Categoría: Entrevistas

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La ley 27.743 estableció el denominado Régimen de Transparencia Fiscal, por el cual los comercios están obligados a discriminar el IVA y los impuestos internos al exhibir los precios o emitir facturas o tickets, algo ya habitual en otros países. Habiendo pasado un año de la sanción de la ley del ticket, solo adhirió una provincia, Chubut, con cuatro que están en proceso y un ominoso silencio por parte del resto.

Que el consumidor pueda detectar fácilmente el impacto de los impuestos en las operaciones, una iniciativa impulsada por la ONG Lógica, contribuye a que tome decisiones comerciales con plena libertad. La norma es apenas una dentro de una enorme maraña fiscal que, en la mayoría de los casos, no permite tal discriminación como ocurre, por ejemplo, con el impuesto al cheque.

Por otra parte, tanto la Capital Federal como las provincias fueron invitadas a dictar las respectivas disposiciones en sus jurisdicciones, lo que hasta aquí solo ocurrió en forma parcial con la adhesión porteña, de Entre Ríos, Mendoza, Misiones y Chubut. Siendo que la mayoría de las jurisdicciones no adhirieron, su cumplimiento es lamentablemente muy minoritario y el silencio de los gobernadores al respecto es tan vergonzoso como insostenible. Se pierde así la oportunidad de observar la incidencia de los impuestos provinciales y municipales que tan importante impacto tienen en los precios. La cantidad de gabelas y su superposición en los tres niveles de gobierno –unidas a una multiplicidad de otros factores que componen el costo argentino– inciden gravemente en el precio de los bienes y servicios perjudicando a los consumidores.

En forma especial, hay que destacar el impacto de los denominados impuestos distorsivos que terminan impactando en la competitividad y desalentando la inversión y el empleo. En este esquema, el impuesto sobre los ingresos brutos a nivel provincial, tiene una importante incidencia en el precio final de los productos, en función de sus características y su efecto cascada, al aplicarse en todas y cada una de las etapas económicas.

A ello debe sumarse el impacto que provocan las retenciones y percepciones impositivas provinciales, las que, sin fundamento legal, producen un incremento de su base de aplicación, lo que genera importantes saldos a favor de los contribuyentes, con su consiguiente impacto económico y financiero. En cuanto a los impuestos municipales, disfrazados de tasas, se vienen incrementando a lo largo de todo el país.

Diferentes estudios sobre la carga fiscal han determinado que la incidencia local del conjunto de gravámenes en los precios finales de los bienes y servicios ronda el 50%. O sea, de cada compra la mitad corresponde a impuestos. Claramente se trata de una carga fiscal inapropiada y altamente regresiva, que castiga fuertemente a los estratos más vulnerables, carentes de capacidad de ahorro, y obligados a destinar todos sus ingresos al consumo. Hay productos sobre los cuales la incidencia es mayor y otros, como algunos alimentos, objeto de una tasa reducida o de exenciones parciales.

Si comparamos con lo que ocurre en Estados Unidos, no rige allí el IVA ni el impuesto al cheque; tampoco hay ingresos brutos. Sí se aplica el sales tax, un gravamen que solo impacta al consumidor final, que no grava los alimentos y cuya tasa ronda entre el 8% y 12% dependiendo de los Estados y del tipo de productos.

Pretender bajar o reducir la cantidad de impuestos es una utopía si no se reduce el elefantiásico gasto público en los diferentes niveles del Estado. Precisamente, es el gasto público el que ha ido en ascenso durante los últimos 20 años, con una tímida reducción reciente en el orden nacional a la luz de los recortes impuestos por el actual gobierno, sin correlato en niveles provinciales ni municipales.

El llamado costo argentino, que en otros países no tiene tanta incidencia, recarga también los precios, principalmente por el impacto de las cargas sociales que inciden en los salarios, y de las varias veces millonaria industria del juicio que jaquea el empleo formal y lleva a la quiebra a más de una pyme que no puede afrontar estos desmadrados costos ante la contingencia de un juicio laboral. En las empresas pequeñas y medianas, cada empleado es una hipoteca condicional, hipoteca que, de ejecutarse –despido con causa, por falta de trabajo, por incompetencia, etcétera–, puede conducir a la zozobra del empleador.

Se impone pues tratar las reformas impositiva y laboral sin más demoras, generando conciencia en la sociedad sobre estas cuestiones para que las decisiones políticas logren los necesarios consensos. Se trata de verdaderas políticas de Estado en materia fiscal y laboral que urge instalar en forma definitiva como requisito impostergable para el desarrollo y el crecimiento económico al que aspiramos.

Fuente: La Nación

La reciente reunión del Consejo de Mayo convocada por el presidente Milei debe considerarse un retorno a mirar el futuro luego de algunas semanas marcadas por conflictos políticos desgastantes con vistas a las elecciones bonaerenses de septiembre y las generales de octubre próximos. Es auspicioso que se demuestre la voluntad de avanzar con las reformas estructurales pendientes y que se propicie retomar el diálogo sobre la base de las diez medidas del Acuerdo entre el Presidente y los gobernadores, suscripto el 9 de julio del año último. Según trascendió, el tema al cual se le dedicó más atención en esa reunión fue el de la reforma laboral. Esto no es casual ya que la disminución del costo y riesgo laboral sigue siendo una tarea incompleta frente a la necesidad de impulsar la inversión y mejorar la competitividad y el empleo.

Después de un año y medio de la puesta en marcha de un programa de cambio, persiste en los medios empresarios una percepción de alto riesgo de contratar un trabajador. Esto es más notorio en las pymes que deben aceptar las condiciones acordadas en convenciones colectivas sectoriales y que, además, están sujetas a una Justicia Laboral que suele carecer de equilibrio y mesura. Se alzan voces desde el sector empresario postulando un cambio en los usos y las costumbres de la Justicia del Trabajo. Algunos ven como una alternativa deseable al sistema judicial estadounidense que carece de un fuero laboral.

