Categoría: Entrevistas

  • Malversación de símbolos patrios

    Malversación de símbolos patrios

    Como consecuencia del pedido de reimpresión de boletas electorales para los comicios del domingo 26 del corriente mes y su posterior rechazo judicial, se ha podido observar en los medios, y de manera reiterada, el formato de la Boleta Única de Papel (BUP) para la provincia de Buenos Aires, donde figura aún la imagen del excandidato José Luis Espert.

    En realidad, es una nueva experiencia, pues con anterioridad cada partido tenía sus boletas individuales que pasaban inadvertidas antes de entrar al cuarto oscuro y no se comparaban con las demás. Esta vez es posible ver en una sola presentación todas las propuestas con sus logos y nombres encolumnados, uno al lado de otro.

    Además del obvio contraste de la foto de Espert, encabezando una lista de la que fue descabezado, llama la atención otra circunstancia que el votante no hubiera percibido en elecciones anteriores sin la nueva BUP: la aparición de la bandera nacional como símbolo de un partido en medio de la papeleta.


    La Bandera no es el símbolo de un partido ni de una facción: es de todos los argentinos


    Es tan llamativa la presencia de la “enseña que Belgrano nos legó” entre una secuencia de diseños y colores partidarios, que la mirada se detiene y se hiela el corazón. ¿Qué hace alli el símbolo patrio, apolítico, celeste y blanco, sin mancilla, símbolo de unión entre argentinos y conmovedor testimonio de un pasado heroico?

    El propósito de la agrupación Fuerza Patria al usar la bandera para sí, es obvio: tomar en provecho del peronismo toda la potencia emotiva que conllevan los 213 años transcurridos desde su creación, con siete generaciones de argentinos formados en valores que la identifican como símbolo del abrazo fraternal que nos unió como nación independiente.

    Pero la bandera nacional creada en 1812, consagrada por el Congreso de Tucumán de 1816 y ratificada en Buenos Aires en 1818, no debe ser alterada ni usufructuada por nadie en particular. La ley 23.208/85 dice claramente: “Tienen derecho a usar la Bandera Oficial de la Nación el gobierno federal, los gobiernos provinciales y del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”, mientras que los particulares pueden usarla “debiéndosele rendir siempre el condigno respeto y honor”.

    En su actual presentación, donde el votante tendrá por primera vez, ante sí, varias columnas con distintos logos, aquellas personas ajenas al mundo de la política y carentes de debida información, podrían sentirse inclinadas a marcar con una cruz el partido que exhibe la celeste y blanca, pues es el único símbolo que reconocen como propio y ajeno a las parcialidades que representan los demás.

    La bandera no es un símbolo cualquiera. El mismo lector de estas líneas puede comprobarlo por sí mismo si abre la página de la Cámara Nacional Electoral y accede a la imagen en colores de la BUP aprobada. Al decir de los jóvenes “es shockeante” encontrar la querida bandera metida allí, en un lugar al que no pertenece.

    El tema no es nuevo, pero antes tenía otro impacto por la multiplicidad de boletas esparcidas sobre las mesas electorales. En 2003 Néstor Kirchner la utilizó como logotipo del Frente para la Victoria para las elecciones nacionales donde se postulaba como presidente y Daniel Scioli como vicepresidente. Aprovechó el sol como letra O y las dos franjas celestes para completar la imagen de la bandera nacional.

    Lamentablemente, en 2011 la jueza federal María Servini de Cubría avaló que la boleta de ese frente, con la fórmula Cristina Kirchner–Amado Boudou para las elecciones primarias tuviese la bandera argentina y las imágenes de Juan Perón y Eva Perón, lo que había sido objetado por otros partidos políticos. La magistrada consideró que se trataba de “emblemas que están reconocidos» para el uso del Partido Justicialista que iba en alianza con el frente.

    Bonito emblema el aprobado por la magistrada, ya que ambos candidatos, luego presidente y vicepresidente de la Nación, fueron condenados por delitos gravísimos y están cumpliendo penas de prisión. Un buen ejemplo (casi extremo) de por qué Servini debió fallar en contra del peronismo y a favor del interés nacional.


    S hay una enseñanza que debe aprovecharse del debate sobre la reimpresión de boletas electorales es la referida al mal uso de los símbolos patrios en las papeletas que se presentan a comicios


    La misma apropiación del símbolo patrio ocurrió en las elecciones de 2015, cuando los candidatos eran Daniel Scioli y Carlos Zannini. El primer postulante a diputado fue Jorge Taiana, como vuelve a serlo ahora.

    En resumidas cuentas: si hay una enseñanza que puede aprovecharse de este debate legal acerca de la reimpresión de boletas es la del uso de los símbolos patrios en las papeletas electorales. La arbitraria sentencia de la jueza Servini respecto del anterior sistema de boletas individuales, no debe tener más vigencia cuando se utilizan las nuevas boletas únicas de papel. Las razones son obvias y si se requieren más explicaciones, están desarrolladas arriba.

    Fuente: La Nación

  • Nuestra política exterior

    Nuestra política exterior

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    Una nueva realidad internacional exige repensar y adaptar la política exterior, lo cual no significa hacer tabula rasa de más de 200 años de tradiciones. Por el contrario, ello exige trabajar en el contexto de lo que Carlos Saavedra Lamas, excanciller y primer Premio Nobel de la Paz de América Latina, señalaba como el orgullo de la noble conducta y de las tradiciones internacionales de nuestra patria.

    Suponer que una política exterior pueda sostenerse en una diplomacia cuasi personal encarada por el jefe del Estado –soslayando el necesario y positivo aporte de los miembros del Servicio Exterior de la Nación– complica el abordaje de la compleja realidad internacional. Reducir la política exterior de la República al simple alineamiento con dos países amigos, por muy importantes y poderosos que sean, no es una opción válida, ni refleja los intereses y valores argentinos: alineamiento no es política. El mundo no es binario. En un mundo global, los problemas son globales y carecen de pasaporte.

    Podremos coincidir con Estados Unidos y con Israel, pero también es necesario hacerlo con Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay; con los países de la región; con países europeos, africanos o asiáticos. Limitarse a un alineamiento con dos países, condiciona peligrosamente cualquier margen de acción y nos resta autonomía.

    La política exterior es la política de Estado por antonomasia y en tal sentido sigue siendo vigente la admonición de Juan Bautista Alberdi: ¿puede un país naciente tener otra política que la exterior?

    La política exterior no es una mera sucesión de incidentes. Es la forma en que se entrelazan políticas, en un delicado equilibrio entre los intereses y valores nacionales y las tendencias globales.

