Categoría: Entrevistas

La reciente publicación del Anuario Estadístico 2024 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pone en evidencia una realidad tan persistente como alarmante: la judicialización extrema de la política viene alcanzando niveles críticos.

Durante el primer año de mandato del presidente Javier Milei ingresaron al más alto tribunal del país 45.678 causas, un récord absoluto en la última década, con un incremento del 41,71% respecto del año anterior. El 82% de esos casos fueron rechazados, muchos por errores técnicos elementales, otros por no reunir los requisitos mínimos de admisibilidad. No obstante, todos ellos contribuyen a una misma consecuencia: la asfixia del sistema judicial.

No se trata de una novedad. Como bien advirtieron en 2020 los politólogos Andrea Castagnola y Ezequiel González Ocantos durante una nota publicada en LA NACION, la judicialización de la política es un fenómeno extendido en América Latina, y la Argentina no es la excepción. El progresivo traslado de conflictos sociales, económicos y políticos desde los foros institucionales naturales –los partidos políticos, el Congreso, los ministerios, el debate público– hacia los estrados judiciales ha devenido en una sobrecarga de causas que amenaza con colapsar el funcionamiento de los tribunales superiores. La Justicia no fue concebida como una instancia de resolución masiva de litigios previsionales o controversias administrativas, sino como un órgano de control constitucional y garante último del orden institucional.

Pero el problema no se limita al volumen de causas. La raíz más profunda es la renuncia –explícita o tácita– de buena parte de la dirigencia política a asumir su responsabilidad en la toma de decisiones. En lugar de resolver en el Congreso lo que le compete, muchas veces se opta por judicializar conflictos para dilatar definiciones impopulares o transferir el costo político a otro poder del Estado. No es casual que más del 55% de los planteos ante la Corte provengan de organismos públicos, y que, entre ellos, la Anses concentre más del 90%. La lógica es tan perversa como efectiva: litigar es más barato que pagar y tiene menos costo político. Y los Estados, en especial el Estado nacional, son los principales “usuarios” que congestionan el sistema.

Otro síntoma de la politización es la trabazón en el nombramiento de los dos jueces que se necesitan para que la Corte cuente con la totalidad de magistrados tras las salidas de Helena Highton de Nolasco y de Juan Carlos Maqueda. La política no encuentra más solución que la ampliación del alto tribunal porque piensa en sí misma antes que en la salud del sistema.

Esa mala praxis, aunque en grado menor, se ha observado en casi todos los gobiernos. Y llegamos hasta hoy con una situación crítica que debemos abordar antes de que sea demasiado tarde. El fenómeno actual tiene particularidades, pero puede conducir a un desenlace igualmente corrosivo. Si el sistema judicial se convierte en el refugio de una política que no se anima a gobernar, sus decisiones dejarán de ser vistas como actos jurídicos y pasarán a interpretarse como jugadas políticas. Cuando eso ocurre, la legitimidad de los tribunales se ve erosionada, aun cuando actúen conforme a derecho. Y, sin legitimidad, no hay justicia posible.

El diagnóstico es claro y las cifras son elocuentes. Lamentablemente, las soluciones no son inmediatas ni fáciles. Como bien señalaban Castagnola y González Ocantos, no se trata de multiplicar juzgados o de repetir recetas fallidas de “reformas estructurales” sin norte. Es urgente repensar la arquitectura judicial con criterios de capacidad, transparencia y despolitización. Una Justicia que funcione sobre la base de procesos más eficientes, con trazabilidad de sus decisiones, con estadísticas fiables, con jueces seleccionados por mérito y no por vínculos, y con recursos adecuados es condición necesaria para restaurar la confianza en el sistema.

La Corte Suprema ha hecho un gesto valioso al transparentar el volumen y origen de las causas. Pero es solo el principio. El Congreso, los gobiernos –nacionales y provinciales–, el Consejo de la Magistratura y nosotros como sociedad debemos reconocer que la crisis judicial no es solo un problema técnico, sino un síntoma de una falla estructural del sistema democrático.

También es cierto que la reingeniería de los procesos de la Corte Suprema debe provenir de la propia Corte. Si la ordenan los políticos que no conocen del tema, con motivaciones puramente políticas –no podría ser de otra manera–, será peor.

El respeto por la división de poderes no se declama: se practica. Y el primer paso para defender la independencia judicial es no someterla a las lógicas de una política que ha dejado de asumir su rol con responsabilidad. La Corte no puede ni debe ser la última trinchera de la política.

Fuente: La Nación

Poco vuelo, como era de esperar, tuvo la denuncia sobre un supuesto complot policial, vociferada por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. La Justicia decidió no formar parte de una maniobra que se vislumbra con todas las características de una vil treta electoral.

El Ministerio Público Fiscal decidió que no existen elementos que avalen la pretendida asonada de los 24 oficiales en actividad de la fuerza de seguridad provincial y del comisario retirado Maximiliano Bondarenko, quien es el principal apuntado por los funcionarios de la administración con sede en La Plata.

Bondarenko cumplió 25 años de servicio sin cuestionamientos. Actualmente, se encuentra inscripto por La Libertad Avanza (LLA) como primer candidato a diputado provincial por la tercera sección electoral, una extensa franja del conurbano considerada clave para definir el próximo 7 de septiembre la elección de legisladores provinciales.

En ese contexto, la arremetida de Kicillof contra policías cercanos a Bondarenko surgió claramente como un ardid en respuesta a la decisión de LLA de señalar la angustia que padecen los bonaerenses frente la ostensible inseguridad del distrito.

Por sus repercusiones administrativas, esa denuncia ha afectado a 24 comisarios, subcomisarios y otros altos jefes policiales que comparten amistad con el colega retirado. Si bien el fiscal subrogante Álvaro Garganta decidió descartar rápidamente la hipótesis de un complot y avanzar solo con un posible caso de malversación de fondos por el uso de equipos profesionales –computadoras– para tareas particulares, la auditoría interna de la Policía de la Provincia de Buenos Aires mantiene la suspensión de los oficiales, con una reducción del 50% de sus haberes, mientras prosigue el sumario administrativo, expediente que tiene un plazo máximo de 90 días para su resolución.

Todo empezó inmediatamente después de que se diera a conocer la postulación de Bondarenko como cabeza de la lista de LLA en el territorio que el peronismo considera un bastión inexpugnable, compuesto por La Matanza y otros municipios del conurbano. Allí, donde el periodismo recoge cada día crónicas de diferentes clases de violencia urbana, la presencia de un comisario retirado en la oferta electoral representa una constante interpelación a los funcionarios provinciales que deben garantizar la seguridad de los bonaerenses, pero que no lo hacen. A cambio, se inclinan por una ostensible maniobra con la apertura de una causa por el supuesto intento de “golpe al comando institucional”, tal la rebuscada figura usada por Kicillof y el ministro de seguridad provincial, Javier Alonso. ¿Las pruebas? Una denuncia anónima.

