Categoría: Entrevistas

  • Un general en actividad en el Ministerio de Defensa

    El jefe actual del Estado Mayor General del Ejército, teniente general Carlos Alberto Presti, sucederá, como se sabe, al senador electo Luis Petri, como ministro de Defensa. Lo hará, según sus propias palabras, sin renunciar a la condición de oficial superior en actividad, sin pasar a retiro.

    Tanto ese anticipo, como la asunción de un militar en el Ministerio de Defensa -la primera vez que esto ocurre, en cuarenta años de democracia-, han provocado controversias que es necesario examinar con la seriedad del caso, no con la liviandad de ideólogos que han dejado el Estado en ruinas. Conciernen, en definitiva, al papel por cumplir por parte de los militares en los destinos del país dentro de un mundo cada vez más jaqueado por conflictos bélicos e hipótesis abiertas de una mayor gravedad todavía para los próximos años.

    En ese sentido, resulta indispensable a cualquier político, legislador, académico, y demás interesados en temas de la defensa nacional, la lectura del excepcional documento que se desplegará mañana en dos páginas en el suplemento Ideas de LA NACION. Refiere a las palabras pronunciadas recientemente, ante los alcaldes de Francia, por el jefe de los Ejércitos franceses, general Fabien Mandon. Constituyen una reflexión descarnada sobre el horizonte que se abre de aquí a 2030 desde la perspectiva de un pensamiento estratégico global tanto militar como político y proveniente de una potencia central.

    Pasamos por alto la estúpida impugnación que algún provocador haya hecho a la designación del teniente general Presti por ser hijo de un militar que actuó durante los años de represión del terrorismo que abrevó en el castrismo con la voluntad de conquistar a cualquier costa el poder. Por estas objeciones de portar un apellido ingrato a la izquierda, y a quienes se subieron tardíamente a su carro en el gobierno de los Kirchner, vieron truncadas sus carreras brillantes oficiales desde 2003.

    No se puede, en cambio, pasar por alto en la designación de Presti una calificación de propósitos que esperábamos, en verdad, desde hace muchos años: dar “por finalizada la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados”. O sea, que no solo se abandona de manera expresa la política de vejar a militares en actividad por el apellido que llevan, sino que también se deja de lado la superstición de que un militar no pueda ser ministro de Defensa en un gobierno de origen democrático.


    Era ya hora de abandonar de manera expresa la política de vejar a militares en actividad por el apellido que llevan y de dejar de lado la superstición de que un militar no pueda ser ministro de Defensa en un gobierno democrático


    El nuevo ministro se graduó de oficial durante el gobierno del presidente Alfonsín. ¿Qué puede decirse en su contra, o en la de otros, que hayan hecho una carrera con suficientes méritos profesionales, como para que la condición de militar sea un obstáculo precisamente en el área donde sus conocimientos específicos deberían ser aun mayores, por principio, que las de un civil?

    Al instaurarse en 1854 el gobierno de la Confederación Argentina, Urquiza ungió al general Rudecindo Alvarado para el Ministerio de Guerra. Y esa historia siguió por largo tiempo con la retención de la jefatura del Ejército por el ministro del ramo. Un caso paradigmático se presentó en la segunda presidencia de Roca: un coronel, después ascendido a general, tuvo ese ministerio a su cargo y contribuyó a una de las más importantes reformulaciones de la política militar y del rearme en nuestra historia. Fue el coronel Pablo Riccheri.

    Así las cosas, cabe preguntarse por qué Presti no pasará inmediatamente a retiro, como correspondería por los artículos 15/16 de la ley para personal militar, que limita su actividad en funciones políticas. Sin entrar en más precisiones, Presti ha dicho que mantendrá su actual estatus, pero “en una situación distinta”. ¿Habrá querido decir que pasará a disponibilidad, vía legal de la que disponen, tanto él como el Presidente, al menos por un año a fin de conferirle, llegado el caso, un destino militar específico?


    Por nefastas objeciones de portar un apellido ingrato a la izquierda, y a quienes se subieron tardíamente a su carro en el gobierno de los Kirchner, vieron truncadas sus carreras brillantes oficiales desde 2003


    Un gobierno como este, desatento a los rigores de la formalidad casi como el que más, parece haberse prestado ahora, llamativamente, a la observación de algunos detalles que se perciben solo con mirada en esmero atenta: un militar en actividad puede vestir uniforme y hacer de esa forma una exteriorización simbólica de pertenencia que puede ser determinante en una política hacia las Fuerzas Armadas que el gobierno procuraría enfatizar. Más difícil es saber el grado de prontitud con el que el Gobierno va a satisfacer demandas poco menos que perentorias en los cuadros militares.

    Las Fuerzas Armadas han visto alejarse de sus filas miles de hombres, actuantes en todos sus niveles. Han sido unos 18.000 durante la gestión de Milei. Las remuneraciones a sus miembros se hallan en un piso del 20% por debajo de los gendarmes y prefectos. Ha habido signos de una leve reactivación respecto de los medios por los cuales se perfecciona a diario el ejercicio de la profesión militar. La próxima semana llegarán los primeros seis F-16 adquiridos a Dinamarca al cabo de cuarenta años de vuelos y renovados en su instrumental por los Estados Unidos; quedan pendientes de entrega otros 18 cazas involucrados en esa operación.


    Solo con una visión estratégica de alto vuelo político e intelectual, y un esfuerzo y continuidad notables en su gobierno y sociedad, podrá el país entrar en un período de gran dignidad como el que soñaron sus fundadores


    Como ministro de Defensa, Presti no podrá desentenderse de la crisis del Instituto de la Obra Social de las FF.AA y de Seguridad, con centenares de millones de pesos de deudas impagas, e igualmente con otros temas referidos a recursos. Pero no es menor, por cierto, el papel que cabe esperar del Presidente respecto del desenvolvimiento del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

    La estabilidad económica y su reactivación, esencialmente a través de los campos más dinámicos para los tiempos que se avecinan, como el campo, la energía, los minerales y las empresas del conocimiento, trazará, según su suerte, líneas esenciales en el contexto en que se desempeñarán las instituciones aplicadas a la defensa nacional. La inserción de un número creciente de gentes en el mercado productivo, la seguridad interna, la afirmación de nociones como las del mérito; de la virtud, sobre la que todavía hay interrogantes en un gobierno que se dice comprometido a desarmar la maquinaria cleptocrática del kirchnerismo, y de una Justicia confiable, marcarán otras líneas para que las FF.AA sepan al servicio de qué tipo de país, y en qué dirección, deben prepararse para defender.

    Los hechos, sobre todo la asistencia financiera reciente sin la cual el Gobierno habría entrado seguramente en agonía, mandan hoy, como siempre los hechos mandan desde una visión realista y descarnada de la política: nuestro alineamiento con los Estados Unidos ha traspasado por la fuerza de ese imperativo los límites naturales de la cooperación; ahora, hiera o no la sensibilidad política de los argentinos, tiene fuerza automática.

