Categoría: Entrevistas

Como parte de un fenómeno global, el mayor uso de celulares y redes entre niños y jóvenes ha incrementado también las denuncias por difusión de fotos y videos explícitos de menores. En 2023, solo en la ciudad de Buenos Aires, hubo casi 100.000 denuncias. Desde el Ministerio Público bonaerense, se instruyeron más de 3300 causas penales por pedofilia, con 111 acusados, a las que se suman más de 4000 expedientes por los llamados NCMEC CyberTipline (National Center for Missing & Exploited Children), una alerta emanada desde Estados Unidos por distribución de material sobre abuso sexual infantil con la que nuestro país mantiene acuerdos.

En agosto último se realizaron más de 52 allanamientos en 13 provincias como parte del operativo internacional Aliados por la Infancia V, con 22 detenidos solo en el país y numerosos equipos secuestrados, además de rescatarse menores que vivían con los agresores. En febrero, se realizó el Operativo Nueva Era IV, a partir de cuyas imágenes secuestradas se confirmaron unas 495 víctimas menores de edad, permitiendo identificar a 27 sospechosos, tres de los cuales quedaron detenidos. En mayo, la operación Caída on line condujo a apresar a un agresor sexual de alta peligrosidad, a quien se le encontraron unas 80 mil imágenes de niños de entre dos y siete años siendo abusados sexualmente.

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La principal motivación para estos crímenes, además de la perversión, es económica, pues las imágenes se venden en la <i>deep web</i> y en redes internacionales

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El Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Material de Abuso Sexual Infantil y Grooming de la Procuración General llevó adelante el Operativo Cisne Negro. En ese marco, se detectó al usuario de una computadora, sin antecedentes registrados, desde la que se distribuían imágenes de abuso infantil, un delito con una irrisoria pena de uno a seis años de prisión que lejos está de contemplar lo aberrante de los crímenes. Para ello se utilizó el software Child Protection System (CPS), provisto por la Child Rescue Coalition de Estados Unidos. Al irrumpir en un PH de Ituzaingó encontraron al agresor sexual con un manual a la vista de 10 páginas, con indicaciones sobre cómo abusar de un menor, filmarlo y compartirlo por internet. Se le secuestraron también además de los dispositivos electrónicos, aparatos sexuales y muñecos de bebés que utilizaba.

La revisión de los archivos encontrados condujo a identificar a sus sobrinas de ocho y diez años y al hijo de una pareja anterior del acusado filmados en el domicilio, todo lo cual permitió agravar la imputación y confirmar el procesamiento del técnico informático de 35 años. Apodado “el monstruo de Ituzaingó”, el mayor distribuidor de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) tenía 110.000 archivos con imágenes de menores en aberrantes situaciones.

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Aunque pensemos que los niños están seguros en sus casas, muchas veces viven sumergidos en una selva de depredadores sexuales en sus dispositivos

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Hace unos días, en La Plata, como parte de una nueva fase del Operativo Prisma, 19 allanamientos simultáneos permitieron secuestrar equipos y dispositivos, arrestándose a los implicados que se encuentran ahora investigados.

Es importante tener en mente que la producción de estos materiales puede originarse con una víctima presente siendo abusada, o de manera virtual, a través de modalidades como el ciberacoso, con engaños y extorsiones. La principal motivación para estos crímenes, además de la perversión, es económica, pues las imágenes se venden en la deep web y en redes internacionales.

Ante al aumento de estos delitos aberrantes todo lo que se realiza es poco. Correspondería incrementar sin demora las penas y habilitar la identificación y difusión de los abusadores, con foto y nombre. En simultáneo, poner sobre la mesa estos temas, acompañando de cerca a inocentes niños y jóvenes para evitar que caigan tan fácilmente en estas perversas trampas, tantas veces también amenazados por familiares de sus propios entornos. Aunque pensemos que están seguros en sus casas, muchas veces viven sumergidos en una selva de depredadores sexuales en sus dispositivos. Protegerlos es un imperativo.

Fuente: La Nación

Un reciente relevamiento realizado por la Unión Industrial Argentina (UIA) demuestra la exorbitancia de las tasas municipales, que no solo inciden en los precios, sino que también impactan gravemente en la presión tributaria sobre las empresas.

El informe del Departamento de Política Tributaria de la UIA muestra que las empresas industriales pagan en promedio 7,4 tasas municipales, al tiempo que de un total de 495 tasas reportadas en todo el país, el 80% de ellas no cuentan con contraprestación alguna. En promedio, cada localidad municipal tiene 1,4 tasas, aunque hay más de 30 municipios relevados donde el promedio es de dos o más. A su vez, durante 2024, se crearon seis nuevas tasas a nivel país.

La doble imposición, la falta de proporcionalidad y la ausencia de contraprestación individual se encuentran entre los principales problemas señalados por las compañías que participaron del mencionado relevamiento.

Las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Jujuy, Entre Ríos y Misiones son las que tienen mayor cantidad de tasas por locación municipal.

Uno de cada tres pagos corresponde a la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH), lo cual explica el 0,7% de la recaudación total y el 1,8% del precio de diversos productos.

Según el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la TISH forma parte de los principales diez tributos que explican el 92% de la recaudación total en los tres niveles de gobierno en nuestro país. La alícuota promedio de esta tasa se elevó del 0,79% en 2022 al 0,85% en 2024. Sobre un total de 45 municipios relevados en todo el país, 13 subieron esa alícuota, 31 no tuvieron cambios y solo uno la bajó.

El dato más sorprendente es que, de acuerdo con el relevamiento de la UIA, el 81% de las tasas municipales demuestra ausencia de servicio, el 51% falta de proporcionalidad y el 35%, doble imposición.

En relación con la ausencia de contraprestación y falta de proporcionalidad, sobresalen la TISH y la Tasa de Abasto, aunque a ellas hay que sumar la Tasa de Habilitación de Actividades Económicas (THAE) y la de la Red Vial. A su vez, la TISH y la THAE presentan niveles de doble imposición.