Los objetivos de un cambio importante en las relaciones del trabajo fueron en su momento incorporados en el DNU 70/2023. Entre otras medidas, proponía mecanismos de indemnización por capitalización, prolongaba el periodo de prueba, revisaba los criterios de ultraactividad, evitaba los bloqueos de actividades productivas e introducía disposiciones para aumentar la productividad. Sin embargo, una acción de amparo interpuesta por la CGT fue acogida por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 53 a 97 del DNU que se referían a la cuestión laboral. El Poder Ejecutivo apeló esa suspensión y promovió esas y otras reformas en el proyecto de la denominada Ley Bases enviada al Congreso. Allí debió negociarlas quedando en el camino una buena parte de los cambios propuestos. Se logró que subsistieran medidas de flexibilización requeridas para mejorar la competitividad. Por ejemplo, las vacaciones flexibles, el trabajo en días no hábiles, la tercerización, las jornadas de trabajo reducido, el teletrabajo y la robótica. También se introdujeron medidas de protección a los trabajadores frente a exigencias impuestas por el avance de la tecnología. Es el caso de igualdad de derechos entre empleados presenciales y remotos, el derecho a la desconexión digital fuera del horario laboral y la flexibilidad para alternar entre ambas modalidades.

La Ley Bases alcanzó a dar más razonabilidad a los montos de indemnización que hasta entonces constituían casi siempre una amenaza de quiebra para muchas empresas. Pero lo importante es que se logró que subsista en ella la creación del Fondo de Cese, con el fin de reemplazar la indemnización por antigüedad prevista en el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo. No obstante, su creación en cada caso solo será optativa por acuerdo convencional entre las partes. Recientemente, la Comisión Nacional de Valores reglamentó el sistema de este Fondo y su administración mediante fondos comunes de inversión abiertos o fideicomisos financieros.

No ha habido cambios en la disposición de la ley de convenciones colectivas que en sus artículos 17, 18 y 19 privilegia los acuerdos sectoriales de nivel superior por sobre los de nivel inferior (empresas). La reversión de este privilegio, descentralizando las negociaciones salariales y de condiciones de trabajo, tendría la lógica de la convergencia de intereses entre las partes, ya que ambas conocerían sus límites y desearían el éxito de la compañía. No se impondrían a las empresas más pequeñas las condiciones que acuerden las grandes ni se introducirían cuestiones políticas en las negociaciones. Debemos decir que la descentralización no estuvo incluida en el DNU 70/2023 ni en el proyecto original de la Ley Bases. Es un objetivo pendiente.

La resistencia corporativa de las centrales sindicales se ha manifestado frente a otros intentos de reforma. Hubo otra acción de amparo, también convalidada por la Justicia Laboral, ante el DNU 340/2025, que restringía el derecho de huelga en actividades consideradas esenciales.

Debería abrirse una nueva etapa en el tratamiento de la cuestión laboral surgida de retomar el Acuerdo de Mayo, apelando a que los intereses políticos, sectoriales o corporativos den lugar a una amplia mirada que se sintetice en generación de trabajo eficiente con salarios crecientes, competitividad y aumento del bienestar de todos.

Fuente: La Nación

Al afirmar sin ruborizarse que su candidatura a concejal de La Matanza es solo simbólica y que “el pueblo sabe” que no asumirá en caso de ganar, sino que seguirá siendo intendente, Fernando Espinoza le asesta otra estocada al alicaído compromiso republicano.

Su frase, tan desprejuiciada como temeraria, es un insulto a la inteligencia de los matanceros en particular y a todo el electorado en general, pues confirma la instalación de una lógica política perversa que pretende naturalizar lo que jamás debió ser tolerado: el engaño a la ciudadanía.

La estrategia de las candidaturas testimoniales no es nueva. Lamentablemente, tampoco está legalmente prohibida, pero es éticamente inaceptable. Lo fue en 2009, cuando Néstor Kirchner la impuso con total impunidad y lo es hoy cuando el gobernador Axel Kicillof –acompañado de una comitiva de intendentes que rozan la caricatura institucional– la desempolva con naturalidad, casi como si se tratara de un derecho adquirido.

“No le mentimos a la gente”, aseguran los promotores de la farsa, como si aclarar que no van a asumir aliviara el fraude que están cometiendo. Pretenden, además, convencernos de que este latrocinio político, por haberse repetido varias veces, es legítimo. Decir que una pésima conducta es válida por haber sido usada antes es como justificar el robo porque ya se ha robado previamente. La reiteración de una práctica corrupta no la convierte en honesta: la cristaliza como hábito vergonzante, como el cinismo hecho carne. Es la erosión continuada y sistemática del sistema representativo.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, sumó un capítulo al disparate al aseverar: “Lo hicimos [decir que se presentan, pero que no asumirán] de frente a la gente”. Como si confesar una estafa con antelación la hiciera menos despreciable, como si el voto popular convalidara la mentira explícita o como si la política no requiriera verdad, sino solo eficacia electoral. La afirmación de Bianco, más que una defensa, es una confesión: ahora la trampa es doctrina.

Verónica Magario, actual vicegobernadora bonaerense, encabeza la lista oficialista, Fuerza Patria, como primera candidata a diputada provincial. Ya avisó que no asumirá. Lo mismo ocurre con un nutrido ramillete de intendentes y no solo del peronismo, sino también de la oposición en la provincia. ¿Cómo puede alguien decir que aspira a un cargo legislativo y pedir que lo voten si no tiene ninguna intención de asumirlo? ¿Hemos instaurado la mentira a la que pretenden acostumbrarnos? ¿Qué clase de democracia representativa es esa?

La Cámara Nacional Electoral ya advirtió sobre esta práctica. En 2009, cuando los entonces gobernador bonaerense e intendente de Tigre, Daniel Scioli y Sergio Massa, respectivamente, fueron candidatos a diputado a sabiendas de que no asumirían, los jueces señalaron que se estaba ante una “inaceptable manipulación de las instituciones de la República”. El juez Alberto Dalla Via, en una disidencia que hoy cobra enorme vigencia, fue más lejos aún: calificó esas postulaciones como contrarias a la Constitución nacional. En sus fundamentos, recordó que la oferta electoral conlleva un compromiso político ineludible. Si ese compromiso se traiciona, se quebranta el vínculo esencial entre el representante y el representado.