    Es ese un asunto que convoca más a la reflexión enriquecedora de ideas y propuestas, que a la celebración de nada. Será el terreno al que se dirigirán nuestras miradas con la expectativa de que el presidente Milei maniobre de tal modo que el precio del alineamiento automático se traduzca en una política norteamericana eficaz de fortalecimiento de las habilidades y misión de nuestras FF.AA. Deberán contar, por lo tanto, con los instrumentos apropiados para que se luzcan en su desenvolvimiento, en particular a través de la disponibilidad de tecnologías de punta en un país devenido en aliado especial de los Estados Unidos en el Cono Sur y en la diplomacia internacional.

    Alemania y Japón, derrotados por ejércitos extranjeros en la última guerra, quedaron por largos años en estado de crítica dependencia de los Estados Unidos. La Argentina, derrotada, en cambio, por la estrafalaria sucesión de catástrofes producidas como en una interminable implosión por sus propios gobiernos, ha entrado en un ciclo desconocido para todos. Solo con una visión estratégica de alto vuelo político e intelectual, y un esfuerzo y continuidad notables en su gobierno y sociedad, podrá el país acelerar el cierre de este período tan singular y entrar en otro, de gran dignidad, con el que soñaron sus fundadores.

    Hombres como el teniente general Presti pueden ayudar en ese sentido a la modelación por el Presidente de un país más fuerte, más desarrollado y seguro de sí mismo. Pero el Presidente deberá saber cómo dejarse ayudar por los más sabios y los más honestos.

    Fuente: La Nación

  • Causa Cuadernos: testimonios y pruebas que derriban el relat

    Semana tras semanas, el avance del juicio por la causa Cuadernos viene colocando bajo un implacable reflector la trama de corrupción estatal más extensa y sistemática que se recuerde en el país.

    Lo que durante años fue conocido por trascendidos o filtraciones de las declaraciones de los arrepentidos cuyos nombres pueblan la bitácora del chofer Oscar Centeno, su lectura oficial en el juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N° 7, presidido por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, pone en negro sobre blanco la magnitud del desfalco y la impunidad con que se manejaban los imputados. Se trata de confesiones formalizadas, verificadas y sometidas al proceso judicial más relevante en esta materia desde el retorno de la democracia.

    Ante esa contundencia, suena tan falaz como desesperada la muletilla de Cristina Kirchner cuando se refiere a los cuadernos de Centeno como “truchos” o cuando asegura que los arrepentidos fueron “extorsionados” y hasta “torturados” para declarar en su contra. Si todo fuese una invención grotesca, ¿cómo explicar que tantos declarantes -exfuncionarios, empresarios, intermediarios- hayan narrado con coincidencias milimétricas nombres de protagonistas, fechas de traslados, bolsos, montos, direcciones y modus operandi? ¿Cómo justificar que personas provenientes de áreas tan distintas describan engranajes que encajan uno con otro como piezas de una maquinaria de relojería cuyo diseño no puede atribuirse al azar?


    Personas provenientes de áreas bien distintas han descripto engranajes que encajan uno con otro como piezas de una maquinaria de relojería cuyo diseño es imposible de atribuir al azar


    Las audiencias durante las que se produce la lectura de esos testimonios muestran con crudeza la arquitectura del sistema pergeñado desde lo más alto del poder. Centeno afirmó que en pleno mandato de la hoy expresidenta siguieron los viajes con bolsos cuyos detalles dejó plasmado en los cuadernos. Dijo, entre otras cosas, que “una vez por semana” partían hacia Olivos y que la entonces jefa del Estado se cruzaba desde su casa hacia el chalet donde se dejaba el dinero. El chofer describió un circuito que, después de la muerte de Néstor Kirchner simplemente cambió de frecuencia, pero que no desapareció.

    La declaración de José López -el de los bolsos con millones de dólares, euros y joyas dejados “a resguardo” en un seudoconvento de General Rodríguez– fue también de lectura obligatoria en el tribunal. La ex mano derecha de Julio de Vido en el Ministerio de Planificación contó que durante años entregó entre 100.000 y 300.000 dólares por semana al secretario presidencial Daniel Muñoz, ya fallecido, y que en el departamento de Recoleta de Cristina Kirchner llegó a dejar una valija con “varios millones”, ingresada por la puerta principal. Explicó que, tras la muerte de Néstor Kirchner, fue convocado por la entonces mandataria, quien, según su relato, le dijo: “Podés ser parte del problema o de la solución”. Contó que fue él quien le explicó el mecanismo completo de recaudación, que ella “no dio instrucciones”, pero que De Vido le avisó que la recolección de dinero en efectivo debía retomarse.


    Frente a la avalancha de pruebas irrefutables sobre el brutal robo al Estado, Cristina Kirchner intenta desconocer que las palabras de los arrepentidos son testimonios realizados bajo juramento, incorporados a un juicio oral, con control de partes, con actas, con lectura oficial ante decenas de imputados y un tribunal que no actúa en la penumbra, sino a la vista de todo el país


    Claudio Uberti, quien estuvo a cargo del Órgano de Control de Concesiones Viales, por lo que se constituyó en otra pieza clave del sistema de recaudación que investiga la Justicia, fue otro de los arrepentidos que identificó viajes, movimiento de valijas repletas y entregas del dinero en Juncal y Uruguay, edificio de departamentos en Recoleta donde vivió Cristina Kirchner antes de mudarse a la que ahora es su prisión domiciliaria, en Constitución. Relató haber visto en una oportunidad tantas valijas listas para ser enviadas a Santa Cruz que Muñoz, con cinismo, le dijo que podría abrir “un negocio de valijas”. Se refirió también al papel de la expresidenta en negocios paralelos, a su temperamento avasallante y a cómo pedía “plata en blanco” para emprendimientos familiares. Son detalles demasiado específicos y reiterados entre arrepentidos como para atribuirlos a una conspiración.

    El financista Ernesto Clarens, por su parte, admitió haber sido reclutado para convertir pesos en dólares y, luego, en euros de alta denominación porque físicamente ocupaban menos espacio que otro tipo de billete. Explicó cómo se organizaban las reuniones en la “Camarita” -como llamaban a la Cámara Argentina de Empresas Viales-, cómo se pactaban sobreprecios, cómo se distribuían retornos, y cómo, a pedido de la entonces presidenta, se direccionaban licitaciones o se auxiliaba financieramente a empresas amigas del poder. Clarens describió incluso la existencia de bóvedas en el sur del país y de vuelos oficiales que transportaban el dinero los viernes.

    Frente a esta avalancha de pruebas irrefutables, Cristina Kirchner intenta reducir todo a un cuento mal contado. Parece desconocer -o intenta convencer de lo contrario- que las palabras de los arrepentidos son testimonios realizados bajo juramento, incorporados a un juicio oral, con control de partes, con actas, con lectura oficial ante decenas de imputados y un tribunal que no actúa en la penumbra, sino a la vista de todo el país.


    El resultado del juicio oral por la causa cuadernos puede convertirse en un punto de inflexión. Es de esperar que este juicio sea la señal de que la impunidad no es eterna y que los culpables deben pagar por sus delitos


    La magnitud del saqueo que se denuncia implica una responsabilidad institucional que no puede relativizarse, pues se está juzgando el uso del Estado como herramienta para recaudar ilegalmente, haber condicionado a empresarios, manipulado la obra pública -que en muchos casos ni siquiera se concretó a pesar de los pagos realizados a los contratistas- y financiado campañas políticas al margen de la ley.