El principal componente de la recaudación municipal está en manos de la TISH con el 30%, seguida por la del Abasto, con el 23%, y la THAE, con el 17%.

Tanto la TISH como la THAE se aplican sobre las mismas bases imponibles, sobre la facturación de las empresas, lo que desnaturaliza la aplicación de las tasas, en contradicción con la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de la necesidad de prestación de un servicio por parte del municipio en forma concreta, efectiva e individualizada. Muchas veces el servicio directamente no se presta; en otras ocasiones, es meramente potencial, en tanto que en muchos casos, ni siquiera se encuentra organizado.

Se ha visto además que, en oportunidades, los municipios intentan aplicar tasas que no han sido publicadas en los respectivos boletines oficiales, lo cual ha merecido la nulidad por parte de la Justicia.

A la frecuente lentitud del avance de las discusiones en el Poder Judicial, vinculadas con demandas de inconstitucionalidad de las tasas, se añade el hecho de que, una vez superada la instancia administrativa, la impugnación judicial requiere del vetusto requisito del pago previo, que desalienta la acción.

En los últimos meses, la Justicia ha pasado a tener un papel preponderante en la resolución de una disputa entre no pocos municipios bonaerenses que aspiran a poder seguir cobrando tasas municipales a través de las facturas de servicios públicos tales como la distribución de electricidad, del gas o del agua, y la Secretaría de Comercio e Industria de la Nación, que con buen tino limitó esa posibilidad. Recientemente, el Juzgado Federal de Campana le dio la razón a la Municipalidad de Escobar y la habilitó a cobrar tasas de alumbrado mediante las boletas de Edenor. Sin embargo, el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo de San Martín rechazó los amparos de otros siete municipios bonaerenses en contra de la medida del gobierno nacional.

Cuando los fiscos cobran tasas exorbitantes sin contraprestación real, estamos claramente ante una apropiación ilegítima de recursos de los contribuyentes a la cual es necesario poner fin si aspiramos a vivir en un país serio. Del mismo modo, las autoridades deberán consagrarse a achicar gastos o incentivar la actividad económica para financiarse con recursos propios genuinos y no con exacciones ilegales.

Fuente: La Nación

La noticia de que en Mar del Plata apareció —y volvió a desaparecer, como en un mal guion de novela para finalmente recalar en manos de la Justicia— un cuadro expoliado por los nazis en los Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial debería provocar algo más que curiosidad o morbo mediático. La pintura, conocida como Retrato de dama y atribuida a Giuseppe Ghislandi, pertenecía al marchante judío Jacques Goudstikker y permaneció fuera del radar de la justicia internacional durante casi ochenta años. Su irrupción en nuestro país, en manos de descendientes del jerarca nazi Friedrich Kadgien, refugiado en la Argentina en épocas oscuras, expone con crudeza un vacío normativo que nos interpela como sociedad.

La Argentina ha suscrito compromisos internacionales de enorme valor simbólico sobre el saqueo nazi, como los Principios de Washington de 1998 o la Declaración de Terezin de 2009. Sin embargo, ambos son no vinculantes: expresan propósitos loables, pero no crean obligaciones jurídicas exigibles. Tampoco nuestras leyes internas o los tratados internacionales que hemos suscripto ofrecen herramientas ágiles y contundentes para responder a reclamos de restitución de bienes culturales expoliados por el nazismo. Aunque casi no ha habido casos, su posible “solución argentina” es previsible: un terreno pantanoso en el que se entremezclan herencias privadas, plazos prescriptivos, lentitud de la Justicia, dificultades probatorias y, por encima de todo, una carga moral imposible de soslayar.

No se trata solo de un problema jurídico. Está en juego el modo en que la Argentina se presenta ante el mundo. En materia de memoria histórica, los países muestran quiénes son cuando afrontan cuestiones que exceden lo local y comprometen a la humanidad entera. La manera en que reaccionamos frente a casos de expolio nazi revela hasta qué punto nos sentimos parte de Occidente y de sus valores compartidos: justicia, reparación y respeto a la dignidad de las víctimas.

Es comprensible que nuestro país enfrente innumerables desafíos más urgentes, desde la inflación hasta la inseguridad. Pero el hecho de que los problemas estructurales sean múltiples no debería excusar la inacción frente a un asunto que nos coloca en el foco internacional y que toca fibras sensibles de la memoria colectiva. Una legislación clara, eficaz, contundente y vinculante en materia de restitución de bienes expoliados —sean por el nazismo, por conflictos armados o por tráfico ilícito— es una deuda que la Argentina no puede seguir postergando.

Cada vez que un objeto robado reaparece entre nosotros y nos sorprende como un visitante incómodo, nos recuerda que seguimos sin un marco legal adecuado. Resolverlo no solo honraría la memoria de las víctimas del Holocausto: también mostraría que somos capaces de reaccionar como un país inserto de lleno en la comunidad de naciones que se toma en serio la protección del patrimonio cultural de la humanidad.

Al fin y al cabo, si no se actúa con destreza, aun dentro del marco jurídico vigente, lo que la familia Kadgien podría llegar a conservar en sus paredes ya no será propiamente una obra de arte. De ella difícilmente emane goce estético alguno, sino apenas la memoria lacerante de uno de los mayores horrores que la humanidad ha cometido. Y si el retrato de aquella dama —tan poco agraciada que difícilmente podría despertar otra emoción— se mantuvo colgado durante décadas, acaso lo fue más como emblema de una aberración cometida por un funcionario nazi que como testimonio de belleza.

Fuente: La Nación

Por dolorosa que sea, la derrota que experimentó anteayer la fuerza política de Javier Milei en los comicios de la provincia de Buenos Aires puede ser una oportunidad. Fundamentalmente, para que el presidente de la Nación realice una correcta lectura del mensaje de las urnas y sea capaz de replantear un estilo innecesariamente cargado de hostilidad hasta hacia quienes procuran hacerle llegar críticas constructivas con el propósito de que le vaya bien. También, para que el primer mandatario evalúe cambios en una estrategia política que lo ha conducido a sucesivos fracasos parlamentarios que, de persistir, demorarán o frustrarán las indispensables reformas estructurales que la economía argentina precisa.

