Categoría: Entrevistas

Con el inicio del juicio oral por la causa Cuadernos de las coimas, nuestro país ingresa en una etapa decisiva para su salud institucional. Han pasado siete años desde que una investigación de LA NACION llevada a cabo por el periodista Diego Cabot revelara los registros manuscritos del chofer Oscar Centeno, que describían con minuciosa precisión el recorrido de cuantiosas sumas de dinero espurio entre empresarios beneficiados por la obra pública y funcionarios del más alto nivel del poder kirchnerista. Ha comenzado el juzgamiento de uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia. Son 86 los acusados sobre los que deberá decidir el Tribunal Oral Federal N.º 7.

Cristina Kirchner ha sido denunciada en esta causa como jefa de la asociación ilícita, como organizadora de un sistema de recaudación paralelo desde la cúspide del poder estatal. Se llega a este momento tras largos años de tácticas dilatorias, chicanas procesales y discursos destinados a desacreditar al Poder Judicial bajo la falsa bandera del lawfare. Ninguna de esas maniobras logró ocultar lo evidente. El kirchnerismo montó una megaestructura de corrupción que atravesó organismos públicos y empresas privadas, corrompiendo los cimientos del Estado.

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La causa de los Cuadernos desnudó una megaestructura de corrupción que atravesó organismos públicos y empresas privadas corrompiendo los cimientos del Estado durante los gobiernos kirchneristas

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Pese a los ataques y las presiones, la Justicia ha actuado con independencia y prudencia. La impecable labor del fiscal Carlos Stornelli, quien comenzó la investigación y que acaba de afirmar que no recuerda otra causa con tantas pruebas contra los imputados, se suma a la de los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, quienes rechazaron con firmeza las propuestas de “reparación integral” presentadas por decenas de imputados que pretendían saldar su impunidad con irrisorios ofrecimientos monetarios. Aquella burda oferta de 15 millones de dólares para comprar el sobreseimiento y evitar ir a juicio oral fue otro intento desesperado de convertir la corrupción en una transacción comercial. Acertadamente, tanto la fiscal Fabiana León como el tribunal lo desecharon. El daño causado no es patrimonial, sino institucional y profundamente moral, imposible de ser tasado.

Un enorme equipo de funcionarios judiciales debió enfrentar no solo la complejidad de un expediente con más de 440 testigos, sino también el constante hostigamiento de quienes buscaron desacreditar su labor. El dictamen de León sobre el absurdo pedido de reparación integral fue categórico: “En esta fiscalía no se vende impunidad”, sostuvo. Una afirmación que reafirma un principio esencial de la república: nadie está por encima de la ley.

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Pese a los ataques, las presiones y amenazas, la Justicia ha procedido con independencia y prudencia. Su dedicada actuación resulta meritoria y digna de ser destacada, entre otras cuestiones, porque siguió adelante con este delicado proceso que desembocó en el juicio oral careciendo de numerosos recursos humanos y materiales

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La narrativa del lawfare, tan repetida por Cristina Kirchner, se revela como una estrategia discursiva vacía. Jamás presentó una sola prueba que demostrara persecución alguna. Por el contrario, los hechos muestran que la exmandataria ha gozado de todas las garantías procesales. Ha sido juzgada por tribunales competentes, ha contado con defensa técnica y ha interpuesto innumerables recursos, muchos de ellos orientados solo a dilatar el avance de la causa. Hablar de “persecución” mientras se utilizan los resortes del sistema judicial para impedir que la verdad emerja constituye una paradoja que insulta la inteligencia ciudadana.

El caso de los Cuadernos no es un episodio aislado, sino la exposición más categórica de un sistema de corrupción institucionalizada. Buena parte de los empresarios de la construcción, concesionarios de transporte, proveedores del Estado y funcionarios públicos formaron una red que operó con una eficacia escalofriante durante los gobiernos kirchneristas. Los testimonios de los arrepentidos desnudaron cómo se repartían las obras y se fijaban las “comisiones”. La obra pública se transformó así en un poderoso mecanismo -no el único- de financiamiento del poder político, un circuito donde el dinero público se degradaba en botín partidario o personal.

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Nuestro país no puede permitirse relativizar el delito ni naturalizar la corrupción como parte de la vida pública. El dinero robado al Estado no se negocia, se juzga y se restituye. La  Justicia tiene hoy la responsabilidad de restablecer la confianza en las instituciones y de enviar un mensaje claro

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Cada intento por desacreditar la investigación -ya fuese tildando los cuadernos de “fotocopias sin valor” o atacando a los periodistas que revelaron los hechos y a LA NACION por haberlos publicado- no hizo más que reforzar la magnitud del encubrimiento. Es dable destacar la actitud de una sociedad harta de los robos al Estado, que no solo no se dejó llevar por las mentiras, sino que mantuvo alto el reclamo de una justicia que funcione, que no negocie ni se rinda frente al poder.