    Afortunadamente, la Justicia avanza aunque no todo lo veloz que sería de esperar. El resultado del juicio oral por la causa Cuadernos puede convertirse en un punto de inflexión. Un país serio se construye con instituciones que funcionan y con dirigentes que responden por sus actos. Urge llegar a un veredicto ejemplar para cerrar de una vez por todas el capítulo más oscuro y vergonzoso de corrupción sistemática de nuestra historia. Que este juicio sea la señal de que la impunidad no es eterna y que los culpables deben pagar por sus delitos.

    Fuente: La Nación

  • Las expectativas por el acuerdo con Estados Unidos

    El documento firmado por los responsables de las relaciones externas de los Estados Unidos y de la Argentina, Marco Rubio y Pablo Quirno, se titula “Declaración conjunta sobre el marco para un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos entre Estados Unidos y la Argentina”. Constituye solo un marco general sobre el cual se trabajará para formalizar y poder hacer ejecutable el acuerdo comercial. Por su alcance, el documento definitivo deberá presumiblemente contar con la aprobación parlamentaria de ambos países y, en el caso de la Argentina, también con el conocimiento de los demás socios del Mercosur. Se trata de un logro importante. Así lo han valorado los analistas e inversores, según se observa en opiniones calificadas y en el impacto positivo en la cotización internacional de los activos argentinos. Las críticas de la oposición local argumentando que hay un desbalance y que es una “entrega” están teñidas por intencionalidades políticas y prejuicios de tipo ideológico, sin siquiera esperar la letra completa del acuerdo

    Lo primero por considerar es que la apertura bilateral del comercio entre dos países siempre le otorga mayores beneficios a la nación de menor tamaño. Se le abre a ella un mercado que multiplica por varias veces el propio, lo que no ocurre con su contraparte de mayor tamaño. El consumo total anual de la Argentina alcanza a 350 mil millones de dólares, mientras que el de los Estados Unidos es de 18 billones; más de 50 veces. Esta proporción se mantiene en el mismo orden para cada uno de los diversos rubros de bienes o servicios. Ganar el 2% del mercado de un bien del país mayor significaría duplicar la venta de los productores de ese bien del país menor. En el sentido inverso el efecto resulta insignificante. Lo que cada país entrega en un acuerdo comercial es su mercado, o sea la demanda, que solo evoluciona en el tiempo, mientras que la oferta es ampliable de inmediato mediante inversiones.


    Lo que cada país entrega en un acuerdo comercial es su mercado, o sea la demanda, que solo evoluciona en el tiempo, mientras que la oferta es ampliable de inmediato mediante inversiones


    Debe tenerse en cuenta, además, que el acuerdo abarca también el impulso a la inversión. Hay que entender estas razones para valorar debidamente la importancia de esta iniciativa conjunta con la mayor economía del mundo. En este contexto se deben comprender y aceptar algunas menciones específicas de especial interés para los Estados Unidos en el texto de la declaración. Es el caso del respeto a las patentes, el combate a la piratería y la supresión de autorizaciones innecesarias en la importación de medicamentos y alimentos que ya cuentan con aprobación en origen. Son cuestiones de interés para los Estados Unidos pero que favorecerán a los consumidores argentinos, aunque no sean del agrado de productores locales que deberán competir. En el texto de la declaración se advierte también la preocupación del gobierno de Donald Trump por apaciguar las eventuales reacciones de sus productores agropecuarios que ya se manifestaron en protesta frente a la ampliación de la cuota de importación de carne argentina. A eso apunta el compromiso de permitir el acceso de ganado vivo estadounidense, además de aves de corral, productos de carne, vísceras de vacuno, productos porcinos y productos lácteos procedentes del país del Norte.

    El marco del acuerdo comercial expone una natural prevención por el eventual incumplimiento de los derechos laborales reconocidos internacionalmente. Se hace mención a la exclusión de la importación de bienes producidos por trabajo “forzado”. En rigor se refiere al uso de mano de obra en condiciones abusivas y en la informalidad. Esta condición, sumada al respeto de patentes y piratería no debiera extrañarnos ni ofendernos a los argentinos a la vista de La Salada.

    Se abre ahora un proceso de negociación en detalle del acuerdo. Lo que se da en denominar la letra chica. El paso inicial ya está logrado y la buena voluntad y el claro espíritu asociativo entre los dos gobiernos, debería permitir completar sin demoras esta etapa.

    Fuente: La Nación

  • Fundación de ñoquis

    6


    Tras detectar irregularidades en el manejo de fondos públicos, el gobierno del Chaco dispuso el cierre de la Fundación Valdocco, institución cuyo nombre recuerda el barrio de Turín donde Don Bosco inició su obra transformadora. El Estado provincial destinaba más de 124 millones de pesos mensuales para el pago de salarios de docentes que, en su mayoría, ni siquiera vivían en la provincia. “Constatamos que 78 docentes cobraban simultáneamente en Santa Cruz y en el Chaco”, señaló Sofía Naidenoff, ministra de Educación provincial, a principios de este mes.

    Tras el cierre de la fundación, la justicia chaqueña dispuso una cautelar que ordenó al gobierno de la provincia seguir pagando pese a la clausura y a que los docentes no están radicados en Chaco. La provincia apeló la media y mientras esperan la resolución judicial, avanza con informes a través de sus organismos para evaluar y acompañar la situación los menores.

    El gobierno chaqueño había detectado que solo una decena de los 99 agentes declarados por la fundación cumplía tareas y que el resto no pudo ser ubicado. Los denunciantes vinculan también las irregularidades con la gestión de Jorge Capitanich.

    El centro de recuperación terapéutica con fines educativos de la fundación, que funcionaba en el Chaco desde 2010, administraba una Unidad Educativa Privada con albergues estudiantiles en dos localidades, vacío actualmente el de Comandancia Frías -teóricamente traspasada la escuela, no el albergue, al Estado provincial- y sin el adecuado encuadre pedagógico para los 25 niños y jóvenes de las comunidades wichi y qom de General Vedia.

    Las denuncias corren por dos carriles: una contra los propios docentes y otra contra los responsables jurídicos de la fundación. Esta nació en Cañadón Seco, al norte de Santa Cruz, hace más de 20 años, bajo la dirección de Juan Carlos Molina, sacerdote al que el Obispado de Río Gallegos otorgó licencia canónica cuando se convirtió en el candidato sorpresa por el kirchnerismo santacruceño para las elecciones de octubre.

    Fue elegido diputado provincial por una mínima diferencia respecto de La Libertad Avanza, y no dudó en visitar a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria. La cercanía que mantiene con el kirchnerismo le aseguró un fuerte financiamiento para el crecimiento de su fundación, que a lo largo de 20 años se extendió incluso hasta Haití. Su descaro le permitió afirmar delante de las cámaras que él gana bien, pues cobra sueldos en las dos provincias pero que se “gasta la plata en los pibes”.