Lo que se está consolidando hoy es un patrón bochornoso. Los dirigentes usan sus nombres como meros dispositivos de arrastre para sumar votos. Se postulan con el objetivo impunemente explícito de marcar territorio, condicionar internas, neutralizar adversarios o, más aún, para mantener el control político sobre Legislaturas y concejos deliberantes. La institucionalidad se degrada al nivel de farsa.

Lamentablemente, si lo hacen es porque sienten que pueden. La Justicia Electoral, aunque condena la maniobra como deshonesta, no la impide en la práctica. Admite que no puede anticipar la conducta futura de los candidatos y, por lo tanto, legaliza el abuso. Pero si esta estrategia deviene norma, si las testimoniales pasan de excepción a costumbre, ¿no será hora de redefinir los límites? ¿De qué sirve una condena teórica si la práctica se sostiene en la impunidad?

Las candidaturas testimoniales, además de falsas promesas, son peligrosas. Al institucionalizar el engaño, al naturalizar el desprecio por el voto, alimentan el descreimiento, la apatía y el ausentismo. Lo que se pierde no es solo la legitimidad de una banca, sino la confianza ciudadana en la política como herramienta de transformación. Y eso es gravísimo.

Que nefasto ejercicio lo practiquen fuerzas políticas de lo más diversas –en Buenos Aires la usaron el kirchnerismo, el kicillofismo, el Frente Renovador, La Libertad Avanza y otros partidos– no exime a nadie. La excusa es “territorializar” la elección, cuando lo que realmente aparece como fin es blindarse frente a un futuro electoral incierto. En algunos casos, incluso, los candidatos testimoniales son parte de una estrategia velada para re-reelegirse en 2027, evitando las trabas legales con renuncias tácticas antes de mitad del segundo mandato consecutivo. Puro cálculo y nula ética.

El ciudadano no merece esta manipulación. Si lo que se ofrece no es real, no importa cuán explícita sea la burla. Su sinceridad no la vuelve legítima, solo la hace mucho más obscena.

En una democracia seria, ninguna candidatura puede ser meramente simbólica. Cada casillero en una boleta representa la esperanza de una voz en el debate público. Vaciar de contenido ese símbolo, reducirlo a una jugada electoralista, es convertir la política en una pantomima que agravia a la República.

Fuente: La Nación

Cualquier forma de vandalismo contra el patrimonio que someta a destrucción o daño sitios de valor causa pérdidas irreparables en la memoria colectiva y en el sentido de identidad de una comunidad. El fenómeno refleja un problema más profundo como es la falta de conciencia sobre su importancia y la necesidad de aplicar con mayor determinación sanciones ante actos de irresponsabilidad social.

Recientemente, Mendoza se vio sacudida por un acto indignante. Turistas pintaron con aerosol sus nombres sobre rocas del dique Potrerillos, un paisaje protegido y parte esencial del patrimonio natural provincial. Las imágenes captadas por un automovilista que transitaba por la zona no tardaron en viralizarse. Se pudo observar no solo el daño físico ocasionado al paisaje –finalmente reparado por las autoridades provinciales y organizaciones ambientalistas–, sino también una actitud de prepotencia ante quien les reclamaba por su desidia.

Estos turistas no cometieron un delito penal, sino una contravención contemplada en el Código de Faltas de Mendoza. La Justicia tomó cartas en el asunto. Las sanciones incluyen hasta diez días de arresto, multas que podrían ascender a 21 millones de pesos y cursos obligatorios de concientización ambiental.

Sería un error pensar que se trata de un hecho aislado. Esta vocación destructiva se repite por todo el país. En Salta y Jujuy, los paredones de adobe de pueblos centenarios aparecen rayados con nombres, corazones y fechas. En la Quebrada de Humahuaca, en el Parque Nacional Los Cardones o en la Cuesta del Obispo, los viajeros dejan el sello de su paso por el lugar como si lo público fuera de su propiedad privada. Basura desperdigada, griteríos o cánticos que ahuyentan aves o fauna son otras formas de desprecio y falta de conciencia.

Esa obsesiva necesidad de dejar inscripta la marca propia en lugares que deberían mantenerse vírgenes y cuidados es profundamente preocupante. La Justicia debe actuar con contundencia. No basta con una multa simbólica. El mensaje debe ser claro y ejemplificador: quien daña debe asumir las consecuencias.

Es hora de ponerle fin al “turismo del garabato”. Quien ama la naturaleza la respeta. Quien aprecia el valor histórico no necesita firmarlo.

Fuente: La Nación

La reciente confirmación del procesamiento judicial de la publicista María Victoria Villaver por difundir noticias falsas durante una campaña electoral representa un punto de inflexión frente a hechos sumamente preocupantes. El fallo de la Cámara Nacional Electoral, que considera estas prácticas como una forma de “violencia”, resulta tan acertado como oportuno. Estamos ante un fenómeno que amenaza seriamente con erosionar la legitimidad de los procesos democráticos y contaminar aún más el debate público.

Lo ocurrido en la campaña legislativa de 2021, cuando Villaver difundió en redes sociales videos falsos del entonces candidato a senador Mario Negri, es apenas la punta del iceberg. Los contenidos, generados con técnicas de edición deliberadas y manipuladas simulaban declaraciones que jamás existieron. El objetivo era inducir a los votantes, mediante el engaño, a modificar su intención de voto.

Ese precedente –como otros que se siguen sucediendo en la era digital– reviste particular gravedad en un país como el nuestro, donde los denominados “carpetazos” vienen siendo utilizados como armas políticas desde hace décadas. El uso fraudulento de información básicamente de inteligencia, orientada a ensuciar la reputación de adversarios, hoy encuentra en las redes sociales una caja de resonancia infinitamente más extendida. La velocidad con la que se propagan las fake news, sumada a la dificultad de su inmediata rectificación, convierte cada engaño en una daño permanente.

No es menor el hecho de que ya se investigan casos similares, como el indignante video fabricado con inteligencia artificial en el que se pretendía mostrar al expresidente Mauricio Macri retirando su apoyo a la candidata de Pro Silvia Lospennato en pleno proceso electoral porteño. Ese caso burdo, en el que eran fácilmente apreciables groseros errores de edición como la ralentización de la voz de Macri, los movimientos desacoplados y los parpadeos artificiales, entre muchos otros, provocó una fuerte reacción cuyo daño no ha sido posible medir estadísticamente pero es muy probable que la mentira haya calado hondo en la decisión de personas desprevenidas o que desconocen los alcances de esta estafa moral. La mentira, una vez viralizada, se vuelve resistente incluso a la verdad.

