Categoría: Entrevistas

En forma unánime y con el voto de tres conjueces, la Corte Suprema de Justicia dispuso la constitucionalidad del impuesto mínimo a los cigarrillos, revocando así la decisión en sentido contrario de las instancias anteriores.

El impuesto mínimo al tabaco con un precio de referencia surgió como consecuencia de la ley 26.467 del año 1995, que tuvo por objeto establecer medidas económicas para desalentar el consumo de productos elaborados con tabaco, imposición que fue ratificada por la ley 27.430, que fijó una forma de cálculo diferente, basada en un importe fijo actualizable mensualmente sobre la base del índice de precios al consumidor. Nuestro máximo tribunal determinó la legitimidad del impuesto mínimo a los cigarrillos, previsto por el art 103 de esta ley y nos dejó una serie de enseñanzas que resulta interesante recapitular.

En primer lugar, la genérica alegación de inconstitucionalidad realizada por la empresa Tabacalera Sarandí, de Pablo Otero -conocido como “el Señor del Tabaco”- carecía de la rigurosa justificación y se hallaba desprovista de sustento fáctico y jurídico consistente. Así, la Corte reiteró su doctrina en el sentido de que los jueces no pueden pronunciarse sobre la conveniencia o equidad de los tributos, salvo el valladar inquebrantable que suponen las limitaciones constitucionales.

Por otra parte, los tributos reconocen dos pilares bien diferenciados que se encuentran indiscutiblemente ligados: uno netamente impositivo, con finalidad recaudatoria, y otro, de orden extrafiscal.

De este modo, la Corte profundizó en la extrafiscalidad de los tributos que, en este caso, surge de las recomendaciones de diversos organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de 2024, tituladas “Tributación de tabaco en América Latina y el Caribe”. En esa investigación se refiere al potencial de los países de América Latina para fortalecer la eficacia de sus políticas y la administración de los impuestos al tabaco con el fin de reducir la prevalencia del tabaquismo y los costos que generan para la sociedad.

En tal sentido, señala la Corte que la normativa impugnada se ajusta a los mejoras prácticas que sugiere la Organización Mundial de la Salud (OMS) en materia de política de impuestos al tabaco, demostrando en el consenso internacional, que a través de dicho mecanismo se busca disminuir el consumo del tabaco por medio de diversas herramientas de política fiscal.

Se recuerda que el Estado argentino ha adherido al convenio marco para el control del tabaco de la OMS, que si bien al día de la fecha no ha tenido la ratificación parlamentaria, tiene directrices que fueron antecedentes parlamentarios de la ley 27.430 y de la política sanitaria del país.

Tal posición respecto de los fines extrafiscales ya había sido considerada por la Corte el 13 de mayo de 2021, en oportunidad de la revocatoria de la medida cautelar, otorgada en primera instancia y confirmada por la Sala IV con posterioridad, al referirse a la importancia de los fines parafiscales.

Por otra parte, la Corte enfatizó en la importancia de los impuestos no solo como objetivo de recaudación para el que el Estado pueda cumplir con sus fines, sino también como instrumento de política financiera, económica o social, para alentar o desalentar ciertas actividades o usos sociales, así como el desarrollo del país cuidando de no violar principios constitucionales rectores del derecho tributario.

La incidencia de los impuestos al tabaco ha sido reconocida por la OMS como la medida más efectiva para reducir el consumo del tabaco y proteger la salud de la población.

En tal sentido, señaló la Corte que del cotejo de las probanzas ofrecidas y producidas, no se ha abordado el tema vinculado a las finalidades extrafiscales.

La validez de un tributo descansa en la existencia de una manifestación de riqueza o capacidad contributiva, que podría llegar a afectar el derecho de propiedad, situación que tampoco quedó acreditada.

En resumen, estamos ante un fallo de la Corte que nos deja una serie de enseñanzas respecto del tributo, en especial de los principios extrafiscales, al pretender el legislador desalentar el consumo de tabaco con el fin de tutelar la salud de la población.

Fuente: La Nación

La causa Vialidad tuvo sentencia firme. Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudar al Estado mediante el direccionamiento de obras viales en favor de su socio Lázaro Báez. La Justicia, además, ordenó el decomiso de bienes equivalentes al perjuicio inferido: casi 685.000 millones de pesos, unos 530 millones de dólares, a pagar entre todos los condenados. Sin embargo, ninguno de ellos hizo el depósito correspondiente al vencer el plazo judicial. El paso siguiente es el decomiso, pero si bien lo robado al Estado está debidamente probado, el regreso a él de la exacción no es tan rápido ni tan sencillo.

La cifra que se le reclama a Cristina Kirchner en la causa Vialidad representa apenas una fracción del saqueo estructural que diversos expedientes judiciales –Hotesur, Los Sauces y el inminente juicio oral en la causa denominada Cuadernos de las Coimas– han comenzado a documentar

Cristina Kirchner –al igual que el resto de los condenados– no depositó ni un solo peso. Por el contrario, hizo nuevas presentaciones judiciales claramente dilatorias. A lo largo de los últimos años, la expresidenta ha convertido cada instancia procesal en una oportunidad para evitar que las decisiones judiciales se cumplan. Su estrategia no apunta ya a la absolución, pues ha sido condenada, sino al desgaste del sistema judicial mediante planteos que nada tienen que ver con su inocencia. En este caso, sostuvo que el decomiso no debe ser ejecutado por el Tribunal Oral Federal Nº 2, sino por el fuero civil y comercial, donde acaba de caer un proceso en su contra por el cual el Estado reclamaba 22.300 millones de pesos. Ese pago ya no puede ser exigido en la Justicia Civil, que declaró su caducidad por vencimiento de los plazos en la demanda por daños y perjuicios iniciada durante el gobierno de Cambiemos. Pero el proceso penal corre por cuerda separada. Este fuero tiene plena competencia para ordenar decomisos como parte de la pena, y así lo ha hecho en este caso, tras una sentencia confirmada en todas las instancias. La pretensión de Cristina Kirchner de trasladar la ejecución al fuero civil se asemeja más a otra maniobra dilatoria que a un planteo jurídico serio. Es apenas una nueva línea en la larga saga de tácticas orientadas a estirar los tiempos y evitar lo inevitable: la restitución de lo robado.

