Categoría: Entrevistas

En la primera línea de muchas protestas, criticando el protocolo antipiquetes y protagonizando violentos enfrentamientos con fuerzas policiales, se puede encontrar al sacerdote católico Francisco “Paco” Olveira, miembro del Grupo de Curas en Opción por los Pobres. Es habitual que algunos de sus miembros asuman públicamente posiciones radicalizadas y que muchos reivindiquen al kirchnerismo. Pero “Paco” es quien se lleva todo el protagonismo.

Su comportamiento registra una larga ristra de cuestionables actitudes, impropias de un pastor. Corta calles, ocupa terrenos ajenos e insulta a los que opinan distinto. En 2019, se recuerda la huelga de hambre que encabezó junto a Roberto Baratta y Fernando Esteche pidiendo la excarcelación de los imputados en causas por corrupción durante gobiernos kirchneristas. Ese año también había sido sancionado por el Obispado de Avellaneda-Lanús, que le prohibió celebrar misas en esa diócesis, luego de sus declaraciones a favor de la despenalización del aborto.

“Nuestra Diócesis tiene una larga y rica tradición de servicio a los empobrecidos sin acepción de personas por sus creencias, origen u opción partidaria.” Así se expresó el Obispado de Merlo para tomar distancia de arengas de Olveira, quien, en 2023, pedía coherencia a los humildes que votaron por Milei, recomendándoles que “no se acerquen al comedor ni a ningún otro servicio que damos desde la Fundación Isla Maciel”.

Ese mismo año participó de otra huelga de hambre en defensa de los empobrecidos y pidió la renuncia de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Su inocultable compromiso político lo llevó también a pedir el voto por Sergio Massa.

El grupo que integra se movilizó rápidamente contra la ratificación de la condena a Cristina Kirchner bajo el lema “Será Poder, Judicial ¡jamás!”, en clara muestra de rebelión a las normas y a la Constitución. En una entrevista televisiva, incitó a los jóvenes a marchar en apoyo a la expresidenta fumando un porro para darse ánimos. Días atrás, desde sus redes dirigió una carta a Cristina Kirchner comparando disparatadamente su “injusta” condena con la de Jesucristo y augurando que “este pueblo (es) el que no va a permitir que te humillen con la cárcel”.

Podría decirse que Olveira está más en línea con el perfil de un dirigente social como Juan Grabois que con el Evangelio, enfundado con la camiseta del pobrismo. Con actitudes sediciosas y violentas, visiblemente provocador, con modales y lenguaje de barrabrava, para más de uno se trata de un vulgar puntero que se escuda en su sotana, incluso para promover el consumo de drogas.

A los ojos de una feligresía que sabe distinguir entre el servicio y el partidismo, su figura en franco contraste con la de tantos sacerdotes que viven comprometidamente sus votos deshonra la vocación elegida y los valores que proclama la Iglesia Católica.

Fuente: La Nación

Quizás ha llegado el momento de detenernos a pensar, con la seriedad que exige el presente, en los dilemas que plantea el avance indetenible de la inteligencia artificial. No se trata de resistir la tecnología ni de adoptar una postura catastrofista, sino de asumir que estamos ante una herramienta extremadamente poderosa, pero también esencialmente ciega en el terreno moral. La IA no tiene conciencia, no conoce la compasión ni puede ponderar el bien o el mal por sí misma. Esa tarea sigue recayendo en nosotros. Por eso, el gran desafío de nuestra época es desarrollar un pensamiento crítico que, orientado por la dignidad humana y el bien común, pueda mantenerse a la altura –y al ritmo– de esta aceleración tecnológica.

El filósofo francés Paul Virilio advertía que todo avance técnico conlleva, inseparablemente, su propio accidente. Según él, cuando se inventa el barco, se inventa también el naufragio; cuando se crea el avión, aparece el accidente aéreo; cuando nace la electricidad, nace también la electrocución. La innovación técnica y su potencial destructivo son dos caras de la misma moneda. En el caso de la inteligencia artificial, quizás el “accidente” no sea físico ni inmediato, sino más complejo y profundo: el olvido de la ética. Un olvido que puede repercutir desde el ámbito político hasta los cimientos de lo que entendemos por humanidad.

