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Categoría: Entrevistas

  • Tasas: insaciable voracidad

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    Tres causas explican por qué en los últimos años se han descontrolado las tasas municipales en la Argentina. Esas razones no son muy distintas a las que explican por qué nuestro país es el país más gravoso del mundo en general, pero sí resultan más evidentes. Esas causas recaen sobre políticos, jueces y ciudadanos.

    Esta cuestión explotó en medios y redes por el caso del municipio de Pilar y su nueva y absurda tasa de protección ambiental del 2%, sumada al 4,5% de seguridad e higiene, lo cual hace un total del 6,5% soportado por el consumidor en los precios de supermercados, que incluso supera al 6% de Lanús, que ostentaba el primer lugar. El marco es la proliferación de múltiples tasas en Pilar y otros municipios, tales como la vial, la fijada por empleado no residente local, la plusvalía de construcción y tantas otras. Es tal la relevancia de este verdadero descontrol fiscal que el Ministerio de Economía de la Nación publicó el “Portal de Transparencia Fiscal Municipal”, una herramienta que compara las alícuotas y bases imponibles de las tasas viales, de las aplicadas a la industria y a hipermercados, entre otras, de las principales municipalidades. Estas tasas se agregan a ingresos brutos, hasta 5% sobre ingresos totales del último eslabón, rondando el 8% en la cadena total, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Sumando el IVA, impuestos internos y otros gravámenes, el peso de las imposiciones se ubica por encima del 40% y hasta por arriba del 50% del precio final. Es decir, el equivalente a un bien para el Estado, en impuestos y tasas, cada vez que se compra uno para sí mismo.

    La primera causa es la más natural: la insaciable voracidad fiscal de los intendentes en general. Del informe “Carga Fiscal Formal” de la Unión Industria Argentina (UIA) de 2023 surge que, de los siete impuestos principales, en seis la Argentina tiene los más gravosos, entre los 30 países más relevantes. Uno de los seis es “tasas municipales con base en ingresos totales”. En ese ranking no solo la Argentina figura al tope, sino que está acompañada apenas por un puñado de países. Brasil e Italia nos siguen, pero lejos, con alícuotas mucho más bajas. En el mundo, las tasas suelen ser módicas, fijadas sobre la base del costo de los servicios. Es decir, en general, tenemos las tasas municipales más gravosas del mundo.

    La segunda razón es un Poder Judicial tolerante con la voracidad fiscal municipal. Por ejemplo, lo primero que se aprende en la materia Impuestos es la diferencia entre impuestos y tasas. La tasa, a diferencia del impuesto, es un pago con una contraprestación específica y, naturalmente, su importe debe calcularse en función de los costos del servicio recibido. Como se señaló en anteriores editoriales, cuando la Corte Suprema de Justicia pudo definir esa base de cálculo en el caso “Esso contra Municipalidad de Quilmes” (2021), luego de una audiencia en la que una decena de expertos recordaron ese concepto, decidió apartarse para validar que las tasas pudieran calcularse sobre los ingresos totales del vendedor, “impuestizando” las tasas. El argumento de gastar más de lo que ingresa y, como consecuencia, la desfinanciación a los intendentes pesaron más que el principio más básico. Esa base de cálculo de las tasas se superpone con la de ingresos brutos, pero la Corte tiene aceptada la doble y triple imposición desde hace un siglo (caso Mataldi, 1927).

    Si la ley aplica en general y la sentencia solo al caso concreto, ¿por qué esta segunda causa es más relevante? Porque los fallos de la Corte tienen también un efecto general. De la incertidumbre anterior a su sentencia se pasó a la certeza cuando confirmó dicho criterio, en una suerte de venia a los intendentes para que sancionen tasas calculadas sobre ingresos totales, con un límite muy difuso que de nada ha servido para frenar su desaforado aumento. El reverso de la validación concreta es el incentivo general para incurrir en el mismo exceso. Nunca Pilar o Lanús aplicarían sus tasas del 6,5% o 6% a los supermercados sin el previo caso “Esso”.