No hay lugar para discusiones abstractas sobre cambios de fueros ni para teorías conspirativas de lawfare cuando los hechos han sido acreditados con pruebas, testimonios y sentencias

Para evitar que sus bienes sean ejecutados por la Justicia, Cristina Kirchner alega que ya fue sobreseída por enriquecimiento ilícito por el juez Norberto Oyarbide –hoy fallecido–, famoso por sus decisiones complacientes con el poder. Pero ese sobreseimiento, lejos de cerrar una discusión, fue denunciado como parte del encubrimiento de la estructura de corrupción que la Justicia analiza en varias causas. Por caso, el contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares –hoy bajo la figura del arrepentido– reconoció públicamente cómo “dibujó” las declaraciones juradas de la familia Kirchner para simular incrementos patrimoniales que en realidad eran producto del desvío de fondos públicos.

La expresidenta asegura también que los bienes heredados anticipadamente por sus hijos no deben ser tocados y que todo su capital no es producto del delito. No es lo que tiene probado la Justicia, precisamente lo que la llevó a estar presa en su domicilio del barrio de Constitución.

Justicia es que quien robó pague, y no solo con penas privativas de la libertad, sino también con los bienes de los que se apropió indebidamente

Anteayer, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron que se ejecuten de manera inmediata los bienes de la exmandataria y del resto de los condenados en la causa Vialidad. Lo hicieron al rechazar las objeciones presentadas. “El decomiso de la suma que estableció el tribunal no es una opción. Es una obligación”, sostuvieron con firmeza en su dictamen de 21 páginas.

La cifra que se le reclama en ese expediente representa apenas una fracción del saqueo estructural que diversos trámites judiciales –Hotesur, Los Sauces y el inminente juicio oral en la causa denominada Cuadernos de las Coimas– han comenzado a documentar.

Esta semana se conoció un peritaje contable parcial incorporado a la causa Hotesur, en la que está acusada de lavado de dinero. En él se determinó que fue precisamente Lázaro Báez su principal cliente en las actividades hoteleras de su propiedad. Otro peritaje oficial confirmó la autenticidad de los textos manuscritos del chofer Oscar Centeno y la correspondencia con sus versiones digitales, derrumbando años de intentos del kirchnerismo de deslegitimar el caso que desnuda el mayor sistema de recaudación ilegal con dineros públicos del que se tenga registro en nuestro país. Se trató de un engranaje sistemático en el que altos funcionarios exigían sobornos a empresarios para garantizar sus contratos con el Estado. La expresidenta figura como la principal acusada en un juicio que comenzará el 6 de noviembre próximo y que involucra a más de 140 imputados.

Los delitos por los cuales hoy se la obliga a rendir cuentas no son producto de actos administrativos defectuosos, sino de una estrategia deliberada para saquear arcas públicas en beneficio privado. No hay lugar para discusiones abstractas sobre cambios de fueros ni para teorías conspirativas de lawfare cuando los hechos han sido acreditados con pruebas, testimonios y sentencias.

El decomiso es la restitución que corresponde aplicar. Es el mensaje que una sociedad hastiada por décadas de impunidad necesita para comenzar a reconstruir la confianza en sus instituciones. No alcanza con la prisión domiciliaria ni con la inhabilitación perpetua: los bienes mal habidos no pueden seguir en manos de quienes los obtuvieron mediante saqueo. Dejar que eso ocurra sería perpetuar la malsana idea de que hay quienes pueden vaciar al Estado y resultar impunes.

Que Cristina Kirchner se allane a perder su libertad, pero no a devolver el dinero robado, resulta toda una señal. ¿Estará esperando cumplir la pena para disfrutar de esos bienes mal habidos? Resulta escandaloso ver cómo los otrora exponentes del poder, incluso cuando caen, se resisten a rendir las cuentas que les exige la Justicia.

Es tiempo ya de que el proceso se concrete y que lo robado al Estado vuelva al patrimonio público. Justicia es que quien robó pague, y no solo con penas privativas de la libertad, sino también con los bienes de los que se apropió indebidamente.

Fuente: La Nación

El gobierno del presidente Donald Trump aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto del dictador Nicolás Maduro, a quien acusa de utilizar organizaciones terroristas como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y el Cartel de los Soles para introducir drogas letales y violencia en Estados Unidos.

La nueva suma duplica la establecida en enero de 2025 (25 millones de dólares), durante la presidencia de Joe Biden, que en su momento igualaba las ofrecidas por Osama Bin Laden, fundador del grupo terrorista Al Qaeda y cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y por el exdictador iraquí Saddam Hussein.

Según la ONG Transparencia Venezuela, solo en 2024 el narcotráfico en ese país generó ingresos por 8236 millones de dólares, una cifra que pone en relieve el aumento de esta economía ilícita en el territorio nacional y que refleja el rol cada vez más activo que tiene en el mercado mundial de las drogas.

La realidad del poder en Venezuela se encuentra determinada por la proliferación de mafias, organizaciones y bandas criminales, muchas de ellas presuntamente involucradas dentro de las principales estructuras de poder tanto a nivel militar como burocrático y empresarial que, debido a los altos niveles de corrupción en el país, han sabido burlar muchos de los controles oficiales ganando aliados dentro de instituciones formales para mantener el negocio en pie y repartir las ganancias.

El informe de Transparencia Venezuela destaca, entre otras, la presencia del Cartel de los Soles, nombrado así por la insignia que llevan los generales venezolanos. Se trata de una organización criminal en la que participan altos cargos del establishment de poder de Maduro y que ha convertido a Venezuela en un territorio estratégico de actuación para las redes del narcotráfico.

El narcotráfico en Venezuela no es solo un problema de seguridad o crimen organizado: es una política de Estado que genera miles de millones de dólares para las mafias que controlan el país y que lo han convertido en un instrumento del Estado para sobrevivir. Mientras el régimen de Maduro continúe en el poder este delito transnacional seguirá expandiéndose.

Es urgente que la comunidad internacional reconozca la dimensión del problema y adopte medidas más contundentes para combatir el narcotráfico, desarticular la economía criminal que sostiene la dictadura de Maduro y frenar la impunidad del régimen chavista. La Venezuela de hoy no puede ser la de mañana.