En la esfera política, ya hemos sido testigos de algunos efectos concretos. Durante las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, circularon audios y videos falsos generados por inteligencia artificial que atribuían declaraciones apócrifas a figuras como Mauricio Macri. No se trató solo de una broma digital, sino de un atentado contra el derecho a la identidad y contra la confianza pública. Cuando se distorsiona la verdad en el espacio público se manipula la opinión ciudadana y se afecta directamente la legitimidad del proceso democrático. El impacto va más allá de una elección puntual: erosiona el tejido mismo del contrato social.

El núcleo del problema es que la inteligencia artificial tiene una enorme capacidad para difuminar –e incluso borrar– las fronteras entre lo real y la simulación. Los llamados deepfake son un ejemplo extremo: se trata de videos indistinguibles en su veracidad, que pueden poner en boca de una persona palabras que jamás pronunció. Si esta tecnología se vuelve accesible y masiva, el campo de la información puede llenarse de ruido y confusión. La pregunta entonces no es solo técnica, sino existencial: ¿cómo distinguiremos lo verdadero de lo falso cuando la apariencia de verdad sea indistinguible? ¿Cómo sostendremos un debate democrático si ya no podemos compartir hechos básicos como punto de partida?

Pero la cuestión no se limita al terreno político. En el otro extremo del espectro, la inteligencia artificial ya se aplica en biotecnología, donde los dilemas son igual de urgentes. Hay sistemas que diseñan embriones, optimizan procesos de fertilización in vitro y proponen intervenciones genéticas basadas en parámetros de eficiencia biológica. Así, el cuerpo humano comienza a tratarse como un objeto técnico perfeccionable, un sistema que puede ser optimizado como cualquier otro recurso. ¿Qué pasa con lo que somos como personas cuando el lenguaje empieza a tratarnos solo como funciones —como herramientas útiles— y no como seres humanos completos?

En este contexto, el riesgo es empezar a ver a las personas como simples medios. Si usamos los datos de alguien para manipular sus decisiones de consumo, de voto o incluso su afectividad, estamos instrumentalizando su subjetividad. Ya no se trata solo de controlar mercados, sino de moldear emociones, creencias y conductas. Cuando un algoritmo afina sus recomendaciones para inducir una compra o influenciar una reacción política, o cuando un chatbot simula afecto para orientar nuestras decisiones, estamos ante una forma sofisticada de manipulación. Se trata a la persona como objeto de cálculo, no como alguien cuya autonomía es respetada.

Este tipo de manipulación no es nuevo, pero la escala, velocidad e invisibilidad con que opera hoy es inédita. La persona se convierte en blanco de operaciones algorítmicas que conocen sus miedos, hábitos y vulnerabilidades mejor que ella misma. La línea entre lo voluntario y lo inducido se vuelve cada vez más borrosa. Frente a este panorama, es urgente rescatar las advertencias del pensamiento moral.

En este sentido, la filosofía ha elaborado principios que, aunque formulados siglos atrás, resultan notablemente actuales. Uno de los más potentes, uno que podemos considerar un faro para la humanidad, es el imperativo categórico de Immanuel Kant: “Obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca simplemente como un medio”. Este principio es una consigna atemporal para el ser humano y, al mismo tiempo, una guía concreta: implica que nadie debe ser utilizado para fines ajenos sin su consentimiento y que toda acción debe reconocer la dignidad intrínseca del otro.

Hoy más que nunca, esta máxima puede servir como brújula ética y como filtro para pensar el desarrollo de la humanidad. La inteligencia artificial carece de valores, pero lo que nos distingue en tanto seres humanos es que los tenemos. La técnica avanza sin pensar, pero nuestra responsabilidad es precisamente pensar hacia dónde queremos que avance. Si no colocamos la dignidad humana en el centro de nuestras decisiones, corremos el riesgo de generar un mundo tercerizado en sus decisiones, y por lo tanto, esencialmente deshumanizado. No se trata de temerle a la IA, sino de mantener un criterio a la luz del cual enfrentar sus desafíos. La pregunta no es si la inteligencia artificial será buena o mala, sino si seremos capaces de usarla preservando lo que nos hace humanos.

