Categoría: Entrevistas

  • Familias del corazón

    Familias del corazón

    Desde estas páginas hemos destacado el valor de las convocatorias públicas que llegan a la comunidad en busca de familias adoptantes. Muchos menores están institucionalizados. Otros se encuentran conviviendo con familias que se vuelven amorosos puentes hacia una vida mejor. Si bien la mayoría podría regresar con sus familias de origen o ampliadas, algunos serán declarados en situación de adoptabilidad.

    Los hogares de acogida, de tránsito o convivenciales ofrecen una insustituible alternativa para esa transición hacia una adopción definitiva, cargándola de abrazos y mimos capaces de acompañar a los niños, incluso a bebés pequeños, brindándoles lo que necesitan para intentar sanar, generar apego y despertar en ellos el deseo de volver a ser parte de una familia.

    Por un lado, familias constituidas se ofrecen para recibir a pequeños en condiciones de adoptabilidad hasta que se concrete su entrega. Con un amor desprendido y listo para soltar admirablemente el vínculo construido cuando llegue el momento. Por el otro, instituciones que acogen a muchos chicos mientras dura esa transición.


    Los hogares de acogida, de tránsito o convivenciales ofrecen una insustituible alternativa para la transición hacia una adopción definitiva


    Cuando se trata de grupos de hermanos, por distintas razones, a veces no logran estar juntos. Este fue el caso de tres hermanitos, ya no tan pequeños, que habían sido separados y cuyo primer sueño fue compartir un hogar a la espera de que se declarara su adoptabilidad. Así lograron reunirse en la ONG Una posta en el Camino (@una_posta_en_el_camino/) ubicada en Don Torcuato, una maravillosa institución que ha ido creciendo al ritmo de las necesidades. Conjuntamente con Fundación LA NACION difundieron hace unos meses una convocatoria de las que se saben difíciles: encontrar un hogar para tres hermanos que ya no eran tan pequeños. Pero no perdieron la fe y, con la ayuda de una comunidad que supo articular recursos, lograron concretar este sueño.

    Los postulantes no eran de Buenos Aires, sino que venían de lejos. Los chicos jugaban al rugby, uno de ellos de manera muy destacada, en el Hindú Club, y fue el mismo club el que consiguió que esos candidatos a prohijar a los chicos pudieran alojarse en un departamento mientras duró la vinculación, unos 4 meses. No hubieran podido solventar ese gasto.

    Construir lazos lleva tiempo. El Principito hablaba metafóricamente de “domesticar” para referirse a esa conexión mutua que vuelve especiales a las personas. Cuando detrás hay historias de abandono y dolor, el proceso es también particular.


    Construir lazos lleva tiempo. Cuando detrás hay historias de abandono y dolor, el proceso es también particular


    La semana pasada, esos tres chicos partieron del hogar junto a sus nuevos papás. Tendrán ahora también abuelas y abuelos, tíos, primos… La despedida que recibieron tanto en el hogar como en el Hindú Club fue sumamente emocionante. Incluso les consiguieron becas para sumarse al club de rugby de su nuevo lugar de residencia.

    Historias difíciles, preguntas que no encuentran palabras, manos que se aferran, abrazos que contienen; aquellos espacios seguros para crecer cosechan sonrisas que lo dicen todo, pero que no podrían existir sin el sostén de una comunidad. En un mundo hostil, estas reconfortantes historias nos devuelven la esperanza y sirven de aliento para quienes quieran adoptar y para quienes pueden compartir el calor de su hogar con un pequeño. “Gracias por quererme tanto”, fue la frase que pronunció el mayor de los hermanos en su despedida. Vale la pena sumar nuestra contribución para apoyar estas iniciativas.

    Fuente: La Nación

  • El regreso del club del helicóptero

    El regreso del club del helicóptero

    Muchos son, sin dudas, los aspectos sobre los cuales el presidente Javier Milei tendría que ensayar una sincera autocrítica. Nada de eso, sin embargo, puede opacar la legítima preocupación de la ciudadanía y de sus gobernantes frente a maniobras espurias como las que, desde el kirchnerismo, se vienen orquestando con el propósito de desestabilizar al gobierno nacional.

    No les falta razón a quienes, desde el oficialismo, han puesto sobre el tapete la supuesta existencia de acciones dirigidas a un “golpe blando”, que a diferencia de los golpes de Estado tradicionales, puede llevarse a cabo sin la intervención de la fuerza militar para debilitar a un gobierno y provocar su caída.

    El llamado “club del helicóptero” ha vuelto a sobrevolar las instituciones de la República y, como ya ha ocurrido en otras ocasiones en la Argentina del siglo XXI, reconoce el afán por recuperar el poder de sectores del peronismo que han sido derrotados en las urnas. A ese propósito, cuyo antecedente más dramático puede hallarse en la crisis de diciembre de 2001, se suma la búsqueda de una salida al complicado futuro penal que enfrenta la expresidenta Cristina Kirchner, condenada a seis años de prisión por hechos de corrupción y procesada en otras tres causas judiciales que podrían terminar agravando su pena.

    Sobran indicadores de las intenciones golpistas de quienes hoy pretenden convertirse en denunciadores seriales, mientras niegan la masiva y ya condenada corrupción que ha caracterizado a las sucesivas gestiones presidenciales kirchneristas.


    La condenada expresidenta Cristina Kirchner ha comenzado a ser parte de un pasado que no puede volver, aun cuando ella intente disimularlo bailando en su balcón de la calle San José


    Conocidas son las profecías de dirigentes como Juan Grabois sobre el final del gobierno actual. Más recientemente, el actual senador provincial Sergio Berni sostuvo que “Milei está totalmente agotado y tiene los días contados si no cambia el rumbo”, al tiempo que afirmó que, si bien tiene mandato hasta 2027, “hay que ver si la sociedad lo sigue soportando”. No está de más recordar que Berni se encuentra imputado por la falta de conservación de la escena del crimen donde fue hallado muerto el fiscal Alberto Nisman, el 18 de enero de 2015. En ese entonces, era secretario de Seguridad de la Nación.