Fuente: La Nación

El importante logro del equilibrio fiscal ha sido el eje para doblegar la inflación, pero ha requerido sacrificar o postergar otros objetivos. Entre ellos, la inversión en infraestructura, que antes estaba sujeta en gran medida a la aplicación de fondos públicos. La visualización del deterioro ha sido más notoria en caminos y ferrocarriles, que son las áreas en las que la mayor cantidad de concesiones revirtieron al Estado. Los primeros veinte meses de gestión del actual gobierno transcurrieron bajo la consigna de que no habrá obra pública. Más precisamente, se ha querido significar que no hay fondos presupuestarios para inversiones en infraestructura y que deberá ser el sector privado el que los provea. Por ahora, esto prácticamente no ha ocurrido.

La claridad con que se definió el no uso de fondos públicos contrastó con la dificultad para captar capitales privados cuando todavía la percepción del riesgo país no se ha reducido lo suficiente.

El fracaso de la primera licitación para reconcesionar la hidrovía y las sospechas de que estaba digitada se produjeron por deficiencias en el llamado, que se hubieran podido evitar con una mejor planificación y análisis. La licitación de los corredores viales se demoró, mientras el deterioro de varias rutas importantes ha despertado las quejas de usuarios y productores. Urge ahora poner en marcha las privatizaciones y concesiones para superar el deterioro y recuperar las capacidades en todas las áreas de la infraestructura.

Hay dos condiciones principales en este proceso. La primera es el menor uso posible de fondos presupuestarios. La segunda es que preferiblemente sean los propios usuarios o los beneficiarios directos los que, a través de peajes o de tarifas, aporten los fondos requeridos. La identificación de estos usuarios es perfectamente posible en gran parte de las áreas de infraestructura. Por ejemplo, la transmisión y distribución eléctrica; el transporte de hidrocarburos; las telecomunicaciones; el uso del espectro radioeléctrico; los caminos y autopistas; los aeropuertos; los puertos y el dragado y balizamiento de las vías navegables; la provisión de agua potable y cloacas. Debe reconocerse, sin embargo, que la identificación de los usuarios no siempre es condición suficiente para lograr una financiación exclusivamente privada. Hay inversiones que no logran generar ingresos directos suficientes para recuperar el capital, pero producen economías externas o indirectas que, sumadas a las directas, las justifican plenamente. Es el caso de que existan importantes beneficios ambientales, se logre conectividad de comunidades aisladas o conexiones internacionales estratégicas. En estos ejemplos, la participación público-privada y la aplicación complementaria de fondos presupuestarios están justificadas, aunque siempre a través de mecanismos competitivos de adjudicación y con operación privada. Entran también en este caso los caminos rurales de bajo tráfico.

La obra pública, con la utilización plena de fondos presupuestarios o de impuestos con asignación específica, queda para las áreas de defensa, edificios administrativos, calles urbanas, alumbrado, drenaje, policía y en general servicios con beneficios sociales o comunitarios. En estos casos, el uso de fondos públicos no excluye la administración privada. Hay experiencia en la concesión de cárceles con inversión retribuida según servicios medibles.

Una gran parte de la inversión en infraestructura, sea privada o estatal, no surge en forma espontánea de señales de mercado y, aunque las hubiera, incide en otras actividades o derechos de propiedad de terceros. Es el caso de la expropiación de terrenos y edificaciones para permitir un nuevo camino o un aeropuerto, o el derecho de paso de un oleoducto. También debe tenerse en cuenta que la figura del monopolio natural o técnico se presenta en diversos servicios públicos e infraestructuras.

La intervención pública resulta necesaria, pero debe estar enmarcada en una planificación ordenada. No hay en esto una cuestión ideológica, sino de sentido común. Habrá que tomar nota de las experiencias buenas y malas de las privatizaciones anteriores. Si bien la inflación está en vías de doblegarse, deberán introducirse cláusulas de ajuste con sólido respaldo jurídico cuando los precios o tarifas sean regulados. Deberán procurarse plena competencia y transparencia en los concursos y licitaciones.

La aceleración y el éxito de las privatizaciones requieren consolidar la seguridad jurídica y disipar del horizonte la posibilidad del retorno del kirchnerismo. El resultado de las próximas elecciones legislativas desempeñará un papel importante en esta cuestión.

Fuente: La Nación

Los siete kilómetros de túnel de lo que alguna vez sería el soterramiento del ferrocarril Sarmiento quedarán abandonados, tapiados y a la espera de algún milagro millonario. Esa obra, adjudicada en 2008 con un tiempo de ejecución previsto de 36 meses, se convertirá en un símbolo perfecto de la desmesura, la ambición política, el uso de la ilusión, la corrupción y, finalmente, la internalización de que un país sin crédito no puede financiar un proyecto de este tipo.

Si bien el soterramiento estaba quieto desde 2018, la decisión del gobierno de Javier Milei no hizo más que formalizar una situación de hecho que ya se descontaba desde hace años. La suerte estaba echada.

La obra sirvió al kirchnerismo para construir el relato de que lo suyo era la obra pública. El electorado fue bombardeado con anuncios de la ambiciosa obra ferroviaria.

El 21 de febrero de 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner anunció el soterramiento; el 24 de junio de ese año se hizo un acto para el llamado a licitación, y el 15 de agosto, en otro acto político, se abrieron los pliegos.

Luego cambió el relator, pero no el monólogo. Cristina Kirchner hizo otros dos actos con el mismo tema. En enero de 2008, en la Casa Rosada, hubo otro anuncio y, en diciembre de ese año, desde Olivos, se hizo otro más para la suscripción del contrato de obra pública. Durante 2008 y 2009, todas las veces que se repasó el ambicioso “Plan de obras para todos los argentinos”, una recopilación de proyectos que sumaban una inversión de $110.000 millones, se nombró el soterramiento como una obra cumbre.

En agosto de 2011, el entonces secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, encabezó otro anuncio. En la bolsa porteña se lanzó un fideicomiso para conseguir el dinero para la construcción en el mercado, que, pese a la decena de anuncios, nunca estuvo firme. “Es la obra pública más importante realizada en la Argentina en los últimos diez años”, dijo entonces Schiavi. En 2011 hubo un nuevo anuncio cuando llegó la tuneladora y en 2012, cuando se instaló en la trinchera, uno más.