Las fiscalías bonaerense y de otros distritos también están curtidas en las trampas que pueden surgir cuando se abre la puerta de una causa sustentada en una denuncia de ese tipo. En los tribunales se sabe que esa vil argucia esconde muchas veces una investigación realizada fuera del radar judicial y cuyos resultados se busca filtrar luego en expedientes para darle una burda pincelada de legalidad. Se trata de un viejo y sucio truco.

En este caso, derivó en una contradenuncia efectuada por el Ministerio de Seguridad Nacional por actos de espionaje ilegales que habrían sufrido Bondarenko y los 24 oficiales sancionados al registrarse un interceptado intercambio de mensajes de esos policías en un grupo creado en WhatsApp. El anónimo que impulsa la investigación no recrea la forma en que se consiguieron esos mensajes.

Es válido recordar que el artículo 18 de la Constitución nacional garantiza la inviolabilidad de la correspondencia. El fiscal Garganta no consideró que lo expuesto en la denuncia gubernamental configurase el delito reclamado por Kicillof y sus funcionarios. La síntesis de la posición judicial es clara: no hay complot.

La fiscalía apartó esa línea de investigación por falta de sustento y por la sospecha de que la hipótesis que dio origen al caso se generó con una primera medida alejada de la legalidad. Una prueba inicial de esas características desmorona cualquier investigación.

El fiscal incorporó al expediente sobre Bondarenko y los 24 oficiales la denuncia realizada por el equipo de Patricia Bullrich, que apunta a conocer a los responsables de “espionaje ilegal, persecución ideológica, discriminación y abuso de autoridad”, apuntándose en ese aspecto a los funcionarios políticos de la provincia de Buenos Aires.

Desviar la atención de los principales problemas que padecen los bonaerenses es la “mejor” estrategia de campaña que parece haber encontrado Kicillof ante la falta de acciones de su estrepitoso gobierno.

Fuente: La Nación

k7

---

Demasiadas veces hemos dado cuenta desde este espacio editorial de condenables episodios de violencia en las escuelas. Desde el doloroso bullying, a alumnos armados en clase, pasando por amenazas, trifulcas o palizas propinadas a distintas víctimas. Una reciente nota publicada en LA NACION listó una larga sucesión de situaciones en las que padres o madres alterados enfrentaron a maestros o a autoridades de colegios al que concurren sus hijos. Los hechos no se concentran geográficamente sino que se reparten a lo largo del territorio nacional y confirmarían que, a pesar de no contar con estadísticas, la violencia escolar estaría en aumento con mayor protagonismo por parte de los adultos encargados de los estudiantes en cada familia.

Así como no nos cansamos de reflexionar sobre la necesidad de adecuar los sistemas de enseñanza a las nuevas realidades, es imperioso reconocer que la adaptación incluye muchas otras variables porque las características de la familia actual tampoco son las de hace varias décadas. Lo que sí se mantiene inalterable es la necesidad de articular entre ambas instituciones en beneficio de los menores de edad y de sus aprendizajes.

Familias exigidas en lo cotidiano, padres y madres que apelan a la violencia, docentes que tampoco ofrecen la mejor versión de su responsabilidad de educadores y autoridades que favorecen una degradación educativa al eliminar la repitencia o las amonestaciones, entre otros aspectos, alimentan un clima de tensión explosiva con situaciones que, lejos de resolverse, terminan escalando al plano judicial.

El caso de la toma de colegios es un buen ejemplo. ¿Tienen las medidas adoptadas contra quienes las convocan la fuerza ejemplificadora que deberían? Brindar educación y contención emocional presupone transmitir que determinadas situaciones no resisten análisis y que la expulsión puede ser la consecuencia. Las reglas de convivencia no pueden ser papel pintado. Una familia que encomienda a su hijo a la educación del Estado debe respetarlas y no pretender imponer las propias. Tampoco se trata distribuir reglamentos entre las familias, sino de armar espacios periódicos de encuentro y diálogo.

La proliferación de climas de trabajo problemático dentro de las escuelas conforma la realidad de numerosos países, tal como evidencian distintas evaluaciones internacionales. Ese precisamente es el primer paso: reconocer la situación y no pretender silenciarla puertas adentro. Solo así se podrá también trabajar en prevención.

Mientras que en la provincia de Buenos Aires hablamos de “contravenciones legales” que aplican a determinadas situaciones de conflicto y vulneración de derechos, en la Capital Federal no existe aún una figura que tipifique estas difíciles situaciones. Mientras los primeros ofrecen una Guía de Orientación e Intervención ad hoc, los segundos disponen de protocolos de actuación y han incluido más recientemente políticas de bienestar socioemocional.

No por nada, uno de cada dos estudiantes de nivel primario refiere violencia en sus hogares según estudios de Argentinos por la Educación, con más de la mitad de los alumnos del último grado de primaria que reconoce hablar de temas de violencia y abuso con alguien de la escuela.

Un buen diagnóstico es el primer paso. Le siguen la disposición a invertir tiempo y recursos en prevención, con especial atención en la capacitación y formación docente. Todo lo demás es llegar tarde.

La crisis de autoridad, la violencia y la falta de reconocimiento a los límites no solo afectan a las instituciones escolares. Cuando docentes y autoridades optan por hacerse los distraídos, ceden a planteos, renuncian a su capacidad para convocar al diálogo y a establecer y hacer respetar los límites, incluso abandonando su facultad de reclamar la intervención de la fuerza pública, el conflicto se retroalimenta. La confianza entre padres y escuela, cimentada también en el entendimiento de los objetivos educativos, debe servir para construir vínculos sólidos y respetuosos. Se trata de un tema delicado al que resulta sencillo cargar de palabras. Estamos ante otra arista dolorosa de nuestro presente educativo.

Fuente: La Nación

10

---

El 1° de julio de 1824 la provincia de Buenos Aires tomó un préstamo por un millón de libras esterlinas de la casa Baring Brothers. Era gobernador don Martín Rodríguez y su ministro de hacienda, Bernardino Rivadavia. El objeto era construir un puerto, instalar agua corriente en la ciudad y fundar tres pueblos para afincar familias en zonas de frontera. Como ahora, “faltaban dólares” para las efectividades conducentes.

Por entonces, no existía aún la Argentina como nación constituida sino una confederación de provincias autónomas, sujeta con alfileres. Buenos Aires se endeudó en un contexto de altísimo “riesgo país” pues los españoles todavía controlaban el Alto Perú -la batalla de Ayacucho se libró meses más tarde– y la actual Uruguay estaba ocupada por Brasil (“Provincia Cisplatina”). El “préstamo Barings” ha sido muy criticado por el revisionismo histórico como símbolo del primer endeudamiento externo y de dependencia respecto del Imperio Británico. Visto en perspectiva, lo que parece insólito es que haya habido banqueros dispuestos a prestar a una provincia remotísima en esas condiciones volátiles, aunque solo fuese para comprar bienes en Gran Bretaña. Solo vieron los números e ignoraron el riesgo político de confiar en quienes aún carecían de instituciones. Y así les fue. Primeros en palpar el riesgo del ser argentino.