    En los últimos días, el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno –condenado a prisión en suspenso tanto por proferir amenazas como por la manipulación de datos del Indec– afirmó que “Milei se tendría que ir con una salida elegante antes de que la bronca se espiralice”. Y otro dirigente peronista, Felipe Solá, consideró que el presidente argentino representa una religión y que “esa religión se va a caer”, al tiempo que conjeturó que la vicepresidenta Victoria Villarruel podría reemplazarlo.

    Finalmente, desde su prisión domiciliaria, Cristina Kirchner habló de la “bomba” en la que se habría convertido la economía argentina y afirmó: “El tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111”.

    Más que inquietud por una situación económica de la que el kirchnerismo sigue siendo el principal responsable por tantos años de despilfarro, desequilibrio fiscal, inflación y latrocinio, anida en este sector de la oposición una fácilmente advertible desesperación por la difícil situación de su líder. También por su incapacidad para efectuar su autocrítica por haber puesto al país al borde de un nuevo proceso hiperinflacionario hacia fines de 2023 y por haber aislado a la Argentina del mundo, acercándola al chavismo venezolano o, como Alberto Fernández, ofreciéndole a Vladimir Putin transformarnos en la puerta de entrada a América Latina para Rusia.

    Sería deseable que los dirigentes peronistas empezaran a advertir que Cristina Kirchner comienza a ser parte de un pasado que no puede volver, aun cuando ella disimule bailando en su balcón de la calle San José.

    Fuente: La Nación

  • El Congreso frente al proyecto de presupuesto 2026

    El Congreso frente al proyecto de presupuesto 2026

    El proyecto de ley de presupuesto para el presente año, que no alcanzó a sancionarse, establecía en su primer artículo “como regla fiscal, que el Sector Público Nacional deberá obtener a partir del ejercicio 2025 y en todos los ejercicios subsiguientes, un resultado financiero equilibrado o superavitario”. Agregaba que “frente a cualquier desvío en los ingresos proyectados que afecten negativamente el equilibrio financiero, los gastos deberán, como mínimo, recortarse en la misma proporción”. Para ello, las partidas no sujetas a un monto de ejecución mínimo previsto legalmente debían “ser recortadas en la proporción necesaria a fin de reestablecer el referido equilibrio financiero”.

    Esta disposición no alcanzó a tener aplicación, ya que, al no lograrse la sanción parlamentaria, quedó vigente la prorroga del presupuesto anterior, que había sido elaborado durante la gestión kirchnerista. No tenía un mandato de equilibrio fiscal. Si el Congreso hubiera aprobado el proyecto para 2025 presentado en septiembre de 2024, las decisiones y anulaciones de veto de las últimas semanas hubieran creado, por aquel artículo 1°, un mandato al Jefe de Gabinete de recortar otras partidas de gasto. La actitud de los legisladores seguramente hubiera sido distinta.

    El nuevo proyecto de presupuesto para 2026 incorpora nuevamente en su inicio un mandato de equilibrio fiscal. El gasto finalmente se ajustará al resultado de los recursos tributarios efectivamente obtenidos. Comprendiendo esto, debe entenderse que lo importante en el análisis y aprobación del presupuesto son las prioridades relativas de los distintos componentes del gasto.

    Los ingresos previstos en el proyecto sometido al Congreso constituyen solo una estimación, a diferencia de las partidas de gasto que tienen el carácter de una autorización. Si el gasto está atado a los recursos que realmente se obtengan y estos resultan menores a los estimados, deberá ajustarse, ¿pero dónde? Aquí se advierte la necesidad de establecer prioridades con una visión holística y no dejar que el gasto presupuestario se aplique según la fuerza y el interés de quien lo pide.

    En estos intentos suele mirarse solamente el impacto popular y, con voz heroica y demagógica, se reclaman aumentos como si el dinero viniera del cielo. ¿Quién puede negar la importancia de la educación? Se pide aumentar el presupuesto universitario, pero no se dice cuál otro se disminuye. ¿Acaso se reducirían las jubilaciones? ¿No sería más justo que estudiantes de altos ingresos y extranjeros paguen un arancel?

    Las provincias piden más aportes del Tesoro Nacional, alegando que no pueden mantener sus caminos destruidos. Pero no ajustan sus evidentes excesos burocráticos en plantas de personal que se han duplicado en los últimos años. El gasto público debe mirarse en su totalidad, sin dejar de analizar cuáles funciones son prescindibles y cuáles otras son prioritarias. Debe investigarse cuáles son financiables y realizables por el sector privado y cuáles exigen fondos presupuestarios.

    Nuestros legisladores deberían abocarse a tratar el presupuesto de 2026 con esas pautas y dar una señal de madurez y responsabilidad que restituya una confianza que se ha debilitado con la sanción y la defensa de leyes con fines encomiables pero que han roto el equilibrio fiscal. El impacto social de la pérdida de inversiones y creación de empleo como consecuencia del aumento del riesgo país, es incomparablemente mayor. ¿Qué apoyo popular hubieran tenido estas leyes si el esfuerzo movilizador se hubiera aplicado a explicar el riesgo social del retorno a una inflación, hoy mucho más controlada?

    Se advierte en el proyecto de ley de presupuesto de 2026 una decisión explícita, aunque acotada, de priorizar el gasto social. El total de erogaciones se proyecta prácticamente constante en términos reales, mientras las aplicadas a la seguridad social crecerán un 5 %, las de salud un 17% y las de educación un 8%. Las universidades nacionales tienen una asignación presupuestaria de 4,79 billones de pesos, similar en términos reales a la que resultará en el año en curso.