Durante los años de gestión kirchnerista que vinieron, tres de Cristina Kirchner y cuatro de Alberto Fernández, la máquina de 125 metros y que cava un túnel de 12 metros de diámetro jamás funcionó. Estuvo absolutamente quieta pese a que, según el plan original de 2008, el soterramiento del Sarmiento tendría que haberse terminado en julio de 2011.

Durante el gobierno de Mauricio Macri la disyuntiva fue clara: paralizarlo para siempre o empezar de una vez el túnel. Optaron por esta solución y la tuneladora empezó a perforar el suelo bonaerense, desde Haedo hasta Caballito. Pero en 2018, cuando el gobierno de Cambiemos debió ajustar tras el plan acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la obra se quedó sin plata y la tuneladora frenó en Villa Luro. Todavía está ahí.

Además de las dudas sobre la continuidad o no del proyecto, la licitación fue polémica desde el momento de la adjudicación. El consorcio ganador estaba conformado por un líder y tres acompañantes. Quien manejaba la obra era Odebrecht, la empresa brasileña que pocos años después terminaría por ser un ícono del pago de coimas en el país. A su lado estaban Iecsa, de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, la italiana Ghella y la española Comsa.

En algunas de las declaraciones de los ejecutivos brasileños ante la Justicia de su país, reconocieron haber enviado dinero a los funcionarios argentinos. Pero en la Argentina no se tomó como válida esa declaración y aquellos dichos, al menos hasta ahora, no fueron usados como prueba. La impunidad se apropió del asunto.

Arriba del túnel, y por 17 años, la desmejora del entorno urbano aledaño fue notable. Ni la Ciudad, ni los municipios por donde pasa la traza –que corre paralela a la avenida Rivadavia–, ni tampoco la Provincia podían construir nada en la superficie ni en el subsuelo. Todo estaba asignado y reservado a la obra. Ni pasos elevados ni bajo nivel, todo paralizado durante 17 años.

Muchos vecinos convivieron con obradores o con reducción de calzada delante de sus domicilios. Todo estaba abandonado, pero nadie anunciaba formalmente el cierre o la puesta en marcha del proyecto. Finalmente, se tomó una decisión que no dejará de ser polémica. Vendrán ahora decenas de proyectos para darle uso a esa cueva de hormigón enterrada entre la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Pero, por ahora, el camino es el cierre, la preservación de lo que está y el fin de la ilusión de tener una línea de tren subterráneo de 32,6 kilómetros.

Quedará, además, un símbolo de la desidia, un subsuelo más, oscuro y sin sentido, construido por la política. Quedarán, en un país lleno de necesidades, 420 millones de dólares gastados sin sentido.

Fuente: La Nación

Muchos veganos son fanáticos. La afirmación que seguramente moleste a algunos tiene, lamentablemente, basamento real. Convertirse en fanáticos con dificultades a la hora de respetar a los otros y una fuerte tendencia a buscar el choque es lo que los vuelve criticables. No su causa.

Como ya es una lamentable costumbre, un grupo de 15 activistas se hizo presente en la última edición de la Exposición Rural en Palermo para dar visibilidad a sus reclamos y proponer un cambio estructural en la relación humana con otras especies. Vociferando sobre los derechos de los animales, portaban pancartas con leyendas como “Rechazo al especismo”, “Holocausto animal”, “Derechos animales”. Sin episodios de violencia física como los vividos en el mismo espacio en 2019, fueron escoltados en un clima de tensión verbal por personal de seguridad fuera del sector de exhibiciones en medio de abucheos generalizados. Las imágenes registradas se viralizaron rápidamente multiplicando el debate en redes.

Según el ideario vegano, desde un concurso ecuestre hasta una exhibición de ejemplares ganaderos vulneran la integridad y el bienestar animal. El antiespecismo que militan es una filosofía que rechaza la explotación, incompatible con el respeto a la integridad de los seres vivos.

Llama la atención la insistencia en querer persuadir al resto de la sociedad de que todo lo que no es vegano es malo y, mucho más, que algunos fanáticos lleguen al desafortunado extremo de hablar de “holocausto” para oponerse al consumo de carnes

En diciembre pasado, otro grupo de activistas a cara tapada ingresó en el shopping Alto Palermo, entre insultos y cruces violentos, tomando el patio de comidas con carteles con la inscripción “Veganismo o abuso animal” para ilustrar su campaña contra el consumo de carnes.

Llama la atención la insistencia en querer persuadir al resto de la sociedad de que todo lo que no es vegano es malo y, mucho más, que algunos fanáticos del veganismo lleguen al desafortunado extremo de hablar de “holocausto”.

Inimaginable resultaría ver a un grupo de ganaderos irrumpiendo por sorpresa en el mercado central de frutas y hortalizas o en una verdulería de barrio con vacas y a los gritos, con el afán imponer el consumo de carne. No se trata, por cierto, de sembrar una antinomia. Menos aún cuando la complementación de carnes con verduras es recomendada por los profesionales de la salud y la nutrición. Nada mejor que un buen ojo de bife con hojas verdes de la huerta y unos tomates recién cosechados. Convivencia y equilibrio.

Tampoco puede perderse de vista que el planeta sigue padeciendo hambre y que la falta de proteína es una de las desgracias que condena a millones de personas. Cabe preguntarse qué ocurriría si la carne dejara de integrar la dieta alimentaria; seguramente, habría mas hambre, con consecuencias difíciles de imaginar. Las restricciones que impondría una elección alimenticia como el veganismo pueden ser cuestionadas por la calidad de sus nutrientes como por las dificultades para seguir una dieta.

Todos tenemos derecho a opinar con educación y respeto acerca de las distintas cuestiones, pero pretender imponer a otra persona lo que debe comer es una clara expresión de autoritarismo y una muestra de intolerancia hacia quien piensa diferente.

En este plano, también, como sociedad evidenciamos la dificultad para aceptar al otro. Más allá de la validez de tal o cual argumento en el delicado plano de las conductas alimenticias, nunca la violencia puede ser una alternativa para imponer las propias convicciones. Nada más sano que alimentar el respeto.