¿Cómo proteger la democracia sin cercenar la libertad de expresión? La respuesta no es la censura, sino la conjunción de una tríada esencial: educación ciudadana, tecnología responsable y periodismo riguroso. Enseñar a la población a verificar lo que consume, exigir a las plataformas digitales protocolos de moderación más exigentes y reforzar el rol central del periodismo profesional como baluarte contra la manipulación.

Los medios tradicionales no han sido desplazados por las redes. Por el contrario, hoy más que nunca tienen la ineludible responsabilidad de ejercer su función legitimadora.

Estamos frente a un problema no menor. La desinformación es una amenaza a las democracias. Su avance pone en riesgo no solo elecciones puntuales, sino los propios valores republicanos. Resulta vital legislar en consecuencia y que la Justicia avance en estos casos con firmeza y celeridad. Que se condene el uso del engaño como herramienta electoral y que cada ciudadano sepa que no todo lo que circula es cierto, y que su derecho a votar informado es, también, una responsabilidad individual. No hay libertad donde reina la mentira.

Fuente: La Nación

Para que una nación funcione es necesario que haya un mínimo de confianza recíproca entre los ciudadanos. El orden jurídico liberal otorga certezas a la acción humana mediante principios básicos como el respeto a la propiedad, la firmeza de los contratos y la sanción penal. En ese contexto, el Estado es indispensable como garante de esos derechos. Un Estado probo y ejemplar, simbolizado por la bandera, el himno y el escudo de manos enlazadas. De ese modo, los esfuerzos de unos se coordinan con los de otros, como trapecistas que, aun desconociéndose, se atreven a confiar en extraños sabiendo que esos principios compartidos y la garantía de un Estado insobornable y ejemplar, evitarán que caigan al vacío. Sobre la base de esos intercambios provechosos se construyen sociedades que ofrecen vidas dignas, sin indigencia ni inseguridad. Y esa reiteración fortalece la confianza recíproca, construyendo el valioso capital social que cimenta lazos en forma duradera.

Quienes no se cansan de predicar las virtudes del “Estado presente” y de reclamar derechos cuando hay necesidades, no advierten las distorsiones que provoca su expansión al crear incentivos perversos para medrar con la billetera pública en lugar de usarla para el bien común

Durante décadas, en la Argentina ese fundamento esencial de la prosperidad colectiva se fue socavando hasta provocar la crisis que aún nos aqueja. Como enseña el refrán, “pueblos y pescados se pudren por la cabeza”. El descalabro comenzó cuando el Estado se fue desvirtuando hasta transformarse en instrumento para transferir ingresos en provecho de sectores organizados, incluyendo la política, a costa del bien común.

La forma más aparente y burda han sido los conocidos casos de corrupción que caracterizaron las dos décadas de gestión kirchnerista. Pero ese desvío de la gestión estatal también permeó toda su estructura, ya fuera nacional, provincial o municipal. Afectó a las empresas públicas, a los entes autárquicos, los fondos fiduciarios y distintos canales de gastos sufragados por tesorerías sin dueños. Es decir, estatales.

Las buenas intenciones que engalanan los nombres de los ministerios, los rutilantes títulos de organismos, de programas o los rectos propósitos de sus creadores se malogran por los incentivos torcidos que generan las cajas públicas administradas por quienes no son sus dueños

La corrupción de la cabeza, como en el pescado, habilitó la propagación de sus hermanos menores, como el oportunismo, la picardía y la ventaja indebida en aquellos programas u organismos que otorgan subsidios, ofrecen empleos, contratan obras o requieren servicios. Como han sido creados y existen para satisfacer necesidades colectivas, se mimetizan los intereses de quienes los aprovechan con los objetivos de su creación. Sus nobles finalidades los blindan ante intentos por escudriñar sus organigramas, auditar sus cajas, fisgar sus prácticas, cuestionar sus gastos y objetar sus menesteres. Para impedirlo, se agitan banderas y pancartas emotivas que benefician también a sus polizones, quienes viajan sin boleto.

Todo ello tiene actual vigencia al debatirse los haberes jubilatorios, la emergencia en discapacidad, los gastos del hospital Garrahan, las autarquías del INTI, el INTA y el Conicet, la disolución de Vialidad Nacional, el sistema de residencias o los presupuestos universitarios. O cuando los gobernadores reclaman fondos para sus provincias en nombre de la salud, la educación y la seguridad que deben sufragar, sin dar detalle de los meandros y recovecos por donde se pierden los que ya tienen.

Cuando la población advierte que la bandera, el himno y el escudo de manos enlazadas son utilizados en provecho de quienes están próximos al poder, se hace difícil recomponer el capital social indispensable para lograr una sociedad próspera, justa y promisoria

Quienes predican las virtudes del “Estado presente” y reclaman derechos cuando hay necesidades, no advierten las distorsiones que provoca su expansión al crear incentivos perversos para medrar con la billetera pública en lugar de usarla para el bien común. Olvidan que la naturaleza humana siempre estará alerta para malograr, con malicia calculada o por simple picardía, las mejores intenciones de quienes la dejan sobre la mesa estatal, por descuido o con mala intención. Como aprendices de brujos, gestan Golems del despilfarro, que luego no podrán controlar.

En la Argentina siempre habrá un intermediario que permita obtener una jubilación sin aportes, una pensión no contributiva, un certificado de discapacidad, un permiso de libre circulación o una medida cautelar a quien no le corresponde. Con la misma habilidad con que se ubican parientes en reparticiones nacionales, provinciales o municipales ya cargadas de burocracias redundantes o que se amañan pautas publicitarias a cambio de retornos o se acumulan viáticos indebidos, licencias sin justificativo u horas extras evanescentes, en complicidad con los superiores.