Fuente: La Nación

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Tras años de dilaciones vergonzantes, de maniobras arteras y de recusaciones irrazonables que solo pretendieron empantanar el accionar judicial, la expresidenta Cristina Kirchner ha comenzado a enfrentar el peso de la ley. La causa Vialidad dejó de ser una posibilidad de encierro para convertirse en una condena firme de cumplimiento efectivo con prisión domiciliaria durante seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. No es más que el inicio de un proceso que recién comienza, luego de décadas de complicidades y pactos de impunidad en torno a gigantescos hechos de corrupción en el poder.

Lo que está en juego con el avance de los juicios no es solo el destino procesal de una exmandataria, sino el porvenir de nuestras instituciones

Parte de la Justicia, tantas veces adormecida por presiones políticas o sumida en una modorra funcional al poder, da muestras de haber comenzado a sacudirse de ese bochornoso letargo. Tras la confirmación de aquella condena por parte de la Corte Suprema, la exmandataria deberá comparecer próximamente en, al menos, tres juicios orales de enorme gravedad institucional: la causa denominada “los cuadernos de las coimas”, el caso Hotesur-Los Sauces y el pacto con Irán. Cada uno de estos expedientes no es reflejo de una mala praxis por desconocimiento, sino producto de una trama deliberada de corrupción sistémica, venalidad y degradación moral al frente de la función pública.

Durante años, la defensa de la exmandataria no escatimó artilugios jurídicos para eludir su destino judicial: desde la recusación sin fundamentos de más de una decena de magistrados hasta la falaz invocación de persecuciones políticas montadas en el eufemismo de lawfare. Se trata de una vil estrategia tendiente a deslegitimar al sistema judicial para evitar rendir cuentas. ¿Alguien le ha escuchado decir alguna vez a Cristina Kirchner que es inocente o la ha visto mostrar pruebas que la alejen de toda sospecha? Nunca su plan fue demostrar que está libre de culpa y cargo. Por el contrario, basa su supuesta defensa en repartir culpas a diestra y siniestra, invocando inexistentes conspiraciones político-judiciales y globales. Ningún país serio puede permitirse que quien ha ocupado la más alta magistratura utilice la investidura con la que la ciudadanía la distinguió como un escudo contra el libre accionar de los poderes de la república.

La Justicia tiene la obligación de demostrar que no hay intocables y que los delitos cometidos desde el poder deben recibir una condena ejemplar

El caso quizá más paradigmático, el más vasto de corrupción de nuestra historia democrática, es el de “los cuadernos de las coimas”, que desnuda una tan perversa como ilegal maquinaria para permitir al Estado cobrar peaje por hacer lo que la ley ya le ordenaba realizar. Cristina Kirchner y 74 imputados comenzarán a ser juzgados el 6 de noviembre próximo. Decenas de empresarios admitieron haber pagado sobornos para mantener sus contratos de obra pública y numerosos funcionarios aceptaron haberlos cobrado. La expresidenta está acusada de haber sido jefa de una asociación ilícita. Oscar Centeno, un exchofer del Ministerio de Planificación, entonces a cargo de Julio De Vido, registró en cuadernos los viajes que hacía con funcionarios –entre ellos, Roberto Baratta, mano derecha del exministro– para retirar sobornos pagados por empresarios. Son 626 los testigos citados a ese juicio. Esa cifra podría ser todavía mayor si los magistrados sumaran los pedidos por las partes que, de ser necesario, podrían ser citados. No cabe duda de que nuevamente las defensas intentarán interponer numerosas chicanas para intentar demorar el proceso.

No hay excusa que puede amparar ni justificar el latrocinio de las arcas públicas

El caso Hotesur-Los Sauces exhibe la lógica de los retornos: la Justicia tiene sobradas pruebas de contratos de alquiler falsos que enmascaraban pagos ilegales por parte de empresarios favorecidos con obra pública. Una operación estructurada con meticulosidad delictiva para lavar abultadísimos montos de dinero. La Corte confirmó en diciembre el fallo de la Cámara de Casación que había anulado el sobreseimiento de Cristina Kirchner en ese expediente, y ordenó realizar el correspondiente juicio oral. La hipótesis de este caso, vinculado con la causa Vialidad, es que, como contraprestación por haber recibido millonarios contratos de obra pública, Lázaro Báez transfirió al patrimonio de los Kirchner millones de pesos “justificados” como contratos de alquiler de habitaciones de sus hoteles en El Calafate. Paralelamente, Cristóbal López, que obtuvo otros beneficios del kirchnerismo, transfirió dinero a los Kirchner como pago por el alquiler de departamentos.