Nuestro país no puede permitirse relativizar el delito ni naturalizar la corrupción como parte de la vida pública. Como ya hemos dicho desde esta columna editorial, el peor de los defaults no es el económico, sino el moral. La Justicia tiene hoy la responsabilidad de restablecer la confianza en las instituciones y de enviar un mensaje claro. El dinero robado al Estado no se negocia, se juzga y se restituye.

Solo cuando la verdad prevalezca sobre la mentira y el relato y la responsabilidad sobre la impunidad, podremos cerrar este ominoso capítulo de estas páginas negras de nuestra historia.

Fuente: La Nación

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Un farmacéutico acusado de haber defraudado al PAMI entre 2015 y 2016, mediante recetas falsas, firmas y sellos apócrifos, y pacientes diabéticos inexistentes -algunos de ellos incluso fallecidos-, logró evitar el juicio oral a cambio de pagar 17,5 millones de pesos, en tres cuotas. Así, la Justicia extinguió la acción penal y sobreseyó a Jorge Sujovolsky, responsable de haber emitido 63 recetas fraudulentas por un perjuicio original de poco más de 400.000 pesos hace una década.

El cuestionable acuerdo, enmarcado dentro del procedimiento legal conocido como “reparación integral”, que permite que víctima y victimario lleguen a un entendimiento económico, abre no pocas preguntas. Entre ellas, si el ladrón sabe que finalmente “arreglará” con la entidad a la que le robó y con la Justicia, ¿qué le impide seguir robando? Mientras duró el fraude, el delincuente tuvo su ganancia. El acuerdo, admisible desde lo legal, resulta absolutamente improcedente desde lo ético.

En este caso, el PAMI aceptó recibir el dinero actualizado al valorar que se trata de fondos que podrá destinar finalmente a la atención de jubilados y pensionados. La fiscalía y el juez de Cámara, por su parte, avalaron el convenio al señalar que el delito es patrimonial y que soluciones como esta se vienen aplicando desde hace unas dos décadas como “tercera vía del derecho penal” tendiente a privilegiar, como reacción frente al delito, la restitución del statu quo previo a su comisión.

De lo que no hay ninguna duda es de la existencia de la malversación. Lo dice el propio juez Adrián Grünberg en su fallo de homologación, en el que subraya que “es claro que las acciones llevadas adelante por Sujovolsky resultan suficientes para demostrar que instrumentó” y concretó el fraude“ con el que ”se benefició económicamente”. Agregó que la definición del monto por resarcir es el resultado de la actualización patrimonial de la “maniobra ilícita” y determinó que el imputado debía efectuar “un ofrecimiento económico superior al daño patrimonial actualizado causado”. Cabe señalar que de los 17.452.784 pesos calculados por la Justicia, Sujovolsky acordó pagar 17.500.000 pesos, es decir, 47.216 pesos más de los que le corresponden y, como se dijo, en tres cuotas. Esa resolución puede ser válida, pero sin duda corre el riesgo de convertirse en un atajo para la impunidad.

Lo cierto es que, durante diez años, el PAMI no dispuso de ese dinero, que podría haberse traducido en medicamentos, prestaciones o infraestructura. Mientras tanto, el acusado gozó, además del rédito económico, del beneficio del tiempo y de la expectativa -finalmente cumplida- de que todo podría resolverse con un cheque.

La paradoja es evidente: lo que la ley permite puede, a la vez, minar la confianza en las instituciones y sentirse como una forma más de violencia moral contra los jubilados que dependen de esa obra social para acceder a medicamentos esenciales.

Un caso similar ocurrió cuando el juez federal Lino Mirabelli homologó el acuerdo entre el fiscal de San Isidro Fernando Domínguez y el presidente Alberto Férnández para dar por cerrado el nefasto episodio de la fiesta en la quinta de Olivos cuando el resto del país pasaba sus días encerrado por la pandemia de coronavirus. Fernández fue sobreseído tras pagar 1,6 millones de pesos. Como era de esperar, la reacción social frente a ese legal pero vergonzoso acuerdo fue y seguirá siendo demoledora.

Resulta también inevitable la comparación del caso PAMI con la reciente negativa del Tribunal Oral Federal 7 a los empresarios y exfuncionarios de la causa Cuadernos, cuyo juicio oral comenzará hoy. En aquel caso, la decisión fue la opuesta: tanto la fiscal como los jueces rechazaron la propuesta de una “reparación integral” de unos 15 millones de dólares, entendiendo que los delitos de corrupción que lesionan bienes jurídicos supraindividuales -la probidad, la transparencia, la fe pública- no pueden ser compensados con dinero. Se trata, en efecto, de la mayor investigación sobre delitos contra la administración pública nacional en la historia del país, que tiene como principal imputada a la expresidenta Cristina Kirchner, acusada de ser la jefa de una mega asociación ilícita.