Fuente: La Nación

Erasmo de Rotterdam (1466-1536), el gran humanista neerlandés, se hizo famoso por su obra Elogio de la Locura donde, con tono satírico, exaltó las ventajas de la estulticia sobre la razón, ya que el alienado, al ignorar que lo es, vive feliz disfrutando de sus necedades. Fue su manera de criticar vicios de clérigos y nobles en un ensayo de enseñanzas benévolas, sin enconos ni asperezas. Con menor sutileza y mayor torpeza, la ex vicepresidenta Cristina Kirchner fustigó a Javier Milei, luego de su séptimo discurso por cadena nacional, tratándolo de “loco y mentiroso” y asegurando que “lo van a sacar con un chaleco de fuerza de la Casa Rosada”.

Erasmo era reconocido por su humor incisivo y, si hubiera sido testigo del entredicho, habría recordado aquel antiguo refrán del muerto que ríe del degollado. Pues, si de ropajes se trata, la condenada a prisión domiciliaria, al predecir la exclusión de Milei como demente furioso, olvidó que ella hubiera ostentado un traje a rayas si Juan Domingo Perón no la hubiera salvado de ese atuendo carcelario cuando lo prohibió en 1947, previendo el futuro infortunio de su discípula.

Suele llamarse “loco Milei” al Presidente, en el mismo sentido que se lo calificó a Sarmiento por su lenguaje procaz y su furibunda crítica a la barbarie, antítesis del ideal ilustrado de progreso. Pero también se lo adjetiva así por haberse metido en una batalla que nunca nadie quiso librar contra los intereses creados, dentro y fuera del Estado. “Este país solo lo puede arreglar un loco” suele escucharse, con referencia a los múltiples frentes abiertos ante la oposición peronista y la izquierda vernácula, proverbiales defensores del statu quo corporativo. Quizás por eso la ocupante de la celda domiciliaria N° 1111 desea su pronto desahucio con camisa embretada.

Sin embargo, ninguna virtud nos ha legado la presa de la calle San José, el primer santo, quien debe implorar desde el cielo el milagro de una mejor vecina. Los cimientos de la sociedad argentina fueron socavados por fraudes al pacto de convivencia tramados en su provecho. El traje a rayas virtual del que nunca podrá desprenderse, no solo es estigma de sus delitos sino también, y en mayor grado, del daño causado al frágil andamiaje que sostiene nuestro cuerpo colectivo.

Nuestro país, crisol de razas, debió “forjar una nación para el desierto argentino” (Halperín Donghi, 1982) a través de la educación común, gratuita y obligatoria que nos destacó en América Latina. Sin embargo, ese capital social que costó tantos años construir con delantales blancos, “Aurora” y el diario izar de la bandera, fue casi destruido durante dos décadas de kirchnerismo. La “locura de Milei” y la herencia de Cristina Kirchner son anverso y reverso de la misma moneda. La demolición ética y el cataclismo económico subsiguiente trajeron, de forma imprevista, a quien se propuso reconstruirlos prometiendo ortodoxia fiscal y motosierra.

En 2011, Roberto Feletti, entonces viceministro de Economía, pidió profundizar el populismo para hacerlo “sustentable” pues, “ganada la batalla cultural contra los medios y triunfando en las elecciones, no tendremos límites”. Cristina Kirchner ya se había declarado hegeliana en favor de un Estado hegemónico, única “eticidad” frente al egoísmo de la sociedad civil. Las bolsas del convento, los cuadernos de Centeno, los hoteles de El Calafate y los billetes de la Rosadita harían infartar al idealista alemán.

Esa batalla cultural contra los valores del trabajo y el esfuerzo, el ahorro y la inversión, el mérito y el progreso, el premio y el castigo los llevaron a cooptar el Estado para “ir por todo” y arrollar a la clase media, muro histórico de contención. Aquella ofensiva incluyó una reversión de la historia argentina, para que los jóvenes creyeran que todo comenzó en 2003. La prédica sistemática inculcó valores opuestos a los que hicieron de la Argentina un gran país. Se reescribió la historia de Mitre, se ridiculizó a Sarmiento, se ignoró a Avellaneda y se denostó a Roca (a quien Perón admiraba). El ideario de Eduardo Wilde, Paul Groussac, Miguel Cané, Carlos Pellegrini y Joaquín V. González fue sustituido por mitos precapitalistas que retrotrajeron a tiempos coloniales.

Se calificó de bueno, lo malo. Y lo peor, de ejemplar. Incumplir obligaciones, violar contratos, controlar precios, congelar tarifas, licuar salarios, digitar jubilaciones, manipular el dólar, limitar importaciones, bloquear exportaciones, aplaudir defaults, falsear índices, aniquilar la moneda, perseguir a la prensa, manipular pautas, malversar recursos, subsidiar tarifas, subvencionar transportes, acrecentar déficits, multiplicar ñoquis, someter intelectuales, subordinar la docencia, emplear adeptos, estatizar actividades, prohibir despidos, impedir desalojos, liberar presos y humillar a los necesitados. Suma de desatinos que afectó la brújula moral del pueblo argentino.

Con la destrucción de la moneda se esfumó el ahorro. Con los controles de precios, se vaciaron las góndolas. Con la escasez, prosperó el mercado negro. Con las leyes de locación desaparecieron los alquileres. Con el cepo cambiario se detuvieron las fábricas, salvo de los amigos. Con la degradación de la escuela pública se incrementó la desigualdad educativa. Con el adoctrinamiento escolar se obturó el pensamiento crítico. Con la falta de inversión se redujo el empleo regular. Con la falta de trabajo formal se desarticularon las familias. Con la informalidad se desfondó el sistema previsional. Con el clientelismo se politizaron las oportunidades. Con el garantismo se privilegió a los victimarios. Con la mayor inseguridad se dañó la vida comunitaria. Con los ejemplos de corrupción se hizo habitual lo condenable.

Especulación, picardía, emigración de los mejores y fuga de capitales fueron la respuesta espontánea ante la desaparición del Estado austero y eficaz que preveía la Constitución de 1853. Tras el telón de los nuevos derechos se expandieron la pobreza, el desempleo, la informalidad y los planes sociales, el abandono escolar, la violencia familiar, la desnutrición infantil, el negocio del paco y el delito para obtenerlo. Se multiplicaron los punteros, manteros, cartoneros y okupas con sus tomas, marchas, piquetes y acampes. Esa fue la nueva normalidad luego de dos décadas de “razón populista”, al decir de Ernesto Laclau, que aún permea la cultura de los argentinos.