    La obra de notables hombres públicos como Bernardo de Monteagudo, Mariano Moreno, Domingo F. Sarmiento, Carlos Tejedor, Bernardo de Irigoyen, Norberto Quirno Costa, Estanislao Zeballos, Francisco P. Moreno, Carlos Calvo, Joaquín V. González, Luis María Drago, Roque Sáenz Peña, Ángel Gallardo, Honorio Pueyrredón y,más modernamente, Raúl Prebisch, Atilio Bramuglia y Arturo Frondizi, son ejemplos de acción e inagotable fuente de inspiración.

    La política exterior argentina debe transitar ese camino y promover la defensa de la democracia, los derechos y dignidad de la gran familia humana, trabajando para construir la integración regional. Ningún país puede desarrollarse y prosperar dando la espalda a sus vecinos, y sin fortalecer los mecanismos para el libre comercio e ignorando la globalización y la interdependencia entre las naciones.

    El multilateralismo debe ser asumido como una política de Estado, ya que solo una acción en conjunto nos permitirá seguir transitando este complejo siglo XXI con la vista puesta en el legado a las futuras generaciones. El mundo debe invertir en más diplomacia y en la desmilitarización de la diplomacia. La enfermedad del poder, el famoso síndrome de Hubris, tiende a no perdurar toda vez que Némesis lo pone en su lugar una y otra vez. También en política exterior la consigna es trabajar en el presente con la vista en el futuro. Como bien decía Charles-Maurice de Talleyrand Perigord, todo lo excesivo es insignificante.

    Fuente: La Nación

  • La esperada paz en Medio Oriente

    La esperada paz en Medio Oriente

    l cese del fuego se ha logrado en Medio Oriente merced, esencialmente, a la intermediación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ha llegado esta hora ansiada después de dos años.

    La guerra en Gaza se encadenó para Israel con otros conflictos bélicos simultáneos, y en nada novedosos: con Hezbollah; con Irán, a cuyo padrinazgo está sometido Hezbollah, actuante en Líbano; con facciones islámicas radicalizadas en Siria e Irak y, si hubiera sido poco el enorme esfuerzo militar desplegado, Israel debió unirse a otras potencias occidentales en la determinación de acallar el fuego de los hutíes de Yemen, que aún amenazan la navegación alrededor de la boca del golfo Pérsico y lanzaron misiles contra territorio Israelí.

    Han sido, desde el 7 de octubre de 2023, dos años que mantuvieron en vilo a la opinión pública mundial, ya acongojada por las devastadoras consecuencias de la imperdonable invasión rusa a Ucrania y la guerra consiguiente.

    Solo la idea de que se ha conseguido un alto, bien que todavía precario, en las hostilidades que produjeron la incesante masacre diaria de habitantes de Gaza, hasta totalizar más de 67.000 muertes, aparte los miles de heridos y hambrunas, y de la destrucción casi por completo de las viviendas urbanas, alcanza para explicar la sensación de alivio que se siente en el mundo y que la palabra ansiada de “paz” esté en boca de todos.


    Más allá del aborozo natural que ha suscitado el cambio de situación desde el lunes último, no puede hablarse aún de que la paz se haya establecido verdaderamente en Gaza. Habrá que elaborar, además, un plan para su reconstrucción


    La paz, sin embargo, no está convenida todavía en términos formales en documentos entre las partes beligerantes. Se ha acatado, sí, el plan de veinte puntos elaborado principalmente por la Casa Blanca. Algunos de los ítems más trascendentes se han cumplido desde el último lunes: liberación por Hamas de los veinte israelíes secuestrados que permanecían con vida; liberación por Israel de unos dos mil presos palestinos, entre ellos doscientos cincuenta condenados a cadena perpetua; retiro de las tropas israelíes a las líneas convenidas dentro del territorio gazatí; retorno de millares de pobladores de la franja a los lugares abandonados de su residencia habitual.

    Pero más allá del alborozo natural que ha suscitado el cambio de situación desde el lunes último -importantísimo, sin duda- no puede hablarse aún de que la paz se haya establecido verdaderamente en Gaza. Habrá que elaborar, además, un plan para la reconstrucción de Gaza, una vez que Trump abandonó la extravagante idea de levantar en su costa otra Riviera fastuosa. El Banco Mundial calculó, meses atrás, que el gasto por la reconstrucción demandaría más de 50.000 millones de dólares; otros han dicho que las tareas de dotar de nuevo a Gaza de electricidad, servicios sanitarios, carreteras, viviendas, insumiría unos diez años.

    Entre los puntos acordados no figura el desarme de la organización terrorista que el 7 de octubre de 2023 tomó por asalto zonas periféricas de Israel, mató a 1200 israelíes y secuestró, manteniéndolos en cautiverio en durísimas condiciones, que incluyeron flagelaciones, a 251. Muchos no resistieron la situación de tortura física y moral, y murieron. Hamas ha devuelto un número parcial de cuerpos que se había comprometido a restituir, y no solo Israel, sino también la comunidad internacional, está pendiente del cumplimiento de ese ineludible deber.


    Las patéticas escenas de la ejecución de siete supuestos espías producidas después del alto el fuego constituyen la manifestación irrefutable de que Hamas, aun extremadamente debilitata como ha quedado, no se resigna a renunciar al fanatismo de la guerra que horrorizó a la humanidad


    Las escenas patéticas de la ejecución de siete supuestos espías producida después del alto el fuego constituyen la manifestación irrefutable de que Hamas, aun extremadamente debilitada como ha quedado, no se resigna a renunciar al fanatismo extremo que desencadenó la guerra que horrorizó a la humanidad. Sigue dominada por un espíritu de violencia inaudita. Una organización terrorista de sus características no tiene por delante ningún papel que pueda cumplir en representación de un sector de la comunidad palestina. Sería inadmisible que lo hiciera.

    De modo que el siguiente paso, desde la perspectiva de la reconstitución de algo que se parezca a una autoridad efectiva y legítima sobre el territorio de Gaza, es el desarme de Hamas y el apartamiento de sus dirigentes y militantes del gobierno provisional que se constituya. Las autoridades palestinas con asiento en Ramallah, y ejercen competencia sobre Cisjordania, deberían, por antecedentes y comportamiento a lo largo del conflicto ser un punto de referencia en las consultas que realice la administración internacional que tomará el control real sobre Gaza en el futuro inmediato.

    Lo hará bajo la jefatura nominal del presidente Trump, que ha sido el artífice real de la nueva situación en el enclave, según lo han reconocido líderes mundiales y el gobierno israelí. Más elocuente como testimonio de ese hecho no pudo haber sido la acogida que se le tributó en Jerusalén, al hablar ante la Knéset.