En cuanto al PAMI, también podría decirse que actuó dentro de lo supuestamente razonable al aceptar ese acuerdo, ya que optó por recuperar recursos que nunca debieron faltarle. Pero no deja de ser un hecho lamentable. Esos fondos llegarán tarde y sin reparar el daño que se infligió a la confianza pública. Y surgen otras preguntas inevitables: ¿cuántos fraudes similares, más pequeños o más sofisticados, se cometen en contra del Estado sin que nadie los descubra o sin que nadie los denuncie? ¿Cuántos otros farmacéuticos, proveedores, funcionarios o exfuncionarios actúan con la misma lógica, confiando en que, si los atrapan, bastará con devolver el dinero?

El peligro de ese razonamiento no reside solo en el daño económico, sino sobre todo en el deterioro del principio de ejemplaridad. Cuando la sanción se reduce a una transacción, la ética y la moral se resienten.

Los casos comentados no deberían celebrarse como ejemplos de eficiencia judicial, sino tomarlos como una advertencia. La ley fue cumplida, pero a costa de legitimar peligrosamente una forma de impunidad. La verdadera reparación, la que reconstruye el vínculo entre el ciudadano y el Estado, no se mide en pesos, por más actualizados que estén, sino en un compromiso ético que en este caso no queda saldado.

Fuente: La Nación

El descontrol de las tasas municipales que los consumidores soportan al final de la cadena tiene una causa que incide aún más que la propia voracidad fiscal de los intendentes: la tolerancia del Poder Judicial.

Transparencia fiscal al consumidorMapa de adhesiones de las provincias al régimen para mostrar ingresos brutos y tasas municipales

Fuente: Lógica

Como regla, los municipios no sancionan impuestos sino tasas. Un impuesto no implica la prestación de un servicio, mientras la tasa, sí. La Corte Suprema de Justicia de la Nación definió correctamente que las tasas responden a una “concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio”. Pero faltaba definir su quantum, el cual estaba claro en un par de leyes y en la doctrina: si se abona una tasa por una prestación concreta, su importe debe fijarse en función de los costos de ese servicio. Por ejemplo, el costo horario de los inspectores de seguridad e higiene más otros costos directamente relacionados. Nunca más que eso.

El punto p) del capítulo III del Consenso Fiscal dispone que las provincias se comprometen a “…promover la adecuación de las tasas municipales aplicables en las respectivas jurisdicciones de manera tal que se correspondan con la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio y sus importes guarden una razonable proporcionalidad con el costo de este último, de acuerdo con lo previsto en la Constitución Nacional…”

El caso “Esso Petrolera Argentina c/Municipalidad de Quilmes” de hace cuatro años era la oportunidad, en especial luego de la audiencia pública en la que varios expertos les recordaron a los ministros ese concepto básico. La Corte sostuvo que para fijar el importe de la tasa podían computarse no solo los costos de los servicios, sino también su “capacidad contributiva”; específicamente, “los ingresos brutos del contribuyente”. Luego, la Corte trató infructuosamente de enderezar ese principio. Pero el problema es el punto de partida: la Corte les confirmó a los siempre ávidos intendentes que pueden utilizar los ingresos totales como base de cálculo, cuando el concepto de tasa es lógicamente incompatible con dicha base. Así, la Corte impuestizó las tasas. Además, los jefes comunales aprovechan el “solve et repete” (pago previo a litigar) y, si pierden el caso una década después, su devolución se licúa por inflación y la paga el siguiente intendente.

A partir del caso Esso, muchos municipios se largaron a una voraz carrera fiscal, con municipios que, como Lanús, llegaron a aplicar un impuesto de seguridad e higiene de hasta el 6% sobre los ingresos totales de los supermercados. Ante tan irrazonable impuesto, las cadenas salieron a informarles a sus clientes, mediante carteles, que en esas sucursales los precios son superiores a los de las demás. Las cadenas no absorbieron estas tasas y esto aparece expuesto en carteles y tickets. Otros municipios aplican alícuotas menos brutales, pero con esa base de cálculo la incidencia en los precios casi siempre es muy relevante, cuando históricamente el peso de estas tasas era, como debía ser, mínimo.

La transparencia fiscal debería ser una política de Estado, respetada por todas las provincias y los municipios. El llamado régimen de transparencia fiscal al consumidor, que promueve que en las facturas se especifiquen todos los impuestos que se suman al precio de cualquier producto, solo alcanza por ahora a los tributos nacionales. Solo dos provincias –Chubut y Mendoza– adhirieron al régimen para que se detallen el impuesto provincial a los ingresos brutos y las tasas municipales, en tanto que apenas tres –CABA, Entre Ríos y Córdoba– están en proceso de hacerlo.