Aquellos desatinos deben erradicarse para que el país se ponga de pie. No solamente en la economía, sino también en las instituciones, los valores, las ideas y creencias, las reglas no escritas y los códigos compartidos de convivencia social. Se requieren sólidos consensos que aseguren la perdurabilidad de las transformaciones. No bastan las medidas del Banco Central, ni de Hipólito Yrigoyen 250, pues el cambio sustentable pertenece al ámbito elusivo de la política, dominada por el corto plazo, con sus tácticas, sus votos y sus vetos. Las urnas deberán corregir el rumbo pues de lo contrario la brújula seguirá confundida y un nuevo naufragio será inevitable. Aunque parezca “cosa de locos” como diría Erasmo, el humanista, desde su mirador histórico.

Fuente: La Nación

Las reducciones introducidas en los derechos de exportación sobre productos agrícolas han dejado la carga tributaria total para los propietarios y arrendatarios de la zona núcleo entre el 53% y el 70%, y entre el 68% y el 112%, para los de las áreas extra pampeanas, según estudios dignos de crédito.

Esto quiere decir que el gesto del presidente Milei, hecho en la Exposición Rural de Palermo, y sin duda valorado por el campo, ha sido poco, muy poco en términos directos. Nada se diga, entonces, en comparación con las ventajas acordadas a las empresas acogidas al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Estas cuentan, entre otros beneficios que regirán por tres décadas, con deducciones al impuesto sobre las ganancias, devolución de IVA y amortización acelerada de bienes.

Se explica perfectamente esa situación especialísima establecida para nuevas inversiones en un país al que se rehúye por su historia de impagos reiterados en sus compromisos financieros, defaults en toda la letra en nueve ocasiones, y ruptura inesperada de normas de todo calibre institucional de un día a otro.

Para colmo, hombres como el gobernador de Buenos Aires, Axel Kiciloff, continúan en el centro de la escena política de la provincia de Buenos Aires, con su decisivo 37% del padrón electoral nacional, en lugar de haberse retirado hace tiempo a cuarteles de invierno. ¿Qué pueden esperar los inversores extranjeros o nacionales de un político que en el ejercicio de altas funciones públicas se atrevió a decir que eso de “la seguridad jurídica es un concepto horrible”? ¿Quién podría decir algo equivalente en su sano juicio?

De modo que hay situaciones excepcionalísimas que no admiten comparación en un país que esté dispuesto seriamente a rehacerse después de los estragos hechos aquí por el populismo de izquierda. No serán nunca suficientes las veces en que se señale a esa índole de populismo por lo delirante de sus propuestas económicas; también por la desvergüenza con la que actúa en sus proposiciones políticas a pesar de hechos gravísimos de corrupción como los que llevaron a la condena de la expresidenta Cristina Kirchner.

A esta altura no basta con que pueda decirse de un político que no roba. Debe también probarse que es ajeno a un mundo en el que funcionarios, legisladores, intendentes y concejales han saqueado sistemáticamente en su provecho las arcas fiscales de una provincia.

Los anuncios del Presidente en la Rural de Palermo trajeron algún alivio, no más que eso. Se había llegado al absurdo de que en muchas partes del país los márgenes de rentabilidad del campo fueran negativos, a menos de que se obtuvieran rendimientos por encima de los promedios ordinarios. Esto es algo que no suele depender del hombre, sino de las variaciones de la naturaleza.

Piénsese, además, que no menos del 65% de las tierras cultivadas están sometidas a algunos de los regímenes posibles de arrendamiento, con lo cual se potencian las exigencias en productividad a fin de no perder el dinero que se aplica al emprendimiento. Los números siguen apremiando para quienes quieran producir.

Aun así, la siembra de soja, maíz y trigo inyectará en el mercado durante la campaña 2025/26, según reflexiones de Néstor Roulet, exvicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, alrededor de 24.600 millones de dólares en concepto de siembras, insumos y labores. Si a eso se agrega el llamado costo de oportunidad de la tierra, esa suma se elevaría en otros 3000 millones de dólares.

Los riesgos de trabajar e invertir a cielo abierto están asumidos por los productores agropecuarios desde tiempo inmemorial; incluso, con los riesgos de hacerlo bajo las condiciones más extremas, de un tiempo a esta parte, provocados por un cambio climático cuyas consecuencias finales sobre la humanidad no parecen haber sido comprendidas por algunas potencias dominantes en el mundo. Lo que es imposible de asumir para los productores es la continuidad de un destrato de décadas y que se prolonga, más allá de los discursos, en la presidencia de quien ha descalificado en durísimos términos la existencia de retenciones sobre las exportaciones agropecuarias.

El costo fiscal de la reducción de los DEX para la soja del 33% al 26%, y para el maíz, el trigo, la cebada y el sorgo del 12 al 9,50%, ha sido del 0,2% del PBI. No parece ser un costo excesivo para el Estado: recaudó 7728 millones de dólares por retenciones al campo en 2024, y recaudará, según estimaciones bastante generalizadas, unos 8000 millones de dólares al final de la campaña en curso.

La Bolsa de Cereales de Rosario ha considerado que, con solo las módicas reformas hechas semanas atrás –eso sí, con carácter permanente, y no provisional, como había sucedido este año con algunos cultivos–, la producción agroindustrial crecerá para 2035 el 8%. Ese aumento determinará que, con relación a la cosecha de 2024/25, que fue de 105,6 millones toneladas de granos, en diez años más sea de 115,71 millones de toneladas.

Las entidades agropecuarias han dicho hasta el cansancio que no quieren subsidios ni compensaciones como los que reclaman con una constancia digna de otros objetivos los relacionistas públicos de industrias que no saben, o no pueden, resolver cuestiones propias que atañen a su rentabilidad sin auxilio del Estado. El campo solo pide que no se levanten obstáculos insalvables contra su creatividad e innovaciones tanto en materia agrícola como ganadera; no más que eso.

Según datos del Indec, los tres principales cultivos –por dar un ejemplo– generaron en 2024 divisas por 29.650 millones de dólares. Es un número más que destacado en el conjunto de la economía nacional. La soja, al tope del ranking de ingresos por exportaciones, batió el record, con 19.624 millones de dólares.