Si bien la mayoría de los analistas políticos y económicos descontaba la posibilidad de un traspié en el mayor distrito electoral del país, donde el peronismo gobierna en el 62 por ciento de los municipios de la provincia, la abultada diferencia de 13 puntos cosechada por la coalición kirchnerista Fuerza Patria sorprendió a todos e impactó en los mercados, donde el riesgo país superó la barrera de los 1000 puntos básicos, al tiempo que la presión sobre el dólar llevó a la moneda estadounidense muy cerca de la banda superior de flotación cambiaria fijada por el Gobierno.

Hubo un error político de origen por parte de Milei, quien pretendió convertir una elección provincial y municipal, traccionada por intendentes y líderes territoriales, en una batalla cultural de alcance nacional. La siguiente equivocación del líder de La Libertad Avanza pasó por delegar el armado político bonaerense en dirigentes que brillaron por su impericia e inexperiencia, como su hermana Karina Milei y Sebastián Pareja. Su empecinamiento en que todo fuera “violeta o nada” dejó un gran número de potenciales aliados heridos, y hubo jefes comunales que, pudiendo haber acompañado a los libertarios, se vieron marginados y forzados a concurrir a las elecciones con el sello de terceras fuerzas. Se dividió así al electorado no peronista.

Hay números que hablan por sí solos. La Alianza La Libertad Avanza, compuesta por los libertarios y por Pro, obtuvo el domingo último el 33,7% de los votos, cuando ambas fuerzas políticas, yendo separadas en las elecciones provinciales de 2023, sumaron el 51% de los sufragios, esto es, 17 puntos más que ahora. La conclusión es que un buen porcentaje de votantes afines al partido liderado por Mauricio Macri optó por quedarse anteayer en su casa o por apoyar a otras expresiones políticas.

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El presidente de la Nación y quienes lo asesoran deberán entender que la ciudadanía que lo votó no le dio mandato para burlarse de su propio electorado, ni para llamar “mandriles” o “kukas” a quienes advierten de buena fe sobre sus errores, ni mucho menos para militar el negacionismo frente a escándalos de corrupción

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Quedó la sensación de que en buena parte de esa porción del electorado pesó más el desencanto con algunas actitudes del gobierno de Milei que el miedo a un regreso del kirchnerismo al poder nacional, cosa que, por otra parte, no estaba en juego en estas elecciones de legisladores y concejales de la provincia de Buenos Aires. El presidente de la Nación y quienes lo asesoran deberán entender que la ciudadanía que lo votó no le dio mandato para burlarse de su propio electorado, ni para llamar “mandriles” o “kukas” a quienes advierten de buena fe sobre sus errores, ni mucho menos para militar el negacionismo frente a escándalos de corrupción como los que se destaparon en la Agencia Nacional de Discapacidad. Precisamente, casos como el derivado de las declaraciones atribuidas a Diego Spagnuolo y la tardía reacción del Gobierno contribuyeron al cuestionamiento de la propia narrativa libertaria contra los curros de la política y el discurso anticasta, que constituyeron una de las principales banderas que posibilitaron la llegada de Milei a la Casa Rosada.

Ni bien confirmado el resultado electoral en el distrito bonaerense, el Presidente anunció: “De cara al futuro, vamos a corregir todos nuestros errores”. No dio precisiones sobre esas equivocaciones, ni dijo si se refería a las vinculadas con el armado electoral en la provincia o con el atroz silencio que siguió al escándalo derivado de las grabaciones que mostraba a uno de los funcionarios en su momento más cercanos al jefe del Estado confesando que proveedores de medicamentos para personas con discapacidad pagaban retornos.

De la interpretación que Milei y los integrantes de su flamante mesa política anunciada ayer dependerá que la derrota electoral del domingo último sea una advertencia o el anticipo de un golpe mayor aún en las elecciones nacionales previstas para el 26 de octubre.

Hay datos que invitan a no dar por muerto al oficialismo. En primer lugar, que -pese a la desacertada insistencia de Milei en nacionalizarlas- las elecciones bonaerenses tuvieron como protagonistas a jefes comunales que ponían en juego la gobernabilidad en sus distritos y que, en octubre, no se enfrentarán a ese peligro. En segundo lugar, que dentro de casi 50 días el peso de aparatos políticos, como el que maneja el peronismo en la mayor provincia del país, será mucho más acotado, puesto que regirá el sistema de boleta única en papel. Finalmente, el hecho de que los casi 4 millones de votos que obtuvo la fuerza liderada por Axel Kicillof representan apenas el 28% del total de ciudadanos empadronados. Cuatro de cada diez votantes se quedaron en sus casas y tres de cada diez apoyaron a otras coaliciones políticas. El escenario dista de estar cerrado.

Fuente: La Nación

En los últimos días, un juez federal en lo civil y comercial ha intentado impedir la difusión en la prensa de audios presuntamente grabados en la Casa de Gobierno y vinculados al escándalo de sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que contendrían declaraciones hechas en forma privada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Tanto la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) como colegios de abogados y reconocidos especialistas en derecho han cuestionado con acierto esa decisión judicial, por cuanto representa una ilegítima limitación de las libertades de expresión y de prensa.

Conviene recordar un principio elemental: en la Argentina no existe la censura previa. Así lo dispone el artículo 14 de la Constitución Nacional al consagrar el derecho de publicar ideas “sin censura previa” y lo reafirma el artículo 32, que prohíbe al Congreso dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que impedir la difusión de información antes de su publicación resulta incompatible con el sistema republicano y democrático. El control judicial y la determinación de las responsabilidades ulteriores por eventuales excesos pueden hacerse efectivos después de la publicación, pero nunca antes.

