país empobrecido como la Argentina mal puede brindar asistencia social y educativa a residentes en países que se diría hoy son más prósperos que que el nuestro. Por otra parte, las olas inmigratorias carentes de un sentido acorde con las premuras del país expresan más un voluntarismo demagógico, que una acción verdaderamente solidaria en este extremo del mundo. A menudo no hacen más que agravar situaciones de densidad poblacional, en lugar de orientar los nuevos asentamientos hacia zonas despobladas donde todo está por realizarse.

La precariedad en que se vive en muchas localidades del país suele ser producto de la ausencia de administraciones eficientes, tanto provinciales como municipales. Resulta común que alienten, por una diversidad de razones no difíciles de conjeturar, una economía en negro por cuyas leyes es arduo conseguir un ticket o factura por operaciones comerciales o servicios artesanales de distinta índole que se prestan.

Con causas de naturaleza múltiple como las descriptas, sin ser taxativas ni mucho menos, es hora de que las principales fuerzas políticas se aúnen en una visión compartida sobre la Argentina posible, y deseable, en un futuro no demasiado lejano.

Fuente: La Nación

En la entrada del complejo Parque Norte se destaca un inmenso retrato de Armando Oriente Cavalieri, secretario general de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), que envidiaría el propio Luis XIV para su Palacio de Versalles. Pero entonces no existían las gigantografías ni las luces de neón. Además de falta de modestia, ambos tendrían otra cosa en común. Mientras el rey Sol fue el monarca que durante más años reinó en Europa (70 años), “el Gitano” fue uno de los dirigentes que más años estuvo al frente de una organización gremial en Argentina (40 años). Todo lo vio, todo lo conoció, con todos colaboró y todo lo consintió.

Luego de un año de silencio, critica al Gobierno por limitar la libertad de las partes al acordar, en un convenio colectivo, un aumento salarial superior a las pautas oficiales. “No se negocia en libertad”, se queja. Un reclamo libertario acorde con los tiempos que corren. “A la vejez, viruela”, diría una abuela. Para peor, presagia el fin del plan económico pues –a su juicio– no basta con bajar la inflación si no hay crecimiento. Parece olvidar que la pobreza alcanzó el 53% al cabo de la última gestión kirchnerista, que apoyó, y que se ha reducido al 38% por haberse bajado la inflación. Esa era la principal urgencia. Cavalieri ahora reclama crecimiento para mejorar los ingresos de la clase media. Desde sus épocas en la CGT hasta su apoyo a Cristina Kirchner y sus secuaces, siempre se alió a quienes llevaron al país a las peores crisis económicas. Sabe que solo habrá crecimiento cuando se reduzca el riesgo país y aumenten las inversiones. Es decir, el riesgo de que el peronismo –donde milita él mismo– vuelva en 2027.

Su mandato vitalicio ha sido renovado diez veces desde 1985 pues no existe norma que limite su duración, como ocurre con otros funcionarios electivos. A falta de esa obligación, quienes están en el poder y manejan los recursos, se perpetúan en los cargos. La ley Mucci de democratización sindical, impulsada por Raúl Alfonsin en 1983, fue rechazada por el Senado peronista y la eternización en los cargos continuó, hasta ahora. ¿No se negocia en libertad? ¿Y cuándo la habrá para que nuevos dirigentes reemplacen a los eternizados “gordos”?

¿No se negocia en libertad? ¿Y cuándo la habrá para que nuevos dirigentes reemplacen a los eternizados “gordos”?

En cada etapa, Cavalieri logró obtener beneficios para el gremio que no lo fueron para los trabajadores y mucho menos, para el país. Las siete hectáreas de Parque Norte en una ubicación privilegiada de la Costanera, le fueron “vendidas” por el Estado Nacional por decisión de su amigo, Carlos Menem, en 1998. La justicia federal resolvió que el precio había sido razonable, aunque en la compra no hubo licitación ni subasta. Poco espacio quedaba para el magistrado en un pleito donde debía juzgar al presidente de la Nación y al gremialista más poderoso, en un tema espinoso.

Desde hace 80 años, cuando el gobierno militar del GOU sancionó la ley de asociaciones profesionales (decreto 23.852/45), similar a la Carta del Lavoro fascista de Benito Mussolini (1927), se otorga personería gremial a un solo sindicato por rama de actividad. Ello ha impedido la negociación por empresa o por regiones o por cantidad de empleados. Esa férrea centralización corporativa ignora particularidades y politiza las negociaciones desconociendo la libertad de los asalariados para ser representados por otros más próximos a sus realidades. ¿No se negocia en libertad? Empecemos por descentralizar la representación gremial.