Otra de las causas, la del memorándum con Irán, evidencia el peligroso desvío de la política exterior hacia fines inconfesables, encubriendo a los responsables del atentado contra la sede de la AMIA, el más atroz en nuestro suelo. También aquí la Corte Suprema ya despejó el camino para realizar el juicio oral al rechazar por unanimidad a fines del año pasado un recurso de Cristina Kirchner, a quien se juzgará por los delitos de encubrimiento y abuso de autoridad.

Estas causas no son producto de conjeturas ni de relatos de ocasión. Se basan en pruebas documentales, testimoniales y peritajes que sostienen con contundencia las imputaciones. Muchos de los jueces que hoy procesan y condenan fueron designados durante las gestiones de la propia acusada. No hay persecución, hay evidencias. Aun así, Cristina Kirchner persiste en su intento de manipular la opinión pública desde su prisión domiciliaria, convertida en escenografía política, aunque la realidad va demostrando el ocaso cotidiano de su convocatoria a defender lo indefendible.

La condenada pretende transformar su condena en otro show. Aspira a que el encierro, que debería ser el cumplimiento sobrio de una pena dictada con todas las garantías del debido proceso, se transforme en una tribuna militante. El mensaje es peligroso: que las penas pueden ser relativizadas si el condenado tiene poder y que el encierro pueda fungir como plataforma desde la cual seguir desafiando el orden institucional.

La prisión domiciliaria es un derecho previsto por la ley, pero no puede transformarse en un privilegio ni en una licencia para vulnerarla. Que la expresidenta continúe arengando desde su departamento, generando disturbios en el barrio, instalando discursos de victimización, queriendo recibir visitas sin límites transformando su cárcel domiciliaria en una unidad básica y deslegitimando al Poder Judicial es una afrenta al principio de igualdad ante la ley. La responsabilidad de poner fin a este nefasto espectáculo recae sobre la Justicia.

El país ha sido testigo de una degradación institucional sin precedentes. El saqueo de lo público, la cooptación de organismos de control, el uso faccioso del Estado y la instalación de una cultura de la impunidad han dejado cicatrices que llevará tiempo y esfuerzo sanar. La corrupción no es un delito menor ni una falta ética: es una traición a la confianza ciudadana.

Lo que está en juego en estos juicios no es solo el destino procesal de una exmandataria, sino el porvenir de nuestras instituciones. La Justicia tiene ahora la posibilidad –y la obligación– de demostrar que no hay intocables, que el pasado puede ser juzgado y que los delitos cometidos desde el poder deben recibir una condena ejemplar. No hay excusa que pueda amparar y mucho menos perdonar el latrocinio a las arcas públicas.

Fuente: La Nación

El lenguaje descabellado y en extremo soez con el que se ataca con regular constancia de un tiempo a esta parte a periodistas está, a pesar de toda su violenta carga emocional, un escalón por debajo de otro tipo de situaciones que se repiten con alarmante frecuencia en espacios públicos.

El de más grueso calibre ha sido, como aquel que culminó en la acción de una patota de La Cámpora que produjo destrozos en bienes e instalaciones y afectó pertenencias de empleados y visitas en la sede de TN y de eltrece. Las investigaciones en curso señalan la participación en esos hechos de inaudita alevosía de dos funcionarios de máxima jerarquía en el Ministerio del Interior cuando este se hallaba a cargo de Eduardo de Pedro, durante la nefasta presidencia de Alberto Fernández.

No nos haremos cargo de las versiones que sostienen que el ala camporista encabezada por De Pedro habría sufrido un traspié a raíz del fracaso de expectativas más favorables respecto de la expresidenta en relación con la condena a seis años de prisión que le fue dictada por actos de corrupción en la causa de la obra pública. Quedan pendientes de resolución otros expedientes no menos graves contra ella.

Se imputa al sector que encarna De Pedro haber asumido un papel paralelo al de la defensa legal de la exmandataria, tanto ante ámbitos de la Justicia como del Poder Ejecutivo, en la ímproba tarea de disipar los nubarrones que asomaban desde hace tiempo sobre la cabeza de Cristina Kirchner. Como era fácil colegir, todo concluyó mal para ella, aunque soporte una prisión de calidades increíblemente privilegiadas.