    Qatar, Egipto y Turquía, aparte de los Estados Unidos, han sido piezas centrales en las negociaciones que han llevado a la nueva situación que se vive, al fin, en el Cercano Oriente. A partir de aquí habrá que alentar todas las manifestaciones de prudencia que eviten reavivar fuegos en una región del mundo tan impregnada por odios ancestrales.

    Cabe a la extrema derecha religiosa de Israel comprender de una vez por todas que el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu terminó después de dos años de una represalia feroz contra el terrorismo de Hamas aislado en la Organización de las Naciones Unidas, con 150 países sobre 193, pidiendo el reconocimiento jurídico de Palestina como Estado, y con reclamos, aquí y allá, de enjuiciamiento de su persona y de la del jefe de su ejército por la forma en que condujeron la guerra. ¿Qué más exigirle en Israel a ese primer ministro y a quienes lo acompañaron en todas las fases del conflicto bélico?

    En la Argentina, afortunadamente, salvo algunas voces desafinadas, nadie con alguna identidad consagrada en el plano nacional afectó con acciones descomedidas un acervo virtualmente único como país: la armonía pacífica entre las comunidades católica, judía y musulmana. El gobierno de Milei se mostró explícitamente activo en respaldo de Israel, pero sin que nada permita decir, al menos hasta ahora, que cruzó la línea cuya violación hubiera afectado ese haber que enorgullece al país. Reviste características excepcionales de tolerancia y amistad entre sectores que conviven y se interrelacionan como ocurre en pocas otras partes del orbe.

    La guerra, en ese sentido, dejó incólume aquí un activo moral, religioso y político que sería imperdonable quebrantar.

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  • Merecido Nobel de la Paz

    Merecido Nobel de la Paz

    Las controversias en torno de los Premios Nobel son siempre parte de las tradicionales entregas. Este año, 338 fueron los nominados para el codiciado Nobel de la Paz, 244 personas y 94 organizaciones.

    Buena parte del mundo celebró enterarse, el viernes pasado, de que la galardonada “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por una transición justa y pacífica hacia la democracia” fue María Corina Machado. “La democracia es un prerrequisito para una paz duradera. Sin embargo, vivimos en un mundo donde está en retroceso, donde cada vez más regímenes autoritarios desafían las normas y recurren a la violencia”, señaló el Comité Noruego.

    Fundadora del partido Vente Venezuela en 2012 cuando Hugo Chávez le espetó “Águila no caza mosca”, y cofundadora de Súmate -dedicada a velar por la transparencia electoral y la participación ciudadana-, resiste los ataques del narcoestado venezolano. Machado fue parte activa en las manifestaciones contra Nicolás Maduro, duramente reprimidas por una tiranía antipatriótica sostenida militarmente con el apoyo de Cuba.

    Las libertades más básicas cercenadas y la recurrente violación de los derechos humanos, con feroces torturas, muertes, arbitrarias detenciones, censura y bloqueos informativos, sumados al racionamiento de alimentos, la falta de luz y agua potable, entre otros muchos males, obligaron a casi ocho millones de venezolanos a emigrar, aunque solo 69 mil pudieron votar. Quedarse en el terruño para seguir reclamando derechos se fue convirtiendo progresivamente en un desafío para valientes cuando El Helicoide amedrenta a quienes, acusados las más de las veces sin fundamentos por un Justicia cooptada, encontrarán allí un desgraciado destino. Más de 850 presos políticos están encarcelados en distintos penales.

    Las últimas elecciones de 2024 habían avivado la esperanza de un pueblo que lleva años soportando el rigor de una dictadura. María Corina Machado logró unificar a la oposición venezolana, superando años de divisiones. Pero el gobierno de Maduro le impidió inscribirse como candidata alegando que pesaba sobre ella una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos. Encabezando el clamor de ese pueblo, su voz se agigantó y acompañó entonces la postulación de consenso de Edmundo González Urrutia. Fue sin duda ella quien construyó, sostuvo y organizó la confianza de un pueblo que aún cree que la paz y el restablecimiento del orden democrático pueden estar cerca. Gracias a la movilización consiguieron hacerse del contenido de casi el 85% de las actas de las máquinas de votación que reflejaban el claro triunfo de González Urrutia. Sin embargo, el Comité Nacional Electoral le otorgó fraudulentamente la victoria a Maduro y expulsó al exilio madrileño al legítimo ganador. Pero María Corina Machado sigue su lucha, hace ya 14 meses, desde la clandestinidad, desafiando la persecución política. Su voz nunca dejó de oírse. ¿Qué habría sido de Venezuela sin su liderazgo? Hoy, ella dedica el premio al heroico pueblo venezolano.

    Disfrazado de nativo, en encendido discurso por el Día de los Pueblos Indígenas, el dictador Maduro se refirió a Machado -sin nombrarla- como la “bruja demoníaca de la Sayona”, mítica figura del folclore local. Una vez más, ella incomodaba al poder. Sin demoras, desde Miraflores, se ordenó el cierre de la embajada venezolana en Oslo, sede del comité que entrega los premios Nobel, argumentando políticas de “reasignación estratégica”. Amenazado por el avance de Estados Unidos en el Mar Caribe, que se suma al millonario pedido de su cabeza, este galardón debilita aún más al corrupto dictador.

    El Vaticano deseó que el premio ayude a Venezuela a “redescubrir el camino de la democracia”. Por su parte, nuestro Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, en línea con Putin, expresó su rechazo a que Machado se alzara con la distinción. Ya conocemos el nivel de fanatismo ideológico y la hipocresía de estos personajes que siguen agitando la bandera de la revolución bolivariana entre nosotros, asociados por años con irregularidades financieras y de lavado entre ambos gobiernos.

    Este premio constituye un fuerte espaldarazo del mundo libre para quien encarna con valentía y decisión el sueño de recuperar un país, al tiempo que condena a la dictadura chavista, un grupo delictivo que violenta el orden jurídico nacional e internacional. El 10 de diciembre será la entrega y aún no se sabe si María Corina Machado podrá hacerse presente. Sí sabemos que esta valiente y encomiable líder sigue convocando miradas en torno de Venezuela y comprometiéndonos a todos a trabajar por la paz y la libertad.

    Fuente: La Nación

  • Una reivindicación que ya demora 30 años

    Una reivindicación que ya demora 30 años

    Pasaron 30 años desde que una ley impulsada por el kirchnerismo desplazó a Eduardo Sosa de su cargo de procurador general de Justicia y lo dejó fuera del Poder Judicial de Santa Cruz. Ahora, el gobernador Claudio Vidal, en el contexto de un fuerte enfrentamiento político que mantiene con ese poder del Estado, propuso que el cargo vuelva a crearse, le pidió disculpas a Sosa y le ofreció que ocupe, a modo de reivindicación, el lugar del que fue apartado injustamente por el entonces gobernador Néstor Kirchner.