Durante 80 años se han creado derechos de todo tipo, incluso con rango constitucional, que no pueden sustentarse a fuerza de palabras, sin crecimiento simétrico de la economía. Es decir, sin inversiones que aumenten la productividad al mismo ritmo que esos “devengamientos” intocables, blindados por rabietas legislativas, medidas de fuerza y recursos de amparo

Rivadavia tenía muy clara la necesidad de inversiones para impulsar el progreso del país con escuelas, universidades, obras de saneamiento e infraestructura portuaria, pero en esa confederación tumultuosa no había mercado de capitales. El breve lapso de su gobierno fue llamado “la feliz experiencia”, aunque hubo que esperar a la Organización Nacional para retomar la senda del orden constitucional y el desarrollo sustentable. Esa segunda experiencia, más feliz que la anterior, colocó a la Argentina entre las naciones más exitosas de la tierra, pero quedó para el olvido desde el golpe militar de 1943 hasta ahora, salvo cortos interregnos de paz y administración.

El año pasado se cumplieron 200 años de aquella fecha. Sin embargo y después de dos siglos, en el conurbano bonaerense el 25% de las viviendas no tiene agua corriente, el 42% no posee cloacas y el 35% no cuenta con gas de red o electricidad para cocinar (censo de 2022). Es llamativo que ese aniversario siempre se identifique como hito del endeudamiento externo y nunca como dramático testimonio del tiempo transcurrido desde Rivadavia, sin que la misma provincia haya podido resolver el tema del saneamiento, principal desafío de la salud pública para prevenir epidemias.

Quienes presionan por aumentar los gastos, por más legítimos que sean, deberían señalar con el dedo acusador a quienes, desde el Estado nacional, las administraciones provinciales y los municipios se llevan los recursos que faltan a quienes más los necesitan

Nada puede hacerse sin dinero, salvo el amor y la poesía. La mayor parte de las necesidades humanas son materiales y el dinero, para que tenga valor y sirva como moneda, hay que merecerlo. Sin embargo, desde aquel golpe de los coroneles se ha pregonado lo contrario. Que se debe impulsar el consumo con emisión, desalentando el ahorro pues, de todas maneras, se fuga al exterior. Que la pobreza es fruto de la dependencia y esta, del connubio entre los enemigos de afuera y la antipatria de adentro. Y, finalmente, que el rol del estado es controlar empresas, asignar el crédito y acumular capitales por la fuerza, pues nunca vendrán de buen modo a nuestra ayuda, salvo para el expolio. Todavía estamos pagando el precio de esas nefastas creencias, raíz cultural del drama nacional y obstáculo para la modernización.

Durante 80 años se han creado derechos de todo tipo, incluso con rango constitucional, que no pueden sustentarse a fuerza de palabras, sin crecimiento simétrico de la economía. Es decir, sin inversiones que aumenten la productividad al mismo ritmo que esos “devengamientos” intocables, blindados por rabietas legislativas, medidas de fuerza y recursos de amparo. Cada sector agita sus banderas de derechos adquiridos sin que la política se haga cargo del desajuste, aunque el barco se hunda y todos dentro de él. La Argentina es un país sin moneda, sin ahorro interno ni buena reputación para acceder al crédito externo. Rivadavia pudo seducir a banqueros porque aún no existían las calificadoras de riesgo ni analistas con internet.

No hay tiempo de continuar protegiendo privilegios e ingresos desiguales invocando doctrinas cubiertas de herrumbre mientras el mundo avanza sin llorar por la Argentina

Para construir reputación es indispensable enviar un mensaje colectivo de convicción de cambio, como un SOS en una botella o una salva de cañones. La expresión “shock de confianza” la acuñó el ingeniero Álvaro Alsogaray aconsejando al expresidente Raúl Alfonsín al final de su mandato y fue muy acertada, pues en esa materia no se puede ser gradualista, ya que el paso del tiempo debilita las decisiones y fortalece los intereses creados en su afán de armar coaliciones para bloquear los cambios.

A Grecia le costó siete años de dura continencia (2011-2018), y varias huelgas generales, hasta resurgir como un “tigre del crecimiento”. También Portugal sufrió la crisis de 2007 y estuvo a punto de romper con el euro. Como Grecia, recurrió al rescate del FMI y de la UE, aplicó reformas estructurales y recortes de gasto público, con paros y reclamos durante cuatro años hasta alcanzar grado de inversión en 2017.

En la actual coyuntura, en la que la oposición pretende romper la regla del déficit cero con sus mayorías legislativas, el célebre “dilema del prisionero” que frustra las mejores intenciones puede hacer fracasar el deseo de transformación expresado en las urnas sin advertir que estamos a un tris de volver atrás y caer en una enésima crisis.

Ahora urge corregir las causas y no solo atender, con premura oportunista, sus consecuencias

Todo el esfuerzo colectivo debe dirigirse a bajar el riesgo país, aunque suene un objetivo economicista en desmedro de valores humanistas, al decir de Juan Grabois. Pues solamente así podrá refinanciarse la deuda pública, expandirse el crédito interno, incrementarse el empleo, mejorar la vida de las familias, financiar las jubilaciones y atender necesidades sociales impostergables. Hoy como ayer, sin capitales no habrá agua potable ni viviendas ni infraestructura, como lo advirtió Rivadavia en 1824.

Quienes presionan por aumentar los gastos, por más legítimos que sean, deberían señalar con dedo acusador a quienes, desde el Estado nacional, provincias y municipios, se llevan los recursos que faltan a quienes más los necesitan. Deberían concurrir, cabizbajos, a las plazas de las marchas para mirar a los ojos a las madres, jubilados o desvalidos que protestan y explicarles por qué sus ingresos son más justificados que las prestaciones por discapacidad, los sueldos del hospital Garrahan o los haberes de la tercera edad.

Así deberían comparecer los directores de empresas públicas y de bancos oficiales (en particular, del Banco Provincia, fundado por Rivadavia); los legisladores bonaerenses, con sus tarjetas y sus chocolates; los sindicalistas que desvían fondos de obras sociales, los miles de pensionados “truchos”, los docentes con licencias abusivas y tantos contratistas que sobrefacturan y saben agradecer. Sin omitir varios ómnibus fletados desde las provincias, con sus plantas de personal plagadas de ñoquis, familiares y militantes que crecieron en un millón de puestos de 2003 a 2015.

En diciembre de 2023 había un 50% de pobres y un 10% de indigentes, pero entre los chicos de entre 13 y 17 años la pobreza alcanzó al 59% y la indigencia, al 19%. Con una hiperinflación en puerta, el año pasado se hubieran alcanzado niveles subsaharianos. Sin embargo, al comienzo de la democracia la pobreza era del 25%. Esa duplicación sin catástrofes naturales ni guerras es un síntoma grave de disgregación social y marca registrada de nuestra anomia institucional. Ahora urge corregir las causas y no solo atender, con premura oportunista, sus consecuencias.

En la vida cotidiana advertimos las transformaciones que conllevan las nuevas tecnologías, dejándonos atrás en competitividad e inclusión social. No hay tiempo de continuar protegiendo privilegios e ingresos desiguales invocando doctrinas cubiertas de herrumbre mientras el mundo avanza sin llorar por la Argentina. Hoy, como en 1824, es indispensable recomponer la credibilidad nacional para no perder el tren de la historia y sepultar por siempre el proverbial riesgo de ser argentinos.