En otras palabras, el Estado tiene derecho a investigar y sancionar los posibles delitos, pero no puede impedir de manera anticipada la difusión de una información.

Es cierto que la Constitución protege la inviolabilidad de la correspondencia y los papeles privados (artículo 18), al igual que el derecho a la intimidad (artículo 19). Sin embargo, esa protección encuentra un límite en el caso de los funcionarios públicos: quienes ejercen cargos de importancia institucional deben tolerar un mayor nivel de escrutinio, mientras la información posea relevancia para el interés público.

La eventual irregularidad en la obtención de los audios y la estrategia de filtrarlos en cuotas no pueden justificar una medida de censura previa, como la que prohíbe su difusión por la prensa. Será tarea de la justicia penal investigar el origen de esos registros y sancionar a quienes hayan actuado desde la opacidad clandestina.

El periodismo, por su parte, debe cumplir con su función irrenunciable: informar con responsabilidad a la ciudadanía sobre todo lo que esta tiene derecho a saber, en tanto reconozca interés público, especialmente si acontece en el seno del poder político.

La distinción es clara: la ilicitud en la obtención es materia de investigación penal; la difusión periodística, cuando se vincula al interés general y al control ciudadano de los actos de gobierno, se encuentra amparada por la Constitución en el marco de la libertad de expresión.

Aceptar la censura previa implicaría retroceder más de 150 años en conquistas democráticas, habilitando que el poder de turno decida qué se puede informar y qué no.

La libertad de prensa y de expresión no son un privilegio de los medios periodísticos, sino una garantía para todos los argentinos. Por eso, cabe rechazar cualquier intento de cercenar el derecho constitucional de informar y ser informados, y reafirmar nuestro compromiso histórico con la libertad de expresión, su defensa y su ejercicio pleno.

Fuente: La Nación

Dícese que, en un concurso musical, el jurado debía elegir entre dos orquestas que tocarían en forma sucesiva. Habiendo oído a la primera, que lo hizo de forma desafinada, llena de pifies, fallos y disonancias, resolvió de inmediato entregarle el premio a la segunda, sin escucharla. Suele usarse este artificio literario para mostrar cómo algunas elecciones colectivas yerran por actuar en forma impulsiva sin evaluar alternativas ni comparar consecuencias.

Bien podría decirse que en 2023 los argentinos, extenuados por la inflación, la pobreza, los piquetes, la corrupción y la falta de perspectivas, optaron por votar a Javier Milei, quien era un outsider de la política y cuyo discurso prometía un cambio radical, no en el sentido de la Declaración de Avellaneda de 1945, sino a la inversa, declarando una guerra contra el Estado intervencionista. Tocaba tan mal el terceto integrado por Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa, que la población prefirió echarse a la pileta del “bueno por conocer” sin conocerlo, pero con suerte afortunada ya que el novato alcanzó sus primeros objetivos y el país disfruta la olvidada melodía de la estabilidad aún contra los esfuerzos de aquellos por impedirla.

En la actualidad, el dilema podría plantearse nuevamente. Disipado el fantasma de la inflación anual de tres dígitos, desaparecidos los piquetes y reestablecida una cierta normalidad en la vida cotidiana, se han puesto sobre el tapete varios aspectos negativos de la gestión libertaria. Como si la reducción dramática de la pobreza y la recuperación del poder de compra de la moneda fuesen ya datos inamovibles, la crítica se centra en la falta de reactivación, en “la plata que no alcanza” y en sospechas de corrupción que podrían dañar el fundamento ético de quien recorta gastos sociales invocando una cruzada moral contra prebendas y privilegios.

En las idas y venidas del péndulo argentino, ahora movido en tiempo preelectoral, atacar a Milei parece más fácil que pegarle a un chico. Desde la derecha liberal se lo cuestiona por sus errores no forzados, su falta de respeto a las instituciones y por censura previa a la prensa. Sus voceros intentan preservar principios republicanos en peligro por un eventual fracaso de la gestión libertaria que podría arrastrarlos si cayese. Por otro lado, el peronismo en todas sus versiones, repite su consigna secular: los programas de ajuste con apertura económica y repliegue del Estado, siempre terminan en fracasos pues solo benefician al capital financiero en detrimento de la producción y el trabajo. No aclaran que ellos mismos son autores de esa profecía autocumplida a través de su alianza histórica con dirigentes sociales, gobernadores enquistados, sindicalistas corruptos y empresarios prebendarios.

Esa convergencia de críticas podría hacer aplicable aquí la metáfora de las dos orquestas, pues el estrépito de esas objeciones superpone censuras a la gestión de Javier Milei, como gobernante, con un tema de fondo que no debe confundirse con errores o traspiés del Presidente. El diagnóstico de la crisis argentina, tan profunda como arraigada, sigue siendo el mismo, así como único el camino para superarla. En las próximas elecciones se pulsará si los votantes recuerdan cómo tocaba la primera orquesta y si están dispuestos a profundizar las transformaciones indispensables para hacer sustentables los cambios que tanto aprecian y que toman como ya cimentados.

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No se puede regresar al plan platita, ni a la reactivación con emisión monetaria, ni a los aumentos de salarios por decreto, acompañados de controles de precios, cierre de las importaciones y brecha cambiaria

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El problema de fondo está ahí delante, cualquiera fueren las partituras y sus ejecutantes: un gasto público que asciende al 50% del PBI, la mitad dedicada a gastos sociales, con un déficit que era del 15% en 2023 y que, potencialmente, podría replicarse en cualquier momento, al igual que un estallido inflacionario. En la base del gasto hay un sistema jubilatorio desfondado sin aportantes suficientes y con exceso de beneficiarios. Lo mismo con la salud, donde la pobreza y la prolongación de la vida aumentan los costos de prevenir y curar sin correlato de ingresos para sufragarlos.