Así como Juan Domingo Perón introdujo la personería gremial única, el general Juan Carlos Onganía quiso apoyar al disidente Augusto “Lobo” Vandor para crear un “peronismo sin Perón” dándoles a los sindicatos las obras sociales. Han transcurrido ya 55 años de ese monumental desvío de fondos, que nunca pudo ser alterado, pues es una caja útil para el peronismo. Sin embargo, todo aporte no voluntario, impuesto por una ley, es público y el Estado tiene la obligación de auditar su utilización. Eso jamás se ha hecho a pesar de que las obras sociales sindicales, siempre en crisis financieras, compran y refaccionan inmuebles, contratan obras y pactan servicios con sobreprecios para obtener gigantescos retornos. Es una reforma estructural pendiente: esa masa de recursos no debe ser gestionada por sindicatos, corruptos y politizados, sino por entes confiables o por las propias provincias. La misma Osecac –la obra social mercantil– ha sido objeto de denuncias judiciales, pero, como ocurrió con el predio de Parque Norte, siempre fueron archivadas. Todo empleado debe tener derecho a destinar sus aportes a los agentes de salud de su preferencia y no estar cautivos de “gordos” que engordan sus patrimonios. ¿Cuál es la libertad de elección que tienen los empleados de comercio?

¿No se negocia en libertad? Empecemos por descentralizar la representación gremial

En la Argentina los convenios colectivos de trabajo han creado aportes forzosos como si fuesen leyes del Congreso. Detrás de ello ha estado el Ministerio de Trabajo, históricamente cooptado por el peronismo, al igual que buena parte de la justicia laboral. El primero los homologa. La segunda los convalida. Por eso los empleados no afiliados están obligados a realizar aportes solidarios al gremio. ¿No se negocia en libertad?

La gravitación sindical sobre el Ministerio de Trabajo se manifiesta en la reiterada homologación de cláusulas que exceden las facultades de las partes y perjudican el bien común. El reciente decreto 149/2025 termina con los aportes obligatorios para financiar institutos de “capacitación” creados de esa manera. Cifras millonarias transferían las empresas a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para sufragar el Instituto Argentino de Capacitación Profesional para el Comercio (Inacap). Ese aporte compulsivo fue acordado en 2008, con la bendición del entonces ministro Carlos Tomada, entre Armando Cavalieri y Osvaldo Cornide, su contraparte en las paritarias, para estrechar vínculos y facilitar sus componendas. Es un aporte patronal, pero al incrementar el costo laboral también encarece la contratación de empleados. ¿No se negocia en libertad? ¿Qué beneficios obtienen estos de un aporte que encarece el empleo regular?

Todo empleado debe tener derecho a destinar sus aportes a los agentes de salud de su preferencia y no estar cautivos de “gordos” que engordan sus patrimonios

El sempiterno Cavalieri ya tenía experiencia ganada en otro caso plagado de irregularidades que tratamos en un editorial anterior. En 1991, durante el gobierno de Carlos Menem, se firmaron dos carillas y media mecanografiadas, entre el sindicalista y tres cámaras empresarias, creando un retiro complementario para los empleados de comercio, con un aporte forzoso del 3.5% de los empleadores. Lo homologó un director nacional en cuatro días hábiles, entre gallos y medianoche. Pocos días después, Cavalieri acordó con la Banca Nazionale del Lavoro (grupo asegurador Juncal y La Estrella) otorgarle, en forma directa y exclusiva, ese negocio que aún subsiste y que también encarece el empleo regular. ¿Cuál es la libertad de los empleados de comercio para guardarse ese dinero en su bolsillo o elegir otro retiro complementario, si lo deseasen?

La crisis de la Argentina es muy profunda y no solamente se refleja en la inflación. Durante décadas se han corroído las instituciones, quebrado los lazos sociales y demolido las bases de la educación formal y el empleo regular. No es posible lograr mayores ingresos si primero no se recrea la confianza, sin la cual no habrá inversiones y con ellas, aumentos de productividad. Cavalieri, con su experiencia y veteranía, al borde de cumplir 90 años, bien podría ir más lejos con su afán libertario y dejar como legado una visión más adecuada a estos tiempos para focalizarse en la creación de empleo, en lugar de repetir consignas que lo han destruido. Quizás ese mismo día caiga el riesgo país y el temor de los inversores quede aventado. Y su gran retrato de Parque Norte será visto como homenaje a un sindicalista que aprendió de sus errores.