Fuente: La Nación

En los últimos 20 años, la Argentina sostuvo una doctrina para el juzgamiento de los delitos cometidos en el contexto de los graves enfrentamientos armados ocurridos en el país durante los años 70 que, lejos de consolidar un paradigma respetuoso del Estado de Derecho, ha institucionalizado la excepción como norma, sentando precedentes aciagos para la seguridad jurídica y la democracia.

La tarea de “remoción de los obstáculos”, que permitiría la reapertura de las causas, se llevó a cabo a través de cuatro fallos paradigmáticos dictados por la nueva mayoría de la Corte Suprema asumida durante el primer gobierno kirchnerista y que significó nada menos que la eliminación retroactiva del instituto de la prescripción para esos crímenes, la derogación del principio de legalidad según el que nadie puede ser penado sino sobre la base de leyes sancionadas por el Congreso y publicadas antes de los hechos, la eliminación de los derechos adquiridos por amnistías e indultos dictados en época constitucional, la cosa juzgada y la declaración de que la persecución debía realizarse solo contra funcionarios estatales y aquellos civiles que actuaron en su auxilio.

Esos nefastos precedentes, que significaron el derribo de las columnas que la Constitución instauró para preservar los derechos del ciudadano contra los abusos del poder estatal, se llevaron a cabo sumando aparte del Poder Judicial a una “política de Estado” amparada en publicitados fines altruistas como una necesaria “reparación histórica”, la “búsqueda de la verdad” o la “lucha contra la impunidad”. De esta forma, se dejaron de lado otros medios, quizás más eficientes y definitivamente más adecuados, que pudieron haber buscado y alcanzado esos fines sin necesidad de sentar un precedente tal como que una nunca explicada “costumbre internacional” podría ser suficiente para calificar determinados delitos como de “lesa humanidad”, aun cuando tal categoría fuera inexistente en las leyes de la República al momento de los hechos.

Un país que juzga con Derecho construye futuro; un país que juzga por venganza queda atrapado en su pasado

La costumbre no es ni puede ser nunca fuente del derecho penal, que, según la opinión unánime de los tratadistas del mundo civilizado, exige una ley previa escrita. Existían otros métodos para reabrir investigaciones sin que tuviera tampoco la Corte que quitarle al Congreso la facultad de dictar amnistías y al presidente indultos, dos potestades exclusivas e irrevisables –salvo caso de corrupción– por el Poder Judicial, destinadas no a afianzar la Justicia, sino a consolidar la paz interior y la unión nacional en el lenguaje empleado en el Preámbulo.

La anulación de las leyes de obediencia debida y punto final no respondió a una exigencia del derecho internacional, como se ha repetido hasta el hartazgo, sino a una decisión política. La autora del proyecto de ley, Patricia Walsh, con el cual el Congreso intentó reforzar la doctrina jurisprudencial haciendo que se dictara inconstitucionalmente la nulidad de una ley, fue una diputada perteneciente a la organización Montoneros, que se encuentra actualmente imputada por su participación en la bomba colocada en 1976 en el comedor de la Policía Federal, que dejó 23 muertos y cientos de mutilados y heridos.

No existía obligación jurídica supranacional alguna que forzara al país a declarar inconstitucional su propia legislación. La Argentina ya había cumplido con los estándares internaciones al realizar el Juicio a las Juntas en 1985 y la intención de juzgar a las cúpulas guerrilleras, y establecer una política de pacificación. Jamás pudo haberse invocado para su nulidad una fuente internacional cuando los dos tratados internacionales humanitarios incorporados a nuestra Constitución en 1994 señalan que todos los delitos, sin distingo, pueden ser objeto de amnistías, indultos y conmutación de penas y cuando, además, es la propia Organización de las Naciones Unidas la que en la Convención de Ginebra recomienda luego de todo conflicto armado interno la declaración de una amplia amnistía que beneficie a todos los que tomaron parte en ella.

No pudo obedecer la nulidad de esas leyes del perdón a una correcta interpretación normativa, cuando la propia Convención Reformadora de 1994 rechazó expresamente en el plenario la iniciativa de la convencional María Lucero de declarar imprescriptibles precisamente esos delitos.

La historia política ha probado –en la experiencia tanto nacional como internacional– que apartarse de los medios que la civilización instauró para arribar a la Justicia, es decir la legalidad, aun en nombre de los más altos ideales humanos –y más precisamente cuando a ellos se recurre para eludirla– produce un sentimiento de justicia y alivio al principio, pero al cabo del tiempo deja en el tejido social e institucional del país heridas mucho más profundas y peligrosas en sus derivaciones y consecuencias que las que imaginaron quienes decidieron al inicio “cortar camino” desconociendo las leyes que nos habíamos dado.

A 20 años de esta reapertura, y a raíz de ella, miles de personas fueron encarceladas por la sola denuncia de interesados, negándoseles a 30 o 50 años de los hechos la excarcelación aun cuando no registraron ni un solo antecedente delictivo en todo ese lapso. Los tribunales orales federales, encargados de combatir la corrupción y el narcotráfico, ocuparon y ocupan sus agendas con estos juicios en los cuales los plazos en prisión preventiva triplican los de los presos comunes.

Más de 900 imputados han muerto en cautiverio, la mayoría de ellos sin sentencia firme. Yacen en nuestras cárceles hombres de 70 y 80 años, entre ellos suboficiales de las Fuerzas Armadas, de las policías Federal y provinciales, gendarmes y miembros del Servicio Penitenciario, así como quienes eran jóvenes oficiales subalternos de las tres fuerzas, mientras que los jerarcas guerrilleros responsables del inicio de una violencia sin la cual no hubiera ocurrido lo que vivimos, según la lúcida cita de la sentencia a los comandantes en la causa 13/84, se encuentran libres e indemnizados con sumas millonarias, además muchos secuaces miembros de sus organizaciones se presentan en los juicios como testigos contra quienes los juzgaron o a quienes los combatieron.

La falta de pruebas ha erigido a la testimonial –la más endeble y menos confiable– como la única y más relevante de las existentes y así se juzga y encarcela sobre la base de relatos en su mayoría unilaterales auxiliados por organizaciones militantes e inclusive por órganos específicos creados por el Estado para la construcción de una “memoria colectiva”.

Cuando la defensa logra probar que no participó en el hecho, se lo condena por la función o el cargo que ocupaba en la fuerza como “miembro de una estructura de poder”, instaurando una responsabilidad objetiva prohibida en nuestro sistema represivo. Se prescinde de la realidad histórica y de la obediencia a las órdenes superiores de toda institución armada, por lo que todo enfrentamiento, aun los cubiertos extensamente por los medios de la época, son asesinatos; toda detención, aun la ordenada por autoridades competentes, es privación ilegal de la libertad; toda orden cumplida es participación en un plan criminal; todo miembro de la guerrilla, aun los confesos o aquellos que portaban armas o explosivos o fueron sorprendidos en secuestros, extorsiones o atentados, son “opositores políticos perseguidos” que agravan los tipos penales que se aplican. Mientras tanto, los crímenes cometidos por las organizaciones armadas revolucionarias siguen sin ser juzgados. Esta omisión selectiva y sostenida revela una justicia parcial y una escandalosa violación del principio de igualdad ante la ley. A ello se suma una estructura institucional de intereses ideológicos y económicos: unidades estatales ad hoc, fiscalías, ONG, funcionarios y jueces ideologizados, fondos internacionales y querellas que militan causas políticas más que representar víctimas reales, que provocaron que el Estado desembolsara más de US$3500 millones en indemnizaciones a supuestas víctimas que se siguen presentando como tales aún hoy, a medio siglo de los hechos.