    Los supuestos macroeconómicos que a su vez determinan la proyección de los recursos fiscales, son relativamente optimistas. Se proyecta un crecimiento del PBI del 5,4% para el año en curso y un 5 % para 2026. Además, una inflación del 13,9% para 2026. Los ingresos se proyectan con un aumento real del 6%, que permitiría un superávit primario equivalente al 1,5% del PBI y financiero del 0,3%. En realidad, este último dato constituye el foco donde deberá girar el manejo fiscal. Como hemos visto, si los recursos resultan inferiores a los proyectados, se deberán ajustar los gastos en la misma proporción, pero nada logrará el Congreso si en el empeño para dedicar más fondos para determinados fines, destruye el precario equilibrio fiscal alcanzado. De esa forma terminaría afectando la estabilidad y el crecimiento. Finalmente, también haría imposible obtener los recursos necesarios, tanto para esos fines como para cualquier otro.

    Fuente: La Nación

  • La Argentina y el espejismo del plástico

    La Argentina y el espejismo del plástico

    Los números son contundentes. Según un informe de LA NACION, cada argentino consume en promedio 427 kilos de plástico al año. De esa montaña de envases, bolsas, botellas y envoltorios, la mayoría termina en basurales a cielo abierto, en ríos y, finalmente, en el mar. Hay un dato más inquietante: cada persona ingiere alrededor de 50 mil partículas plásticas por año, una invasión silenciosa que se acumula en el cuerpo humano sin que aún sepamos del todo cuáles serán sus consecuencias a largo plazo.

    El problema es global, pero el modo en que la Argentina lo aborda —o mejor dicho, lo desatiende— revela algo más que inercia. Mientras la Organización de las Naciones Unidas (ONU)avanza en la negociación de un Tratado Global sobre Plásticos, jurídicamente vinculante, que con la intención de reducir la contaminación en todo el ciclo de vida del material, nuestro país ha optado por alinearse con Estados Unidos, que encabeza el bloque de naciones más reticentes a establecer límites firmes en la producción y circulación de plásticos.

    El contraste es claro: la Unión Europea promueve restricciones crecientes, prohibiciones de plásticos de un solo uso y metas de reciclado ambiciosas. Incluso países como Chile ya avanzaron con normativas estrictas que limitan envases descartables y obligan a la industria a rediseñar sus sistemas de producción. La Argentina, en cambio, parece atrapada en un discurso donde la ideología pesa más que la conciencia ambiental.

    La retórica local insiste en la “soberanía de consumo”, en la idea de que las regulaciones internacionales atentan contra la libertad de los mercados o que las restricciones al plástico encarecerían bienes básicos. Esa mirada —alimentada por la presión de sectores industriales y el guiño político a Washington— desconoce no solo la magnitud de la crisis ambiental, sino también el hecho de que el plástico se ha convertido en un problema de salud pública.

    La contaminación plástica ha dejado de ser tema de tortugas enredadas en bolsas o de microesferas flotando en el océano. Es un riesgo directo para los cuerpos humanos, desde partículas en el aire que respiramos hasta microplásticos presentes en la sangre, en los pulmones y hasta en la placenta.

    El error argentino es pensar que esta es una agenda de países ricos y que “el ambientalismo radical” busca frenar el desarrollo. Es exactamente lo contrario. Al mantenernos en la vereda de los que niegan el problema, nos condenamos a un rezago doble: seguiremos padeciendo la contaminación sin políticas eficaces para reducirla y perderemos la oportunidad de modernizar una industria que podría adaptarse a un mercado global cada vez más exigente en términos de sustentabilidad.

    La conclusión es incómoda pero inevitable: el alineamiento de la Argentina con la estrategia de Estados Unidos frente al plástico no responde a un diagnóstico serio ni a una lectura responsable del futuro. Responde, más bien, a un reflejo ideológico, a la tentación de abrazar cualquier bandera que se oponga a la regulación internacional. Y esa confusión nos deja una herencia peligrosa: más plástico en el ambiente, más plástico en nuestros cuerpos, menos futuro para todos.

    Fuente: La Nación

  • Excavando bajo una represa agrietada

    Excavando bajo una represa agrietada

    La receta para sacar a la Argentina de su decadencia no es una fórmula mágica. Es obvia. El ABC de los países que funcionan y que han aprendido de experiencias propias y ajenas. No es necesario compararse con Estados Unidos, Canadá o Australia, naciones anglosajonas de cultura protestante. Basta ver el progreso de Singapur, Polonia, República Checa o la India para sacar conclusiones.

    Todas ellas, con distinto grado de éxito, tienen monedas sólidas (dos de ellas, el euro), y grabado a fuego que la inflación corroe los cimientos de la sociedad; que sin inversiones no hay crecimiento y que éste no es sustentable sin competitividad global. Recién sobre esas bases pueden desarrollarse políticas sociales para brindar prestaciones básicas a todos e igualdad de oportunidades a los menos afortunados.

    Con el triunfo de Javier Milei en 2023, pareció que nuestro país había adoptado el manual elemental de economía capitalista, pero las cosas no son tan fáciles. En la Argentina aún lo más elemental es difícil de aplicar, no por fallas del tutorial, sino por 80 años de estatismo expoliador, autarquía ruinosa, regulaciones de privilegio e inflexibilidad laboral. No solamente se oponen los sindicalistas, empresarios y políticos beneficiarios del statu quo, sino también millones de personas cuyas actividades están ligadas a la supervivencia de aquellos. Buenas personas, trabajadoras y honestas que ignoran por qué razón se quieren cerrar organismos estatales, quitar privilegios a empresas, desregular sectores o abrir la economía.

    Como hizo al presentar el presupuesto 2026, Milei debe olvidar su vocación académica y explicar, con lenguaje sencillo, hacia dónde avanza la libertad que avanza. Describir un Shangri-La criollo, como tantos buscan en el valle de Kunlun y que podrían encontrar aquí mismo, sin que el último en salir de Ezeiza apague la luz. La aparición de un Axel Kicillof moderado en una entrevista televisiva, sirvió para el peronismo mucho más que las mil groserías del “Gordo Dan” para la gesta libertaria.