Esas necesidades de financiación crecientes por la proliferación de derechos adquiridos, empleos estatales y subsidios sin controles, requiere una economía muy competitiva para hacerlos viables, pero no es así. La productividad del esfuerzo nacional es bajísima por falta de inversión en sectores que generen divisas y esta carencia, a su vez, es causada por falta de seguridad jurídica. Estas próximas elecciones pueden, o no, mejorar esa perspectiva de estabilidad institucional reduciendo el riesgo país y poniendo en marcha un ansiado círculo virtuoso.

Esa realidad es tan obvia, que cualquier orquesta debería partir de igual diagnóstico y proponer remedios racionales para que el país se encauce. Son las famosas reformas estructurales sin las cuales ningún concertista tendrá viabilidad, de cualquier signo que fuese y cualquiera los instrumentos que tocase.

Lamentablemente, en la Argentina no se ha desarrollado una tercera vía, al estilo europeo, que pueda conciliar banderas de progreso social con conceptos básicos de equilibrio fiscal, lógica de mercado, inversión privada y noción de productividad. Eso permitiría una sana alternancia en el poder, como ocurre en la vecina Uruguay, preservando los pilares fundamentales del bienestar general.

De allí el temor de que, por cansancio o por ignorancia, los votantes premien a la segunda orquesta, aumentando el poder legislativo y territorial del terceto expulsado en 2023 o sus versiones aggiornadas para la ocasión, en la errónea creencia de que la estabilidad está asegurada y que, sin tanta severidad fiscal, será posible alcanzar el mejor de los mundos. Si eso ocurriera, la reactivación se demorará, el malhumor aumentará y alguna nueva orquesta pretenderá ganar el próximo concurso…sin ser escuchada.

Fuente: La Nación

La situación del mercado laboral viene agravándose por años, sin que hasta ahora los gobiernos y la política hayan podido –o querido, según el caso– encontrar una solución. Lo que es peor, las leyes que lo regulan y pretenderían proteger a los empleados, terminan en general por hundir empresas y, en definitiva, sin dar una respuesta a los trabajadores, en una verdadera espiral del atraso. A esto se suma la actuación de los tribunales del fuero laboral en los juicios en los que se reclaman indemnizaciones por despido o por accidentes de trabajo, que en infinidad de casos habilitan condenas desproporcionadas.

El resultado está a la vista en los números: desde hace más de una década el empleo privado registrado permanece estancado en torno a los 6,2 millones de trabajadores, en lo que un reciente informe de la Fundación Mediterránea califica como un “techo de cristal”. “Se trata de un umbral que no responde a los vaivenes del ciclo económico, sino a factores estructurales que traban la expansión del trabajo formal y condicionan las posibilidades de desarrollo”, define.

Debe tenerse en cuenta, por ejemplo, que la vieja ley que regula los convenios colectivos de trabajo encuadra las relaciones laborales en normas nacidas en un contexto social y tecnológico completamente diferente al actual, y que, además, no contempla las necesidades de las micro, pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, los convenios obligan a una pyme a pagar niveles salariales idénticos a los de una multinacional de ese mismo sector, con un doloroso impacto sobre sus delicadas finanzas.

Más datos resaltan la cruda realidad, tras años de lamentables regulaciones que, lejos de promover el empleo y defender a los trabajadores solo produjeron informalidad laboral y pérdida de puestos de trabajo. Desde 2012, el empleo asalariado privado creció apenas un 3%, mientras que la informalidad aumentó un 29% y el trabajo independiente lo hizo en un 47%. La informalidad castiga hoy a más del 50% de los empleados si se incluye a los monotributistas no profesionales. Es decir, casi todos empleos de baja productividad.

Pero este no es el único mal que castiga a los argentinos en esta materia. Los métodos de actualización de las indemnizaciones laborales que, en forma arbitraria, aplican las distintas salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y la mayor parte de los juzgados de primera instancia ponen en riesgo la continuidad de infinidad de fuentes de trabajo, ante la ausencia de una norma expresa que establezca cuál debe ser la modalidad de ajuste de los créditos reconocidos en juicio a favor del trabajador por el paso del tiempo que insume el trámite.

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El desarrollo económico necesita que el Congreso Nacional remueva los obstáculos que la normativa vigente constituye para la incorporación de nuevos trabajadores

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Con la prohibición de ajustar por inflación dispuesta por la ley de convertibilidad, hasta marzo de 2024 los tribunales venían actualizando los montos de las sentencias con la tasa activa del Banco Nación. Desde septiembre de 2022, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió sumarle a ese método de actualización la “capitalización con repetición anual” de los intereses, lo que hizo crecer exponencialmente las deudas de las empresas y, en el caso de que fueran pymes, las puso al borde de la desaparición.

En febrero de 2024, en el caso “Oliva c/Coma”, la Corte Suprema de Justicia rechazó ese mecanismo de ajuste, y la Cámara, en una respuesta insólita, implementó un ajuste por CER. En el caso “Lacuadra c/DirecTV, la Corte volvió a rechazar ese otro sistema, y desde entonces las salas de Cámara vienen aplicando hasta seis criterios de ajuste diferentes, igualmente confiscatorios y que, en su mayoría, implican admitir el ajuste por inflación, como publicó recientemente LA NACION.

La gravedad de la situación, con miles de expedientes en trámite acumulados por largos meses en el máximo tribunal, y ahora también ante el Tribunal Superior de Justicia de la CABA (mientras las ejecuciones de las sentencias por montos multimillonarios siguen adelante), tiene sólo una salida práctica y jurídicamente viable: la sanción de una ley que le ponga fin determinando el régimen por aplicar.

El proyecto de Régimen de Actualización de Créditos Laborales, aprobado en las comisiones de la Cámara de Diputados de Legislación del Trabajo en noviembre de 2024 y de Finanzas en mayo último, propone hacia adelante la actualización por aplicación del IPC más un 3% anual de intereses, y para los casos en trámite a la fecha de entrada en vigencia de la ley determina el ajuste por tasas de interés moratorio establecidas por el Banco Central, a fin de salvaguardar a trabajadores y empleadores afectados por la “tormenta perfecta” derivada de años de extensión en sus procesos –agravados por efecto de la pandemia– y altísimos índices inflacionarios en su transcurso. Rescata así lo esencial del proyecto de la diputada Verónica Razzini que consagra la propuesta del abogado especialista Jorge Samouelian.