A partir de este descalabro que hace 20 años algunos consideraron necesario para alcanzar justicia, hoy cualquier proyecto autoritario, con fuente democrática o no, está en condiciones, con una mayoría simple de la Corte, de encarcelar a sus opositores por delitos hoy no previstos en las leyes vigentes y aun contra amnistías o fallos firmes.

En nuestro país sectores importantes lograron un uso político y discriminatorio del derecho penal, al compás de una historia reescrita del pasado con intereses y tinta del presente.

La reconciliación nacional exige el respeto por las normas y la prohibición de su uso con fines ideológicos o económicos. Un país que juzga con Derecho construye futuro, un país que juzga por venganza queda atrapado en su pasado.

Fuente: La Nación

Algunos dirigentes políticos vuelven a señalar que existen negociaciones entre el oficialismo y la oposición para aumentar el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La ciudadanía no sabe, como debería saber, si se trata de “globos de ensayo” o si de verdad un asunto tan trascendente forma parte de la agenda oficial de sus representantes. Ese oscurantismo es, en sí mismo, un síntoma no precisamente auspicioso de los motivos que sus líderes tendrían por lo menos para plantear el tema.

La última información indica que existirían diálogos entre legisladores libertarios y kirchneristas para abocarse a ese tema, que parlamentariamente había quedado congelado después de la ratificación de la condena de Cristina Kirchner a prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El aumento del número de jueces es el camino menos serio para superar la trabazón, una mera coartada con fines políticos, que prescinde del mandato constitucional respecto de quienes deben decidir sobre la libertad, la propiedad y la honra de los habitantes del país

En las últimas horas volvió a circular por el Senado la versión de que podría reunirse un plenario de comisiones con el fin de firmar un dictamen mayoritario para que el proyecto de ampliación de miembros del más alto tribunal del país quede habilitado de modo de que pueda ser tratado en el recinto a partir de la próxima semana. Sin embargo, otros voceros calificados de la Cámara alta explicaron que se trataría solamente de una reunión informativa a la que convocarían a diversos especialistas, y destacaron como obstáculo principal para concretar cualquier modificación que ninguna de las bancadas cuenta hoy con los votos necesarios para aprobarla.

Sea como fuere, no caben dudas del interés de buena parte de los legisladores por cambiar el actual estado de cosas. Las diferencias, por el momento, giran en torno a la intención del kirchnerismo de llevar a nueve el número de miembros de la Corte y de los siete que proponen otros legisladores como el senador Juan Carlos Romero, del bloque Cambio Federal.

La incapacidad de la mayoría de los dirigentes políticos de destrabar dos nombramientos para completar la actual raleada integración de la Corte es una clara señal de que encaran la tarea endogámicamente, como un mero mercadillo de reparto de poder

Actualmente, el tribunal está funcionando con tres de los cinco miembros que debe tener por razones de renovación natural: Horacio Rosatti, como presidente; Carlos Rosenkrantz, como vicepresidente, y Ricardo Lorenzetti, tras la ya lejana jubilación de la jueza Helena Highton de Nolasco y la más reciente del juez Juan Carlos Maqueda.

La incapacidad de la mayoría de los políticos de destrabar esos dos nombramientos (como también los largamente vacantes del procurador general de la Nación, del defensor del Pueblo y del Tribunal de Defensa de la Competencia, sugestivamente todas responsabilidades de control) es una señal de que encaran la tarea endogámicamente, como otra más en un mero mercadillo de reparto del poder.

Quienes propugnan la ampliación del más alto tribunal se miran a sí mismos tomando en cuenta sus propias necesidades de corto plazo y no la eficiencia y la confiabilidad que reclama la sociedad

Queda palmariamente claro que se miran a sí mismos tomando en cuenta sus propias necesidades políticas y no a la administración de justicia, cuya eficiencia y confiabilidad reclama la sociedad.

Para la gente del común es incomprensible que no logren un acuerdo para encontrar dos juristas notables en lo técnico e irreprochables en lo ético entre todos los destacados postulantes que abundan en el país.

El gobierno del presidente Javier Milei desaprovechó esa oportunidad cuando postuló inconcebiblemente para ser miembro de la Corte al juez de primera instancia Ariel Lijo, un candidato saludablemente rechazado por el Senado, y cometió el desatino de nombrar por decreto a Manuel García-Mansilla, quien asumió y a los pocos días corrió la misma suerte que su compañero de ruta, con quien jamás debió haber compartido una misma senda.

Como siempre reiteramos desde este espacio editorial, y aunque no se trata de un requisito constitucional, sería preferible que se nombraran mujeres para que el tribunal reflejara mejor la composición de la sociedad y de la comunidad de juristas.

El aumento del número de jueces es el camino menos serio para superar la trabazón. Nadie ha visto un estudio que demostrara que con más jueces la Corte se convertiría en un tribunal más eficiente. Por el contrario, su condición de tribunal colegiado en el que cada magistrado debe revisar lo que pretende firmar otro permite suponer que con más gente se creará recíprocamente más trabajo, como señala la conocida “ley de Parkinson”.

Por supuesto, además de los nombramientos la Corte requiere que sus integrantes encaren una reingeniería de sus procesos y de los criterios de admisión de casos. Su informe de gestión señala que ha tomado el año pasado más de 19.000 “decisiones”, un número que permite calcular que los jueces solo pueden dedicar, en promedio, poquísimos minutos a enterarse de qué se trata cada uno de los asuntos sobre los que otros especialistas les han preparado un proyecto de resolución que ellos deben firmar. El tribunal tiene 2500 empleados, un número relevante en cualquier organización de servicios.

La estabilidad de los jueces fue prevista por la Constitución nacional para que no hubiera cambios abruptos en la composición de la Corte. La delicada tarea de interpretar la Constitución se va elaborando de manera progresiva. Esa “saludable lentitud” (el lema del tribunal supremo de los Estados Unidos es “lento y firme”) es otro sabio atributo del control y equilibrio entre los poderes del Estado, porque cada gobierno debe convivir con la Corte que ha nombrado otro.

En condiciones normales un gobierno solo tiene oportunidad de proponer un candidato –a veces ninguno– y siempre requiere del acuerdo de la Cámara alta. Un aumento del número de jueces es, por ende, una muestra de desprecio por el sistema de división de poderes.