    En más de un aspecto, el de Sosa es un caso –en verdad, una saga– ejemplar y que vale la pena analizar. En primer término, debido a la digna actitud que el procurador infundadamente destituido mantuvo a lo largo de todo este tiempo, en el que ha recurrido a los tribunales para torcer tamaña injusticia. En segundo término, porque arroja luz sobre las viejas raíces autoritarias de los Kirchner y, finalmente, porque la profecía se cumplió: el Poder Judicial de Santa Cruz se convirtió en el último bastión del kirchnerismo en la provincia, un lugar donde los amigos lograron impunidad y silencio, y los opositores, persecución y olvido.

    La restitución de Sosa como procurador general repara un atropello institucional cometido en 1995. Tres décadas después, quienes subordinaban la Justicia al poder político ahora se muestran descaradamente alarmados y denuncian métodos que ellos mismos aplicaron sin pudor alguno y con evidente falta de memoria o, más bien, sobrada hipocresía. Su restitución enmienda una injusticia personal e institucional y expone las raíces del sometimiento del Poder Judicial provincial al poder político, una práctica que el kirchnerismo instauró y hoy, paradójicamente, denuncia.

    En aquel entonces, una reforma impulsada por la gobernación eliminó de hecho el cargo de Sosa y lo dejó fuera del sistema judicial. La maniobra, carente de legalidad, fue advertida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordenó en repetidas ocasiones su restitución. Pero los sucesivos gobiernos kirchneristas desoyeron los fallos. Santa Cruz se convirtió así en el laboratorio de un modelo político donde la Justicia debía responder al Poder Ejecutivo, algo que Kirchner y su esposa trasladaron con mano férrea a la Nación.

    Tres décadas después, la historia parece girar sobre sí misma. El gobernador Vidal, enfrentado con la estructura judicial heredada, impulsa la restitución de Sosa como símbolo de “independencia” y “reparación histórica”. Sin embargo, lo hace en medio de una crisis institucional sin precedentes: además de promover la restitución de Sosa, Vidal impulsó la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de 5 a 9 miembros, como instancia para romper la hegemonía kirchnerista dentro de la Corte provincial. Aprobada su ampliación, el kirchnerismo apeló a las trabas judiciales en un intento desesperado de frenar los nombramientos. Fue el juez Marcelo Bersanelli, expariente de Máximo Kirchner que acompañaba como abogado a la propia Cristina Kirchner, quien hizo lugar a la medida cautelar y ordenó que no se avance en el tratamiento de los pliegos en la Legislatura. Este cuerpo, con mayoría de representantes que responden a Vidal, avanzó en el nombramiento, pese a que ese mismo día otra jueza de primera instancia envió otra orden para frenar la votación. Al día siguiente, los doctores Sergio Acevedo y José González Nora juraron como vocales ante la Corte, acto que presidió en soledad el presidente del Tribunal Superior, Daniel Mariani.

    Como en una comedia de enredos, minutos después de aquella jura, los cuatro vocales de la Corte –Reneé Fernández, Alicia Mercau, Fernando Basanta y Paula Ludueña, los jueces más identificados con el kirchnerismo– cuestionaron al presidente y declararon inválidos los juramentos mientras se ausentaron del plenario con los flamantes vocales.

    En cuestión de horas, el mismo bloque de jueces kirchneristas votó el desplazamiento de Mariani y designó a Reneé Fernández (ex secretaria legal y técnica de Néstor Kirchner) en su cargo. Sin embargo, los jueces olvidaron que, con la reforma de la Corte, cuatro firmas ya no constituyen mayoría y Mariani, tras acusarlos de “golpe palaciego”, les recordó que él ejercía la presidencia y tomó el juramento a dos vocales más. De este modo, la Corte provincial hoy ya cuenta con nueve vocales, su nueva composición.

    Eso no fue todo: la vocal Reneé Fernández –quien también se considera presidenta del cuerpo– emitió un comunicado a todo el Poder Judicial para ordenar no responder a los pedidos de Mariani en tanto que, junto al bloque de jueces kirchneristas, dictó una medida cautelar solicitando la suspensión de la aplicación de la ley que amplió la Corte por el plazo de cuatro meses y declarar su inconstitucionalidad. Esta vez, recordaron que la mayoría actual es de cinco jueces e incluyó la firma de una defensora subrogante. Queda clara la desolación que produce la pérdida de terreno entre quienes estaban acostumbrados a manejar todo a su antojo.

    Mientras los jueces kirchneristas resisten, en la Legislatura ingresó el pedido de juicio político al juez Basanta, nombrado por la entonces gobernadora Alicia Kirchner en 2022 sin contar con el tiempo mínimo de ejercicio de la abogacía, y se suma a otros posibles pedidos de jury. A este laberinto sin aparente salida se sumó en el Congreso, de parte de un diputado de Vidal, la presentación del pedido de intervención al Poder Judicial de Santa Cruz.

    El kirchnerismo, ahora en la oposición, se alarma ante los modos de Vidal, denuncia “persecución” y advierte sobre el peligro de una justicia intervenida. Lo paradójico es que hoy critica exactamente lo que hizo durante tres décadas: manipular la Justicia, ignorar los fallos de la Corte Suprema de la Nación y disciplinar a los jueces que no se alineaban.

    El caso Sosa simboliza la funesta persistencia de una deuda institucional. Su restitución no borra el daño causado, pero reabre un debate sobre la relación entre poder político y Justicia. Si se busca independencia, el desafío no será solo reparar el pasado, sino evitar que el presente repita sus peores prácticas.

    Treinta años después, la provincia que fue cuna del kirchnerismo enfrenta el espejo de su propia historia. Y ese reflejo es el recordatorio de que el poder que se ejerce sin límites termina siempre debiendo rendir cuentas.

    Fuente: La Nación

  • El crimen organizado copó las barras de fútbol

    El crimen organizado copó las barras de fútbol

    Desde hace tiempo los barrabravas de fútbol de la Argentina montaron un negocio sobre la base de su principal identidad: la violencia. Sindicatos, partidos políticos y todo aquel que necesita irradiar miedo se nutrió de estos brazos armados que dominan clubes de un rango de distinta relevancia y categoría.

    El deterioro de las entidades deportivas derivó en un fortalecimiento de estos grupos, que afianzaron sus vínculos a lo largo de los últimos años con otras ramas criminales, como el narcotráfico. Esto llevó al peligro cada vez más creciente de que grupos narco de peso “gobiernen” varios clubes, ante la complicidad de los dirigentes, que transitan entre la conveniencia de contar con esta mafia que no deja lugar a las disidencias, y el temor. Un punto que muestra este tipo de relación es que no existen denuncias de parte de dirigentes de los clubes contra estos sectores criminales. Cuando la Justicia llega a las barras es por delitos que cometen fuera del ámbito del fútbol.