En conclusión: el desarrollo económico necesita que el Congreso Nacional remueva los obstáculos que la normativa vigente constituye para la incorporación de nuevos trabajadores, imponiendo la negociación de convenios colectivos actualizados que regulen la realidad de la pequeña empresa –única con capacidad para generar el crecimiento efectivo del empleo privado–, y estableciendo la modalidad de actualización aplicable en juicio, de manera de hacer realidad la seguridad jurídica en materia laboral.

Si de verdad legisladores y jueces tienen la intención de salvar a las empresas en riesgo de muerte y de beneficiar a los trabajadores con derecho legítimo a una indemnización realista, sería importante avanzar en la sanción de este proyecto, aun con las modificaciones que puedan aplicársele, siempre en defensa de la empresa y del empleo privados.

Fuente: La Nación

“Cambiamos, cuando constatamos los cambios”, dijo durante su reciente visita a Buenos Aires, Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia España (RAE), la institución con más de trescientos años de existencia en velar por la unidad y la lógica estructural de la lengua española.

Curiosa e interesante resulta la construcción de aquella frase. El verbo “constatar” fue por largo tiempo de empleo corriente en las conversaciones y textos escritos por argentinos. Sin embargo, solo después de los años ochenta de la última centuria, la Academia legitimó en sus registros ese verbo afrancesado, incorporándolo a su diccionario. Hasta entonces era considerado un galicismo de cuya utilización se privaban instituciones como este diario, apegadas por un criterio elemental a lo que dijeran en Madrid los maestros y custodios de la lengua. Desde hace un cuarto de siglo, la RAE trabaja en común con las otras academias de la lengua en la preservación de ese gran patrimonio cultural.

Pasó largo tiempo, también, hasta que nuestros editores y correctores admitieran que, si algo había pasado sin ser visto o sin ser tomado en cuenta, era porque había sido “desapercibido”. “Desapercibir”, en la antigua usanza del idioma, no era como hoy sinónimo de inadvertido; era haber dejado sin sanción un acto acreedor al castigo: des-apercibido, quedar sin apercibimiento por sus actos o acciones.

En tales ejemplos, entre tantos otros que tal vez recuerden los más viejos lectores del diario, se percibe la movilidad natural de la lengua, su dinamismo, su estado en permanente gestación y con modificaciones que crujen en lo más profundo de la sociedad. La lengua es una creatividad colectiva en la que no caben las discriminaciones, pues a toda edad, desde todo nivel social, cultural o profesional, se pueden realizar aportaciones a un caudal lexicográfico que ha llegado hoy a alcanzar 94.000 palabras y 191.000 acepciones.

Se trata de una tarea lenta y repetitiva que culmina cuando un vocablo demuestra haber cumplido acabadamente con las dos condiciones que le abrirán las puertas del diccionario compartido por igual en los 23 países que tienen al español por lengua madre. Otros idiomas carecen de esa virtud de comunicar a quienes lo hablan y escriben como sucede con el español.

Una condición esencial para lograr su legitimidad por las academias es que la palabra sea utilizada durante un tiempo suficientemente prolongado, como prueba de que no ha sido capricho de temporada en parte alguna; la otra, que integre el vocabulario de la población en un espacio geográfico que de algún modo pueda mensurarse. Ahí está la voz “pibe”, proveniente del dialecto genovés, que la RAE registra como afincada en el habla de los rioplatenses; o sea, entre argentinos y uruguayos y, por lo tanto, en un ámbito caracterizado por la influencia cultural incuestionable de la inmigración italiana.

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La lengua, ha dicho Santiago Muñoz Machado, es lo que más nos une como pueblo

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De modo que Muñoz Machado bien pudo decir que los cambios en la administración del lenguaje común confiado a la institución a su cargo se producen cuando, por testimonios de naturaleza coloquial o por lo que se escribe, los investigadores de la RAE concluyen que ha habido un cambio por el uso constante de una palabra nueva, por cómo se emplea y en qué contexto.

Durante el último gobierno militar, una autoridad oficial de la provincia de Córdoba había prohibido la palabra “vector”, cuya primera acepción, según indica el diccionario de la RAE, corresponde, en el habla técnica, al agente que transporta algo de un lugar a otro. Como “vector” había sido identificada con alguna regularidad en documentaciones de los movimientos insurreccionales de la época, se la prohibió. Fue un escándalo: desde este mismo diario, tan ajeno y contrario al terrorismo de la época, se hizo un llamado a la cordura de los funcionarios de la provincia. Por decirlo en palabras de Muñoz Machado, aplicadas en general a la manipulación disparatada de la lengua: “El poder público no puede imponer formas de hablar”.

“Vector”, como era natural que ocurriera, retomó pronto su legalidad entre los hispanohablantes de Córdoba.

La RAE ha contribuido mucho, en su función docente sobre el habla, a cortar las modestas alas de quienes pretendieron en las últimas décadas llevar al extremo la moda woke en cuestiones de género. Ya suena a enojoso asunto de un pasado reciente y delirante el haber procurado amortiguar modalidades supuestamente machistas y anular así algunos masculinos genéricos con la eliminación de la “e” y su reemplazo prepotente por una “x”, o una “@” de imposible vocalización.

La lengua, ha dicho Muñoz Machado, es lo que más nos une como pueblo. Debemos cuidar, pues, a ese capital intangible, pero de enorme valor que nos vincula con los más de quinientos millones de hispanohablantes en el mundo y potencia de tal forma nuestros saberes y producciones en la sinergia entre las habilidades de los hispanohablantes dispersos por el planeta.