    Hay un concepto que suele ser invocado por las autoridades municipales ante quienes reclaman por la inconstitucionalidad de las tasas y que explica a la vez por qué la Argentina es el país más gravoso del mundo y por qué el Poder Judicial es tan responsable como los poderes políticos por la tragedia fiscal argentina.

    Hay que correr el velo para que el ciudadano pueda ver las tasas y demás impuestos que afronta, a través del Régimen de Transparencia Fiscal impulsado por la ONG Lógica

    Los jueces no dan la razón a los contribuyentes de dos maneras. La primera es directamente negando la cuestión de fondo (por ejemplo, el mencionado caso “Esso”). La segunda es por el mero paso del tiempo que, por la inflación, ha licuado sustancialmente el monto de una tasa pagada y luego repetida. Y, en los hechos, hay una tercera forma por la que el intendente se sale con la suya: la eventual devolución del tributo normalmente no la tiene que hacer su gestión sino la de quien lo suceda. Los litigios interminables también son propios del país más gravoso.

    Una tercera causa es más importante que la suma de las otras dos: nuestra falta de cultura fiscal por un régimen que nos oculta sistemáticamente los impuestos que pagamos. Además de haberse prohibido por ley y sancionado por resolución que se debe mostrar el IVA al consumidor final, hay otra forma sutil y artera de esconder tributos: ponerlos en cabeza del vendedor y otros eslabones de la cadena, sin informárselo al consumidor. Las tasas municipales y los ingresos brutos son los típicos ejemplos. El efecto fue la desconexión fiscal ciudadana, zona liberada para la voracidad fiscal del mandatario de turno. Nunca los intendentes de Pilar, Lanús y tantos otros podrían sancionar las tasas más altas del mundo si no fuera porque las esconden en la diaria. Si las visibilizaran, no podrían caminar por su municipio y lo terminarían pagando en las urnas. Los impuestos más altos del mundo y el régimen que más los ha ocultado son dos caras de la misma moneda.

    ¿Cuál es el remedio? Correr el velo para que el ciudadano pueda ver las tasas y demás impuestos que afronta, a través del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor que viene impulsando la ONG Lógica, inspirado en el antecedente de Brasil (2012), país similar en cuanto al descontrol fiscal. Cuando los brasileños se enteraron por el ticket que pagaban más del 40% de impuestos en el precio final, hubo un cuádruple efecto. Primero, exigieron y consiguieron bajas de impuestos. Segundo, exigieron servicios del Estado acordes a los altos tributos. Tercero, se involucraron en el gasto público, entendiendo que no hay recursos del Estado y que nada es gratis, sino que los políticos gastan sus impuestos. Cuarto, ningún político quiso de ahí en más aparecer en el ticket agravando tributos ya insoportables. La Ley del Ticket les marcó un techo, desde el cual los tributos empezaron a bajar.

    Este régimen ya aplica para impuestos nacionales en todo el país. El problema es que la ley exige la adhesión de las provincias para visibilizar ingresos brutos y tasas municipales. Pero a un año y medio del régimen, solo Chubut, Mendoza y Entre Ríos adhirieron, mientras CABA, Córdoba y Salta están en proceso. Los gobernadores de las otras 18 provincias, incluida la de Buenos Aires, siguen en un silencio cómplice, reflejando su resistencia a mostrarnos la verdad fiscal, cuando están obligados por la Constitución a dar “información adecuada y veraz” al consumidor. Si califica para eso el 1% de sodio y el 0,8% de azúcares, con mucha más razón deben mostrarnos el 6,5% de tasas municipales y el 5% de ingresos brutos.