Si se encargó a aquella facción una tarea que cumplieron sin el éxito que se esperaba, por así decirlo, en el Instituto Patria, y si por esta razón se están empleando ahora sus miembros en aventuras no más loables a fin de recuperar posiciones ante la jefa del movimiento que integran, es una cuestión de imposible verificación objetiva. Nada los mejoraría, es cierto, respecto de los hechos inadmisibles cometidos contra los dos medios de comunicación mencionados. En todo caso, los convertiría, frente a la opinión más serena y sensata de la ciudadanía, en exponentes de un grupo particularmente execrable dentro de lo que por sí constituye una expresión de lo peor que se haya gestado en la política nacional en el primer cuarto de siglo transcurrido de la centuria.

Digámoslo con todas las letras: La Cámpora suscita náuseas con su comportamiento desde que surgió como heredera del expresidente Héctor Cámpora. Hoy mismo cuesta otorgar crédito a la comprobación de que sigue gobernando la provincia de Buenos Aires, y con aspiraciones evidentes de ascender aún más en el escalafón de la política, el rebelde de última hora y principal responsable por el juicio perdido en Nueva York por el Estado en el caso de YPF, por el que se obliga a entregar el 51% de las acciones de la empresa a los fondos demandantes del juicio por su confiscación, una condena que el actual Gobierno se apresta a apelar mientras que quienes nos llevaron a este desastre intentan quitarse responsabilidades con argumentos tan falaces como pueriles.

Axel Kicillof, uno de los responsables que decía sentirse descompuesto cuando oía mencionar el concepto de “seguridad jurídica” está llevando al país a cargar con pérdidas absurdas por más de 16.000 millones de dólares. Es el precio por la intrepidez de burlarse abiertamente de los compromisos jurídicos de YPF.

En lugar de buscar excusas deberían los conmilitones del Instituto Patria, sus epígonos, los economistas y punteros políticos que falsearon las estadísticas del Indec y la runfla de profesionales en cerrar calles y depredar bienes públicos, amortiguar al menos las consecuencias de un colosal fallo adverso para el país con sus propios recursos o con el borderó de las exacciones que hicieron muchos de ellos contra las arcas de la Nación.

Que se ocupen a ese fin las manos de los sinvergüenzas y las sinvergüenzas, por decirlo a tono con quienes desafiaron hasta la coherencia gramatical de la lengua, en lugar de continuar malamente embadurnadas con excrementos, como los que arrojaron, utilizando vehículos de la provincia de Buenos Aires, la entrada del domicilio del diputado José Luis Espert. La suciedad de la salvajada debe estar seguramente en relación directa con la negrura de espíritus habituados a lo más escatológico de la política. Hasta merodean por los andurriales de la cropofilia.

Hay más hechos, con simbología potente de irracionalidad, como el escrache contra el periodista Gustavo Noriega, las pintadas en la sede de Radio Rivadavia o las inscripciones dejadas en una receptoría de avisos de Clarín. Llaman la atención, asimismo, las pancartas que se observaban en los puentes a lo largo de la ruta 8, contra la máxima autoridad del Grupo Clarín.

Ese corredor vial atraviesa diferentes jurisdicciones de la provincia. ¿Ninguna, entre todas ellas, va a tomar la decisión de eliminar tales pruebas de iracundia política?

¿Tampoco lo hará la empresa concesionaria, que cobra peaje por la circulación de vehículos, Vialidad Nacional o alguna autoridad con facultades para ordenar una medida que ponga algo de cordura en medio de hechos tanto o más inaceptables que el lenguaje que prospera en los más altos niveles del Gobierno y en franjas de la oposición?

No es una novedad que buena parte de la política en nuestro país se muestra desquiciada. La violencia nunca es inocua. Lo recordamos bien de la Argentina herida e hiriente del pasado. Cuando el insulto se convierte en ataque, la política entra en su fase más oscura.

No debemos naturalizar que el ya de por sí degradante odio hablado se concrete en acciones de violencia física.