Hacer crecer esa representación lograría en los ciudadanos la percepción contraria a la que hace falta. El recurso tan primario de “aumentar la torta para poder repartirla mejor” no mejoraría el bajísimo nivel de confianza que tienen los argentinos sobre sus sistemas de justicia. Al revés, les confirmaría que sus jueces son meros delegados de las facciones partidarias. La seguridad jurídica, imposible sin jueces confiables, no es solamente un atributo que pide un capitalista para invertir en el país. También es el que sostiene y justifica la esperanza de que serán respetadas, como indica la Constitución, la libertad, la propiedad y la honra de los habitantes del país.

Fuente: La Nación

El Consejo Federal Pesquero, integrado por funcionarios nacionales y de provincias con litoral costero, es el encargado de repartir las cuotas de pesca de distintas especies entre empresas y distritos. Este régimen de distribución, creado en 1997, fue implementado recién en 2009 y venció a fin del año pasado, por lo que se procedió a un nuevo reparto, luego de la investigación anual sobre el estado de las especies en el Mar Argentino. Los permisos rigen hasta 2039. Las cuotas de captura revisten importancia crucial para el negocio pesquero si se considera que, por ejemplo, la tonelada de merluza negra –la más codiciada– cuesta unos 30.000 dólares.

Una presentación del diputado bonaerense Gustavo Pulti sobre el presunto pago de coimas encendió las alarmas en torno del organismo encargado de actualizar el Régimen General de Cuotas Individuales Transferibles de Captura. Su denuncia se unificó con la posterior del empresario inmobiliario, cambiario y pesquero radicado en Ushuaia Liu Zhijiang, dueño de Prodesur SA. Entre los denunciados figura el subsecretario de Pesca y presidente del organismo, Juan Antonio López Cazorla.

El polémico Zhijiang, quien se presenta como oriundo de Taiwán, había sido denunciado en marzo de 2024 por violar la ley federal de pesca ocasionando un tremendo daño ecológico, pues pescó ilegalmente más de 170 toneladas de merluza negra. Incluso para pescar con cuota, la protección de esta variedad de merluza prohíbe su captura a profundidades superiores a los 800 metros, pues sus ciclos de reproducción son muy delicados. El embarque fue decomisado, se le prohibió pescar por 45 días y se le impuso multa por unos 3 millones de dólares.

Zhijiang acusa ahora al Consejo de un proceso fraudulento, incluidos sobornos, por el cual se le negó una cuota para pescar merluza negra. Luego de haber vendido su cuota de merluza negra en 2020, Prodesur apunta hoy a que se le asignen 800 toneladas, lo que equivaldría a unos 20 millones de dólares anuales. El caso pasó de la Justicia Federal de Mar del Plata a Comodoro Py, en el juzgado de Ariel Lijo.

Zhijiang también inició otra acción en la Justicia Contencioso Administrativa. Denuncia que la adjudicación no surgió de una licitación sino de un reparto digitado mediante el pago de sobornos. Nada dijo sobre las adjudicaciones recibidas por su buque Tai An para otras especies de menor valor. La cautelar que presentó pidiendo la nulidad de la asignación a tres empresas fue rechazada. Desde el Consejo hablan de extorsión y malas prácticas por parte de quien lleva amasada una fortuna con la pesca ilegal. Su estrategia judicial, que es también mediática por contar con el patrocinio letrado de Fernando Burlando, confunde y pretende desviar la atención de sus cuestionables actividades. Para ello también apela a su cercanía con el gobernador Gustavo Melella para crear una ciudad futurista en Tierra del Fuego; una forma de microcolonización moderna.

La Justicia deberá hacer su parte para llegar a la verdad. Las autoridades deben trabajar sin demoras para que nadie expolie nuestros recursos naturales violando las leyes y desconociendo la importancia de promover una mayor conciencia ambiental.

Fuente: La Nación

El reciente incremento de bienes decomisados por el Estado en causas por corrupción, narcotráfico y lavado de dinero ha captado la atención pública por su simbolismo y por la magnitud de los activos involucrados. Propiedades de lujo, terrenos, vehículos de alta gama y empresas mal habidas, entre otros bienes adquiridos dudosamente, comienzan a volver a manos del Estado, en un proceso que, aunque auspicioso, apenas roza la superficie de un entramado mucho más profundo y extendido.

Según datos oficiales, existen actualmente más de 280 activos decomisados producto de delitos complejos, en su mayoría vinculados a esquemas de corrupción estructural y al crimen organizado. Estos integran hoy el inventario estatal administrado por la Agencia General de Bienes del Estado, que también gestiona los debidos remates. Sin embargo, no debe confundirse este avance con una solución definitiva. Por el contrario, lo decomisado representa apenas una mínima porción del patrimonio sustraído ilegalmente al conjunto de los ciudadanos.

El 13 del actual podría marcar un nuevo punto de inflexión, cuando venza el plazo para que Cristina Kirchner y otros ocho condenados en la causa Vialidad deban depositar los 537 millones de dólares que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de sus peritos contables, fijó como cifra de decomiso. De no concretarse ese pago, comenzará la ejecución de los bienes embargados, entre ellos propiedades, vehículos, empresas y estancias. En la causa denominada “la ruta del dinero K”, el fiscal Abel Córdoba acaba de pedir que se les decomise su cuantioso patrimonio a Lázaro Báez y a su hijo Martín.

Lo relevante aquí no es solo la cifra –apenas una parte de lo sustraído a las arcas públicas–, sino el precedente institucional que puede sentar: la necesidad de que el castigo penal sea acompañado por una reparación económica proporcional al daño causado a la sociedad en su conjunto.

Como ya hemos señalado reiteradamente en este espacio editorial, ese tipo de medidas no configuran una expresión de revancha ni de hostigamiento político, como algunos sectores pretenden instalar bajo el gastado e inaplicable ropaje del lawfare. Muy por el contrario, son una consecuencia lógica y legítima del Estado de Derecho. Que los responsables de actos de corrupción enfrenten no solo condenas penales, sino también la pérdida efectiva de sus bienes, es parte inescindible del principio republicano de rendición de cuentas.

Lo materializado hasta aquí, sin embargo, no puede ser motivo de autocomplacencia. Lo decomisado constituye apenas la punta del iceberg. Las cifras recuperadas hasta el momento palidecen frente a los recursos que aún permanecen ocultos tras entramados de sociedades ficticias, testaferros y maniobras de expatriación de capitales. Causas aún en trámite como Hotesur, Los Sauces y los cuadernos de las coimas, entre otras, prometen develar un universo mucho mayor de activos mal habidos.

Resta resolver también un desafío operativo clave: el uso eficiente de los bienes recuperados. No resulta aceptable que mientras el Estado gasta cifras millonarias en alquiler de oficinas, propiedades decomisadas queden en un limbo por la burocracia de la propia administración o por la lentitud judicial. El ahorro fiscal logrado por el Gobierno al cancelar más de 70 contratos de alquiler debería ser el punto de partida de una política más amplia: reutilizar lo recuperado en beneficio de la ciudadanía y con criterios de austeridad, transparencia y eficiencia.