Los entes autárquicos tienen recursos propios, que fluyen de manera independiente a los vaivenes de la recaudación fiscal para asegurar la continuidad de las tareas para los que fueron creados. Por esa razón pueden mantener estructuras supernumerarias, en contraste con las premuras del sector privado, verdadero soporte final de esas autarquías. En un país caótico e imprevisible, todas las reparticiones públicas desearían tener cajas propias y no depender de las carencias presupuestarias. Sin embargo, cuando las cuentas se desmadran y la pobreza se expande, no hay más solución que volver al sabio principio de la caja única para distribuir los pocos fondos genuinos conforme a prioridades básicas. Pues la salud, la educación y la seguridad están en la cola presupuestaria, en el fondo de la olla, sin ingresos preferenciales.

Estas cuestiones han tomado relevancia en virtud de la regla fiscal impuesta por el gobierno libertario que procura el déficit cero. Hay una queja repetida referida a que los costos han subido y la plata no alcanza. Para los industriales expuestos a la competencia externa y para los exportadores que deben vender afuera, se plantea igual problema. Ocurre que el trabajo argentino es de baja productividad, con tantos empleados en el Estado y tantos beneficios que sufragar. No requiere mucha ciencia entender que esos costos no se pueden trasladar al extranjero y son una pesada mochila que deben pagar los argentinos, vía impuestos, vía precios o vía desocupación.

Hay 4 millones de empleados públicos y dos tercios están en las provincias y sus municipios. Hay 1525 legisladores, de los cuales 329 son nacionales y 1200 de las legislaturas locales. Hay 10 millones de jubilados y pensionados en el país, de los cuales los de Anses (6.1 millones) insumen el 60% del presupuesto nacional y más de la mitad corresponden a moratorias y pensiones no contributivas.

Es indispensable plantearse cuanta improductividad existe en los entes autárquicos, en las universidades y en tantos organismos que cumplen funciones loables pero cuyos gastos corrientes están completamente disociados de sus equivalentes del sector privado. En aquellos impera la laxitud de la conveniencia política; en los segundos, la estricta vara del costo-beneficio. Pero cuando “no hay plata”, es necesario que ese metro patrón mida la productividad de todos por igual. Es la única forma de reducir el costo argentino: dar empleo y mejorar el salario real.

¿Hay que destruir al Estado? La respuesta es negativa. Es indispensable para asegurar los derechos privados que generan prosperidad colectiva. Sin embargo, cuando se expande más allá de sus servicios esenciales, su dimensión ampliada lo expone al oportunismo, la picardía, la ventaja y el provecho indebido, sobre todo cuando la moral colectiva ha sido dañada y ya no existe condena social. Las buenas intenciones que engalanan los nombres de sus ministerios, los rutilantes títulos de sus programas o los rectos propósitos de sus creadores se malogran por los incentivos torcidos que generan las cajas públicas administradas por quienes no son sus dueños.

Para que una nación funcione es necesario que haya un mínimo de confianza recíproca entre los ciudadanos. Cuando la población advierte que la bandera, el himno y el escudo de manos enlazadas son utilizados en provecho de quienes están próximos al poder, se hace difícil recomponer el capital social indispensable para lograr una sociedad próspera, justa y promisoria.

Fuente: La Nación

Hay pocos antecedentes en la historia democrática argentina en los que más de 50 muertes hayan pasado prácticamente inadvertidas para la opinión pública. Y, aun peor, con la mirada lejana de parte de la Justicia Federal y el silencio cómplice de sectores del poder político.

El fentanilo mortal cuenta muertos de a decenas mientras el silencio rodea un caso que parece estremecer a pocos. Desde que se conocieron las primeras muertes, a comienzos de mayo, inmediatamente se supo cuál era el laboratorio que había producido el veneno mortal y, poco después, quiénes eran los responsables técnicos. Con el nombre de las plantas donde nacieron aquellas ampollas, HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, llegar a los dueños era cosa de minutos.

Sin embargo, pese a las muertes y a la evidencia, el cuestionado juez federal de La Plata Ernesto Kreplak recién dispuso dos meses después la “inhibición general de bienes” a 31 personas y a una docena de sociedades que estarían relacionadas con la “existencia de una estructura que entrelaza personas físicas y jurídicas cuyas actividades de momento no resultan del todo claras, pero de las que sí se sabe que guardan directamente vinculación con los responsables de HLB Pharma, Laboratorios Ramallo y Droguería Alfarma, esta última distribuidora principal de los medicamentos producidos por HLB”.

Durante ese tiempo, los medios de comunicación fueron los encargados de poner de manifiesto las irregularidades que se observan en cada uno de los movimientos del laboratorio, pero, sobre todo, los potenciales vínculos que existían entre los productores del fentanilo mortal y el narcotráfico. Recién ahora se les prohibió salir del país a los sospechosos, que podrían haberse fugado en los últimos 60 días.

A lo largo de estos dos meses se conoció también que decenas de familias que lloraron a sus muertos por una rara “pulmonía bilateral” podrían haber estado equivocadas en el diagnóstico.

Con solo una pregunta a los médicos se podría saber que, en realidad, todos ellos fueron tratados con fentanilo. La irregularidad del caso llega al extremo de que no es posible contestar dos preguntas básicas, si podría haber más muertos que los 52 reportados o si es posible conocer el listado de los fallecidos. Nadie lo tiene. Nadie reclama.

La investigación periodística aportó datos a la opinión pública, como la relación de los hermanos García Furfaro –responsables del laboratorio– con Lázaro Báez, condenado por corrupción y detenido, amigo de Néstor Kirchner. Esa cercanía tomó cuerpo en una sociedad que administraba los aviones del convicto y que compartía domicilio con las empresas de los hermanos García Furfaro.

La gran mayoría de las creaciones societarias tenían como sede la casa de la madre de los hermanos. A ese domicilio en Caballito también arribó la firma de Báez, que, vale aclarar, es un edificio particular, de barrio, y no un bloque de oficinas donde el azar los podía haber unido.

También LA NACION reveló los vínculos con el poder de Paraguay que llega al expresidente y líder del Partido Colorado y hoy oficialista Horacio Cartes. Los García Furfaro importaron una planta farmacéutica a la Argentina, beneficiados por los permisos que se entregaban discrecionalmente durante el último gobierno kirchnerista, que encabezó Alberto Fernández. Arropados por el dólar oficial, montaron un laboratorio en Ciudad del Este, en la Triple Frontera, uno de los lugares más permeables al crimen organizado.