Fuente: La Nación

BOGOTÁ.- Lo habitual cuando un país celebra elecciones es reconocer la vigencia de la democracia y aplaudir su vigor. No es este, por desgracia, el caso con la reciente cita en las urnas que tuvieron los mexicanos para elegir jueces y magistrados.

Porque, mucho más que un paso adelante en la senda democrática, lo de México parece un desliz institucional que puede tener complicadas consecuencias en el futuro inmediato, que minan el Estado de derecho en momentos en los que justamente más se requiere mantener a salvo sus pilares. Como ya se ha dicho, la Justicia no puede ni debe someterse a las lógicas de campaña, a la manipulación partidista, ni quedar tan expuesta a la influencia del crimen organizado.

La elección popular de jueces, promovida por el expresidente Manuel López Obrador y hoy respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, parte de un diagnóstico legítimo –la corrupción e impunidad judicial–, pero no aplica el remedio indicado. Al eliminar el sistema de carrera y someter a los jueces al veredicto de las urnas, se sacrifica la independencia judicial, se mina la imparcialidad y se pone en riesgo el principio de legalidad.

Ya se advierten los efectos nocivos: baja participación, candidatos sin experiencia real, postulantes señalados de tener vínculos con estructuras criminales y un proceso que favorece al partido gobernante. Siempre habrá el deseo de una justicia pronta, independiente y justa. Pero todo indica, lamentablemente, que el resultado no será una justicia más cercana al pueblo, sino más débil, más vulnerable a presiones políticas y económicas, menos capaz de defender a los ciudadanos frente al poder.

América Latina debe observar esta reforma mexicana con cautela. La región necesita operadores judiciales más eficaces y menos corruptos, pero nunca a costa de su autonomía. Que México haya optado por este camino no significa que sea uno que otros países deban seguir.

Fuente: La Nación

En febrero pasado, Aerolíneas Argentinas (AA) reportó un primer superávit operativo desde la reestatización de 2008, anticipando que este año no demandará millonarios fondos al Tesoro nacional como históricamente venía haciendo.

Pablo Biró, el líder sindical que fue echado del directorio de la compañía en esta nueva gestión, volvió a ser elegido al frente de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) en febrero último. Pocos han hecho tanto como él por cercenar la competitividad de la empresa con sus salvajes e inescrupulosos reclamos. El gremio anunció un paro total para el martes próximo, que afectará las operaciones en Ezeiza y en el aeroparque Jorge Newbery. La lista de reclamos incluye los “incumplimientos convencionales perpetrados” por Aerolíneas Argentinas, “el prolongado retraso en la pauta salarial” y “la ausencia de una estrategia clara y sostenible para el futuro de la compañía”. Acostumbrados a los aprietes, los gremialistas mencionan también el delicado tema de las recurrentes fallas técnicas en los aviones por falta de inversión, con fuerte impacto en las condiciones laborales y operativas tanto como en el servicio al público.

La desregulación en el sector aeronáutico continúa avanzando con cambios en las condiciones laborales en busca de asemejarlas técnicamente a los estándares internacionales. Esto presupone fijar unos mínimos que las vuelven entre un 10 y 12 por ciento más exigentes que las actuales. El reciente decreto que reglamentó las modificaciones al código aeronáutico, posterior al comunicado sindical anunciando el paro, fija lo que pasa a ser el piso de las nuevas condiciones que entrarían en vigencia en 30 días. En lo inmediato no se plantean cambios para las empresas que ya operan en nuestros cielos, pero sí para aquellas que puedan desembarcar de aquí en más. De todas maneras, las empresas pueden acordar términos más favorables para sus trabajadores, tal como históricamente ha venido ocurriendo con nuestra línea aérea de bandera, que dilapidaba los fondos del Estado.

Se establecen menos días de vacaciones anuales y nuevas regulaciones sobre los períodos mínimos de descanso entre jornadas para pilotos, copilotos, tripulantes de cabina y comisarios de a bordo. Las horas máximas de vuelo dejan de ser 8 diarias para pasar a 10, y de 800 a 1000 anuales, con un descanso semanal que se reducirá de las 36 horas actuales a 30. El mínimo de días consecutivos de vacaciones anuales será de 15, en lugar de los actuales 40. El tiempo máximo de trabajo a bordo de un tripulante de cabina solo no deberá superar las 14 horas, podrá ser de 16 horas con uno adicional y de 18 con dos adicionales. Los nuevos períodos obligatorios de descanso serán de 30 horas mínimas por cada 168 consecutivas (una semana), y nunca inferiores a 10 horas consecutivas entre jornadas.