Hay un mandato ético detrás de este proceso. Cada peso robado al Estado implica menos educación, menos infraestructura, menos salud, menos justicia. Cada obra pública adjudicada fraudulentamente no es solo una trampa contable, es una afrenta directa a los valores republicanos que ordenan nuestra vida en común. Las víctimas de la corrupción somos todos los argentinos y, muy especialmente, los más vulnerables.

No faltarán quienes busquen relativizar este camino, promoviendo discursos que confunden la institucionalidad con el encubrimiento. El compromiso democrático se mide, entre otros factores, por la capacidad y decisión de aplicar la ley, sin distinción de nombres ni jerarquías, tal como dispone nuestra Constitución nacional.

La Justicia ha comenzado a dar señales claras en ese sentido. El saqueo fue deliberado y generalizado. Estamos frente a una oportunidad que no debemos malograr para demostrar que en la Argentina del siglo XXI la impunidad ya no tiene cabida. La corrupción tuvo un precio; ahora debe pagarse.

Fuente: La Nación

La Argentina está viviendo una fuerte transformación económica, no obstante algunos ven con preocupación noticias de empresas internacionales que venden sus activos en el país. Lo primero que hay que decir es que antes de emitir un juicio sobre la base de ciertos hechos hay que dimensionarlos en términos relativos y no hacer de ellos un absoluto. Así como una golondrina no hace un verano, una langosta no hace una plaga.

La apreciación de los inversores sobre el atractivo de instalarse o permanecer en un país está expresado fehacientemente por el índice de riesgo país. El aumento o la disminución del atractivo de permanecer en la Argentina debe mirarse en las variaciones de ese índice y no en noticias sobre algunos casos. Si bien el índice se elabora por el rendimiento de bonos soberanos, surge de mercados en los que cientos de miles arriesgan su bolsillo no solo en títulos públicos sino también en acciones de empresas, respondiendo a evaluaciones de especialistas que indagan las realidades presentes y futuras. Mirando la evolución puede decirse que la reducción del riesgo país tras superar los 2500 puntos básicos en noviembre de 2023 a rondar los 700 de hoy, muestra que el clima de inversión de la Argentina ha mejorado sensiblemente. No obstante, aun reconociendo que ese índice marca todavía una distancia con países vecinos, en su dinámica esas diferencias tienden a disminuir.

Las ventas de la actividad local de algunas empresas extranjeras ya habían sido decididas hace tiempo y se están materializando aprovechando el aumento del interés en el país para poder ejecutarlas a un mejor precio. Para muchos holdings extranjeros la Argentina es una parte pequeña de su negocio, un mercado chico. Además, tras décadas de desmanejos económicos su negocio local fue una parte demasiado importante de sus problemas. Por otro lado, si hay alguien que vende, también hay quien le compra y la llegada del nuevo dueño puede ser positiva; ya que estará más interesado en invertir que quien estaba en un proceso de salida del negocio. Además, el cambio de rumbo económico es tan fuerte que puede haber distintas visiones de qué significará para cada sector. Algo es seguro, una estructura económica que, durante décadas, tuvo que adaptarse a sobrevivir en un país anormal no es la misma que será rentable en una que busca ser normal.

Las estrategias de las grandes compañías del mundo no se toman de un día para otro, llevan años. Eso explica por qué no podía esperarse una lluvia de propuestas para invertir bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). En todo caso es esperable que la cantidad de estas aumenten en los próximos años.

No se debe perder de vista que las empresas globales no necesariamente toman decisiones determinadas en lo favorable o no del contexto del país en el que operan, sino en su estrategia mundial de comercialización o de asignación de capital. Por ejemplo, Exxon, que operaba en Vaca Muerta, decidió vender sus áreas en la región para concentrar sus recursos en los yacimientos que posee en Guyana, donde ha logrado un importante descubrimiento.

También es importante saber que aún en los momentos de mayor inversión extranjera en la Argentina, siempre fue menor a las hechas por argentinos con dinero de argentinos. De hecho, la descapitalización del país tuvo menos que ver con la salida de inversores internacionales que con la fuga de capitales de los argentinos. Por eso, está mal decir que hay que “recuperar la confianza de los extranjeros”, ya que también los residentes locales la habían perdido. Eso no quiere decir que no sea importante recibir inversiones del exterior, porque eso permite incrementar aún más la producción, el empleo, el poder adquisitivo de los salarios y el bienestar de los residentes en la Argentina.

Por ejemplo, hay sectores que producen bienes que se pueden importar y lograron buenas ganancias gracias a protecciones que les permitieron cobrar más por igual o menor calidad de los que se conseguían en el exterior. Con la apertura económica en marcha deberán esforzarse e invertir para ser más competitivos y, en algunos casos, tendrán que reducir su producción. Quizás, dejen de ser un negocio interesante para grandes empresas globales, pero siga siendo bueno para empresarios locales de menor tamaño. Por otro lado, en un país que se empobrecía, el consumo de servicios se reducía, porque la proporción de los ingresos destinada a la canasta básica aumentaba. Así que hubo que reducir los gastos en aquello que era prescindible, por lo que la Argentina está subinvertida en ese sector. Es esperable que hacia allí se dirijan muchos capitales, en la medida que el poder adquisitivo de los argentinos crezca y puedan destinar más dinero a actividades que aporten más bienestar, antes inalcanzables. Entonces surgirán nuevas oportunidades para que empresarios locales e internacionales puedan desarrollar estos negocios y se verán llegar nuevas empresas del exterior. Una buena noticia: los servicios son grandes demandantes de trabajo, lo cual permitirá crear nuevos empleos que hoy no existen.

Aún restan reformas para recuperar plenamente la confianza de argentinos y extranjeros en el futuro de nuestro país. Hay que perseverar en el rumbo para ser un país normal en el que no preocupe que haya empresas que se vayan, quiebren o se achiquen. Esto es algo natural en un mundo que está en permanente cambio a la velocidad que hoy impone la innovación tecnológica. Lo que importa es que las empresas y los puestos de trabajo que se creen sean muchos más de los que se pierdan. El costo de evitar el cambio, para no pasar por los dolores del parto hacia más libertad y progreso para todos, es la decadencia y el empobrecimiento.

Fuente: La Nación

El Estado de Derecho implica que las leyes deben prevalecer sobre el indócil arbitrio del gobernante. Así de simple. En inglés lo llaman rule of law y fija un límite a la voluntad real o presidencial dando previsibilidad a la gestión del Estado, indispensable para proyectar vidas personales, alentar esfuerzos y favorecer inversiones. Es la famosa “seguridad jurídica” que tanto aborrece el gobernador Kicillof y cuya aversión confirma, con convicción, cada vez que abre la boca. La Constitución de Estados Unidos estableció la división de poderes y, al atribuirse al Poder Judicial la facultad de revisar la constitucionalidad de los actos de los otros dos (Marbury vs Madison, 1803), se completó la base del sistema republicano. En la Argentina, ese mismo principio fue adoptado desde 1887 (Fallo Sojo). De lo contrario, bastaría que cada ley o cada decreto anunciase, en su último artículo: “Esta ley (o decreto) es constitucional” y nadie podría objetarlo, como la célebre pipa de René Magritte.