La cabecera de playa en aquel país la tramitó, como socio en una de las empresas, Gustavo Leite, senador nacional por el paraguayo Partido Colorado, desde 2023, actualmente nominado como embajador de ese país en los Estados Unidos.

Como se dijo, la causa penal que se empezó a instruir después de que trascendieron las primeras muertes en el Hospital Italiano de La Plata la lleva adelante el juez Ernesto Kreplak, hermano de Nicolás, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. La mención de estos hermanos no es menor. Sucede que las muertes se produjeron en territorio bonaerense, en este caso en una clínica que no depende del hermano ministro, pero bien podría darse que la consecución de la investigación lleve la pesquisa a las puertas de la oficina del titular de la cartera, ya que la provincia de Buenos Aires, además de muchos de los municipios, era compradora de productos como el fentanilo de la droguería Alfarma, de los García Furfaro.

La incompatibilidad de tareas ha quedado muy cerca para el magistrado. Por ahora, los querellantes en la causa son el Ministerio de Salud de la Nación y la Municipalidad de Rosario, otro de los epicentros de las muertes y de la actividad de los productores del fentanilo mortal. El municipio santafesino apunta en su presentación a los antecedentes del laboratorio en esa ciudad, donde algunos de sus socios estuvieron relacionados con la mafia de los medicamentos y tratan de probar la relación con Mario Segovia, conocido como “el rey de la efedrina”, socio de los García Furfaro en un laboratorio, Apolo, que se incendió de manera sospechosa.

El gobierno bonaerense no ha movido sus fichas. De hacerlo, el juez debería declararse incompetente.

Una última curiosidad tiene que ver con el carácter de querellante del Ministerio de Salud nacional. Sucede que dentro de esta cartera funciona el organismo regulador y de contralor de los medicamentos: la Anmat. Gran parte de las pruebas y de las irregularidades se esconden en los archivos de estas dependencias. No resulta fácil verlos con la ropa de querellantes; más bien deberían ser motivo de una exhaustiva investigación para conocer qué es lo que pasó, qué control se pasó por alto y quiénes incumplieron sus deberes.

Mientras tanto, las muertes se suceden y los responsables están libres.

Fuente: La Nación

La fundada decisión de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado de procesar a la funcionaria bonaerense Alesia Abaigar y a la concejala quilmeña Eva Mieri por el ataque contra el domicilio del diputado nacional José Luis Espert constituye una saludable señal, pues deja constancia de que aún existen resortes institucionales dispuestos a resistir la degradación de la convivencia democrática.

Lamentablemente, por decisión de la Cámara Federal de San Martín, integrada por los jueces Alberto Lugones y Néstor Barral, se ordenó la liberación de las dos mujeres, al entender, entre otras cuestiones, que la prisión preventiva fue excesiva. Arroyo Salgado no tuvo dudas al defender su proceder. Sostuvo que el ataque se hizo portando capuchas, con gorros y guantes, alterando chapas patentes y entregando un celular previamente vaciado. En su opinión, eso importaba riesgo de fuga y de alteración de pruebas.

El escrache perpetrado el 17 del mes pasado, en el que un grupo de militantes arrojó excremento frente a la casa del legislador oficialista y colgó un pasacalle con amenazas políticas, no puede leerse sino como un hecho deliberado y profundamente antidemocrático.

La atrocidad del episodio no solo radica en la violencia simbólica y material desplegada contra un dirigente político. Lo más bochornoso, lo que debería causar vergüenza a sus autores y a la sociedad en su conjunto, es que los protagonistas del ataque son funcionarios públicos, por lo visto carentes de ética republicana. Quienes deberían dar el ejemplo se comportan como energúmenos, como delincuentes que se sienten impunes. Cabe anotar en este punto que obran del mismo modo quienes luego apañan estas atrocidades desde el poder.

Abaigar y Mieri no son víctimas del sistema. Tienen responsabilidades de gestión pública, acceso a recursos del Estado y actúan –según determinó la jueza– con la peligrosa convicción de que la impunidad política es una garantía adquirida.

De los elementos reunidos en la causa surge una planificación urticante: conversaciones para reclutar a los participantes del ataque, promesas de cubrir gastos de traslado y vehículos del Estado usados con fines partidarios. Todo esto ejecutado por la directora de Sensibilización y Promoción de Derechos del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires y por la jefa del bloque oficialista en el Concejo Deliberante de Quilmes y quien debería suceder a la intendenta Mayra Mendoza de llegar esta a asumir como diputada provincial, cargo testimonial que logró incluir a último momento en la boleta oficialista Fuerza Patria para las elecciones de septiembre. Es decir, a la intendenta la reemplazaría una funcionaria que estuvo presa y que acaba de ser procesada.

Abaigar logró en su momento que se le concediera la prisión domiciliaria en virtud de padecer una enfermedad pulmonar autoinmune, la que, sin embargo, no le impidió ir de madrugada y en pleno invierno a hostigar al legislador nacional.

Lo que se ha hecho contra la casa de Espert no es un “hecho de resistencia” como falsamente se quiere hacer ver, sino que encuadra en figuras penales como atentado contra el orden y malversación de fondos públicos, amenazas agravadas e incitación al odio.

Desde estas páginas, hemos condenado sin matices todos los escraches, vengan de donde vinieren y sean quienes fueren los destinatarios. Lo hicimos cuando Axel Kicillof –entonces viceministro de Economía– fue hostigado en una embarcación junto a su familia por pasajeros inescrupulosos que lo increparon incluso delante de sus dos pequeños hijos. En ese momento, Kicillof recibió el apoyo y la solidaridad de muchísimos sectores.

Resulta especialmente grave que el ahora gobernador opte por defender a las acusadas y criticar a la Justicia. Su reacción frente al procesamiento de Abaigar, funcionaria de su administración, revela una vergonzosa doble vara. Kicillof parece hoy más preocupado por blindar a su tropa política que por defender las normas elementales del decoro, de la ética y de la democracia.

Es imperioso que se erradique definitivamente esta incultura política que tolera y hasta festeja el hostigamiento como herramienta de disputa. Los partidos políticos y la Justicia deben sancionar con firmeza a quienes deshonran sus cargos. Las instituciones deben enviar señales claras de que el imperio de la ley no admite excepciones ideológicas. Y los ciudadanos debemos rechazar con igual vehemencia todos los atropellos, sin importar quién los cometa o a quién estén dirigidos.