    Como hizo al presentar el presupuesto 2026, Milei debe olvidar su vocación académica y explicar, con lenguaje sencillo, hacia dónde avanza la libertad que avanza


    Más allá de los rasgos personales del Presidente, acerca de los cuales han corrido ríos de tinta y que no se podrán corregir, lo importante es su programa, que es de sentido común, como lo fueron los de Grecia, Portugal, Chipre o Irlanda. Hasta Xi Jinping lo pondría en práctica si gobernase nuestro país, aunque con menos miramientos. La clave ha sido siempre la sustentabilidad política que acelera o demora el ingreso de capitales para la recuperación económica. La Argentina, a pesar de sus recursos naturales, no tiene contención de la Eurozona y va por el mundo en taparrabos, llorando miserias, luciendo billetes con las cicatrices de sus trece ceros extirpados y ocultando que parte de su población tiene 400 mil millones de dólares fuera del sistema.

    Nos guste o no, la gestión libertaria está sosteniendo una represa a punto de fracturarse a la que todos han hecho rebalsar. Habrá matices, pero la fórmula de déficit cero, combate a la inflación, baja del costo argentino, apertura económica y reducción estatal es ineludible para evitar la catástrofe. Si el intento fallase y la represa se derrumbase, no por una receta equivocada, sino por ilegibilidad de la letra de quien la prescribió, sería un fracaso imperdonable.

    La crisis de 2023 estará siempre latente mientras la Argentina no confíe en su moneda y sea un país dolarizado. Por muchos años, la fuga del peso siempre estará alerta, pendiente de cualquier traspié para gatillar corridas cambiarias, rupturas de cadenas de pagos y cierres preventivos de comercios. Esto debería ser repetido ad nauseam porque la gente cree que eso ya pasó, que la cabeza del dragón ha sido cortada y que ahora es posible pedir reactivación con los mecanismos tradicionales del populismo, como “darle a la maquinita” o con líneas de crédito blandos. Sería como excavar al pie de una represa a punto de romperse. Cuando el Presidente veta la financiación universitaria o la emergencia pediátrica, no lo hace para cumplir con la partida doble del fraile Luca Pacioli, sino para dar una señal inequívoca a quienes descreen de los argentinos de que, esta vez, no se repetirán los mismos errores de sus predecesores, democráticos o militares. Lo importante es la firmeza de esa convicción, aunque el populismo logre luego revertirla en el Congreso.

    Esa tenacidad en defensa del déficit cero es aprovechada por la oposición, que, tomando la estabilidad como un fenómeno natural y soslayando su fragilidad, insiste en costosas medidas de impacto político para dejar al gobierno arrinconado contra la pared de la represa, sosteniéndola en soledad. De la rajadura, no se habla.


    La gestión libertaria está sosteniendo una represa a punto de fracturarse a la que todos han hecho rebalsar. Si el intento fallase y la represa se derrumbase, no por una receta equivocada, sino por ilegibilidad de la letra de quien la prescribió, sería un fracaso imperdonable


    Tampoco es cierto que la actual pax pretium se haya logrado gracias al esfuerzo de “toda la población” como predican con calculado ecumenismo. Ha sido a pesar de la oposición de tantos que viven del gasto estatal y se niegan a asumir los costos que la estabilidad implica para sus bolsillos, logrando victorias parciales con mayorías parlamentarias y sospechosas cautelares que perjudicarán a los más pobres.

    De poco y nada servirán los aumentos en el presupuesto universitario y las leyes de emergencia para las personas con discapacidad o la salud si la población sufre un empobrecimiento mayor por la consecuente suba del riesgo país, derivada de presiones políticas que vuelven a poner en peligro el equilibrio fiscal.

    En los pasados meses, se ha conjurado el derrumbe de una represa fisurada por la lluvia de pesos que elevó el agua hasta la cota máxima del embalse. La pared se sostiene con dificultad y se requieren reformas estructurales para darle solidez y hacerla perdurable. Y también confianza de que estas ocurrirán, para que los argentinos no corran buscando refugio descreyendo de las promesas, como siempre.

    Temen los cambios, pues han tenido trabajos inestables alterados por crisis, ajustes, euforias y nuevas caídas. Ahora necesitan un relato convincente para entender por qué esta vez será diferente. Si un avión atraviesa una tormenta, un capitán experimentado transmite calma a los pasajeros y confianza en su idoneidad para superarla. No grita, no insulta, ni habla de forma incomprensible. Hasta ahora, Milei ha preferido citar a Murray Rothbard o Ludwig von Mises, de méritos indiscutidos, pero cuyos nombres, difíciles de pronunciar, poco aportan para recuperar votos perdidos en las elecciones bonaerenses. Es momento de explicar el sentido de las reformas y de las aún necesarias. Con voluntad de comunicarse, no de enseñar, ni de sermonear.


    Si el Gobierno pretende recuperar apoyos, debe crear una nueva gesta


    La oposición, mucho más pícara por ser peronista, utiliza la metáfora de la motosierra como herramienta cruel para destruir lo que funcionaba bien. Sin embargo, cuando se financian organismos con emisión, solo son burocracias espectrales nutridas por los más pobres en provecho de militantes, sindicalistas y contratistas. Anverso y reverso de la misma moneda. Al borde de la hiperinflación, se detuvo la emisión de forma abrupta y se derivó agua de la represa por vertederos, aunque se tilde ese salvataje de destructivo. Quienes salieron de la pobreza no lo calificarían de esa manera.

    En el país “al margen de la ley” (Carlos Nino, 1993), se instaló una cultura de picardía y oportunismo. El Estado argentino no es lo que enseñó Joaquín V. González desde la cátedra universitaria. La administración central, provincias, municipios y autarquías han sido capturados por quienes los utilizan para contratar, nombrar y regular en su provecho, bajo la patriótica protección del sol naciente y el gorro frigio.