Los académicos no crean la lengua. En todo caso la prestigian con su autoritas. En esa materia, en verdad, todos tenemos por acción o por omisión aportes por hacer. El director de la RAE, es lamentable decirlo, dejó la Argentina con la rara sensación de que por lo que más preguntas recibió aquí fue por las palabras malsonantes. Le sonó extrañísimo.

¿Haremos entre todos el esfuerzo cívico de usar la lengua común para el entendimiento y la discusión que se entabla en términos cordiales, en lugar de blandirla como arma que propende a dañar a quienes no piensan como nosotros?

Fuente: La Nación

Con 80 años, Juan Vázquez decidió compartir públicamente su dolor para referirse a su hija. “Su perversidad nos ha shockeado a su madre y a mí. Lo que hizo no tiene perdón de Dios. Es una psicópata”, confiesa luego de que Andrea lo denunciara falsamente también a él por pedofilia y abuso de una sobrina. Su yerno, el doctor Pablo Ghisoni, estuvo preso tres años por las falsas denuncias de su exmujer y madre de sus tres hijos, Andrea Vázquez, ginecóloga y funcionaria de La Matanza con reconocida militancia por los derechos de las mujeres que supo aprovechar su cargo y sus amistades. El fiscal lo absolvió en septiembre de 2023 porque no encontró elementos suficientes para sostener la imputación.

Tras 15 años de trámites judiciales por acusaciones de violencia familiar y abuso sexual que llevaron a Ghisoni a la cárcel, acusado de presuntas violaciones en perjuicio de dos de sus hijos, en mayo pasado, la Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense rechazó en un fallo dividido el recurso de apelación presentado por Andrea Vázquez y confirmó la absolución de su exesposo.

Se han sumado nuevos elementos a la causa a partir del video viralizado del joven Tomás Ghisoni, quien, con valentía y lucidez, admitió haber sido manipulado por su madre para que mintiera en la declaración contra su padre. Junto con su hermano Francisco, quien hace años que vive con su padre, relataron las presiones maternas para que inventaran relatos falsos, armando así una asociación planificada sin que ella fuera una denunciante aislada.

El rostro del doctor Ghisoni lo dice todo. Su cansancio se expresa en que no accionará contra quien le arruinó la vida, alejándolo de dos de sus hijos y sumiéndolo en el desprestigio profesional y en la condena social que tan lejos estuviera de merecer. La misma Justicia que había considerado conveniente poner a los tres pequeños hijos bajo el cuidado unilateral del padre durante casi cuatro años, con perimetral para su madre, fue la que luego recogió las falsas denuncias. Sin juicio, debió cumplir prisión preventiva por dos años en una institución de salud mental debido a sus amenazas de suicidio, y un tercero en su domicilio.

El fiscal Jorge Bettini Sansoni presentó estos días una denuncia para investigar si Andrea Vázquez incurrió en “falso testimonio calificado, instigación a la comisión del delito de falso testimonio y asociación ilícita”. Se sospecha también que podría haber una presunta organización de abogados y peritos que prefabricaban causas penales.

Las falsas denuncias son un nefasto fenómeno que se repite en distintas jurisdicciones, muy usado por mujeres para privar a los padres de ver a sus hijos, bajo la premisa de creer en la víctima. Si bien el Código Penal las castiga, dos proyectos de ley proponen aumentar las penas en determinadas situaciones. El Observatorio de Falsas Denuncias en la Argentina reporta que el 64% de las denuncias por violencia o abuso en separaciones no llegan a juicio por falta de evidencia, con más del 60% de los acusados sobreseídos o absueltos y 11 suicidios documentados de acusados sin sentencia judicial firme en la última década. Los jueces de familia y menores deben formarse adecuadamente para distinguir rigurosamente lo verdadero de lo falso.

Los niños, víctimas de estas situaciones, registran lesiones psíquicas y orgánicas que los acompañarán por el resto de sus días. “El tema es el trauma psicológico que genera en un menor vulnerado”, advierte el protagonista de esta pesadilla. La Justicia debe estar siempre al servicio de proteger a los menores de edad y no de revictimizarlos, por lo que una ley que regule las falsas denuncias nunca sería una amenaza para víctimas reales, sino un reaseguro para que no sean manipuladas como armas.

Fuente: La Nación

Durante este año se produjeron 96 muertes de pacientes intervenidos con fentanilo contaminado proveniente del Laboratorio HLB Pharma. Hace pocos días, la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta global sobre este producto farmacológico, utilizado fundamentalmente como anestésico en cirugías médicas, y recomendó “extremar la precaución”, dado que “no puede descartarse que estos productos estén circulando en otros mercados”.

Durante el proceso de producción de esa sustancia, en la planta del Laboratorio Ramallo, se contaminó el producto con microorganismos, lo que desembocó en la defunción de una serie de pacientes. Hasta allí el hecho trágico, que muestra una gran negligencia por parte del laboratorio y seguramente la falta de controles públicos y privados que terminaron con esta tragedia, cuyas dimensiones todavía no se pueden verificar en su totalidad.

Sin embargo, aparece una segunda dimensión de la tragedia, que puede ser aún más grave. El fentanilo consumido de manera individual e ilegal, en su mayoría por adictos que recibieron prescripciones médicas de esta sustancia, está generando una verdadera pandemia de muertes en los países desarrollados de todas las edades y orígenes sociales. Hoy se producen en los Estados Unidos más muertes al año por sobredosis y consumo de fentanilo (alrededor de 70.000 muertes) que por accidentes automovilísticos. Tal es el impacto social que genera este medicamento consumido como estupefaciente que el gobierno norteamericano lo ha puesto como principal objetivo en el combate a las drogas. El foco está puesto en los principales productores de fentanilo en el mundo, que son China, la India y, más recientemente, México. A medida que aumenta la presión sobre los países productores y los desvíos de dicha sustancia, las bandas del crimen organizado buscan nuevos lugares de producción de esta droga de laboratorio para poder enviarla a los mercados de consumo ilegalmente, evitando los controles.