La democracia se sostiene con justicia, reglas, límites, respeto y ejemplaridad. Sin doble vara.

Fuente: La Nación

La decisión que están adoptando importantes empresas de cerrar sus establecimientos en municipios de distintos lugares del país que castigan a sus contribuyentes con tasas exorbitantes sin ninguna contrapartida debería hacer reflexionar a las autoridades comunales.

En las últimas semanas, tanto Mercado Libre como varias entidades bancarias de primera línea han tomado medidas para enfrentar los impuestos distorsivos que inciden negativamente en sus costos, de las cuales deberían tomar debida nota gobernadores provinciales e intendentes que aspiren a ver crecer las inversiones en sus distritos.

Resultó particularmente drástica la determinación de Mercado Libre de dejar de operar en sus oficinas de la ciudad de Córdoba como consecuencia del negativo impacto de las tasas municipales. Resolvió implementar el trabajo remoto para la totalidad de sus empleados en esa capital provincial. Justificó tal medida en que el monto de dinero que le insumían las tasas del municipio (770 millones de pesos por mes) era equivalente al costo de casi 24 alquileres de su oficina de 1800 metros cuadrados en el centro de la ciudad.

La empresa que lidera Marcos Galperin sostuvo que el monto que tributa en Córdoba es “desproporcionado”, además de ser “el más alto en comparación con otras localidades con operaciones similares”. En tal sentido, explicó que en la ciudad de Santa Fe abona en concepto de tasas un tercio y en Rafaela, apenas el 10% del costo que afronta en la capital cordobesa, al tiempo que en la ciudad de Buenos Aires está exenta de pagar esas tasas.

Días atrás, la empresa también anunció que invertirá 65 millones de dólares en un nuevo centro de almacenamiento en el partido bonaerense de Tres de Febrero, donde empleará a 400 personas. Particularmente relevante es que la decisión de Mercado Libre de inclinarse por ese municipio no solo obedeció a la ubicación estratégica que tendrá el complejo, sino también a sus ventajas tributarias, ya que las tasas de seguridad e higiene van del 0,4% al 0,8%, cuando el promedio de las intendencias de la provincia aplican tasas del 3%, que en algunos casos, como Lanús, llegan al 6%.

No hace mucho tiempo, también el Banco Nación fue noticia cuando notificó el cierre de sucursales en el partido de La Matanza por sus elevadas tasas municipales. Justamente, las cuatro cámaras que agrupan a las entidades financieras (Adeba, ABA, Abappra y ABE) emitieron un documento crítico sobre las altas tasas municipales y el impuesto a los ingresos brutos que, a su juicio, limitan el acceso a los servicios financieros. Sostuvieron que esos gravámenes “se encuentran en niveles récord como consecuencia de los aumentos observados en los últimos tiempos y constituyen un serio limitante para la expansión del crédito y la sustentabilidad de la presencia de las sucursales bancarias”.

Tanto las tasas municipales como el impuesto a los ingresos brutos son algunos de los gravámenes que, lejos de estar al servicio de la promoción del desarrollo productivo y de la inversión y generación de empleos, son un verdadero obstáculo para el crecimiento económico

Los bancos se sumaron, así, a la campaña que alienta el gobierno nacional contra los impuestos subsoberanos, que no hacen más que agigantar el costo argentino y desalentar la economía formal, al tiempo que exhortaron a los gobiernos provinciales y municipales a llevar adelante medidas que estimulen el financiamiento de la producción y la generación de empleo en la Argentina a partir de impuestos razonables y no distorsivos.

Esta advertencia se registra en momentos en que algunas provincias están incrementando el impuesto a los ingresos brutos, considerado por numerosos especialistas en cuestiones tributarias “el peor de todos los impuestos”, por su carácter distorsivo. Uno de sus mayores defectos pasa por su efecto cascada: como se aplica en cada etapa de producción y comercialización, sin que se descuente lo abonado en las anteriores, el impuesto se acumula, complicando la vida económica.

Tanto las tasas municipales como el impuesto a los ingresos brutos son algunos de los gravámenes que, lejos de estar al servicio de la promoción del desarrollo productivo y de la inversión y la generación de empleos, son un verdadero obstáculo para el crecimiento económico.

La simplificación tributaria, al igual que la transparencia fiscal por la que tanto han bregado organizaciones no gubernamentales como Lógica, y la derogación de impuestos distorsivos serían una de las mejores contribuciones que podrían hacer las autoridades provinciales y municipales para la previsibilidad económica. Claro que, para eso, es imperioso que nuestra dirigencia entienda que ha llegado el momento de que los ajustes dejen de ser cargados sobre el común de la gente y alcancen fundamentalmente a la política.

Lo positivo de las últimas semanas es la conciencia que relevantes actores económicos están exhibiendo para exigir la reducción de la insoportable presión tributaria y que, poco a poco, gane terreno la idea de una competencia tributaria entre municipios para seducir al capital, en lugar de seguir ahuyentándolo y combatiéndolo.

Fuente: La Nación

Después de la renuncia y detención domiciliaria del exjuez federal Marcelo Bailaque, acusado de favorecer a uno de los principales narcos de Rosario y de extorsionar a un empresario, otro magistrado quedó bajo la lupa. Se trata de Gastón Salmain, que se desempeña en Rosario desde 2023 y subroga actualmente el juzgado federal N°1 de Santa Fe, también con jurisdicción en el plano electoral.

Salmain comenzará a ser investigado por el Consejo de la Magistratura, un cuerpo que no pudo destituir a Bailaque porque, antes de que se constituyera el tribunal de enjuiciamiento, el presidente Javier Milei aceptó la dimisión del magistrado a partir del 1° de este mes. Como no fue destituido, Bailaque inició los trámites para jubilarse por el régimen especial de Santa Cruz, provincia donde trabajó 14 años y donde tejió las relaciones con la precuela del kirchnerismo que, a fines de 2007, aportó los votos necesarios en el Senado para la aprobación de su pliego.