    La corrupción kirchnerista hizo públicos varios casos, pero el entramado subsiste en toda la estructura y se defiende contra cualquier intento de modificación. Si el gobierno pretende recuperar apoyos, debe crear una nueva gesta explicando que el bien común consiste en reparar la represa y no en excavar sus bases utilizando las universidades, los hospitales o las personas con discapacidad con fines subalternos. No hay marchas, ni carteles en las bancas denunciando la industria del juicio, el desequilibrio jubilatorio, las licencias docentes, los gastos provinciales, las compras del PAMI o el manejo sindical de las obras sociales.

    Es el momento de quitar la vista del suelo, mirar hacia arriba y mostrar a los argentinos que estamos aguas abajo de un dique fracturado. Si algún otro dirigente logra votos para repararlo, bienvenido sea. Pero tendrá que utilizar la misma caja de herramientas, pues así lo enseña el sentido común y la experiencia ajena.

    Fuente: La Nación

  • El campo, expectante más allá de la consulta de octubre

    El campo, expectante más allá de la consulta de octubre

    Después de los anuncios del presidente Javier Milei en la apertura oficial de la exposición anual de Palermo, se han reducido considerablemente las distancias entre las retenciones a las exportaciones agropecuarias que rigen con carácter permanente desde fines de julio y lo que propuso la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA) en uno de los estudios más completos en la materia.

    Como se sabe, los derechos de exportación sobre la soja han quedado en el 26% y los que pesan sobre el maíz, el trigo, el sorgo y la cebada, en el 9,5%; en el caso del girasol, la baja ha sido del 7,5% al 5%. La propuesta de FADA fue reducirlos en un tercio desde los valores vigentes hace un año, que eran del 33% para la soja y del 12% para otros cultivos centrales, con excepción del girasol, que tributaría, según su iniciativa, el 4,7%, siempre como alícuota sobre el precio FOB de un producto exportado.

    El Presidente y el Congreso de la Nación deben prepararse, después de los comicios generales del 26 de octubre próximo, para encarar una impostergable reforma impositiva, laboral y previsional. No la podrán evitar si están dispuestos a que el país supere la serie de estancamientos y retrocesos que ha afectado la vida de varias generaciones de argentinos. En la primera de esas reformas debe estar incluida la revisión de la prolongada política de despojo a la producción agropecuaria y de pérdida de posiciones relativas argentinas frente a otros países.

    Las retenciones han ejercido una influencia nefasta sobre las inversiones y la producción, y han sido una de las principales causas de que países vecinos, como Brasil, hayan casi duplicado, en cuestión de décadas, la riqueza generada por el agro argentino. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, de acuerdo con un reciente informe general, la Argentina exportó en 2024 granos y subproductos por 89,7 millones de toneladas, mientras que se proyecta para todo 2025 un aumento, que las llevaría, de mantenerse el buen tiempo en el corazón de la zona núcleo, a 97,5 millones de toneladas.

    Tan atrás como estaba respecto de nosotros hasta aún después de promediar el siglo XX, Brasil exportó, en el ciclo 2024/25, según las cifras confiables de la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) de ese país, 153,14 millones de toneladas. Esa cifra se compone de 106,6 millones de toneladas de soja; 2 millones de trigo; 40 millones de maíz; 1,6 millones de arroz y 2,94 millones de algodón. Todo esto sin computar las ventas al exterior del complejo del azúcar.

    Por algo, como bien ha hecho notar el informe de FADA, el aumento del PBI fue, en los últimos años treinta años, del 56% en la Argentina, en tanto que Paraguay creció 252%; Brasil, 257%, y Nueva Zelanda,314%.

    Al ser impuestos nacionales que engrosan las arcas fiscales del Estado central sin coparticipación alguna con las provincias, las retenciones obran automáticamente en desmedro de la recaudación por ganancias, como lo saben los gobernadores provinciales. En rigor, defienden el federalismo, uno de los principios básicos sobre los que estructuró el país la Constitución Nacional de 1853/60.

    Las retenciones constituyen uno de los tributos que privan a las provincias de recursos originados genuinamente en sus respectivas jurisdicciones y afectan, de igual modo, como es lógico, a municipios y comunas. Por eso es una deuda inadmisible del Congreso con la sociedad argentina la demora, a esta altura de tres décadas, en sancionar una nueva ley de coparticipación como lo estableció la reforma constitucional de 1994.

    Si una mayoría electoral hiciera saber en octubre que está dispuesta a que el país vuelva a la sinrazón y a la juridicidad imperante al 9 de diciembre de 2023, no habría muchas esperanzas para que la Argentina se inserte a breve plazo en la dirección que le reclama el mundo, azorado por la obstinación incomprensible con la que aquí se han destruido bienes y empobrecido a la población. En aquel caso, el nivel de exacción contributiva a la que se somete en la actualidad al campo sería, en la mejor de las hipótesis, un límite seguramente infranqueable. A esto deben sumarse los despropósitos fiscales de provincias y municipios como los de la provincia de Buenos Aires, que acentúan la gravedad del cuadro que afecta de por sí, entre gravámenes provinciales y tasas desproporcionadas a los servicios que prestan tantos municipios, la situación de los productores agropecuarios.

    La propuesta de FADA especifica una reducción paulatina de alícuotas en los derechos de exportación hasta llegar a cero en cuatro años. Entretanto, propone emitir un título en dólares, con la denominación de “bodex”, que pueda ser utilizado como crédito para el pago de futuros impuestos o, alternativamente, para servir de forma transferible en mercados secundarios. Sugiere que el “bodex” sea amortizable en 5 cuotas del 20 por ciento a partir del quinto año y tenga una tasa del 5% anual.

    Según estimaciones de la institución, en diez años el volumen de la producción de cereales y oleaginosas aumentaría el 56% y en casi 700 mil empleos la planta de personal de las cadenas agroindustriales, que es hoy de alrededor de 4,1 millones de puestos. A diez años vista, la producción se elevaría en 21.381 millones de dólares.