En el reciente Coloquio de IDEA, el presidente de Lógica, Matias Olivero Vila, sostuvo que casos como el de Esso demuestran que la incidencia negativa del Poder Judicial en lo fiscal es a veces superior incluso a la del poder político. Porque si bien la ley es de alcance general y la sentencia solo aplica al caso concreto, cada vez que un tribunal bendice un determinado exceso fiscal en contra de la Constitución, está incentivando en general a que todos los demás políticos apliquen el mismo exceso. Tolerancia e incentivo son dos caras de la misma moneda. El político de turno de nuestro país sanciona leyes con excesos fiscales sabiendo de antemano que, salvo ciertas excepciones, encontrará jueces condescendientes. Además, el hecho de que el poder judicial tenga una incidencia mayor que el poder político lo dicen los ganadores del Premio Nobel de Economía de 2024, Acemoglu, Robinson y Johnson, quienes demostraron que el fracaso de los países no depende solo de la mala aplicación de políticas económicas sino del mal funcionamiento de las instituciones. Y mucho más aún, agregan desde Lógica, en el país de los impuestos más altos del mundo, donde la defensa judicial de los derechos del contribuyente pasa a ser una cuestión esencial.

En conclusión, el Poder Judicial, más allá de algunos buenos fallos fiscales, ha sido responsable primario de los impuestos más altos del mundo que tiene nuestro país. En relación con las tasas, donde había una ocasión ideal de aclarar la cuestión, aplicando el principio básico, la Corte fue funcional a la voracidad fiscal municipal, lo que influyó en que los ciudadanos terminen pagando más por cualquier producto, merced a la sumatoria de tributos nacionales, provinciales y municipales. Algo que afecta especialmente a los más de 18 millones de ciudadanos bajo la línea de pobreza.

Nuestro país necesita una Justicia que tenga la impecabilidad e implacabilidad para con el Estado que se exige en un país que tiene los impuestos más elevados del planeta. Si cinco de los diez puntos del Pacto de Mayo son fiscales, la Corte debería tener al menos un ministro con especialidad fiscal y probada aplicación de los principios constitucionales tributarios. Constituiría esto una fuerte señal hacia el resto del Poder Judicial.

Fuente: La Nación

El amplio triunfo del Gobierno en las elecciones legislativas del 26 de octubre implica un respaldo a las ideas y políticas que en su momento tuvieron definición en la Ley de Bases, en el Decreto 70/23 y en el Pacto de Mayo.

La privatización de actividades estatales constituyó un capítulo relevante de aquellos elementos programáticos. Debe recordarse, sin embargo, que los alcances del proyecto privatizador en el original de la Ley Bases enviado por el Poder Ejecutivo fueron recortados con el fin de lograr el apoyo legislativo mínimo para aprobarla y sancionarla. El proyecto original incluía 41 empresas por ser privatizadas, entre ellas varias emblemáticas como YPF, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, el Banco de la Nación Argentina, la Casa de la Moneda, Fabricaciones Militares, Nucleoeléctrica Argentina S.A. y Télam. Pero la mayor parte de las empresas listadas fueron excluidas. Sólo quedaron Enarsa, Intercargo, AYSA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales S.A. Debe agregarse la Hidrovía, cuyo nuevo concesionamiento ya estaba en proceso.

Además de las privatizaciones, el artículo 3° del proyecto original de la Ley Bases facultaba al Poder Ejecutivo a reorganizar, transformar la estructura jurídica y hasta disolver organismos de la administración nacional. El Congreso incorporó en el mismo artículo la exclusión de las universidades nacionales, los entes dependientes del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Ministerio Público y otros 31 organismos descentralizados.

Las frecuentes críticas respecto de la falta de inversiones en infraestructura y el impacto negativo sobre la producción pueden aplicarse a una falta de efectividad administrativa o también a la limitación al uso de fondos presupuestarios. Pero sin duda la fuerte resistencia ideológica de la oposición, expresada en los condicionamientos impuestos por sus legisladores, contribuyó a esa falta de avance. La convocatoria a inversores privados para la adquisición de empresas estatales o para tomar concesiones ha sido perjudicada por el elevado riesgo país, pero potenciada por una oposición política que permanentemente ha prometido un giro de 180 grados y que hasta hoy había tenido mayorías parlamentarias. Superada la elección de medio término, que le ha dado más posibilidad a las reformas de fondo necesarias y una mayor gobernanza a la gestión de Javier Milei, urge acelerar las privatizaciones para revertir el deterioro en el mantenimiento de la infraestructura y ampliar su capacidad.

La profundización de la Hidrovía a 42 pies hasta los puertos cerealeros al norte de Rosario, tornar eficiente el funcionamiento de los ferrocarriles de cargas y mejorar el estado de la red caminera conforman el reclamo más insistente de los productores del agro y la minería, expuestos a la competencia internacional. Las privatizaciones deben apuntar a satisfacer este y otros reclamos relacionados con el estado de la infraestructura.