    El politólogo uruguayo Juan Pablo Luna, autor del libro “¿Democracia muerta?”, advierte que los clubes de fútbol no sólo tejen relaciones tóxicas con el crimen organizado, sino que además se transformaron en plataformas de lavado de dinero, otra faceta que está poco investigada por la Justicia en la Argentina y los países de la región.

    La historia del expresidente del Concejo Deliberante de La Matanza Gabriel Aranda muestra de manera precisa las relaciones “tóxicas” entre la política, los barrabravas y el narcotráfico, y posiblemente, el lavado de activos. Además de dirigente político, Aranda es el presidente de dos clubes de fútbol, como Deportivo Laferrere y Estrella Roja. A su vez, maneja la barra de esos clubes, con un personaje clave: Federico Schorh, jefe de la barra de Laferrere y prófugo desde febrero pasado, tras ser sindicado como uno de los narcos más pesados de La Matanza.

    El fiscal federal Sebastián Basso encontró también nexos con otro narco del conurbano, ligado a esta constelación de fútbol y drogas, que se llama por Nicolás Guimil, pero es conocido por su apodo: “Chaki Chan”, quien está preso desde 2023, y es investigado por varios asesinatos. Aranda fue detenido en 2024, en plena sesión del Concejo Deliberante.

    La otra pata en la que se sostiene la impunidad en este tipo de tramas es la Justicia, la que da garantías para que todos los engranajes mafiosos funcionen. La fiscal María Belén Casal Gatto, titular de la UFI N°2 descentralizada de Gregorio de Laferrere, fue procesada el año pasado por encubrimiento agravado y otros delitos graves. Ella fue clave para que “Chaki Chan” continuara en libertad, ya que cuando fue detenido en 2022, Casal Gatto lo excarceló.

    Por fuera del conurbano bonaerense, otro lugar donde se cristaliza la penetración del crimen organizado en los clubes de fútbol es en Rosario, donde los barrabravas de los principales clubes de esa ciudad están ligados al crimen organizado, y usan las tribunas como una escenografía para modelar un negocio ilegal, que transita fundamentalmente por el narcotráfico.

    En enero y febrero de este año se produjeron siete homicidios en Villa Gobernador Gálvez, una ciudad vecina a Rosario, donde desde hace años la violencia extrema es la marca de los grupos que se dedican al narcomenudeo, que, en la mayoría de los casos, están vinculados a la barra de Newell’s.

    Las bandas narco coparon los núcleos duros de las hinchadas de Newell’s y Rosario Central por una estrategia y necesidad propia del negocio del narcotráfico, que tiene varias raíces. Una es incrementar la fidelización a partir del “amor” a la camiseta con el grupo criminal, como ocurrió en el club del Parque de la Independencia con la banda de Los Monos. Otra es controlar los negocios paralelos en torno del club, como por ejemplo, el alquiler para espectáculos del estadio cubierto, como así también el merchandising no oficial, los trapitos, la venta ambulante y hasta los pases de algunos jugadores. A esto se suma, el dominio territorial que tiene la hinchada en determinados barrios, que significa el control de determinadas zonas.


    Los reacomodamientos en el mundo criminal obligan a las autoridades a actuar con firmeza e inteligencia para evitar que se repita el mismo esquema que hizo sangrar a Rosario durante más de una década


    Ninguna de estas maniobras se podría concretar sin la complicidad de la dirigencia. Esto quedó expuesto el 24 de junio de 2023, cuando, luego de que la banda de Los Monos desplegara una gigantesca bandera en el estadio durante la despedida de Maximiliano Rodríguez, el presidente del club, Ignacio Astore, controló personalmente que al otro día sacaran sin problemas esa bandera del club, lo que lo llevó a tener que dar explicaciones en la Justicia.

    Esta mafia enquistada en esta institución llegó a cometer crímenes terribles y amenazas de extrema gravedad, como la que sufrió el jugador Ángel Di María. En marzo del año pasado, a su hermana le dejaron en la puerta de su inmobiliaria una caja con la cabeza de un chancho con un disparo en la cabeza. Y el country donde vive la familia del jugador fue tiroteado. Estas intimidaciones buscaban que el futbolista no volviera a Rosario Central, algo que solo se concretó en julio pasado. Quienes llevaron adelante estas acciones eran barrabravas de Newell’s que pertenecen a la banda Los Monos, encabezados por Alejandro Ficcandenti.

    En Rosario Central, los crímenes de Andrés Bracamonte, alias Pillín, y Ricardo Attardo, jefes de la barra, el 9 de noviembre pasado, expusieron que el crimen organizado pretendía quedarse con el control de esa barra, que tenía también una fuerte influencia desde hace tiempo del clan Cantero. Tras la muerte de Bracamonte, que lideró la hinchada durante más de dos décadas, asumió la jefatura de la barra un miembro de un grupo criminal que se denomina Los Menores, que está sospechado de pergeñar el asesinato de Pillín.

    El 16 de julio pasado, el Ministerio de Seguridad Nacional solicitó ante los fiscales y jueces federales de Rosario que se ponga en práctica, por primera vez en el país, la ley antimafia en Rosario. Con la aplicación de esta normativa buscan desarticular, con herramientas de investigación distintas de las convencionales, una nueva generación de narcos que surgieron en esta nueva etapa, luego de que fueran encarcelados y se los mantuviera aislados a los principales líderes de los grupos criminales, como Los Monos, Esteban Alvarado, Los Funes y Caminos. La particularidad es que esta nueva generación de narcos está vinculada de manera más cercana a las hinchadas de fútbol de Rosario.

    Uno de los objetivos de la ley antimafia es atrapar a Matías Gazzani, el narco cuya recompensa por datos que favorezcan su detención el Ministerio de Seguridad Nacional fijó en 10 millones de pesos. Luego se sumó la provincia de Santa Fe con una paga de 60 millones de pesos. Es quien ordena a la banda de Los Menores actuar con extrema violencia.

    La irrupción de estos grupos criminales en las hinchadas rosarinas fue uno de los motivos por los que Rosario quedó atrapada durante una década en una violencia extrema, que llevó a que esta ciudad tuviera una tasa de homicidios (llegó a 22 cada 100.000 habitantes en 2022) que cuadriplicaba a la media nacional.

    A fines de septiembre, a raíz de investigaciones judiciales, las fuerzas federales y la Policía de Investigaciones de Santa Fe realizaron 110 allanamientos en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y varias cárceles, entre ellas la de Piñero, y las penitenciarias federales, como Ezeiza y Marcos Paz, donde están detenidos en sectores de alto perfil, bajo aislamiento, integrantes de la banda de Los Monos.