Hace ya varias semanas, por orden del juez federal Ernesto Kreplak, se instruyó al Ministerio de Seguridad de la Nación que investigue las razones de esa contaminación y si existían desvíos en el uso de esa sustancia. Si bien los resultados de la investigación aún no son públicos, es un hecho que el dueño de HLB Pharma, Ariel García Furfaro, fue detenido recientemente, acusado por la fiscalía de desvío de la cantidad y calidad del fentanilo. Este empresario recientemente había instalado un nuevo laboratorio de producción de fentanilo en la zona de la Triple Frontera, área caliente del crimen organizado con históricos nexos con el lavado de dinero del narcoterrorismo. Si se comprobara que el fentanilo no solo se contaminó, sino que además no hay control de las partidas producidas, podríamos estar frente al accionar del narcotráfico.

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Si se comprueba que el fentanilo no solo se contaminó, sino que no hay control de las partidas producidas, podríamos estar frente al accionar del narcotráfico

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García Furfaro posee fuertes vínculos con el kirchnerismo, como lo demuestran su publicitada reunión con Cristina Kirchner en el Instituto Patria en 2024 y su declarada admiración por la expresidenta. Ha hecho también una defensa pública de los narcos presos Esteban Alvarado y Mario Segovia, conocido como “el rey de la efedrina”. Pero más allá de sus afinidades políticas y sus declaraciones poco felices, su cercanía al gobierno kirchnerista queda de manifiesto por el uso irregular del Sistema de Importación de la República Argentina (SIRA), mecanismo establecido por el entonces ministro de Economía Sergio Massa. Recientemente, García Furfaro fue procesado por el juez en lo penal económico Pablo Yadarola por contrabando agravado, frente a la presunta importación de maquinaria china por 500.000 dólares que habría sido facturada por más de seis millones, y el cobro del diferencial de cambio que permitía ese procedimiento durante el gobierno de Alberto Fernández. No es la primera vez que temas de drogas, corrupción y narcotráfico se mezclan con altas autoridades de gobiernos kirchneristas.

Durante la primera década de este siglo, en el gobierno de Cristina Kirchner, pasó algo similar con la importación de efedrina y de pseudoefedrina. Si bien la efedrina es una sustancia base para la producción de medicamentos como antihistamínicos, también lo es para la producción de éxtasis y de otras metanfetaminas y drogas ilegales. A principios de siglo, esas sustancias ganaban espacio en todos los mercados de mayor consumo de estupefacientes, incluida la Argentina, y eran el foco de las agencias contra el narcotráfico de los Estados Unidos y en la Unión Europea. Los principales productores de esas sustancias químicas eran laboratorios de la India y China, una vez más. Producto de la presión de los organismos antidrogas, México prohibió la importación de esa sustancia y, por ello, los carteles mexicanos intentaron diversificar la producción hacia la Argentina y Brasil.

Como resultado de esta restricción, la producción y el tráfico de efedrina en la Argentina se multiplicaron en forma exponencial: pasamos de importar entre 200 y 300 kilos anuales a 20.000 kilos en un lustro y bajó nuevamente a 200 kilos cuando nuevamente se impusieron controles. Lo más grave fue que se produjeron varios episodios criminales graves en pocos meses, que dejaron la marca narco impregnada en la sociedad. El hecho más notorio fue el triple crimen de General Rodríguez, donde, en agosto de 2008, aparecieron los cadáveres de los empresarios Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, tras haber sido secuestrados en Quilmes y asesinados por los hermanos Martín y Cristian Lanatta, y Víctor Schillaci. Tanto estos empresarios eliminados como el autor intelectual del crimen, Esteban Pérez Corradi, eran aportantes asiduos a las campañas del kirchnerismo. El hecho adquirió mayor trascendencia cuando, en un programa televisivo, los asesinos admitieron que tenían una fuerte relación con el entonces ministro Aníbal Fernández y lo involucraron en este proceso mafioso. Estos criminales tomaron más notoriedad a fines de 2015 por una fuga y persecución por las provincias de Buenos Aires y de Santa Fe, al comienzo del gobierno de Mauricio Macri, que terminó con una cinematográfica detención.

Pero ese no fue el único evento impactante producto de la presencia del tráfico de efedrina en la Argentina. En julio de 2008, se registró el múltiple asesinato de Unicenter, donde sicarios mataron en el estacionamiento, a plena luz del día, a dos reconocidos narcotraficantes colombianos que estaban en el país para la instalación de laboratorios y elaboración de aquella sustancia. Tan solo unos meses antes se había producido un tercer evento notable, cuando un laboratorio situado en Ingeniero Maschwitz estalló mientras se elaboraban de manera ilegal metanfetaminas. Los detenidos, Luis Marcelo Tarzia y el narco mexicano Jesús Martínez Espinoza, tenían fuertes vínculos con Pérez Corradi y Forza. La investigación sobre estos productores de drogas de diseño que habían logrado instalar un laboratorio en pleno conurbano bonaerense marcó el paraguas político protector de estas actividades y apuntó a varios mexicanos y argentinos relacionados con el Cartel del Golfo.

Debemos prestar especial atención al fenómeno del fentanilo en la Argentina. Ya en febrero de 2022 murieron 33 personas consumidoras de cocaína que estaba contaminada con un derivado del fentanilo utilizado como anestésico de animales. Si esta sustancia ingresa en los mercados de drogas ilegales comunes de nuestro país, va a dejar su efecto devastador, ya que se consume en microgramos y es muy simple que provoque una sobredosis. Este vínculo de laboratorios, políticos, corrupción y desvío de sustancias debe ser investigado en profundidad para hacer justicia por los casi 100 inocentes fallecidos por la sustancia contaminada, pero aún más para asegurarse de que no haya fentanilo circulando entre nuestros jóvenes para hipotecarles su futuro, destruyendo sus vidas y arruinando sus entornos.

Fuente: La Nación