En noviembre de 2024 se llamó a licitación para el nuevo concesionamiento de la Hidrovía. Lamentablemente, fracasó como consecuencia de las condiciones de un muy controvertido pliego. Hubo una única oferta y la anulación de la licitación fue la única salida posible. El desafío pasó a ser la redacción de un nuevo y bien estudiado pliego que garantice competitividad en una nueva licitación y que asegure la menor tarifa de peaje. Desde el punto de vista de una mayor competencia sería preferible la concesión por separado de tres tramos de la Hidrovía que tienen características hidrológicas y sedimentológicas diferentes y requieren equipamientos adaptados a cada caso. Por similares razones debería licitarse por separado el balizamiento y excluir tareas ocasionales como la remoción de barcos hundidos. La licitación fracasada impedía competir a firmas extranjeras de propiedad estatal. El caso más significativo era el de las empresas chinas. Debería evaluarse si la valiosa relación actual con el gobierno de los Estados Unidos brinda motivos suficientes para excluir de la competencia a esas empresas que pueden reducir el precio del peaje en la Hidrovía.

Está próxima la licitación para el concesionamiento del ferrocarril Belgrano Cargas. Se trata de una línea clave para el transporte de graneles agrícolas y mineros del noroeste argentino hacia los puertos de exportación y los grandes centros de consumo e industrialización. Deberán tenerse en cuenta las causas de fracasos anteriores de la privatización de esta línea y su retorno a la explotación estatal. Parece acertada la propuesta de operar este ferrocarril por el sistema de Open Access, que permite la circulación de trenes de terceros con el pago del correspondiente peaje.

Se encuentra avanzado el proceso de concesionamiento de alrededor de 5900 kilómetros de rutas troncales que hoy están en manos de la estatal Corredores Viales S.A. Las licitaciones en diez conjuntos son conducidas por la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, dependiente del Ministerio de Economía. Las concesiones camineras lo serán por el sistema de peaje enmarcadas en la ley 17.520.

La privatización del holding estatal Enarsa fue dispuesta en abril pasado por el decreto 286/2025. Será ejecutada por la misma agencia y por separado para cada uno de sus activos. Estos comprenden las cuatro grandes hidroeléctricas del Comahue, dos centrales termoeléctricas y el 50% de Citelec S.A., que a su vez es controlante de Transener S.A., la empresa que opera la red de alta tensión de 15.000 kilómetros y que transporta el 86% de la energía eléctrica consumida en nuestro país.

El objetivo de las privatizaciones es no solo aportar eficiencia operativa sino también importantes inversiones de capital privado en la modernización y expansión de la infraestructura. Para lograrlo es fundamental la reducción del riesgo país y el acceso a los mercados de capital en condiciones razonables. El resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre ha abierto una expectativa promisoria. La aceleración de las privatizaciones y la recuperación de la infraestructura deberán impulsar un círculo virtuoso que contribuya a la competitividad y el crecimiento.

Fuente: La Nación

esde hace décadas, como hemos destacado reiteradamente desde esta columna editorial, las organizaciones sociales a través de diversos espacios como el Foro del Sector Social, la Confederación de la Sociedad Civil o la Red Argentina para la Cooperación Internacional reclaman por un marco legal, fiscal y laboral que contemple las características de estas valiosas entidades de bien público, que no persiguen fines de lucro y que son un complemento de muchas de las políticas sociales que se impulsan desde el Estado. Sin embargo, la dirigencia política no solo ignora, sino que empeora las condiciones.

Entre las casi 9000 ONG formalizadas en la ex AFIP cubren la totalidad de las principales agendas de impacto social. Unas organizaciones se enfocan en las agendas de las necesidades básicas como alimentación, salud, vivienda y educación, y otras se orientan a la defensa de los derechos humanos, el control de la corrupción y el acceso a la justicia. Pero todas, pese al gran aporte que hacen a la calidad de vida colectiva y a la generación y gestión de bienes públicos que mejoran la vida de millones de personas, están a la intemperie de la institucionalidad dado que las normas que las regulan, lejos de fortalecerlas, las exponen a arbitrariedades y las debilitan hasta ponerlas al límite de su existencia.

Un ejemplo paradigmático es el que atraviesa la reconocida Fundación Pro Vivienda Social, creada en 1992 para mejorar las condiciones de vida en barrios populares del conurbano bonaerense, con especial foco en el acceso a la vivienda digna, la infraestructura comunitaria y los servicios básicos esenciales.

Su aporte llega a miles de familias de los sectores vulnerables, como lo demuestran los créditos solidarios asignados entre 1995 y 2001 que permitieron otorgar préstamos por el equivalente a 12,5 millones de dólares a 8700 familias que construyeron o mejoraron 73.300 metros cuadrados de vivienda. Desde 1999, la Fundación impulsa un programa para construir redes de gas natural domiciliario en los barrios más vulnerables de la zona oeste del conurbano, quienes dependían exclusivamente de garrafas para cumplir con sus necesidades básicas de gas, lo que implicaba elevados costos y altos riesgos de intoxicaciones e incendios. En la actualidad, el 31% de la población de Moreno tiene gas por red y la tercera parte fue gracias al trabajo de esta fundación. A través de fideicomisos vecinales, más de 10.000 familias accedieron al servicio de gas natural por redes y ahora cuentan con una fuente de energía más segura, económica y fiable.