Fuente: La Nación

El fallo de la Justicia de Nueva York, que ha condenado al Estado argentino a pagar una suma descomunal a los fondos que reclamaron una indemnización por irregularidades en la estatización de YPF, y la decisión de la jueza Loretta Preska de exigirle al país la entrega del 51% de las acciones de la empresa petrolera a los demandantes es otro capítulo de una tan extensa como calculada desidia. No solo de funcionarios que pecaron por corruptos, sino también de jueces de nuestro país que no supieron o no quisieron actuar con la celeridad que hubiese correspondido para evitar los males mayores que hoy acosan a la economía argentina.

Que recaiga ahora sobre nuestro país semejante condena es la consecuencia directa de una vil estrategia, urdida con deliberación por una estructura de poder cuya vocación sistemática ha sido el saqueo del Estado. Presentar al entonces funcionario nacional Axel Kicillof como un inexperto atolondrado –se jactó de romper las normas al decir que “los tarados son los que creen que el Estado debe ser estúpido y comprar la empresa cumpliendo la ley”– no solo constituye una falsedad, sino que encubre su verdadera condición: la de ejecutor consciente de un ruinoso diseño, ordenado por la cúpula kirchnerista para perpetrar un gigantesco despojo institucional con apariencia de patriotismo.

Fue así que con aquella temeraria declaración pública, Kicillof no solo anticipó el incumplimiento de las normas legales que regulaban la operatoria sobre YPF, sino que selló lo que pocos negaban que iba a ser el negro destino judicial del país, proporcionando a la contraparte el argumento que hoy nos condena. No fue ignorancia, fue dolo: un acto pensado para consumar una confiscación ilegítima a través de un discurso impostado de “soberanía”. La jueza Preska tuvo en las propias palabras públicas de Kicillof una prueba del delito tan desbocada como contundente.

Resulta bochornoso que quienes propiciaron este atropello y fueron beneficiarios de la maniobra se presenten ahora como víctimas de intereses foráneos

Hace un par de semanas, en la causa Vialidad, otro paradigmático caso de accionar delictivo, la Corte Suprema de Justicia hizo algo más que resolver debidamente una encrucijada institucional al ratificar la condena a la expresidenta Cristina Kirchner: abrazó la sana tradición del Poder Judicial, que es su independencia.

Hay planos en los que todo empieza por el ejemplo. Y, en el caso de la expresidenta, el mensaje interno hacia los jueces de instancias inferiores fue de una potencia que todavía no se alcanza a dimensionar: impartir justicia es hacerlo a tiempo, porque justicia que llega tarde no es justicia. Sin exagerar, se abren las puertas para un renacimiento del Poder Judicial, en momentos en que el sistema democrático en el mundo está en cuestión por su aparente incapacidad para dar respuestas perentorias a temas cada vez más complejos. La Justicia respondió aquí y lo hizo de manera ejemplificadora.

La condena a una expresidenta de la Nación es de tal magnitud que deja en claro que la Justicia funciona. Y, como bien decía el viejo y sabio jurista Rafael Bielsa, cuando la Justicia anda bien, aunque todo ande mal, todo puede andar bien. Los efectos se proyectan al plano internacional. Esa es la clave de lectura de un inversor, y a los fines de la confianza, tiene un valor mayor que cualquier beneficio que se pueda ofrecer. Bajo esta óptica, este fallo vale más que cien leyes con beneficios como los del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Su importancia también radica en las consecuencias que irradia al plano de los juicios pendientes en fueros internacionales contra el país, como el del reclamo por la estatización de YPF.

Es inaceptable seguir tolerando este relato tergiversado que enmascara el pillaje con banderas de supuesta soberanía

El argumento para la condena fue la violación del estatuto de la empresa, cuando se llevó adelante la estatización con un accionar deliberadamente torpe del gobierno kirchnerista, olvidando el derecho y valiéndose de una supuesta astucia que terminó saliendo muy cara.

Sería simplón decir que fue negligencia lo actuado por el kirchnerismo en sus sucesivos gobiernos, ya que durante el de Alberto Fernández nada se hizo por intentar evitarle al país las consecuencias gravosas que ahora se le exigen. Fue algo mucho peor. Todo el trámite que tuvo el manejo de YPF durante aquellos tiempos estuvo plagado de errores palpables, empezando con la entrada arbitraria de accionistas locales sin ninguna experiencia ni antecedentes en la materia, más que la cercanía al poder, pasando por la toma de control estatal plena de yerros y terminando con el reclamo que dio lugar a la condena que el actual gobierno nacional se apresta a apelar y sobre la que debería también armar una estrategia que vaya más allá de intentar ganar tiempo, pues con eso solo no se resuelve el problema de fondo. Ayer, por caso, se supo que los fondos demandantes estarían dispuestos a negociar.