    La cuestión es qué hacer frente a esta situación donde resulta esencial la visibilización de las tasas municipales e ingresos brutos en tickets para frenar su descontrol, pero tenemos una gran mayoría de gobernadores que rechazan adherirse, justamente para poder seguir aumentando o mantener sus recursos fiscales. Desde Lógica, impulsores de este régimen, sostienen que la adhesión es exigida para obligar a los comercios a mostrar los tributos en los tickets. Por lo cual, a falta de normas que lo prohíban, la alternativa es recurrir a la visibilización voluntaria de las tasas en forma masiva por parte de los comercios, lo que exige un fuerte compromiso del sector de consumo masivo para su implementación. Así, a aquel plausible “Portal de Transparencia Fiscal Municipal” se le sumaría que el consumidor vea las tasas que soporta a diario, en cada ticket. Ojos que ven, bolsillo que siente. Nada más políticamente correcto que exigir y aplicar transparencia desde la sociedad civil. Nada más políticamente incorrecto que la rechacen gobernadores e intendentes.

    Tenemos una oportunidad única e irrepetible para que desde la sociedad civil lo fiscal deje de ser una exclusiva cuestión política -un coto de los dirigentes políticos- para convertirse en una cuestión principalmente ciudadana, inspirados en la exitosa concientización por la consolidación de la democracia, desde un lugar apartidario y más allá del signo político de turno.

    Fuente: La Nación

  • Secretarios de los Kirchner: de la nada, a millonarios

    Las casi dos décadas que el kirchnerismo se mantuvo en el poder nacional marcaron un período de notable expansión económica para el círculo de mandaderos todo terreno de los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Varios de sus secretarios y allegados vieron multiplicar sus fortunas de manera exponencial, haciendo añicos principios de rendición de cuentas y transparencia en la función pública, un saqueo a la credibilidad pública.

    Este fenómeno, que transformó a modestos empleados estatales en prominentes empresarios, se consolidó a partir de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia en 2003 e inauguró una etapa en la cual, en lugar de cultivar la discreción como norma y la decencia como norte, instaló a la función pública en el decadente peldaño de la corrupción, los negocios espurios y el enriquecimiento ilícito.

    Una decena de hombres que formaron la troupe de secretarios de los Kirchner fueron detenidos, procesados, secuestrados y hasta uno de ellos resultó asesinado mientras sus homicidas buscaban un tesoro escondido.

    El caso más emblemático es sin dudas el de Daniel Muñoz, fallecido en 2016. En los últimos días el juicio oral por la causa Cuadernos devolvió su figura a la escena pública. Muñoz es sindicado por los propios empresarios como el sujeto a quien le entregaban bolsos y valijas con euros y dólares en el propio domicilio de la expresidenta en Recoleta como pago de un “peaje” por haber accedido a la obra pública.

    Muñoz compró propiedades en la Argentina y costosísimos departamentos en Manhattan y Miami. Cuando se reveló la investigación conocida como Panamá Papers, desarmó esas inversiones extranjeras y movió en numerosas operaciones su dinero a las islas Turks and Caicos. Invirtió en un terreno en el que planeaba levantar un complejo turístico.

    El patrón de enriquecimiento sin justificación se extendió también a Fabián Gutiérrez, asesinado brutalmente por tres jóvenes en 2020, luego de caer en una cita romántica, cuyo objetivo, según se detalló en el juicio, era robarle un supuesto tesoro que tenía en su poder. Al morir, Gutiérrez tenía dos procesamientos: uno por lavado de dinero y otro en la causa Cuadernos, en la que había declarado como arrepentido. Ambos estaban sindicados de haber recibido parte del dinero proveniente de la asociación ilícita que recaudaba coimas de empresarios de la construcción.

    Gutiérrez, cuando el juez Claudio Bonadío lo procesó, dijo que tenía al menos 35 inmuebles en el Sur, una casa en un country de Pilar, unos 35 autos de lujo, tres embarcaciones y hasta un hotel en Tierra del Fuego. En El Calafate, Gutiérrez había construido una mansión de un millón de dólares, una fortaleza inexpugnable, con domos de cámaras que registran todo el predio. Sin embargo, la muerte lo encontró en un chalet sin seguridad.