    Al igual que ya había hecho en Santa Cruz, Molina utilizó las redes para hablar de “persecución política” contra él y los pueblos originarios chaqueños, y manifestó: “Digan lo que digan, hay una cautelar vigente”.

    En Santa Cruz, el cambio de color político fue desfavorable para Molina. El año pasado la actual gestión puso la lupa sobre la fundación, se activaron inspecciones y denuncias contra la sede de Valdocco en Cañadón Seco, dado que no coincidía la nómina de beneficiarios de fondos que enviaban con los residentes en el lugar, en tanto también encontraron doble nómina de sueldos de personal que cobraba en Santa Cruz pero residía en Chaco. Tras una inspección, la jueza de Menores de Caleta Olivia decidió archivar la denuncia que buscaba establecer el origen de los niños provenientes del Chaco.

    Ante las irregularidades en la rendición de fondos, el Estado provincial retiró los aportes mensuales que enviaba a la sede de Cañadón Seco; sin embargo, una cautelar de un juez cercano al kirchnerismo falló a favor de Molina. Meses después, un fallo de segunda instancia daría la razón al gobierno provincial y ordenó a la fundación a que regularice su situación. Para octubre del año pasado, entre sueldos docentes y ayuda social, el gobierno de Santa Cruz destinaba cerca de 500 millones de pesos para la fundación en sus dos sedes.

    Actualmente el Estado santacruceño continúa enviando más de 260 millones de pesos por mes para la escuela que la fundación tiene en El Calafate -primaria y secundaria-, mientras mantiene una denuncia en el fuero provincial contra lo sucedido con el envío de fondos a la fundación en la sede de Cañadón Seco, causa que se tramita en el Juzgado de Instrucción N°2 de Río Gallegos.

    En tanto que en el fuero federal, días antes de las elecciones, el Estado provincial radicó una denuncia por el posible delito de trata de personas con fines económicos ligado al traslado interprovincial de niños wichis cuyo desarraigo Molina justifica como parte de un convenio entre las dos provincias y también piden que se investigue un posible fraude al Estado. En los últimos días, se agregó más información en la causa federal: el Estado detectó que la fundación entregaba títulos terciarios en trámite a personas que habían estudiado en Valdocco y que no tendrían validez.

    De larga relación con la familia Kirchner y cara visible de estos tan cuestionables manejos, Molina había arrancado como asesor ad honorem de la entonces ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, en 2007, hasta su designación al frente de la Sedronar en 2013, cargo al que renunció sorpresivamente en 2015 “por motivos personales”. Cura impedido de oficiar misa y distribuir sacramentos, político y dirigente social, explica que esperó a que pasara la campaña para responder a las acusaciones, pretendiendo justificar que no fue su culpa que no se tramitaran oportunamente dos bajas. Nada dice del resto e insiste en que el convenio interprovincial permite a los docentes ejercer en dos jurisdicciones, por lo que no habría incompatibilidad ni irregularidad alguna.

    Las denuncias sobre la Fundación Valdocco aguardan resolución en las justicias provinciales de Chaco y Santa Cruz y en el fuero federal. Urge investigar el crecimiento patrimonial de algunos a costa del erario público y separar a quienes corresponda de sus funciones. Resulta muy lamentable que estos turbios manejos afecten el buen nombre de la obra que cientos de salesianos realizan en favor de los más necesitados, particularmente en el sur del país. Mientras tanto, Molina se ha puesto a buen recaudo con su flamante cargo de diputado. Se suma así a algunos otros que, amparándose en sus fueros, han utilizado al honorable Congreso como una guarida de delincuentes.

  • Entramados de violencia escolar

    Dos alumnos y una alumna iniciaron una violenta pelea a golpes durante el recreo en la Escuela Primaria N° 80 de City Bell, La Plata, testigo ya de varios episodios de violencia escolar. Los maestros y auxiliares que intentaron separarlos fueron también agredidos. Controlada la situación, se convocó a las familias para pedir que retiraran a sus hijos. La tensión escaló y familiares y estudiantes agredieron a maestros y autoridades, al punto de revolearles incluso sillas. La directora terminó internada por una patada en la pierna que le provocó un sangrado. Las clases se suspendieron hasta garantizar la seguridad del personal docente. Si la escuela no sanciona al alumno y la Justicia no impone procesos legales contra los inadaptados adultos, la espiral continuará.

    Situaciones graves se repiten en la provincia de Buenos Aires: una niña atacada por siete alumnos más grandes, una preceptora golpeada por un estudiante, el incendio a la vivienda de un alumno de diez años acusado de abuso sexual, casos de bullying y muchos otros actos de violencia creciente activan reacciones pero falta prevención y revisión seria del statu quo. No por nada buena parte de la matrícula de la Capital Federal la engrosan alumnos bonaerenses. El Estado tiene la obligación de garantizar la educación, como bien señala Manuel Álvarez Trongé, de Educar 2050.

    La violencia está cada vez más instalada en nuestra sociedad y no debería sorprender que se manifieste en las escuelas. El mundo adulto destila un denso clima de agresión, sin respeto por el otro, con severos cuestionamientos a la autoridad, un combo que se replica en redes y medios de comunicación y que es el que los estudiantes respiran cotidianamente, víctimas también de una crisis de la salud mental y con bajo nivel de tolerancia a la frustración. “La sociedad atraviesa un cambio cultural que fragmenta criterios y valores, y en ese cruce se producen estas explosiones de violencia”, señala la especialista Guillermina Tiramonti.

    Como caja de resonancia, la escuela pone en evidencia la ausencia del respeto al principio de autoridad entre los alumnos, imbuidos ideológicamente de una nefasta asimilación con “autoritarismos” vetustos que les proponen encolumnarse detrás de tan falsos como peligrosos seudoprogresismos. Incluso muchos padres se han sumado a las huestes de desacatados, defensores seriales de hijos que alimentan así también en ellos la rebeldía. Nada más fuerte que el ejemplo, mucho más el malo.

    La ausencia de sanciones escolares tampoco colabora. Da lo mismo portarse bien que portarse mal, en términos discepolianos. Los actos carecen de consecuencias cuando una suerte de hipergarantismo escolar ha suprimido las amonestaciones, las suspensiones, las expulsiones y algunas otras formas de recursos que por décadas se aplicaron con resultados satisfactorios. La demagogia escolar se completó en el terreno de los aprendizajes donde “podés no estudiar porque ni te llevarás la materia ni deberás repetir”. Eso no es más que nivelar para abajo, anulando el valor del mérito.

    En tiempos de empoderamiento, los alumnos se alzan sobre las autoridades escolares, secundados muchas veces por sus padres, para cuestionar absolutamente todo. La escuela no es solo espacio para el aprendizaje de contenidos o habilidades. Debe ser terreno fértil para la formación integral de las personas, educando en el respeto y los valores que guiarán sus vidas en sociedad.

    Es muy común referirse a la importancia de la educación inclusiva e igualitaria, pero instaurar el respeto por la autoridad y las normas es tanto o más importante para cualquier convivencia social. Lamentablemente, hoy, los docentes parecen tener las manos atadas ante la sublevación de una generación tan desafiante como indisciplinada que no entiende de límites o reglas. Hemos llegado incluso al punto de que muchos maestros están tan genuinamente asustados y han perdido capacidad de reacción cuando la ley del más fuerte desembarca en la escuela.