Todo indica que en este caso judicial hubo gravísimas cuestiones que no se pudieron descifrar porque la causa penal en la que se debería haber investigado duerme desde hace décadas el sueño de los justos. Todo lo contrario al mensaje que dio la Corte en el caso de la prisión de Cristina Kirchner. Y esa sospecha tiene que ver con una técnica descripta al detalle en todo el derrotero de la causa que acaba de quedar firme. La maniobra se habría repetido en varios frentes, incluyendo el proceso que culminó con la estatización de YPF, pero empezó con un esquema que permitió en un primer momento el ingreso inexplicable de un accionista minoritario a golpe de dedo del poder de entonces.

Algunos reclaman a la Corte de Apelaciones de Nueva York que tiene el caso para resolver, que se haga eco del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina. Sería de desear, aunque resulte improbable. Hay un inveterado principio de derecho internacional de no intervención en asuntos internos de otro Estado, que los jueces estadounidenses suelen respetar y les ha valido como excusa para no resolver estos temas. Los indicios empiezan a tomar forma de certezas, por lo que no se podría descartar nada, ya sea en lo estrictamente jurídico o, al menos, en el fuero interno de los magistrados, cuando consideren el monto que está en juego para todos los argentinos, a raíz de las tropelías de unos pocos realizadas desde el poder.

El mensaje que acaba de dar la Corte es para ellos, pero mucho más directamente para los jueces argentinos que hace mucho deberían haber cumplido con su deber, dejando de lado las especulaciones, como Ariel Lijo, que hace muchísimo tiempo que tiene a su cargo la causa por el vaciamiento y expropiación de YPF, sin que se registraran avances, entre muchas otras que confirman que su juzgado es de los que registran mayores demoras en casos de corrupción. No casualmente se trata de uno de los candidatos que tuvo el gobierno actual para ocupar un lugar en el tribunal supremo.

Resulta, por tanto, bochornoso que quienes propiciaron este atropello pretendan hoy presentarse como víctimas de intereses foráneos, cuando en verdad actuaron como los beneficiarios encubiertos de la maniobra. La historia completa exhibe una cadena de decisiones orientadas a facilitar un negocio espurio a costa del erario. Es inaceptable seguir tolerando este relato tergiversado que enmascara el pillaje con banderas nacionales.

Es hora de llamar a las cosas por su nombre: lo de YPF no fue una torpeza, fue una estafa. Y frente al fallo que hoy nos castiga, el deber de la dirigencia política, de la Justicia y de la ciudadanía es claro: desmontar la impunidad, repudiar la mentira y exigir que nunca más una banda disfrazada de gobierno disponga del país como si fuera su botín.

Fuente: La Nación

Secuestrado y atado a un catre en una de las llamadas cárceles del pueblo, el vicecomodoro Roberto Echegoyen falleció de cuatro tiros, uno en la cabeza, el 10 de julio de 1976 en la localidad de San Andrés, en el partido bonaerense de San Martín. La llegada de unidades del Ejército y de la policía a una imprenta del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que funcionaba en el mismo lugar que la cárcel clandestina condujo a su final cuando los integrantes de la organización terrorista se vieron descubiertos.