Pero este modelo está en peligro. Un reciente fallo judicial , arbitrariamente estableció que hubo relación de dependencia entre un gasista y la fundación. Sin embargo, ese operario no trabajó para la fundación sino que lo hizo para un grupo de vecinos nucleados en un fideicomiso vecinal asesorado por la fundación. Si la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo se mantiene, la Fundación Pro Vivienda Social debería afrontar una indemnización que supera los 160 millones de pesos, cifra imposible de cubrir para una organización sin fines de lucro que reinvierte cada peso en proyectos sociales.

El caso no es solo una disputa jurídica; es una advertencia sobre el modo en que ciertas interpretaciones judiciales pueden desarmar aquello que funciona bien en la Argentina: la cooperación entre comunidades, empresas y fundaciones para llevar adelante políticas públicas de calidad e inversión en servicios públicos en los sectores más vulnerados de la sociedad.

El gasista no fue empleado de la fundación, sino gasista independiente (monotributista) contratado por sus propios vecinos a través de fideicomisos solidarios. Emitía facturas a terceros, tenía sus propias herramientas y elegía a sus ayudantes. Pero una absurda interpretación extensiva de la ley laboral por parte de la Justicia lo convirtió, retroactivamente, en “empleado de los vecinos” nucleados en el fideicomiso asesorado por la fundación.

El resultado va más allá de una sentencia, pues ratifica que la industria del juicio está más viva que nunca en nuestro país. Si se confirma, cada organización vecinal que actúe como facilitadora de grupos de vecinos podría ser tratada como “empleadora” de quienes trabajan por cuenta propia en proyectos colectivos: desde cooperativas de vivienda hasta huertas comunitarias o programas de eficiencia energética. En otras palabras, se castigaría a los

vecinos que se nucleen en organizaciones intermedias o sin fines de lucro para que con su esfuerzo se consigan cubrir necesidades que el Estado no cubre.

En un país que necesita más articulación y menos confrontación, la Fundación Pro Vivienda Social representa lo que deberíamos cuidar: un modelo de trabajo conjunto entre sectores que históricamente se miraron con desconfianza. Las empresas encontraron en la fundación un interlocutor que tradujo las necesidades sociales en proyectos viables y, al mismo tiempo, organizando a la comunidad, miles de vecinos dejaron de ser beneficiarios pasivos para convertirse en cogestores de su propio bienestar.

Si el fallo prospera, la consecuencia no será otro mero y nefasto precedente de justicia laboral ni sentará jurisprudencia alguna, sino que la letal imprudencia de una interpretación jurídica provocará la desaparición de una institución que ha demostrado con hechos que la Argentina puede funcionar cuando los ciudadanos confían los unos en los otros y, todos juntos, en el sistema de justicia. Es de esperar que el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires prospere y deje sin efecto un fallo que es un dramático ejemplo de leyes que, interpretadas temerariamente contra una entidad de bien público, convierten un caso judicial en el ocaso de una organización que desde hace 30 años lleva justicia social a lo profundo de la vulnerabilidad colectiva.

Fuente: La Nación

a Argentina ha cambiado su rumbo político y, de esa forma, invirtió el sentido del círculo en que giran sus quehaceres colectivos. Si durante décadas el país se degradó en una rotación insostenible hacia la izquierda, la vuelta de tuerca que implicó el apoyo popular a Javier Milei implica un viraje en sentido contrario. De frenar un círculo vicioso, a intentar un círculo virtuoso.

Es un camino desconocido que recién empieza. Muchos anhelan que esta nueva etapa sea libre de conflictos, como ocurre en aquellas naciones estables donde nadie recuerda el nombre de sus primeros ministros, presidentes o líderes opositores. Comarcas maravillosas cuya previsibilidad y rutinas envidiamos, tomándolas como ejemplos. Que, de tan perfectas, aburren.

Sin embargo, el aburrimiento será el premio que espera al final del camino y no al comienzo. Para alcanzar las bondades del círculo virtuoso falta aún atravesar turbulencias, pues, si el paradigma del país aburrido prevaleciese, todo continuaría como hasta ahora. Y la prepotencia sindical, los empresarios clientelistas, los políticos privilegiados, los gremialistas de las profesiones, los gobernadores feudales, los intermediarios de lo público y tantos grupos que medran del statu quo aplaudirían aliviados si el riesgo de cambio pierde fuerza, frente a la seducción del aburrimiento.

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Hoy el panorama se presenta promisorio. En el interior ya se observan las bases de una revolución productiva en materia de hidrocarburos, minería, litio, uranio, tierras raras, además de las nuevas tecnologías aplicadas al campo

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Debemos dejar atrás vicios que se potenciaron con los años, arrastrando a los 47 millones a la más profunda decadencia. Por generar incentivos perversos, las inversiones y los trabajos se amoldaron a tareas de baja productividad, estancando la creación de riqueza. Ello frustró las demandas sociales ante la imposibilidad de satisfacerlas y el populismo respondió con mayor gasto público, prebendas, prohibiciones y regulaciones a favor de los sectores mejor organizados. Son testigos de aquel “Estado presente” los barrios sin agua potable, ni cloacas, ni veredas, pero con inseguridad creciente. Y también los ahora callados piqueteros, gestores de fondos sin control que sometieron a los más vulnerables en su provecho.