Casi a las puertas de dos elecciones importantes para el futuro inmediato y a mediano plazo del país, como serán las del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, y las del 26 de octubre en el orden nacional, la radiografía que dejamos expuesta procura obrar como un recordatorio: no puede, no debe haber en esas jornadas un espacio venturoso para quienes han conspirado siempre en desmedro del sector con más relevantes contribuciones al interés general de los argentinos.

Llama la atención que el gobierno de Javier Milei se haya desprendido de nada menos que 160 funcionarios de alto rango en sus primeros 600 días de gestión. Pero lo que más sorprende es que, dentro ese grupo de hombres de Estado designados oportunamente por el propio presidente de la Nación, figuren algunos funcionarios que han dado sobradas muestras de idoneidad en sus puestos, además de contar con valiosos antecedentes para desempeñar altas funciones en el sector público.

Uno de los casos más asombrosos es el de Miguel Blanco, desplazado el mes último de la titularidad de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), máximo organismo de control interno de la administración pública nacional.

Contador público con una dilatada trayectoria en la vida empresarial, Blanco había sido designado al frente de la Sigen al poco tiempo de asumir el actual gobierno nacional. No tenía pertenencia al grupo de dirigentes más cercanos a Milei, pero sus antecedentes lo hicieron merecedor de ser invitado a ocupar un cargo clave, para el que se requieren independencia política y honestidad. Además de haber pasado por distintas empresas, el funcionario saliente había sido presidente de IDEA y coordinador del Foro de Convergencia Empresarial, entidades que aportaron una moderna visión para la solución de los problemas del país.

Frente a una administración pública elefantiásica y plagada de nichos de corrupción como la argentina, el papel de la Sigen se torna tan necesario como determinante para que los funcionarios a cargo de la ambiciosa desregulación y transformación del Estado que se ha propuesto el presidente Milei cuenten con información valiosa que les permita avanzar con ese cometido. Y nada puede objetársele al extitular de la Sigen, quien llevó a cabo un trabajo prolijo y revelador, que sirvió de base para fundamentar no pocas disoluciones de organismos públicos que sobresalían por su ineficiencia, cuando no por graves irregularidades.

Una de las últimas auditorías más importantes se centró en las irregularidades en el registro y financiamiento de comedores escolares. Se registró que de las más de 54.000 inscripciones en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (Renacom), el 87% presentaba irregularidades tales como duplicaciones o direcciones inexistentes, en tanto que más de 38.000 establecimientos nunca habían sido auditados físicamente.

El extitular de la Sigen Miguel Blanco llevó a cabo un trabajo prolijo y revelador, que sirvió de base para fundamentar no pocas disoluciones de organismos públicos

Durante la gestión de Blanco, la Sigen informó también innumerables anomalías en otros organismos y en fondos fiduciarios.

Así, por ejemplo, la Sigen detectó, respecto del funcionamiento del Fideicomiso de Participación Público Privada Red de Autopistas y Rutas Seguras, la inexistencia de información necesaria para cumplir con la normativa vigente sobre prevención del lavado de activos. Determinó también la existencia de irregularidades en el desenvolvimiento del Fondo Nacional de Manejo del Fuego, del Fondo de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria, del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico, del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, anomalías que sirvieron para justificar la disolución de esos fondos.

No menos relevante fue el informe de la Sigen que, al evaluar el desenvolvimiento del controvertido Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu), observó la adjudicación de determinadas obras a cooperativas que no acreditaron fehacientemente antecedentes de especialidad e idoneidad para el cumplimiento de la prestación requerida. Algo parecido fue advertido en el Fondo Fiduciario de Capital Social (FFCS), donde la Sigen detectó, en línea con lo realizado en el ámbito del Ministerio de Economía, debilidades en los procesos de rendición de cuentas o registración de información administrativa, contable y financiera, y ausencia de monitoreo y control. En el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear), el órgano de control observó numerosas falencias, tales como la demora en la entrega de viviendas, con los consecuentes mayores costos de mantenimiento, vigilancia y gastos de expensas; numerosos reclamos por falta de condiciones de habitabilidad de las unidades entregadas y la falta de actualización de los manuales de procedimiento, además de una gestión que no ha sido transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común. Se trató de elementos suficientes para que el Poder Ejecutivo ordenara la disolución y liquidación del Procrear.

Esta enumeración de acciones nos lleva a preguntarnos por la razón de la intempestiva salida de un funcionario idóneo e independiente como Blanco, que estaba conduciendo a la Sigen por el camino correcto.

Como en otras ocasiones, las sospechas estarán a la orden del día. Seguirá por ahora llamando la atención que Milei aplique la guillotina sobre funcionarios probos –desalentando de ese modo la posibilidad de que otros profesionales valiosos del sector privado puedan incorporarse a la gestión pública– y no vuelen por los aires otros colaboradores que han merecido severos cuestionamientos e incluso impugnaciones éticas. Especialmente, luego de que, como reveló una investigación periodística de LA NACION publicada el 10 del actual, continúan los “peajes” en ámbitos como la Aduana, donde quienes cobran coimas siguen operando en las sombras.

Fuente: La Nación

El país se encuentra ante una tragedia sanitaria: ya son 87 los muertos reconocidos por la Justicia asociados con la administración de fentanilo contaminado en centros de salud de varios distritos. Pero ese número podría crecer en las próximas horas de confirmarse muchos otros en estudio. A pesar de la gravedad de la situación, buena parte de la dirigencia política, empresarial de la salud y de la Justicia no actuó con la celeridad que amerita semejante panorama.

Por lo que se sabe hasta el momento, ninguna de estas muertes habría sido provocada por causas naturales, sino como consecuencia de una cadena de negligencias, irregularidades y posibles delitos sobre un tema en el que un sector de la política, en vez de requerir informes y de actuar con rapidez, vino retaceando colaboración, eligiendo el camino del silencio, cuando no de la indiferencia.

Recién ayer se acordó en Diputados un pedido de informes sobre los graves problemas vinculados con el fentanilo adulterado que se vienen relevando desde abril pasado, cuando se registró un brote de enfermedades respiratorias en el Hospital Italiano de La Plata. Una investigación interna del centro de salud arrojó como resultado restos de bacterias en ampollas de fentanilo que recibieron diversos pacientes.