    El presidente Milei y el Congreso deben concentrarse en proposiciones concretas sobre las grandes cuestiones abiertas, tanto económicas y financieras, como de otras ramas esenciales para el desarrollo del país. Los derechos de exportación habían sido prácticamente eliminados en los años noventa, cuando solo quedaron en vigor alícuotas mínimas para la soja y subproductos, que eran del 3,5% sobre el valor FOB de sus exportaciones.

    Volvieron a implantarse en 2002 con la crisis que arrastró al gobierno de Fernando de la Rúa a su caída. La memoria de lo que hicieron con su reimplantación los sucesivos gobiernos kirchneristas del siglo XXI, y lo que podrían haber hecho de no haber sido por el voto del Senado y las movilizaciones populares en pueblos y ciudades del interior, está en la memoria de todos.

    Es hora de que se resuelva por el consenso de un país dispuesto a dejar atrás las lacras que ha soportado la manera de aliviar de las espaldas del campo una carga insostenible para su más sana y sostenida evolución. Que por añadidura es discriminado en relación con los demás sectores productivos de la Argentina con olvido de que el conjunto de sus cadenas aporta hoy, aun así, 7 de cada 10 divisas que ingresan en la Argentina, y representa el 19% del total de empleos registrados.

    El Banco Mundial ha dicho que las retenciones sobre exportaciones superiores al 0,5% del PBI solo rigen aquí y en Rusia, Kazajistán, Costa de Marfil e Islas Salomón. Seguramente no hay muchas más cuestiones en común con estos países.

    Fuente: La Nación

  • Dudosas reformas constitucionales

    Dudosas reformas constitucionales

    Con la jura de la reforma constitucional de Santa Fe ha culminado el proceso reformista promovido por el gobernador Maximiliano Pullaro. Se reformaron 42 artículos y se agregaron 46. Pero lo más importante para el mandatario provincial es que se aprobó la cláusula que habilita su reelección inmediata -incluyendo una disposición transitoria que le permite al actual gobernador competir nuevamente en 2027- y además posibilita que, transcurrido un período, puede aspirar a postularse nuevamente a ese cargo.

    Queda Mendoza como la única sabia provincia que no admite la reelección inmediata del gobernador, situación en que estaban todas las provincias hasta los primeros años del regreso de la democracia en 1983. Cabe agregar que en la reforma aprobada en Santa fe no se incluyó la cláusula anti nepotismo que también impera en la provincia cuyana que gobernara José de San Martín, lo que tal vez explique su apego a la institucionalidad cuando muchas de sus hermanas, incluso Buenos Aires, soportaron caudillos que se creían indispensables y se eternizaban en el poder. Por eso la Constitución de 1853 no aprobó cláusulas reeleccionistas y figuras del pasado como Urquiza, Roca o Yrigoyen se negaron a escuchar los cantos se sirena de los adulones del poder que proponían la reforma constitucional para que fueran reelegidos, tentación que no resistió el general Perón en el que tal vez fue su peor error, según reconocen en privado algunos de sus partidarios de entonces.

    El tema del nepotismo lo hemos visto en San Luis, con los hermanos Rodríguez Saá sucediéndose y alternándose en el gobierno. También en Catamarca, tanto en gobiernos del justicialismo como radicales en el que el poder pasaba de padres a hijos; en Santiago del Estero con pases matrimoniales tanto con el juarismo como el zamorismo, o recientemente en Corrientes, donde el gobernador Gustavo Valdés será sucedido por su hermano.

    Con la reforma constitucional, el gobernador de Santa Fe puede ahora nombrar otros dos miembros de la Corte provincial, pues en otro grosero error se ha ampliado el número de sitiales de cinco a siete.

    Merece destacarse que la llamada Ficha Limpia, que impide que accedan a cargos políticos quienes tengan condenas confirmadas, se ha incorporado a la constitución. Así, su vigencia no dependerá de una ley que una circunstancial mayoría pueda derogar o desvirtuar con algún cambio que la neutralice.

    Las constituciones se promovieron en el mundo como una manera de limitar a los gobiernos estableciendo la división de poderes y controles a lo que pueden hacer para evitar que afecten libertades y derechos individuales. La primera constitución escrita, la de los Estados Unidos, habla de la búsqueda de la felicidad; no la garantiza, aunque sí promueve que se la busque. Pero desde mediados del siglo pasado se impuso la costumbre de incluir toda un serie de vaguedades sobre supuestos derechos bastante difusos y de dudosa concreción, como los que ciertamente abundan en el nuevo texto de Santa Fe, en el que se habla del derecho a la ciudad o el derecho al agua potable.

    Toda esa parafernalia de artículos que parecen dibujar un ambiente de progresos sociales sirven principalmente para enmascarar el verdadero sentido de estas reformas, que pasa por las ansias reeleccionistas de los gobernadores y es lo que ha provocado en el país la consolidación de gobiernos patrimonialistas, feudos de grupos familiares que nos hacen retroceder al país preconstitucional en el que la libertad, la vida y las propiedades estaban a merced de los gobernantes de turno, como sucede hoy en varias provincias argentinas como Formosa, Santiago del Estero y Misiones.

    Fuente: La Nación

  • Menos gastos, más libertad

    Menos gastos, más libertad

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    Respecto del tamaño del Estado, como la institución que mejor puede ordenar los distintos planos de la vida de los habitantes de un país, al decir del histórico canciller alemán Willy Brandt, lo más saludable sería contar con “tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”.

    La matriz argentina concentró por décadas todos los esfuerzos en alimentar un Estado elefantiásico, con beneficio personal para muchos, incluidos depredadores y ladrones, a cambio de un déficit artesanalmente construido en cada dependencia, desde la Presidencia, la Jefatura de Gabinete y los ministerios –que ocupan solo el 15% del empleo público nacional–, y los organismos desconcentrados y descentralizados, las empresas públicas y otros entes, que emplean a la gran mayoría del personal.