La Argentina resultante, la que se debe cambiar, está cubierta de papeles pintados con escudos y membretes (leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, digestos, convenios colectivos, laudos arbitrales y fallos arbitrarios) garantizando salarios “justos”, mercados cautivos, honorarios obligatorios, rigideces laborales, industrias judiciales, sindicatos millonarios, ausentismos docentes, jubilaciones especiales, estabilidades abusivas, clientelismos provinciales, “peajes” municipales y tantas otras aberraciones que es imperioso eliminar.

Transcurrida una semana de las elecciones, existe gran ansiedad por saber cuándo comenzará la reactivación, el aumento del empleo regular, la mejora del consumo y por supuesto, de los ingresos, pues la plata “no alcanza”. Las respuestas solo pueden darse en un contexto mayor ya que la economía no es una ciencia exacta, sino social.

Nada ocurrirá de inmediato, pero si hay confianza en un futuro promisorio, los mercados anticiparán esa perspectiva. Dependerá de la baja del riesgo país, la mayor demanda de pesos, la reducción de la tasa de interés y la decisión de los empresarios de aumentar su capital de trabajo, extender las horas extras, producir más cantidades y hasta incorporar más equipos contratando más personal.

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Si durante décadas el país se degradó en una rotación insostenible hacia la izquierda, la vuelta de tuerca que implicó el apoyo popular a Javier Milei implica un viraje en sentido contrario

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Los argentinos ni imaginamos, luego de décadas de círculos viciosos, cómo sería el país posible si el nuevo rumbo se afianza y las reformas se llevan a cabo. El Gobierno no ha sabido comunicarlo bien, pues el lenguaje rústico de los influencers libertarios no ha coronado la propuesta de cambio cultural con un sueño de futuro que enamore. Falta aún encolumnar entusiasmos en la marcha hacia un Shangri-La celeste y blanco que motive el esfuerzo por alcanzarlo.

No es una propuesta exótica, pues la Argentina se creó gracias al sueño apasionado de la Generación de 1837, se articuló durante la Organización Nacional y se plasmó en realidades durante los años de “paz y administración”. A partir de 1862 se asentaron pilares institucionales para que 14 provincias unidas se convirtieran en nación argentina. Y fue tan convincente esa decisión –y el cambio cultural que la sustentó– que pronto se convirtió en imán para la inmigración y la inversión europea. Se dejó atrás un pasado colonial de casas de adobe, sin saneamiento, sin caminos ni ferrocarriles, con pesadas carretas, postas pulguientas y temor al bandidaje. Se transformó un país sin agricultura, sin molinos ni alambrados que importaba trigo para hornear el pan y carneaba ganado cimarrón para sacar su cuero. Habitado por criollos dignos pero analfabetos, habituados a la mortalidad infantil y sin escolaridad para los niños. Sin embargo, el cambio fue posible. Y nuestro país representó un milagro de progreso en el Centenario (1910) que el mundo vino a contemplar en los festejos.

En tiempos menos remotos, hay otros ejemplos de reformas modernizadoras, útiles para la Argentina. Desde Alemania, Italia y Japón luego de sus derrotas en 1945, hasta las democracias populares de Europa Oriental al caer el Muro de Berlín (1989) y luego de la disolución de la URSS (1991). Y en este siglo, Irlanda, Portugal o Grecia que superaron profundas crisis gracias a liderazgos políticos y el apoyo de la UE y del FMI.

Si el costo argentino se reduce mediante las reformas pendientes, numerosas Pymes expuestas a la apertura económica podrán competir con cancha nivelada. Con bajo costo del capital, acceso a insumos importados y acuerdos provechosos de libre comercio como el celebrado con la UE, tendrán oportunidad para reconvertirse, atendiendo a mercados externos con productos de calidad, diseño y valor agregado.

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Debemos dejar atrás vicios que se potenciaron con los años, arrastrando a los 47 millones de argentinos a la más profunda decadencia. Por generar incentivos perversos, las inversiones y los trabajos se amoldaron a tareas de baja productividad, estancando la creación de riqueza. Ello frustró las demandas sociales ante la imposibilidad de satisfacerlas y el populismo respondió con mayor gasto público, prebendas, prohibiciones y regulaciones a favor de los sectores mejor organizados

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En el interior ya se observan las bases de una revolución productiva en materia de hidrocarburos, minería, litio, uranio, tierras raras, además de las nuevas tecnologías aplicadas al campo. Los servicios profesionales, el turismo y la industria del conocimiento ya hacen su aporte invisible a un cambio que se encuentra en marcha.