    Este operativo de grandes dimensiones dejó un saldo de 33 detenidos, entre ellos, Alejandro “Zapa” Vallejos, jefe de la barra de Newell’s con vínculos con la banda de Los Monos, y José “Yiyo” Medrano, líder de la barra del Club Coronel Aguirre y empleado de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez.

    Vallejos y Medrano son señalados como engranajes centrales de las redes narco-criminales que operan en el sur de Rosario y que continuaban articulándose con líderes presos que pertenecen al entramado de Los Monos.

    El problema de la violencia narco de Rosario sigue latente, aunque la ciudad experimentó una mejora en la seguridad pública. Sin embargo, estos reacomodamientos en el mundo criminal generan alertas y obligan a las autoridades a actuar con firmeza e inteligencia para evitar que se repita el mismo esquema que hizo sangrar a Rosario durante más de una década. También esta nueva realidad expone desafíos cada vez más complicados para un Estado que siempre parece ir detrás de los acontecimientos, como evitar que se conforme un cartel narco, con capacidad para “exportar” cocaína desde la Hidrovía.

    Fuente: La Nación

  • Se evitó el peor de los defaults, el moral

    Se evitó el peor de los defaults, el moral

    Hubo decenas de intentos de los acusados por encontrar una “salida de emergencia” antes de que el tribunal se siente y dé por comenzado el juicio oral en la megacausa por corrupción contra el Estado conocida como “los cuadernos de las coimas”. Desde operaciones judiciales, que incluyeron denuncias penales; infundados argumentos para hacer pasar millonarios pagos ilegales como aportes de campaña y reiterados esfuerzos por apartar a jueces, entre un enorme cúmulo de orquestadas estrategias tendientes a que todo quedara en la nada. Sin embargo, el artilugio más inaudito desde el punto de vista institucional y ético llegó pocas semanas antes de que el proceso oral y público tenga su esperado día uno, el 6 del mes próximo. Fue entonces cuando 50 imputados, entre exfuncionarios y empresarios, ofrecieron 15 millones de dólares a cambio de ser sobreseídos.

    Acertadamente, los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori, integrantes del Tribunal Oral Federal 7, dieron por tierra con ese temerario pedido de “reparación integral” que, de haberse concedido, hubiera implicado, como bien ha dictaminado la fiscal Fabiana León, que la corrupción termine negociándose, en vez de ser juzgada.

    Aceptar aquella propuesta de los imputados hubiera dejado sentado un tan escandaloso como pésimo antecedente: ponerle precio a la impunidad; que los casos de corrupción se convirtiesen en una especulación financiera para los corruptos, en una luz verde para corromperse, guardar una parte de lo robado para pagar la impunidad y especular en qué momento del proceso jugar esa ficha de “blanqueo”.

    La causa Cuadernos ha ido desnudando a lo largo de todas las instancias de investigación la existencia de una gigantesca estructura de corrupción para recaudar fondos ilegales durante las gestiones presidenciales del kirchnerismo. El hecho fue revelado mediante una investigación periodística de LA NACION, tras el hallazgo de cuadernos en los que el chofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno contó con lujo de detalles el mecanismo utilizado para recaudar fondos provenientes de pagos que hacían empresarios beneficiados con contratos de obra pública. La expresidenta Cristina Kirchner es la principal acusada y se encuentra procesada como presunta jefa de una asociación ilícita. De la causa madre se derivaron otros expedientes sobre coimas en importación de gas licuado, el otorgamiento de subsidios a las empresas de colectivos y trenes, la concesión de peajes, la cartelización de obra pública y las operaciones de lavado de activos en el país y en el exterior, como las atribuidas a Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner. Son más de 500 los hechos investigados.

    La solución de la llamada “reparación del daño”, establecida en el Código Penal como una de las causales de extinción de la acción penal, tiene una aplicación muy concreta. Precisamente, estimar el daño como primera condición. Ahora bien, ¿qué daño causó el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, quien declaró que llegaban bolsos con dinero a su despacho? Imposible de cuantificar para los ciudadanos comunes, pero parece que no para él, ya que ofreció 40.000 dólares más una actualización como moneda de cambio para quedar libre de culpa y cargo. Es decir, uno de los ocupantes del despacho que comunica directamente con la oficina presidencial consideró que, con el valor similar al de un automóvil podía “indemnizar” al Estado por el robo sistemático a las cuentas públicas.

    Los constructores de obra vial que dejaron miles de kilómetros de asfalto sin obras o en malas condiciones no le fueron en zaga al exfuncionario. Según ellos, el daño que le causaron a la infraestructura del país se subsanaba con un cheque por 15 millones de dólares, es decir con algo así como 13 kilómetros de autopistas. Una aberración que exime de mayores comentarios.

    La audiencia en la que cada parte expresó su descabellada posición resultó determinante para que aquella infame “puerta de escape” no se abriera. “En esta fiscalía no se vende impunidad. No hay precio que se pueda poner al daño institucional que se ha causado. No es patrimonial, erosiona la confianza pública y la legitimidad del Estado”, resumió la fiscal León en el dictamen considerado por el tribunal.

    Uno de los argumentos más esgrimidos por los acusados para evitar rendir cuentas por sus actos fue que el tamaño del juicio -con 147 personas imputadas- hacía conveniente arribar a una “solución extraordinaria”.

    “La duración del proceso no habilita la impunidad. Que un juicio sea complejo o extenso no justifica extinguir la acción. Exige más compromiso institucional”, sostuvo Mariano Galpern, titular de la Dirección de Litigios Penales de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo querellante. El funcionario argumentó que proceder en forma contraria implicaría dar por sentado que cuanto más grande y dañino es el delito, más fácil resulta la salida. “La complejidad no es excusa, es prueba de la gravedad”, afirmó.

    La causa cuadernos expone, como ninguna otra, un esquema corrupto en el que hubo cómplices en el Estado y en el mundo de los constructores o de los dueños de empresas reguladas. Fue un relato a cielo abierto, con testimonios reveladores de la magnitud de los delitos cometidos. Pasaron 7 años durante los cuales los imputados intentaron todos los caminos posibles para abortar la investigación. Fueron años de desprecio por la verdad y de acusaciones sin fundamentos. Se intentaron instalar falacias sobre el material original, tildándolo de fotocopias sin valor y hasta hubo intención de abrir el teléfono de un periodista que investigó el caso y de reclamar las cámaras de seguridad de LA NACION para conocer sus movimientos. Fue el vil emplazamiento de un enorme teatro para instalar en la opinión pública que todo era mentira.

    No tuvieron éxito. Esas abyectas acusaciones fueron siendo desbaratadas una tras otra. Los jueces, como corresponde, han puesto por encima de todo a las instituciones, evitando que la República entrara en el peor de los default: el moral.