    La sobrecarga fiscal que pesa sobre los argentinos es su contracara más visible mientras el “Estado presente” se tornó una promesa vacía con serias dificultades para brindar seguridad, educación y salud. La malintencionada exaltación política de lo público solo esconde un interés populista por cosechar votos ingenuos a como diera lugar, emitiendo moneda sin respaldo y endeudándonos hasta el infinito, con las nefastas consecuencias que eso acarrea.

    Uno de los primeros anuncios del titular del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Federico Sturzenegger, fue encarar la eliminación de alrededor de 60 organismos y empresas dependientes de la administración nacional. Eran 116 las entidades de este tipo subordinadas orgánicamente a los diferentes ministerios. De ellos, 35 dependían de Economía, 29 de Capital Humano, 13 de Salud y 11 de la Jefatura de Gabinete. Su extensa y detallada propuesta reformista como asesor económico de Pro estuvo a disposición de la candidata Patricia Bullrich. Tras la victoria de Javier Milei, el proyecto fue reevaluado y adoptado por sus equipos


    La labor de Sturzenegger en la identificación y difusión de tantos bolsones de ineficiencia no ha sido debidamente valorada


    Tornar más eficiente el gasto, aliviando la presión fiscal y terminar con la maraña de más de 2000 regulaciones vigentes que solo encarecen el consumo o la inversión constituye un desafío al que pocos se habrían animado, a pesar de que nadie duda de que nuestro país resulta inviable si no se concretan esos y otros cambios tan resistidos como impostergables.

    La labor de Sturzenegger en la identificación y difusión de tantos bolsones de ineficiencia no ha sido debidamente valorada. El decreto de necesidad y urgencia 70/23 y la llamada Ley Bases, o lo que quedó de ellos, dan idea no solo de la magnitud del desafío, sino también del peso de las resistencias. Los beneficios para la comunidad suelen no ser percibidos por quienes habrán de disfrutarlos, mientras que quienes resultarán más perjudicados agotarán todas las formas de obstrucción, incluida la violencia, para que no se avance con las reformas. No hay que olvidar que el terrible mal de la corrupción prospera con mayor facilidad en sistemas altamente regulados que promueven la administración discrecional.

    Sturzenegger destacó la desafectación de más de 52.000 agentes de la administración pública nacional y empresas del Estado, con un ahorro de 2100 millones de dólares anuales. El aumento del empleo público, con todos sus vicios como el de alimentar el clientelismo, lleva décadas funcionando como solución a la falta de creación de empleo privado.

    Al vencer sus facultades delegadas debemos consignar que hay muchas áreas por desregular aún. Recientemente, el ministro se quejó por las trabas judiciales a las reformas. Se refirió también a la necesidad de bajar los costos logísticos para un sector clave como el campo, que enfrenta frenos judiciales por intereses sectoriales, como el régimen de navegación fluvial de cabotaje, que quedó trabado por una cautelar, o la circulación de los bitrenes. Criticó también duramente -y con razón- que el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, a cargo de Martina Forns -acostumbrada a hacer política partidaria antes que a impartir justicia-, hiciera lugar a la cautelar pedida por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional.

    En su valioso programa orgánico de reformas, la informática y la IA son piezas esenciales del nuevo diseño administrativo. No hay otro rumbo posible para salir de las crisis recurrentes que afrontamos. Aun contando con un hipotético amplio triunfo en las elecciones de octubre, el oficialismo deberá seguir negociando paquetes de reformas como la laboral, la tributaria y la previsional para que la Argentina pueda despegarse del lastre de un triste pasado y abrirse a una mayor previsibilidad y competitividad. El futuro está en juego, su programa merece todos los apoyos, incluido el del propio Presidente, que deberá abandonar su desbordado espíritu confrontativo para consensuar los cambios que la racionalidad económica reclama.

    Fuente: La Nación

  • Las razones de la informalidad laboral

    Las razones de la informalidad laboral

    Desde hace mucho tiempo, como resultado de problemas de vieja data, la Argentina soporta un crecimiento preocupante de la informalidad laboral, que afecta a casi la mitad de las personas ocupadas según los datos del Indec.

    El 46,9% de los trabajadores declara recibir ingresos y salarios con descuento jubilatorio. Otro 27,3% dice que cobra un salario sin beneficios sociales y el 22,2% asegura que trabaja por cuenta propia, lo que incluye tareas de baja calificación y remuneración. De acuerdo a los datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina en 2022 el 51% de la población se encontraba en situación de subempleo o precariedad laboral, siendo el ingreso medio de los trabajadores informales un 48,9% inferior al de los que trabajan en el sector privado y un 39,3% menor al de quienes cumplen tareas en el sector público.

    Además de llevar a los trabajadores a condiciones laborales inestables y mal remuneradas, sin aportes jubilatorios ni beneficios sociales, la informalidad laboral provoca y perpetúa la desigualdad y la exclusión social, y afecta el desenvolvimiento de la economía, con la competencia desleal de quienes emplean a estos trabajadores, la menor recaudación fiscal y el desfinanciamiento del sistema previsional.

    Las cifras del sistema previsional son claras al respecto. Del total de jubilados y beneficiarios de pensiones contributivas, nada menos que el 60% obtuvo tal beneficio a través de moratorias. Y por cada jubilado o pensionado hay apenas 1,6 trabajadores aportantes al sistema previsional, una proporción que resulta insostenible. Se trata de un problema que se agrava con la baja de la tasa de natalidad y con el aumento de la expectativa de vida que viene registrándose en las últimas décadas.

    Sin embargo, una gran parte de nuestra dirigencia no ha tomado conciencia y prosigue con propuestas demagógicas de imposible cumplimiento en vez de encarar una reforma profunda del sistema previsional y de su financiamiento, precedida de una reforma laboral que incentive la contratación de trabajadores y ataque el flagelo de la informalidad.