Durante la reunión de la Comisión de Salud realizada en la Cámara baja se aprobó un dictamen unificado con 26 preguntas al Poder Ejecutivo para determinar responsabilidades, fallas de control y qué medidas adoptaron sobre este dramático asunto las autoridades de los distritos donde se registraron esos fallecimientos.

El pedido de informes será girado directamente al Poder Ejecutivo sin necesidad de que pase por el recinto, una decisión superadora del lamentable espectáculo de la semana pasada dado por el bloque kirchnerista, que decidió dejar sin quorum la sesión en la que precisamente la diputada de Pro Silvana Giudici pedía que se votara ese reclamo al Poder Ejecutivo y se constituyera una comisión investigadora.

El Congreso tiene la facultad y la obligación de investigar, los poderes ejecutivos deben colaborar y la Justicia debe avanzar con celeridad, aunque eso signifique incomodar a actores poderosos

“Presentamos el proyecto cuando había 30 muertos y hoy nos enteramos de que ya son 90. La causa debe acelerarse”, dijo Giudici durante una conferencia de prensa previa a la reunión de comisión en la que quedaron unificados proyectos presentados en sentido similar por Pro, el socialismo, la UCR y Unión por la Patria. Pablo Yedlin, presidente de ese cuerpo parlamentario, opinó ayer: “Me atrevo a decir que esta es la peor situación de intoxicación medicamentosa desde que existe la Anmat”, organismo al que reclamó que se explique cuáles fueron los signos de alarma, si hubo pedidos previos al laboratorio, cuándo se supo de la contaminación de uno de los lotes del medicamento, cuándo se dio aviso de esa anomalía y en qué momento se dejó de usar.

Giudici, por su parte, puso el foco en determinar la cadena de producción y comercialización del fentanilo por parte de los laboratorios HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, la trazabilidad del medicamento dentro del sistema de salud, la actuación de organismos de control como la Anmat y, lo más inquietante para ciertos sectores del poder, la eventual complicidad o desidia de funcionarios y exfuncionarios públicos en los distritos que adquirieron esos insumos sin los necesarios ni suficientes controles.

Precisamente, entre los fundamentos de su proyecto se sostiene como “un antecedente de suma gravedad” que, entre 2020 y 2021, coincidentes con el período de pandemia y la gestión del último gobierno kirchnerista, “se haya habilitado la participación de actores privados sin antecedentes confiables en negociaciones sanitarias críticas, como lo fueron las vinculadas a la vacuna Sputnik V contra el Covid-19”, y que “diversas fuentes, cuya veracidad ha sido ratificada por múltiples allanamientos y actuaciones oficiales posteriores a 2024, revelan que HLB Pharma fue adquirida en 2017 por Ariel García Furfaro, empresario vinculado a estructuras políticas del anterior gobierno, y que esta firma habría mantenido aparentes vinculaciones con funcionarios públicos, algunos en actual ejercicio de funciones, como el intendente Mario Ishii”.

Si los hermanos García Furfaro, ligados en el pasado a Lázaro Báez, a empresas fantasma y a licitaciones millonarias con intendencias kirchneristas, lograron consolidar un negocio tan turbio fue porque el Estado miró hacia otro lado o directamente decidió habilitarlo, ya sea por negligencia o por conveniencia.

El juez Ernesto Kreplak, a cargo de la causa, tampoco ha demostrado la celeridad que una tragedia de esta magnitud exige. Las medidas judiciales llegaron tarde, la documentación de la trazabilidad se “perdió” tras un supuesto robo y, hasta ahora, no hay detenidos. Tampoco ha sido apartada ninguna autoridad de control, ni nacional ni provincial, a pesar de que el Ministerio de Salud bonaerense, cuya gestión encabeza Nicolás Kreplak, hermano del magistrado, fue uno de los principales compradores del fentanilo distribuido por HLB Pharma.

Urge desentrañar qué ha provocado tantas muertes y juzgar y condenar a los responsables de tamaña tragedia. Hasta hoy no hay detenidos y las muertes se siguen sumando

Frente a esta cadena de barbaridades, la dolorosa y exigente voz de las víctimas no puede ni debe ser desoída. Esta semana, previamente a la reunión de comisión, familiares de los fallecidos se entrevistaron con un grupo de diputados nacionales para expresar su angustia, su sensación de abandono y su reclamo de justicia.

Al salir de ese encuentro, el hermano de Leonel Ayala, un joven de Florencio Varela que falleció en el Hospital Italiano de La Plata, aseguró: “Es una crisis sanitaria, una emergencia y una catástrofe, producto de dos laboratorios que hicieron un desastre a nivel nacional. Las cosas –dijo– no son claras”.

La creación de una comisión investigadora no es una concesión ni un mero recurso parlamentario. Si el Congreso renunciara a ejercer el control sobre hechos gravísimos que afectan directamente la vida de los ciudadanos, pondría en juego la vigencia misma del Estado de Derecho.

Semejante cantidad de muertos por causas evitables (cifra que ya supera a los 85 fallecidos durante el atentado contra la AMIA y a los 51 de la tragedia ferroviaria de Once) no puede quedar impune.

Como en el pasado ocurrió con la oscura comercialización de efedrina en nuestro país –negocio millonario que se derrumbó en agosto de 2008, cuando aparecieron los cadáveres de los empresarios Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina en un descampado de General Rodríguez–, el fentanilo también es enorme motivo de preocupación. Se trata de un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína y muy requerido por el narcotráfico, que está causando estragos en diversos países, entre ellos, en los Estados Unidos, tanto en las bases de la industria farmacéutica como en laboratorios clandestinos y en el consumo, que está llevando a la muerte a muchas personas.

El Congreso tiene la facultad y la obligación de investigar, los poderes ejecutivos deben colaborar y la Justicia debe avanzar con celeridad e independencia, aunque eso signifique incomodar a actores poderosos. Lo que escape de ese riel institucional no puede ser entendido como otra cosa que no sea desidia o complicidad. Mientras tanto, más muertes se suceden, los responsables están libres y la falta de respuestas resulta inaceptable.

Fuente: La Nación