    Frente a este estado de cosas, numerosas voces se alzan en el sentido de retomar antiguas prácticas que sancionen las inconductas. Un sistema adaptado a los tiempos modernos que no necesariamente sea idéntico al que regía para nuestros abuelos. Que sea superador, no que lo anule. Y que deje atrás ese trágico populismo escolar que han querido imponernos. Un docente debe poder tener el control de un aula sin necesidad de contar con presencia policial para ello. Flaco favor ha venido haciéndoles en ese sentido el gremialista Roberto Baradel.

    Fuente: La Nación

  • Sin moneda ni reputación, bajo el paraguas del Tío Sam

    La Argentina aún carece de moneda. Y la estabilidad lograda por el gobierno de Javier Milei está basada en la confianza de que, en el futuro, los cambios profundos tendrán lugar. Pero esos cambios aún no han ocurrido pues necesitan sanción legislativa. Y quienes gravitan sobre esos votos tienen la llave para que el país equilibre sus cuentas, reduzca sus costos, logre inversiones, genere empleo. La moneda, en definitiva, depende de la política. Y ésta, “è mobile qual piuma al vento”…

    Entretanto, la vida cotidiana se desarrolla sobre tablones endebles sustentados por la creencia colectiva de que llegaremos al otro lado de precipicio, sin caernos. Por momentos, perdemos noción de la fragilidad de nuestra situación y actuamos como si la hiperinflación, la brecha cambiaria, las góndolas vacías y las angustias familiares fueran cosas del pasado. Olvidando que la Argentina aún carece de moneda y si ésta no se recrea, no habrá ahorro, ni crédito, ni inversión, ni empleo, ni producción.

    El fogonazo del pasado 7 de septiembre, con la derrota del mileísmo en la provincia de Buenos Aires demostró, de la peor manera, que aún faltan cimientos sólidos y que basta un cambio de expectativas para que, en un instante, olvidadas pesadillas se hagan realidad. Nuestro prontuario denuncia que, a pesar de recursos abundantes, de aguas, costas y climas, hemos tenido la mayor inflación de América Latina, después de Venezuela; un riesgo país similar al de Zambia, Haití o Somalia y un nivel de pobreza inmoral, tan vergonzosa como las fortunas de los condenados con tobilleras.

    La Argentina no tiene credibilidad y el menor parpadeo que quiebre la regla del déficit cero puede revertir todo el esfuerzo realizado en un santiamén. De ese túnel sin luz a la vista solo puede salirse con décadas de esfuerzo colectivo o mediante un aval externo que provea la credibilidad faltante, como fue la Unión Europea para España, Grecia o Portugal, con aceptación de la disciplina consiguiente.


    La Argentina aún carece de moneda y si ésta no se recrea, no habrá ahorro, ni crédito, ni inversión, ni empleo, ni producción


    El acuerdo marco celebrado con los Estados Unidos el pasado 13 de noviembre ha plasmado, de forma inusual, un aval semejante. Sin embargo, de inmediato surgieron críticas como si la Argentina fuese un país carente de urgencias; estable, sólido y saludable, que buscando abrir mercados en el exterior, hubiese negociado a los apurones un mal acuerdo comercial. Se ha objetado que, frente a 12 compromisos asumidos, Estados Unidos asumiese solo uno y apenas seis recíprocos. Pero su relevancia no resulta de la suma algebraica de acápites, sino de su impacto para nuestro país, marcado por su mala reputación, necesitado de confianza y ávido de inversiones. Recordemos, además, que el nuestro es un mercado minúsculo, frente a la dimensión mayúscula de cualquier rubro de ellos y que hay creación de riqueza no solamente exportando sino también importando.

    Si el valor de los compromisos se cotizara en bolsa, la relación de 12 a uno demostraría una generosa sobreestimación de nuestro historial de incumplimientos. Detrás de cada dólar que emite la Reserva Federal y de cada bono que coloca el Tesoro está el debate sobre la división de poderes, la periodicidad de los cargos, la publicidad de los actos, la independencia de la Justicia y la libertad de prensa. Detrás de cada peso que emite la Argentina y de cada bono que coloca, hay nueve defaults, 13 ceros quitados al peso, dos hiperinflaciones, 24 asistencias del FMI y tantas rupturas de contratos que ha sido el país más demandado ante el Ciadi.

    Como señaló el experto Marcelo Elizondo, el acuerdo debe evaluarse en un contexto mayor y como extensión del apoyo obtenido dentro del FMI; del swap de monedas, de la compra de bonos en nuestro mercado y del probable aporte de fondos adicionales por un grupo de bancos para fortalecer nuestra capacidad crediticia. Y en cualquier caso, por haber logrado que el principal importador del mundo y el primer inversor externo, extendiese el manto de su reputación para cubrir la ausencia de la nuestra.

    Desde que Donald Trump abandonó el multilateralismo forzando a negociaciones bilaterales, se allanaron a sus imposiciones países de primera línea, desde los de la Unión Europea y Japón hasta Gran Bretaña y China. Y la Argentina, el mayor incumplidor serial del planeta, logró un trato preferencial no solo comercial (como también El Salvador, Ecuador y Guatemala) sino estratégico. Podrá decirse que EE.UU. tiene interés en nuestros recursos minerales, alimentos, energía y la exclusión de China. Pero, si eso es hoy nuestra fortaleza, ha sido una oportunidad bien aprovechada para capitalizarla cuando nadie más invierte aquí ni nadie nos presta nada.


    El país no tiene credibilidad y, al menor parpadeo que quiebre la regla del déficit cero, puede revertir todo el esfuerzo realizado en un santiamén. De ese túnel sin luz a la vista solo puede salirse con décadas de esfuerzo colectivo o mediante un aval externo que provea la credibilidad faltante. El acuerdo marco celebrado con los Estados Unidos el pasado 13 de noviembre ha plasmado, de forma inusual, un aval semejante


    ¿Qué otra nación hubiera dado mejor apoyo a la Argentina? ¿Cuáles mejores opciones ofrece la oposición? ¿China, la Unión Europea, Irán, Rusia? En el pasado, el peronismo de la liberación apostó por Cuba, Venezuela y Angola. Así nos fue.

    Todavía no se conocen detalles del acuerdo final, pero muchos ya cuestionan el impacto negativo que tendrá la importación de bienes manufacturados sobre ramas de la industria y en particular, sobre las pymes del conurbano bonaerense. Pero, ¿cuál era su situación antes de 2024? ¿Quién cuidaba de ellas? Con altísima inflación, sin crédito, sin insumos y sin dólares, agobiadas por la industria del juicio, la conflictividad sindical, los cortes de energía y la obsolescencia por falta de inversiones, ¿cuál hubiese sido el destino de tantas empresas, de tantas familias, al final de ese camino?

    En economías cerradas para sustituir importaciones, las Pymes suelen dar empleo sin cuidar costos pues se trasladan a precios, en perjuicio del consumidor. Ese modelo no es sostenible pues requiere divisas para funcionar, sin generarlas. De allí los controles de cambios, las brechas, las devaluaciones y la inflación. Con acuerdo marco o sin él, la apertura es indispensable para reconvertir todas las actividades económicas y hacerlas competitivas como lo hicieron los países de Europa Oriental o del sudeste asiático, además de la sorprendente China.