    Fuente: La Nación

  • El avance del narcotráfico y la desprotección social

    El avance del narcotráfico y la desprotección social

    En pocos temas como el drama del narcotráfico y su implacable avance, especialmente sobre los barrios y las familias más vulnerables, la Iglesia ha salido con los tapones de punta. Una sensación de desprotección generalizada sobrevuela tras el impacto del triple crimen que segó la vida de las jóvenes Morena Verdi, Brenda del Castillo –ambas de 20 años- y Lara Gutiérrez –de apenas 15 años-, en un hecho tan macabro y doloroso como desgarrador.

    Distintas expresiones de la Iglesia, desde los obispos de San Justo y de Quilmes a los curas de villas y barrios populares, denunciaron la existencia de “zonas liberadas a merced de los narcos” y una cultura de “destrucción, delincuencia y criminalidad”. Un panorama que confirma la preocupante descripción de que “el narcotráfico está despenalizado de hecho” en la Argentina.


    La Matanza tiene el triste récord de ser el distrito con mayor tasa de homicidios en la provincia de Buenos Aires


    Una de las voces más enérgicas en estos días fue la del obispo emérito de San Isidro, monseñor Oscar Ojea, quien animó a la sociedad a “salir de este infierno”, en un mensaje transmitido frente a camaristas, jueces de primera instancia y fiscales que participaron del encuentro de la Pastoral Judicial. Fue en una convocatoria del obispo de San Justo, monseñor Eduardo Héctor García, destinada a encontrar caminos que permitan salir de la grave amenaza marcada por el cóctel explosivo de la marginación social, el delito y la violencia.

    “Tenemos que salir de este infierno y lo vamos a hacer”, dijo Ojea, al denunciar que varias zonas de las periferias fueron “abandonadas por el Estado”. El expresidente del Episcopado pidió que la Iglesia y el Poder Judicial puedan recrear una confianza mutua y “encontrarse en el territorio” para evitar que cada vez más personas terminen inmersas “en esa espiral en la que lo único que se busca es aniquilar, atropellar y anular”.

    La reunión entre obispos, sacerdotes, jueces y fiscales se desarrolló en el Polideportivo San José, en el corazón de La Matanza, a diez cuadras de los monoblocks situados en la localidad de La Tablada en el que vivían las jóvenes brutalmente asesinadas. Hubo coincidencias en que la escalada de violencia en las poblaciones más humildes cruzó un límite y generó un grito de dolor y un clamor de urgente justicia. La Matanza tiene el triste récord de ser el distrito con la mayor tasa de homicidios en la provincia de Buenos Aires, según datos de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Un encuentro similar entre referentes de la Iglesia y el Poder Judicial se hará el 8 de noviembre próximo en Rosario, otra zona donde el avance narco no encuentra límites.


    El avance del narcotráfico no es un problema novedoso. Ya en 2014 el papa Francisco advertía que “la droga es una herida en nuestra sociedad, que atrapa a muchos y hiere a familias enteras”


    En el mismo foro se pronunció en forma contundente el obispo Eduardo García, quien hace once años transita las calles de distintos barrios de La Matanza. Hizo una fuerte referencia al triple crimen y a sus presuntos autores, y llamó a que no decayeran los esfuerzos tras la detención del narco de 20 años apresado en Perú y conocido como Pequeño J. “Todos sabemos que esto es parte de una cadena que no termina ahí. El culpable está más arriba y hay que tener coraje para seguir buscando, caiga quien caiga”, exigió el obispo.

    El flagelo del narcotráfico y el crimen organizado también fue abordado el último fin de semana por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, quien participó como un peregrino más de la marcha al santuario de Luján. Reiteró que casos como el del triple crimen suceden cuando el Estado se retira de los barrios. “Es la expresión de todo un submundo ligado a drogas, violencia y comercio de armas que sale a la luz con hechos tan desgraciados como este. Es una problemática de toda nuestra Argentina”, dijo, al insistir sobre el avance del “narcoestado”.

    La Iglesia viene expresando su preocupación por la descomposición del sentido de comunidad en las propias parroquias, clubes, movimientos, sociedades de fomento y centros de salud, fenómenos que vinculan con el cierre de comedores, la eliminación de planes sociales y el abandono de obras en barrios populares, entre otras políticas públicas en crisis.

    El avance del narcotráfico no es, sin embargo, un problema novedoso. Ya en 2014 el papa Francisco advertía que “la droga es una herida en nuestra sociedad, que atrapa a muchos y hiere a familias enteras”. Una definición que los obispos de Corrientes acaban de reactualizar ante la ley de narcomenudeo aprobada recientemente en la provincia.


    Urge que la Justicia actúe con celeridad y transparencia, sin margen para la tolerancia o la corrupción


    La ley provincial, advirtió la Iglesia de Corrientes, requiere de inversiones para atender en forma integral a las personas con problemas de consumo y la creación de estructuras que hagan posible su cumplimiento. “Deseamos que esta ley no se contente solo con atrapar al más débil y vulnerable, sino que logre desenmascarar y poner en evidencia cualquier tipo de impunidad”, alertaron los obispos. A ello se suma, no solo en Corrientes, sino en todo el país, la necesidad de que la Justicia actúe con celeridad y transparencia, sin margen para la tolerancia o la corrupción, y que este hecho no quede impune como el de la niña Candela Sol Rodríguez, asesinada en 2011.

    En una audiencia celebrada el 26 de junio pasado, en una jornada internacional de lucha contra las drogas, el papa León XIV hizo un llamado urgente a combatir a quienes negocian con las adicciones. “Existen enormes concentraciones de intereses y organizaciones criminales generalizadas que los Estados tienen el deber de desmantelar”.

    fuente: La Nación

  • Vialidad: una exoneración de inusitada gravedad

    Vialidad: una exoneración de inusitada gravedad

    Un reciente fallo dividido declaró terminado por inactividad procesal el juicio promovido por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) para cobrar de la expresidenta Cristina Kirchner y de sus cómplices un monto sin actualizar superior a 23.000 millones de pesos. Además, le impuso al Estado las costas del juicio.

    La acción había sido promovida por la DNV para reclamar rubros que no se podían incluir en la sentencia penal que los condenó por corrupción. Aunque la caducidad solo extingue el proceso, al considerar que no hubo un juicio, el plazo de prescripción de la acción continúa corriendo y se pierde el derecho de fondo, lo cual impide iniciar un nuevo juicio.

    Por los involucrados, los montos en juego y la forma absolutamente anormal en que se pretende cerrar la cuestión, estamos ante un hecho de una gravedad inusitada. Se descuenta un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para revertir esta decisión o, al menos, liberar al Estado de las costas ante lo discutible de los argumentos.