En la coyuntura actual, después de décadas de atraso debido al bloqueo impuesto por grupos corporativos a la competitividad de la Argentina y su consecuencia, el déficit fiscal, es natural que las medidas del ministro Sturzenegger afecten a quienes pierden privilegios, contratos o empleos.

Valga un ejemplo sencillo como introducción al planteo de este editorial. Si un médico de cabecera, en consulta con especialistas, aconsejase la amputación de una extremidad a una persona enferma para salvar su vida, ello no debería impedirse a pedido de un traumatólogo que insistiese en preservar un pie para reparar el astrágalo, a costa de la supervivencia del doliente.

Lo mismo ocurre con el cuerpo social. El Congreso, como el médico generalista, sanciona leyes luego de análisis, audiencias, dictámenes y debates. Las normas generales tienen (o deberían tener) en vista el bien común de largo plazo, aunque en lo inmediato causen perjuicio a grupos afectados. Siempre será así, pues está en la naturaleza de la convivencia social; de lo contrario, no existiría el arte de la política. Los legisladores, con sus ejércitos de asesores, ponderan los costos y beneficios de cada proyecto escuchando a partes interesadas, debatiendo en comisiones y, finalmente, votando en el recinto. Un proceso semejante ocurre cuando el Poder Ejecutivo dicta decretos de necesidad y urgencia, dentro de sus facultades constitucionales, realizando similares análisis y ponderaciones que luego serán revisadas por el Legislativo.

Será difícil desarmar la madeja corporativa que empobrece a nuestro país mientras quienes gozan de un privilegio legal, un subsidio oficial, un régimen especial o un mercado cautivo puedan lograr que algún juez afín detenga de inmediato su aplicación por razones constitucionales

Muy distinto es el rol de los jueces. Formados en derecho y algo de economía, su tarea es resolver conflictos específicos conforme a reglas que aseguran la bilateralidad de los procesos. Su competencia se limita a las contiendas concretas que tienen ante sí, entre partes que demandan, alegan y prueban, dictando luego sentencias que los dirimen, sin afectar con estas al resto de los habitantes. Cumplen el rol del traumatólogo en el ejemplo, inmersos en el detalle de testimonios y peritajes, sin que sea su competencia la salud del cuerpo social en su conjunto.

Pues bien, hasta la reforma constitucional de 1994, el control de constitucionalidad por parte de los jueces era netamente difuso o descentralizado, como en los Estados Unidos. Es decir, se ejerce al resolver casos individuales y con efecto limitado a ellos, a diferencia de Francia o España, donde existen Consejos Constitucionales que pueden anular una ley. Ahora, en la Argentina, el control continúa siendo difuso, pero, al permitir que la declaración de inconstitucionalidad se extienda más allá de las partes del conflicto (artículo 43 de la Constitución nacional), se ha abierto una Caja de Pandora, pues cualquier juez del país (nacional, provincial o de paz) e incluso incompetente, puede suspender con mínima fundamentación la vigencia de una ley o de un decreto de forma precautoria, requiriendo solo caución juratoria y dándole efecto universal (erga omnes). Es como si se atribuyera a cada uno de ellos las facultades que en Francia o en España tiene un único consejo especializado de alta jerarquía para todo el país.

Los cambios serán muy difíciles mientras los grupos corporativos tengan medios -ahora judiciales- para impedirlos

A diferencia de los legisladores, los jueces conocen los argumentos de quienes interponen los amparos –los afectados–, pero ignoran las voces de quienes serían los beneficiados, es decir, de los 47 millones de argentinos comprendidos en la expresión “bien común”. Quienes legislan tienen en cuenta objetivos de bienestar colectivo, como el médico generalista, ya fueren económicos, sociales o culturales. Por el contrario, quienes se apresuran ordenando precautorias, pretenden hacer justicia con una balanza asimétrica, a la que falta un platillo.

En la coyuntura actual, después de décadas de atraso debido al bloqueo impuesto por grupos corporativos a la competitividad de la Argentina y su consecuencia, el déficit fiscal, es natural que las medidas impulsadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afecten a quienes pierden privilegios, contratos o empleos. En la práctica, una gran cantidad de ellas han sido detenidas por medidas cautelares dispuestas en acciones de amparo (Capítulo V del DNU 70/2023 sobre reformas laborales; DNU 340/2025 declarando esenciales a 17 actividades que debían garantizar servicios en caso de paro y régimen de la marina mercante; DNU 430/25 eliminando el feriado del Dia del Empleado Público; DNU 462/2025 sobre pérdida de autarquía del INTA y del INTI, y DNU 461/2025 sobre disolución de Vialidad Nacional, entre otros).

Al comprobar con impotencia la gravitación que tienen los sindicatos y grupos empresarios en la Justicia, Sturzenegger calificó como “último reducto de la casta” a los tribunales que sistemáticamente detienen sus reformas a instancias de quienes serían afectados por ellas. Se refirió a la Revolución Francesa, sin mencionar al doctor Joseph-Ignace Guillotin (aunque quizás pensó en él) sino por la ley Chapelier (1791) que eliminó las guildas y las corporaciones medievales.

Será difícil desarmar la madeja corporativa que empobrece a la Argentina mientras quienes gozan de un privilegio legal, un subsidio oficial, un régimen especial o un mercado cautivo puedan lograr que algún juez afín detenga de inmediato su aplicación por razones constitucionales. El país continuará rehén de los intereses creados. Todo cambio estructural dará siempre lugar a fracturas o abollones que los afectarán, como consecuencias inevitables de las mismas.

En Estados Unidos, ante una situación semejante, la Corte Suprema de Justicia en un fallo reciente (Trump vs Casa, Inc) resolvió que los tribunales inferiores no pueden dictar medidas cautelares universales (injunctions) que frenen la aplicación de decretos presidenciales (executive orders) más allá de las partes involucradas. En opinión de la Corte, esas cautelares deben restringirse a las partes de los litigios y no afectar al resto de la población que no interviene en ellos. De la misma manera, es imperioso que nuestra Corte Suprema limite las facultades de revisión erga omnes, ya que implican una injerencia indebida sobre los otros dos poderes del Estado y aún, confiriendo a juzgados variopintos y no preparados para legislar, la facultad de neutralizar medidas dictadas por quienes tienen la preparación y competencia para hacerlo. Y, eventualmente, declarar la inconstitucionalidad del artículo 43 de la propia Constitución por no haber sido incluido con ese alcance en la ley que convocó a la Convención Constituyente (caso Fayt), como lo ha sugerido el doctor Horacio Lynch, expresidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), en diversos artículos y cartas a LA NACION sobre el tema.

Decíamos al comienzo que el Estado de Derecho implica que las leyes deben prevalecer sobre el arbitrio del gobernante para dar previsibilidad a las decisiones de las personas y las empresas. Con la Caja de Pandora abierta mediante la proliferación de amparos, las normas que deben disponer reformas estructurales se han hecho imprevisibles por el accionar judicial. El riesgo país está estrechamente ligado a esa percepción de que, en la Argentina, los cambios serán muy difíciles mientras los grupos corporativos tengan medios –ahora judiciales– para impedirlos.

Fuente: La Nación