    La inserción en el mundo es la única forma de proveer recursos sustentables para dar empleos formales, pagar jubilaciones dignas, a los docentes, al personal de salud y de seguridad. Y es bien distinto enfrentar ese desafío de reconversión bajo el paraguas del Tío Sam con bajo riesgo país e ingreso de capitales, que empapados por las lluvias ácidas de Alberto Fernández, Sergio Massa o Cristina Kirchner.


    ¿Qué otra nación hubiera dado mejor apoyo a la Argentina? ¿Cuáles mejores opciones ofrece la oposición? ¿China, la Unión Europea, Irán, Rusia? En el pasado, el peronismo de la liberación apostó por Cuba, Venezuela y Angola. Así nos fue


    No se debe proteger a las pymes por el solo hecho de ser pequeñas o medianas. El esfuerzo por desregular, reducir la presión fiscal y el costo laboral debe ser universal, beneficiando a todas las empresas por igual. La oposición, que se precia de protegerlas, tiene también la llave para hacerlo posible, facilitando su competitividad.

    La Asociación de Emprendedores de la Argentina (ASEA), que agrupa a más de 40.000 miembros, sostiene que el país “necesita más de un millón de empresas nuevas para salir de la crisis y terminar con la desocupación”. En tiempos de revolución digital y economía del conocimiento, ese objetivo requiere afianzar la confianza en nuestras instituciones, en la firmeza de nuestros compromisos, en la eficacia de nuestra Justicia. Hemos fallado tantas veces, que nadie nos cree. La política exterior no debe ser regida por ideologías, sino por los intereses nacionales. Bienvenido sea entonces el paraguas del Tío Sam hasta que seamos creíbles por nuestros propios méritos.

  • El drama de las inundaciones

    La inundación y los anegamientos de 5,8 millones de hectáreas, junto a las pérdidas por daños y lucro cesante por no menos de 2000 millones de dólares, son por ahora el resultado de una inconsecuencia serial de gobiernos sucesivos, tanto nacionales como provinciales, con el principal distrito del país. Nada igual se ha sufrido por los desbordes del Salado desde 2012, aunque en 2025 las aguas tardan más, lamentablemente, en retirarse que en aquel año.

    No hablemos de las enormes responsabilidades del actual gobierno bonaerense, que en medio de la tragedia que se vive desde hace meses en su jurisdicción política, no ha tenido mejor idea que aumentar el monto final del impuesto inmobiliario rural y prepararse para lograr de la Legislatura un revalúo fiscal. Hablar de eso suscita, por inevitables argumentos de oportunidad y al margen de las críticas sobre las formas posibles de gobernanza, aversión incontenible. O hablar del comportamiento de los aparentes adversarios del gobernador Axel Kicillof en la órbita común del kirchnerismo, que días atrás propusieron, en la Cámara de Diputados de la Nación, por enésima vez, el aumento de las retenciones. Las efusiones demagógicas contra el campo fueron una de las modalidades para tapar por años, a ojos de los incautos, la mayor corrupción sistémica que se haya conocido en la Argentina moderna.

    Les parece poco el despojo del 26% que se aplica a la producción de soja y, tanto o más grave, tienen el desparpajo de hacerlo con olvido de la discriminación que eso significa frente al tratamiento de cualquier otro sector de la economía y la producción. Como todo cultivo, el “yuyo” que mentaba Cristina Kirchner está sujeto a los albures bastante impredecibles de la naturaleza. Pruebas de esto al canto en los días que corren para miles de productores agrícolas y ganaderos de Buenos Aires, que han perdido cultivos o debido cancelar siembras -maiz, soja de primera, entre ellas-, ver desastradas las pasturas y en situación de riesgo a los rodeos.

    Campos inundados en la zona de Carlos Casares. Ana Jover, productora de la zona, junto a sus hijas Melissa y Cristina
    Campos inundados en la zona de Carlos Casares. Ana Jover, productora de la zona, junto a sus hijas Melissa y CristinaMarcelo Manera – LA NACION

    Ya en 1884 Florentino Ameghino advertía que la cuenca del Salado, con influencia en diferentes grados sobre unos 60 municipios de la provincia, estaba requerido de obras relevantes. Ameghino alentaba esa inversión a fin de conjurar las inundaciones que se sucedían con precipitaciones aun menores que las de este año. Anotaba que serviría, incluso, para paliar los efectos de sequías como las que estuvieron presentes con rara insistencia en la zona núcleo en el último quinquenio. Este año han sido algunos departamentos de Río Negro los que han debido sobrellevar una sequía de gravedad tal que movilizó al Estado a acercar recursos y conceder beneficios especiales.

    A lo largo de los 140 años que han corrido desde los estudios de Ameghino, se hicieron en la cuenca del Salado obras parciales, propiciadas por diversas administraciones. Hubo muchas más intervenciones sobre la cuenca, pero no acreedoras en realidad del nombre de obras. Estas fueron realizadas de forma arbitraria y, sin duda, ilegal, por propietarios de tierras que, en la desesperación, infligieron a la tierra incisiones que terminaron por perjudicar a vecinos y perturbaron el ecosistema de las regiones involucradas. Ordenar las aguas no es tarea, como sucede en todo oficio o profesión, de aficionados o gente provista solo de buena voluntad.


    En medio de la tragedia, el gobierno bonaerense no ha tenido mejor idea que aumentar el monto final del impuesto inmobiliario rural y prepararse para lograr de la Legislatura un revalúo fiscal


    Al fin, se acordó un Plan Maestro del Río Salado, que tomó algunas de las ideas expuestas por Ameghino, no todas. El admirado científico había sugerido compatibilizar la construcción de canales distribuidores del agua con reservorios a los que se podría apelar en tiempos de seca como los registrados en varios años de este siglo.

    En relación con los cinco tramos en que se había dividido originalmente la obra proyectada, las autoridades de turno se ufanaban hace veinte años de que era poco lo que restaba por hacer; pero quedaba por encarar prácticamente todo el tramo conocido como “número 4”, y el último, el “número 5”, que corre por cuenta de la provincia a lo largo de 95 kilómetros entre Bragado y Junín, pero que no ha sido aun licitado. Hoy, las autoridades bonaerenses y el gobierno nacional cruzan acusaciones sobre incumplimientos y dilaciones que han llevado, de modo particular debido a lo ocurrido con el tramo 4, al padecimiento en que se debate una parte considerable de la provincia.

    Campos inundados en la zona de 9 de Julio
    Campos inundados en la zona de 9 de JulioMarcelo Manera – LA NACION

    Carlos Casares, Bolívar, 9 de Julio, Pehuajó, Hipólito Yrigoyen, Saladillo, Las Flores, Bragado, 25 de Mayo, Roque Pérez, Tapalqué, Alvear, Monte, Guaminí, Laprida, Daireaux y Lincoln se encuentran entre los partidos más afectados. En Carlos Casares, sobre 130.000 hectáreas productivas, 90.000 se hallan anegadas. 9 de Julio ha estado con el 80% de sus caminos cortados. En Paulina Bourdieu de Olascoaga se encarna la tragedia compartida con tantos de sus pares en la provincia. Esta productora ha dicho a nuestros cronistas que ha estado meses sin poder entrar ni salir del campo; sin abastecimiento de víveres y debatiéndose con el interrogante de si la desidia flagrante de los gobiernos no está tipificada en el Código Penal, en la figura de “abandono de personas”.