La Argentina es uno de los países más dotados del planeta y así lo ven, con envidia, quienes carecen de agua dulce, costas marítimas, minerales de ley y tierras fértiles. Cuando la Generación del Ochenta lo puso en marcha, fue potencia mundial basada en la agricultura y la ganadería. Ahora suma otros recursos que el mundo necesita, además de científicos de nota, mentes brillantes y jóvenes creativos.

Quienes votaron a favor de La Libertad Avanza lo hicieron para experimentar algo nuevo y no regresar al pasado. Sin embargo, no tienen aún claro hasta qué punto la Argentina puede transformarse si logra vencer la resistencia de los intereses creados ligados a ese ayer. En la medida en que las normas para reducir el costo argentino se hagan realidad, el cambio de expectativas se consolidará y los argentinos verán, por primera vez en muchos años, cómo las proclamadas virtudes de un círculo virtuoso inciden sobre las conductas de los inversores, los ahorristas, los empleados y las amas de casa. Y cómo las expectativas -y no la Secretaría de Comercio- reactivan la economía, mejoran su nivel de vida y le permiten soñar en un futuro, hasta hace poco, inimaginable.

Fuente: La Nación

El pobre desempeño del peronismo en las recientes elecciones nacionales -de manera especial, por parte de la agrupación kirchnerista Fuerza Patria– es el resultado del agotamiento de una dirigencia en la que sobresalen la corrupción, las mañas de la vieja política y la incapacidad por ofrecer ideas renovadoras, además del empecinamiento de algunos de sus representantes en seguir atados al liderazgo de quien ha sido justamente condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y se halla procesada en varias causas más por otros graves delitos.

El protagonismo que acaparó la expresidenta Cristina Kirchner en la conformación de las listas de candidatos a integrar el Congreso de la Nación terminó de hundir a una fuerza política que, más que haber ingresado en un proceso de crisis, parece haber implosionado. Muchos se preguntaron con buenos fundamentos qué podía aportar un postulante como Jorge Taiana, que reivindica su pasado montonero y niega la evidencia de que el régimen de Nicolás Maduro es una dictadura sangrienta. O un dirigente como Juan Grabois, siempre emparentado con la extorsión callejera de los grupos piqueteros. También, cuál era la nueva canción que se proponía componer el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Tras la derrota electoral del kirchnerismo, tanto en la sede nacional del PJ como en la de la provincia de Buenos Aires, aparecieron afiches contra las autoridades partidarias, encabezadas precisamente por Cristina Kirchner en el orden nacional y por su hijo, Máximo Kirchner, en el distrito bonaerense. “Máximo, el PJ no es tu juguete” y “Basta de herederos bendecidos”, rezaban algunos de ellos. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, pidió por su lado que la expresidenta deje de considerar al partido como “una pyme familiar”, al tiempo que no pocos intendentes peronistas bonaerenses hicieron saber de distintas maneras sus discrepancias con los Kirchner.

A la despiadada lucha interna en la que se ha sumergido el peronismo en las últimas horas, hay que añadir las insólitas excusas con los que algunos de sus dirigentes intentaron justificar su retroceso electoral, apuntando al nuevo sistema de votación. El propio Kicillof se quejó de las supuestamente largas colas que tuvieron que hacer muchos votantes porque a cada uno había que explicarle cómo tenía que votar. El intendente de Ensenada, Mario Secco, por su parte, expresó que “la gente no entendió cómo tenía que votar”.

Se trata de argumentaciones absurdas. Si algo caracterizó al novedoso mecanismo de votación en elecciones nacionales, cuyo pilar ha sido la Boleta Única en Papel (BUP), fue su sencillez y agilidad. Particularmente, en la provincia de Buenos Aires, donde solo se trataba de marcar con una cruz el casillero de la lista de diputados nacionales de la preferencia del elector. Es probable que lo que verdaderamente moleste a ciertos dirigentes peronistas, que durante años han sido genuinos exponentes del más rancio clientelismo, sea precisamente que con la BUP se puso fin a la posibilidad de recurrir a distintas maniobras fraudulentas, como el robo de papeletas electorales o el voto cadena cimentado por los grandes aparatos partidarios para mantener cautivos a no pocos votantes, utilizados como carne de cañón.

La coalición Fuerza Patria exhibió una notable pobreza de ideas y una llamativa carencia de propuestas, refugiándose en la consigna “Frenar a Milei” y en cuestionamientos a las políticas que procuran el equilibrio fiscal. Claramente, ese alarmante vacío, junto a la falta de vocación por una renovación programática, movilizó aún más a los votantes temerosos de un retorno al pasado en favor de La Libertad Avanza.

Ni el populismo ni una dirigencia que exhibe una larga lista de procesados y condenados por distintos escándalos de corrupción pueden ser el conducto para que el peronismo vuelva a disputar el gobierno nacional. Más que preguntarse, como de costumbre, de qué modo volver al poder, sus dirigentes deberían pensar si realmente el peronismo puede volver a expresar algo novedoso en la política argentina.

Fuente: La Nación