Otro de los más que razonables cambios introducidos es que no se considerará más como parte del servicio el tiempo del traslado al aeropuerto ni tampoco la espera previa al vuelo, una situación por demás anómala que no rige en otros ámbitos laborales.

Empresas como JetSmart y Flybondi hicieron una lectura positiva de esta adaptación a un marco regulatorio en línea con los estándares internacionales. Entienden que se les asegura mayor autonomía para que las compañías aéreas puedan organizar su operación de manera más eficiente.

Observadores no descartan que Aerolíneas Argentinas pueda denunciar la iniciativa oficial, lo cual obligaría a establecer una nueva negociación que incluya la discusión de todo el marco laboral. La Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) analiza las nuevas normas y tampoco descarta realizar alguna presentación judicial. Si ninguna cámara rechazara el DNU ni se judicializara la cuestión, quedará vigente.

Mientras el gremio de los pilotos advirtió tendenciosamente que los cambios implican amenazas a la seguridad y habló de aumento de fatiga por presencia de una carga de trabajo elevada, la Secretaría de Transporte destacó que las modificaciones respetan la seguridad operacional del sistema y eficientizan costos, con normas que dejan de “reflejar características gremiales para centrarse en lo netamente técnico”. Los privilegios, las extorsiones y prepotencias de quienes por años vienen llevando a la compañía a la ruina con el dinero de todos deben terminarse. El cielo también tiene techo.

Fuente: La Nación

Los profesionales de la salud redoblan sus reclamos. Los médicos fijos y residentes del Hospital Garrahan, al igual que tantos otros que también han comenzado a hacerse oír, atraviesan una situación crítica pues los salarios gravemente estancados no aseguran una subsistencia mínimamente decente.

Un residente de primer año que llegó con mucho esfuerzo y mérito cobra hoy menos de 800.000 pesos, con una carga horaria de entre 60 y 70 horas semanales, y uno de cuarto año no llega al millón. La obligación de cumplir con un 75% de asistencia, además de las largas y agotadoras guardias, obstaculiza también el pluriempleo. Dejan allí sus vidas y su entusiasmo en el afán por conseguir una capacitación de excelencia.

El Garrahan es un prestigioso centro de atención pediátrica para un promedio de 580 internados. Con más de 600.000 consultas ambulatorias anuales, se concretan allí unas 10.000 cirugías y unos 100 trasplantes. Es el único lugar donde se realizan diálisis a menores de 10 años, por ejemplo.

El reclamo por la suba de sueldos enfrentó la conciliación obligatoria que dictó el Gobierno y que nunca condujo a una audiencia de negociación. Unos 200 empleados renunciaron en los últimos tiempos, incluyendo 50 médicos de planta. El drenaje amenaza con continuar.

La viceministra de Salud de la Nación, Cecilia Loccisano, denunció razones de mala administración: el presupuesto de sueldos para un total de 953 empleados administrativos supera al que se destina al cuerpo médico, incluidos los 478 médicos de planta. Se prevé aplicar controles biométricos de presentismo y auditar el cumplimiento de los horarios para que los “ñoquis” desaparezcan. Loccisano explicó que se lleva adelante una reestructuración para que el dinero vaya a donde debe ir, un proceso inexplicablemente demorado considerando ya los 16 meses de gestión.

Según UPCN, de los 4600 trabajadores solo 460 son administrativos mientras que tanto ATE como la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital de Pediatría Garrahan se mostraron dispuestos a dialogar. Los residentes pedían $2,2 millones. El Ministerio de Salud anunció esta semana un incremento de ingresos para residentes de primer año a 1.300.000 y a más de 1.500.000 para los del último año y jefes de residencia mediante un bono no remunerativo y no bonificable.

Anteanoche, más de mil personas se congregaron en el Obelisco en la Noche de las Velas, se prevé un paro con movilización para mañana y un abrazo simbólico al hospital el sábado. Los reclamos ya comenzaron a extenderse a otras jurisdicciones.

En Diputados, se abordarían hoy seis proyectos sanitarios, uno de ellos declara la emergencia por dos años en el Garrahan y de las residencias nacionales por dos años, incluyendo también un pedido de informes al Poder Ejecutivo, que se suma a las denuncias contra el ministro de Salud, Mario Lugones.

La lúcida psicoanalista Silvia Bleichmar decía que la esperanza de un país se mide por la propuesta que tiene para la infancia. La emergencia educativa y una salud infantil en terapia intensiva amenazan con dejarnos sin futuro y sin esperanzas.

Fuente: La Nación