    Ha sido un año de lluvias desmesuradas, como que aguas arriba del Salado, en Arrecifes, el 15 de mayo cayeron 450 milímetros. Hay otros partidos, al margen de aquellos mencionados del centro-oeste provincial que vienen sufriendo también el fenómeno climático que ha dejado los campos con suelos saturados, máquinas paradas, caminos destruidos.

    Los enviados especiales de LA NACION a las zonas devastadas por el flagelo han recogido innumerables testimonios de productores afectados. Uno de ellos describió la situación con la vista elevada por encima de la tranquera del campo. Traduzcamos sus reflexiones en estos términos: lo que no se invirtió por estar tapado el suelo por el agua no es plata que solo pierde el productor; es plata que pierde la estación de servicio por gasoil que no vendió, el contratista paralizado en su actividad y con costosas máquinas ociosas; los vendedores de insumo, que no tienen cómo ni a quién hacer llegar sus mercaderías, y así los demás. En otras palabras, el pueblo, todos los pueblos en la vastedad de municipios afectados, son víctimas de lo que ha sucedido.

    A través de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios se dispusieron onerosas prórrogas impositivas y facilidades crediticias. Debe tenerse en cuenta que el Salado es un río interjurisdiccional, de modo que el Estado nacional tiene competencia y, por extensión, responsabilidades primarias sobre lo que se derive de su largo curso, que atraviesa San Luis, Córdoba y Santa Fe hasta llegar a Buenos Aires. Pero esa responsabilidad de orden nacional no excluye, nunca podría excluir, a la que cabe a las respectivas jurisdicciones provinciales.

    Hoy, el punto más crítico de este drama de naturaleza hídrica en la cuenca del Salado se concentra, entre otros sitios, en los 32 kilómetros del tramo cuatro con obras pendientes de realización del plan maestro aprobado hace tantos años. Ha habido, hace poco, una incipiente reactivación de las tareas por parte del gobierno nacional. El concepto de que “no hay plata”, potenciado hasta el infinito, podría llevar hasta el cierre de escuelas. Entre acusaciones que no encuentran bases de acuerdo, se ha dicho que en febrero se habían paralizado obras que urgían ser hechas en los partidos de 25 de Mayo y Lobos, entre la ruta 205 y el puente que une Ernestina y Elvira, segmento clave de lo que queda pendiente hacer en la contención y reformulación del Salado.

    En pocas situaciones como esta se comprende con tanta claridad la relevancia que tiene para la sociedad contar con administraciones esmeradamente cuidadosas de los recursos; de sanos principios, en oposición absoluta a los desmanes cleptocráticos; y tan alerta a la sabia armonía entre gastos e ingresos como a la más adecuada asignación de los dineros y elementos de acción de que se dispone. En este último sentido cabe destacar el envío hecho, en coordinación entre los ministerios de Seguridad y Defensa, de ingenieros y material del Ejército a las zonas más necesitadas de ayuda y la creación de un fondo por 1900 millones de pesos que está lejos de reparar lo que ha hecho, de forma infausta, la naturaleza.

    Fuente: La Nación

  • Ley de glaciares, tiempo de cambios

    Decir que la Argentina enfrenta un grave problema de inseguridad jurídica es una obviedad. Esa situación no solo deriva de un entramado regulatorio complejo o de los cambios súbitos en las reglas de juego, casi siempre en perjuicio del derecho de propiedad. También responde a un fenómeno más profundo: la persistente dificultad del Estado para establecer criterios técnicos y estables, ajenos a vaivenes coyunturales. Ese problema aparece, para muchos sectores, en el corazón del debate sobre la ley de glaciares.

    La ley, aprobada en 2010, prohíbe la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en glaciares y en el ambiente periglacial, y creó el Inventario Nacional de Glaciares a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla). Desde su sanción, algunas provincias mineras y actores del sector productivo han planteado que la delimitación del “ambiente periglacial” es excesivamente amplia, y que su aplicación práctica restringe áreas donde -sostienen- la actividad minera podría desarrollarse sin comprometer los recursos hídricos.

    En ese contexto, el gobierno nacional evalúa incluir acertadamente en las sesiones extraordinarias una propuesta de modificación de la ley, con el objetivo de revisar su alcance territorial. Para ello busca acercar posiciones con gobernadores de provincias cordilleranas que desde hace años reclaman un marco normativo más preciso y previsible, especialmente para inversiones de largo plazo.

    Voceros oficiales reconocen que hay un consenso para dar la discusión y que existen condiciones políticas para avanzar en algún tipo de revisión legislativa.

    El debate de fondo gira en torno a un punto sensible: si las definiciones legales de glaciar y ambiente periglacial resultan suficientemente operativas para distinguir entre zonas que deben quedar estrictamente protegidas y aquellas donde podrían evaluarse proyectos productivos bajo exigentes estándares de impacto ambiental.

    Para distintos sectores, la ley actual termina generando un margen de indeterminación que dificulta la previsibilidad. Sostienen que, sin parámetros técnicos más específicos sobre qué características geológicas o hidrológicas determinan un área periglacial crítica, persiste el riesgo de interpretaciones divergentes entre jurisdicciones o, simplemente, la imposibilidad de planificar inversiones que requieren horizontes de 30 a 40 años.

    Otros actores, por el contrario, consideran que la ley resguarda adecuadamente un recurso estratégico en un contexto de retroceso acelerado de glaciares a nivel global y que cualquier flexibilización podría comprometer fuentes de agua esenciales para cuencas enteras.

    Lo cierto es que la tensión entre protección ambiental y desarrollo productivo exige reglas claras, técnicamente sólidas y estables en el tiempo. En un país donde la incertidumbre normativa desalienta inversiones de todo tipo, definir con mayor precisión el alcance operativo de la ley podría contribuir a un marco más equilibrado: uno que preserve las reservas hídricas y, al mismo tiempo, permita desarrollar minería de forma responsable, cuando sea posible y sin afectar glaciares ni ambientes de alta prioridad hídrica.

    Modificar la ley —siempre que sea con base científica y transparencia— no implica renunciar al cuidado del ambiente, sino buscar un equilibrio que reduzca la discrecionalidad interpretativa y brinde previsibilidad. Solo en un país con reglas claras y estándares estrictos es posible garantizar que los glaciares sigan siendo reservas estratégicas de agua, y que la minería pueda convertirse en una herramienta de desarrollo para muchas provincias.

    No se trata de elegir entre ambiente o progreso. Se trata de construir un marco institucional donde ambas cosas puedan coexistir de manera responsable y sostenible.