Salmain fue designado durante la gestión de Alberto Fernández, aunque su pliego había ingresado durante el mandato presidencial de Mauricio Macri. El nombramiento de este magistrado en Rosario generó desde un principio varios cuestionamientos por lo bajo, debido a su cercanía con exagentes de inteligencia.

El papel de la justicia federal en Rosario fue cuestionado por el comportamiento de algunos de sus protagonistas, como el exjuez Bailaque, y también por la pasividad que demostró durante más de una década cuando la ciudad sufría un baño de sangre

Según pudo saberse de diversas fuentes, Salmain fue echado como empleado del Poder Judicial de la Nación hace 20 años por intentar pagarle una coima a la secretaria de un tribunal contencioso administrativo, donde él mismo trabajaba, con el fin de direccionar hacia allí unos expedientes. Luego de que trascendiera esta información, que publicó el periodista Hernán Lascano en el sitio Suma Política, se activaron las alertas, con algo de tardanza, y ahora Salmain va a empezar a ser investigado en el Consejo de la Magistratura.

El presidente de ese cuerpo y titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, ordenó abrir un expediente para investigar las irregularidades que rodean a la designación de Salmain como juez federal de Rosario, después de que se detectara que había mentido en sus antecedentes laborales y no había declarado que trabajó en el Poder Judicial, de donde había sido cesanteado. Parece increíble que este hecho grave haya sido omitido por quienes analizaron su pliego.

El comité para relevar este caso recayó en los consejeros César Grau, del sector de los abogados, y en el senador Luis Juez. Grau es el presidente de la Comisión de Disciplina y el legislador cordobés es el titular de la Comisión de Acusación. Son ellos los que deben analizar la presentación de este expediente para resolver en cuál comisión se analizará el caso en base a la gravedad de la denuncia.

Salmain carga con una densa sombra sobre sus espaldas, tras desembarcar en Rosario: fue recusado por todos los fiscales en la investigación que tenía como protagonistas a Bailaque y al extitular de la AFIP Carlos Vaudagna, quien en marzo pasado se presentó como arrepentido y la causa dio un giro importante porque admitió que el entonces juez federal, junto con el financista Fernando Whpei habían tramado una extorsión contra el empresario Claudio Iglesias.

Las principales causas contra los narcos más poderosos terminaron en condenas en el fuero provincial. El fuero federal fue siempre a la zaga, dejando mucho que desear

Salmain intentó quedarse con todas las causas contra estos imputados, pero no lo pudo conseguir, luego de que la Cámara Federal de Rosario lo apartara de estas investigaciones. Se había detectado en el segundo peritaje del teléfono de Vaudagna que existían diálogos entre el extitular de la AFIP y Salmain.

La recusación de Salmain se produjo en bloque por todos los fiscales que intervienen en estos casos quienes plantearon que había temor de “parcialidad”, sustentado en el vínculo preexistente que habría entre el magistrado y Vaudagna, del cual había tomado conocimiento ese Ministerio Público Fiscal a partir de un nuevo peritaje del celular de Vaudagna

Los fiscales manifestaron que el juez y Vaudagna “tenían un vínculo preexistente que no era profesional ni meramente protocolar, que se hacían favores recíprocos y que se encontraron al menos dos veces (en la sede de AFIP en Rosario y en el café Petit Colon, en la ciudad de Buenos Aires, cerca de los Tribunales) cuando se sustanciaba el concurso para la designación de Salmain como juez federal de Rosario.

Tras la detención de Bailaque se abrió otro interrogante en la justicia federal de Rosario. El juzgado federal Nº4 empezó a ser subrogado por Carlos Vera Barros, quien ya es titular del Nº3. Este magistrado se quedará, por decisión de la Cámara Federal de Apelaciones, con todos los casos del sistema residual, es decir, aquellos que eran previos al nuevo acusatorio, que comenzó a regir el 6 de mayo de 2024. Habrá que ver qué decisión toma Vera Barros. ¿Ordenará una auditoría para verificar qué causas había allí y en qué estado se encuentran?

Los fiscales federales comenzaron a revisar viejos expedientes que tenía Bailaque en su juzgado y empiezan a encontrar sorpresas. Por ejemplo, a mediados de junio se logró el procesamiento contra ocho militares por el robo de unos 400 fusiles FAL del Batallón Nº 603 de Fray Luis Beltrán, un caso que estaba cajoneado desde hacía 14 años por el magistrado. ¿Las razones? Arturo Puricelli era el ministro de Defensa de la Nación cuando se produjo la sustracción de ese armamento que después terminó, en parte, en las favelas de Río de Janeiro. Puricelli era amigo personal de Bailaque en los tiempos en que vivió en Caleta Olivia.

Bailaque tenía varias funciones en la Justicia federal de Rosario. Era magistrado de Garantías del nuevo sistema, titular del juzgado Nº4 y además subrogaba el juzgado Nº1 de Santa Fe, que estaba en manos de Reynaldo Rodríguez, otro juez que renunció antes de que lo destituyeran, en este caso no por corrupción sino por malos tratos a los empleados.

El juzgado federal de Santa Fe, con jurisdicción en el plano electoral, quedó en manos de Salmain, ahora investigado. Si la renuncia de Bailaque y su detención abrieron un nuevo capítulo en la justicia federal de Rosario, el rol de Salmain en este proceso genera dudas por los antecedentes que acarrea.

En febrero de este año, este magistrado presentó un hábeas corpus por sentirse seguido o investigado, aunque no presentó pruebas. Mencionó supuestos mensajes de phishing, intentos de geolocalización y un contacto por Telegram que invocó el nombre de su hijo. La presentación fue enviada directamente al Juzgado Federal N°3, lo que también fue cuestionado por no seguir el canal correspondiente.

El rol de la justicia federal en Rosario fue cuestionado no solo por el comportamiento de algunos de sus protagonistas, como Bailaque, sino también por la pasividad que tuvo durante más de una década en momentos en que la ciudad sufría un baño de sangre. Las principales causas contra los narcos más poderosos terminaron con condenas en el fuero provincial, por delitos como homicidios, extorsiones y asociación ilícita. Años después se activaron investigaciones por narcotráfico en el sistema federal. El sistema acusatorio, que rige desde el año pasado, aporta mayor dinamismo y transparencia, pero se requieren jueces que no despierten dudas ni sospechas.

Fuente: La Nación