Convocado sin aviso previo para hacer un cerco sobre el inmueble, el Regimiento de Infantería 6 de Mercedes se hizo presente con la compañía que había quedado de guardia, formada por varios conscriptos junto al jefe de la unidad y los pocos oficiales que se encontraban esa noche en el cuartel, en vehículos oficiales del Ejército. Uno de los integrantes del ERP que permanecían en la imprenta, Jorge Arancibia, intentó escapar y fue alcanzado por una ráfaga de ametralladora disparada por uno de los conscriptos apostados en el cerco. El asalto al inmueble y la detención de los integrantes del ERP, según cables desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos incorporados al juicio por los acusadores, fueron realizados por personal de inteligencia de las Fuerzas Armadas y la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El cable cita como fuente de información a quien fuera entonces jefe del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. No obstante, las privaciones de libertad de aquellas personas y de Pablo Pavich, jefe de prensa y propaganda del ERP secuestrado días antes, así como el homicidio de Arancibia, le fueron atribuidas al Regimiento 6, procesándose por ello a tres jóvenes subtenientes de esa unidad, Martín Sánchez Zinny, Emilio Morello y Horacio Linari, de 20, 22 y 23 años de edad, respectivamente. Después de ser condenados a cadena perpetua 47 años después de los hechos y luego de fallecidos todos los jefes militares y policiales de las distintas unidades presentes en aquel procedimiento, en 2024 la Cámara de Casación Penal confirmó las condenas, pero cambió la calificación de los hechos permitiendo la disminución de sus penas. En los próximos días, este tribunal deberá confirmar, aumentar o disminuir las penas impuestas, de 12 años de prisión al primero y de ocho a los otros dos exoficiales.

Para que la causa contra el Regimiento de Mercedes prosperara, las organizaciones querellantes pretendieron demostrar que no había sido convocado intempestivamente a hacer un cerco, sino que habría tenido la premeditada misión de perseguir y eliminar al aparato de prensa del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y su brazo armado, el ERP. Con ese objeto imputaron simultáneamente al oficial más joven de esa unidad, el subteniente Sánchez Zinny, como responsable de la detención, un mes antes en la localidad de Haedo, de Rocío Martínez Borbolla, apodada Sargento Ana, junto a su compañero, ambos integrantes del ERP, quien, según dijeron, sería editora del periódico El Combatiente. En 2013 su hija, Bárbara García, que contaba con 9 años de edad cuando se desarrolló el operativo, declaró ante el juez Daniel Rafecas y describió al jefe de este como un hombre de 40 años, alto, corpulento, de pelo largo y rubio. En 2017, en un reconocimiento fotográfico, García identificó por fotos a Sánchez Zinny señalando que se trataba de esa persona, jurando previamente no haberlo visto con anterioridad. Las fotos acompañadas por la defensa mostraron al acusado, que tenía entonces 20 años, era delgado, morocho, de pelo corto y oscuro.

Ante las evidencias, que desnudaron varias farsas similares, ambos testigos tuvieron que admitir en el debate que, junto a los querellantes de derechos humanos, conocían y venían siguiendo a Sánchez Zinny desde varios años antes de aquel “reconocimiento” fotográfico. Se probó que Martínez Borbolla jamás fue nombrada como miembro del aparato de prensa de la organización ni en los habeas corpus presentados, ni en las denuncias por su secuestro, ni en las fichas de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep), ni en la película filmada por su hija Bárbara. Ambos hermanos jamás mencionaron tampoco ese dato en sus declaraciones anteriores ante la Conadep y el consulado de España. Los propios integrantes del aparato de prensa del ERP, entre ellos uno de los que participaron del secuestro y muerte de Echegoyen, indicaron en el juicio dónde se hacía la edición de El Combatiente y quiénes formaban parte del staff, y jamás la nombraron.

La defensa de los acusados citó un documentado trabajo del Ministerio Público Fiscal que concluye que la misión de perseguir al aparato de prensa del PRT-ERP estaba a cargo entonces, precisamente, del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. Para intentar salvar la situación, la acusación presentó a un exoficial del regimiento, quien refirió una supuesta conversación con otro oficial que le habría confesado los hechos. Este último no solo lo desmintió, sino que lo querelló por falso testimonio probando su mendacidad. El falso testigo había sido echado del Ejército por corrupción y denunciado originalmente por los querellantes, los cuales, en lugar de avanzar contra él, como hicieron contra el resto de los oficiales del regimiento, decidieron olvidarse de su imputación y aceptar su declaración como testigo. El súbito y prematuro sobreseimiento dictado en su causa se encuentra recurrido ante instancias superiores.

En la Corte Suprema están las quejas pidiendo la revisión de las condenas confirmadas de Sánchez Zinny, Morello y Linari y su absolución. La probada revisión de lo acontecido y una voluntad de hacer justicia frente a un tan ideologizado como falaz montaje, que se repitió en numerosas causas, deberían permitir cerrar estas instancias procesales sin más demoras ni inconvenientes para sus involuntarios protagonistas a tantos años de los hechos.

Fuente: La Nación