    Fuente: La Nación

  • Otra mancha más a la AFA

    Es conocido un dicho popular que sostiene que cuando un hecho es muy reiterado se ejemplifica con la expresión “¡Qué le hace una mancha más al tigre!”. Pues si el fútbol argentino fuera el tigre no tendría más lugar para manchas.

    La más reciente se dio en el partido que jugaron los equipos de Barracas Central y Huracán, donde por ser la última fecha de los grupos del campeonato Clausura, estaba en juego la clasificación a los octavos de final y la eventual posibilidad de acceder a los torneos por copas internacionales.

    Es sabido que cuando juega el equipo apadrinado por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, el ocasional rival ya suele descontar que recibirá algún penal o algún fallo arbitral en su contra. Sin embargo, lo que sucedió recientemente en la cancha de Barracas Central fue realmente bochornoso.

    Además de cobrar dos supuestos e insólitos penales favorables al equipo del mandamás de la AFA, el árbitro Andrés Gariano, ante los reclamos por parte del director técnico de Huracán, Frank Kudelka, lo amenazó y lo invitó a pelear. “Vamos a hablar y te voy a romper todo”, le dijo en tono intimidante. El hombre destinado a administrar justicia en el campo de juego se transformó de pronto en un simple barrabrava.

    Resulta vergonzoso que, el país de la selección campeona del mundo, que acaba de clasificarse con holgura para la disputa de la cita mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, tenga un fútbol doméstico tan devaluado y amañado. Un fútbol de cabotaje con campeonatos integrados por una cantidad inmanejable de equipos, con cambios en las reglas de juego e improvisaciones permanente, con descensos y ascensos de divisiones muy polémicos, con fallos arbitrales escandalosos y con un VAR que, en lugar de dar certezas, solo inspira desconfianza.

    Los escándalos no se limitan a la máxima división del fútbol de la AFA, sino que, por el contrario, en las del ascenso, mucho menos visibles en términos mediáticos, se registran con particular asiduidad irregularidades de todo tipo, con manejos turbios para favorecer a los amigos o socios de la conducción.

    Tapia ha tenido la enorme fortuna de sentarse en el sillón de la presidencia de la AFA, en el mejor momento de la selección nacional, con la dirección técnica de Lionel Scaloni y el estandarte que representa un astro mundial indiscutido como Lionel Messi.

    No obstante, cuando se apagan las luces, cuando los flashes no maquillan su realidad cotidiana, se pueden ver con nitidez, todas las miserias que rodean fronteras adentro al fútbol argentino.

    El colmo se dio el último domingo, con un juez transformado en patotero y barrabrava, un ejemplo de lo que no hay que hacer si realmente se quiere desterrar la violencia de las canchas.

    Hace mucho tiempo que la AFA, como el tigre, está llena de manchas. Por eso es imprescindible que el escenario cambie para que el fútbol local esté a la altura de sus logros internacionales. Ya no cabe una mancha más, y en algún momento, lamentablemente, Messi se va a retirar.

    Fuente: La Nación

  • Reforma laboral: por qué es un debate urgente

    El secretario general de la Asociación de Trabajadores Argentinos (ATE), Rodolfo Aguiar, afirmó días atrás que su trabajo es “provocar la crisis” del gobierno nacional, al tiempo que su gremio encabezará hoy un paro contra el proyecto de reforma laboral que evalúa el oficialismo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una denuncia judicial contra el sindicalista por “amenaza contra el orden constitucional y la vida democrática”, a raía de aquella declaración pública. Será la Justicia la que determinará la gravedad de esos dichos y su eventual condena, pero más allá de eso llama la atención que, desde sectores sindicales, se planteen medidas de fuerza preventivas frente a una iniciativa sobre la cual aún no se conocen los detalles y que deberá ser tratada por el Poder Legislativo.

    Es de lamentar que parte de la dirigencia sindical no comprenda que una de las causas del estancamiento de la economía y, en particular, de la creación de empleo genuino, reside en la falta de seguridad jurídica y en las rigideces de un sistema de relaciones laborales que, además, exhibe altísimos costos tanto para empleadores como para trabajadores.

    Al tiempo que el número de trabajadores asalariados formales ha pasado en los últimos 15 años del 60% al 50%, la informalidad laboral se ubica actualmente en torno del 43% de la población activa. Frente a este escenario, el presidente Javier Milei formuló una justificada fundamentación del debate sobre la reforma laboral. “Los sindicatos saben que el sistema, como está, no funciona. Y la reforma permitirá que muchos informales pasen a la formalidad, lo que subirá la recaudación y permitirá a la vez duplicar los fondos para las jubilaciones. Ganamos todos”, explicó el primer mandatario.

    De lo que se trata es de incentivar la generación de empleos en el sector privado bajando impuestos al trabajo; reduciendo el costo de indemnizaciones por despido que, en no pocos casos, terminan obligando a pequeñas y medianas empresas a cerrar para siempre sus persianas, y descentralizando la negociación colectiva para priorizar los convenios por empresa que posibiliten un mayor alineamiento de intereses entre empleadores y trabajadores.

    No se trata, como equivocadamente se plantea desde sectores de la oposición y del sindicalismo, de quitarles derechos a los trabajadores, sino de todo lo contrario. No habrá mayor beneficio para el trabajador que la creación genuina de más fuentes de empleo, que además de un ingreso le ofrezcan la protección social que hoy le niega la informalidad.

    Para avanzar por ese sendero, es preciso disminuir los costos laborales no salariales. Resulta inaudito que por cada 1000 pesos de sueldo, un empleador deba desembolsar más de 1500 al sumar aportes y cargas sociales, en tanto que el trabajador reciba en su bolsillo alrededor de 750. Semejante desproporción termina siendo un nefasto desincentivo para el trabajo registrado, especialmente en pymes.

    Otro aspecto que coarta la generación de nuevos empleos es la elevada litigiosidad, producto de la vieja industria del juicio que hace que las demandas se multipliquen y pongan en jaque la continuidad de no pocas empresas. En ese sentido, la litigiosidad derivada de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales es en la Argentina 15 veces mayor que la de España y 21 veces mayor que la de Chile. Curiosamente, la avalancha de demandas judiciales en nuestro país no responde a un incremento de los accidentes laborales. En los últimos años, con la actual legislación preventiva de los riesgos del trabajo, se ha registrado una continua mejora de las prestaciones médicas y una reducción de los siniestros. Sin embargo, la combinación de peritajes judiciales groseramente inflados y tasas de interés desproporcionadas han convertido cada juicio laboral en una oportunidad financiera para los beneficiarios de esta vil industria.

    Se trata de una cuestión cuya solución está al alcance de la mano de cada provincia, donde los respectivos tribunales superiores de Justicia deberían proceder a crear cuerpos médicos forenses, que apliquen adecuadamente la tabla oficial de medición de incapacidades remanentes derivadas de un accidente laboral y donde los peritos cobren honorarios por acto médico en lugar de porcentuales sobre el monto fijado por las sentencias.

    En síntesis, se trata de defender los genuinos intereses de los trabajadores y de sus empleadores, generando las condiciones de seguridad jurídica para dinamizar la actividad económica y la creación de más empleos. Por eso, el debate sobre una modernización de las normas laborales se torna cada vez más urgente.

    Fuente: La Nación