    ¿Cómo es posible que, condenados en la causa penal, los culpables puedan ahora quedar exonerados del pago por esta nueva sentencia en otra causa? Todo conduce a preguntarnos: ¿qué tan bien defendido está nuestro Estado Nacional? La defensa, que hasta 1967 se concentraba en la Procuración del Tesoro pasó por ley a distribuirse entre las oficinas jurídicas de ministerios y reparticiones. A casi 60 años sería útil hacer un balance de la decisión y, además, un relevamiento exhaustivo del cuerpo de abogados del Estado. También deberían conocerse los resultados del programa de Coordinación y asistencia del Cuerpo de Abogados del Estado, impulsado durante el gobierno de Macri.

    Es igualmente importante conocer la cantidad exacta de juicios que afronta el Estado en nuestro país y en el exterior, especialmente los reclamos monetarios y el pasivo contingente que implican. Hacia fines de 2015, el entonces titular de la Procuración, Carlos Balbín, estimó que serían 60.000, en tanto Bernardo Saravia Frías, quien lo sucedió, habló de 100.000, sin contar juicios previsionales que podrían superar los 500.000.

    No parece lógico que todos los juicios que enfrenta el país se defiendan de la misma forma. Muchos justifican una atención especial y una precisa información a la ciudadanía como la causa de Vialidad que nos ocupa, y, mucho más todavía, respecto de la de YPF, que se tramita ante los tribunales de Nueva York, que condenó a la Argentina a pagar 16.000 millones de dólares, monto éste que podría superar el de todos los reclamos contra el Estado sumados.

    El ciudadano de a pie puede no tomar verdadera dimensión de cuánto impactan estas cuestiones en su vida. Una vez más, la dirigencia política y los funcionarios le deben no solo la claridad para explicarlas e informarle sobre el derrotero de las causas sino, sobre todo, la garantía de que la defensa de los intereses de todos es la más adecuada, en los tiempos y en las formas. Sembrar dudas en este terreno es, una vez más, violentar el Estado de Derecho y seguir sentando pésimos precedentes para el futuro.

    Fuente: La Nación

  • Los espurios manejos del “comandante” de la AFA

    Los espurios manejos del “comandante” de la AFA

    Luego del final del escandaloso partido en que el club del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Barracas Central, empató con Estudiantes de La Plata, se escuchó a un colega decir: “Cuando jugás con el equipo del Chiqui Tapia, no solo te inclinan la cancha y te esconden la pelota, también te cambian las reglas”. Sostenía de esa manera con ironía el desparpajo que existe en los campeonatos del fútbol local y, tal como se exhibe sin ningún tipo de pudor, el axioma de despejar el camino de Barracas Central en cada torneo, sea como sea y cueste lo que cueste.

    La gestión de Claudio “Chiqui” Tapia se caracteriza por transformar las normas en simples sugerencias: desde la cantidad de participantes y los formatos de los torneos hasta las turbias maniobras para impedir descensos de ciertos equipos.

    La lista de fallos arbitrales cuestionables, muchos de ellos insólitos, benefician en forma permanente al club del presidente de la AFA, actualmente presidido por su hijo, Matías Tapia, y de ninguna manera son hechos aislados. Se advierte, por el contrario, una manera sistemática de apuntalar la campaña deportiva del club al que llaman “El Guapo”.

    El hecho más reciente se dio el último domingo, en la undécima fecha del Torneo Clausura en la cancha de Estudiantes de La Plata y en este caso el club perjudicado fue el local. El partido lo ganaba el equipo de la capital bonaerense, pero en la jugada previa al empate se vio un claro contacto del atacante visitante Facundo Bruera sobre el defensor del equipo platense Facundo Rodríguez en la disputa de la pelota. Eso generó que el jugador de Estudiantes quedara en el suelo, bastante dolorido. El VAR no se dio por enterado, ni siquiera ante el posterior empujón al arquero pincharrata, en tanto que el árbitro, Nazareno Arasa, pareció no haber visto nada y convalidó el gol.

    La polémica no quedó allí ya que a Estudiantes le anularon el 2 a1 por un supuesto offside de Guido Carrillo, quien en verdad estaba habilitado para asistir a Thiago Palacios. Sin embargo, los operadores del VAR trazaron rectas muy sui generis que no despejaron las dudas.

    Pablo Toviggino, la mano derecha de Tapia en el manejo de los fondos de la AFA
    Pablo Toviggino, la mano derecha de Tapia en el manejo de los fondos de la AFA

    Los periodistas especializados computan al menos 11 fallos arbitrales favorables al equipo de “Chiqui” Tapia que rozan lo escandaloso en lo que va del año y destacan que existe una conducción del fútbol que dispone y un entramado de jueces que, por obsecuencia o por temor, ejecutan esos mandatos sobre el césped en cada fecha del campeonato.

    Las irregularidades en el fútbol argentino no solo alcanzan a las escandalosas decisiones arbitrales en beneficio del equipo del presidente de la entidad rectora de este deporte y a los permanentes e improvisados cambios en las reglas de juego del certamen para favorecer ascensos o evitar descensos. También se proyectan a no pocos negocios opacos, como aquellos que derivaron en una acusación por defraudación, desvío de fondos y violación de la ley cambiaria, o como el de la comercialización de entradas para ver a la selección argentina, un emblema nacional cuyos éxitos deportivos son utilizados por el titular de la AFA y sus secuaces como patente de corso para hacer cualquier cosa.

    Claro que Tapia no está solo en su trono. Lo acompaña Pablo Toviggino, tesorero, escudero, referente del fútbol del interior y brazo digital de la entidad, y también un grupo de dirigentes de clubes del ascenso y de otras entidades que se han beneficiado en su gestión. Tampoco hay que olvidar su amistad con quien ocupa el estratégico puesto de vicepresidente de la AFA y titular de Boca Juniors, Juan Román Riquelme.

    El sistema funciona de manera tal que si alguno de los representantes del sobredimensionado campeonato levanta la voz, inmediatamente recibe la réplica de parte de Toviggino, y si el enfrentamiento persiste, las consecuencias pueden sufrirse en el terreno de juego. Las divergencias pueden ir desde la diferente mirada sobre el proyecto para la creación de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), al que se opone la conducción de la AFA, hasta el desigual diseño del cobro de los derechos televisivos.

    Muchos dirigentes que prefieren callar saben que las mafias suelen tener particulares códigos de empatía con los amigos, pero que también pueden ser implacables con aquellos que osen cuestionar el status quo implantado. Es por eso, que “el Comandante” como denominan a Tapia, parece hacer suyo ese cuestionable y poco tolerante apotegma que sostiene: “Para los amigos, todo; para los enemigos, ni justicia”.

    Fuente: La Nación