    La baja productividad de nuestra economía como producto de una baja tasa de inversión es la causa más profunda de la informalidad laboral, que suele paliarse con empleo público que agrava la situación fiscal y dista de traducirse en servicios de calidad para la población.

    Uno de los obstáculos más importantes para resolver el problema es una legislación laboral que desalienta el empleo y que responde a realidades productivas de hace más de medio siglo, en las que el sindicalismo local abreva. El costo de salida del empleo dificulta la entrada en el sistema. La legislación laboral parece diseñada para favorecer a los profesionales que intervienen en la “industria del juicio” y que cuenta entre sus actores a buena parte del fuero laboral.

    Se presenta incluso la paradoja de que, mientras desciende la siniestralidad, sube la litigiosidad por riesgos y accidentes del trabajo. Se estima en 140.000 el número de nuevos juicios laborales para este año.

    Las cifras de informalidad laboral son mayores en las provincias con menor calidad institucional, como sucede en los feudos de los Zamora y los Insfrán. Del 25% de informalidad de la ciudad de Buenos Aires, vemos cifras parecidas e incluso menores en el sur del país, pero que se elevan al 40% en el conurbano bonaerense y van creciendo a medida que nos internamos en el norte, donde la baja productiva, el gasto público de escasa o nula rentabilidad social al servicio de las oligarquías gobernantes y de empresarios prebendarios, y una educación de baja calidad elevan las cifras por encima del 70%.

    El país debe afrontar un programa de reformas de largo plazo para concluir con esta situación que ratifica el proceso de deterioro institucional, económico y educativo, con sus consecuencias de empobrecimiento para vastos sectores del pueblo argentino y que interpela a un país que cuenta con enormes riquezas que no hemos sido capaces de movilizar para mejorar el nivel de vida de todos.

    Fuente: La Nación

  • La corrupción no se negocia y la impunidad no se vende

    La corrupción no se negocia y la impunidad no se vende

    Sería absurdo que la mayor maniobra de corrupción de este siglo terminara con el sobreseimiento de la mayoría de los empresarios acusados por cohecho a cambio de una “reparación integral”, que rondaría en conjunto los 25 millones de dólares y que les evitaría afrontar el juicio por los llamados cuadernos de las coimas. No se trata tampoco de una discusión dineraria: solo corresponde que se haga justicia y se entienda que la impunidad no se puede comprar.

    Este escándalo, generado a partir de una estructura de corrupción que funcionó desde el Ministerio de Planificación Federal y destinada a recaudar fondos ilegales durante las gestiones presidenciales del kirchnerismo, surgió a partir de una investigación periodística de LA NACION, tras el hallazgo de cuadernos en los que el chofer de aquel ministerio Oscar Centeno contó con lujo de detalles el mecanismo utilizado para recaudar los pagos ilegales que hacían empresarios beneficiados con contratos de obra pública. La expresidenta Cristina Kirchner es la principal acusada y se encuentra procesada como presunta jefa de una asociación ilícita.

    Alrededor de medio centenar de empresarios, mayoritariamente del rubro de la construcción, pidieron al Tribunal Oral 7 que se extinguiera la acción penal en su contra a cambio de una suma de dinero, y así evitar sentarse en el banquillo de los acusados en el juicio oral cuyo inicio está previsto para el 6 de noviembre.

    A diferencia de los juicios abreviados, en los que el imputado puede reconocer el delito que se le atribuye y acordar una pena», con la reparación integral, no se reconocen los hechos que se juzgan en el proceso judicial. En tal sentido, el artículo 59, inciso 6, del Código Penal expresa que “la acción penal se extinguirá (…) por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes”.


    El daño a la confianza y a las instituciones del país no se reparará con dinero, sino con condenas ejemplares


    Los argumentos de los abogados defensores de los empresarios imputados no resultan sólidos. Entre otros, se señaló la enorme dificultad que conllevaría poner en marcha un juicio de esta magnitud, en el que existen más de 600 testigos citados a declarar, y se estimó que serían necesarias entre 500 y 1000 audiencias que podrían llevar alrededor de diez años. Frente a ese argumento, el titular del área de litigios de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Galpern, sostuvo que el hecho de que un juicio pueda resultar complejo o muy extenso “no justifica extinguir la acción” penal, sino que “exige más compromiso institucional”. A su entender, permitir esa maniobra implicaría “mercantilizar la corrupción” y “banalizar delitos de enorme gravedad institucional”.

    A la hora de evaluar el pedido de acceder a la reparación integral propuesta por algunos de los empresarios imputados, los jueces del Tribunal Oral 7 –Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori– no deberían desoír las sabias afirmaciones de la fiscal federal de la causa, Fabiana León, que podrían sintetizarse en una frase: la corrupción se juzga y la honra no se paga.

    “En esta fiscalía no se vende impunidad”, aseveró la fiscal, para quien la reparación que pretenden los empresarios y también algunos exfuncionarios imputados frustraría fines penales indeclinables como la verdad y la eventual sanción e inhabilitación de los culpables. Dijo con acierto que si este expediente “se transa” o “se mercantiliza”, el mensaje hacia la sociedad sería letal, porque indicaría que “la ley se negocia cuando el imputado tiene poder o recursos”, renunciándose a la igualdad ante la ley. “Permitir salidas transaccionales abre un mercado de impunidad que premia a quien puede pagar, rompe la simetría con el ciudadano común y erosiona la confianza democrática”, subrayó.

    Es vital entender que el caso de los cuadernos de las coimas, al igual que otros hechos de corrupción asociados con el incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos y la malversación de fondos del Estado, no solo ha implicado un daño patrimonial para el erario público. También representa un golpe a la confianza en las instituciones y a la imagen internacional de la Argentina, que de ningún modo se reparará con el dinero que puedan aportar los imputados, sino únicamente con condenas ejemplares.

    Fuente: La Nación