    Una decena de hombres que formaron la troupe de secretarios de los Kirchner fueron detenidos, procesados, secuestrados y hasta uno de ellos resultó asesinado mientras sus homicidas buscaban un tesoro escondido

    Su crimen se suma a una cadena de hechos violentos sufridos por hombres cercanos a la familia Kirchner a quienes el repentino incremento de su patrimonio los transformó en tesoros móviles, destinatarios de toda clase de fantasías vernáculas, con distintos grados de asidero, a saber: Roberto Sosa, exsecretario de Néstor Kirchner, fue secuestrado durante unas horas en 2016 por dos hombres con militancia en el Frente para la Victoria que buscaban dinero que presuntamente atesoraba en su domicilio. Pocos días después, tres asaltantes entraron en la casa de los padres de Daniel Álvarez, otro secretario presidencial. También buscaban dinero. En febrero de 2017, Raúl Copetti sufrió un asalto tipo comando en una casa en San Martín de los Andes, Neuquén. En los tres casos, los delincuentes buscaban dinero de los acaudalados secretarios.

    Alvarez fue el único que intentó incursionar en política, sin demasiada suerte. Era de los pocos que tras la muerte de Kirchner tenía el ingreso habilitado a la casa de Cristina Kirchner en la calle Mascarello, de Río Gallegos.

    Sosa era cercano a Daniel Muñoz y quizás el secretario menos conocido, tuvo a su cargo el cuidado de la casa de los Kirchner en Maipú y 25 de Mayo. en Río Gallegos, hasta que esta fue vendida a Lázaro Báez, fue tambien señalado como el encargado de recibir “los bolsos” que llegaban a Río Gallegos en el Tango 01.

    Isidro Bounine también fue de los secretarios presidenciales investigados por enriquecimiento primero y luego detenido en la causa de lavado de dinero vinculada a Muñoz.

    En este aciago panorama de los hombres que durante casi tres décadas velaron por los secretos más preciados de los Kirchner, hubo un caso que pasó al olvido: Valerio Martínez, secretario privado de Kirchner desde sus tiempos como gobernador de Santa Cruz, fue obligado a renunciar en 2004 por una denuncia de tráfico de influencias, tras trascender sospechas de que cobraba dinero por audiencias con el Presidente. Esa decisión aplicada a tiempo generó la falsa idea de que no se permitirían actos de corrupción en el entorno. Sin embargo, solo fue una burda pantomima, la prédica de la honestidad, nunca llegó a los hechos.

    Estos casos subrayan la necesidad de aplicar rigurosos controles a los funcionarios que tienen a cargo no solo la administración de los bienes públicos, sino también a aquellos cuya cercanía con el poder les abre puertas al enriquecimiento sin justificación, como fue el patrón que distinguió a los secretarios de los Kirchner, dignos personajes de las crónicas policiales.

    Fuente: La Nación

  • La crítica situación de un partido centenario

    La extremadamente difícil situación por la que atraviesa la histórica Unión Cívica Radical (UCR) no solo está marcada por haber pasado de poseer 140 diputados nacionales hacia fines de los años 90 a tener apenas 6 en la actualidad. Esta agrupación política exhibe hoy una profunda crisis de identidad derivada de muchos factores externos, pero también de los yerros de su última conducción nacional, encabezada por un dirigente que siempre dejó ver su piel camaleónica, como Martín Lousteau.

    Desde hace bastante tiempo, el radicalismo parece ausente de la conversación política. Es probable que esta fuerza política nunca se haya recuperado tras el traspié sufrido por el presidente Fernando de la Rúa, quien debió abandonar el poder en 2001, en medio de una gigantesca crisis socioeconómica y política. Sin embargo, los últimos años profundizaron la confusión sobre el camino que debía seguir este partido que ya tiene 135 años de vida y que tantas contribuciones hizo a las libertades públicas, a la pureza del sufragio y a la incorporación de las clases medias al poder con el ascenso a la presidencia de la Nación de Hipólito Yrigoyen en 1916, sin olvidar el valorable proceso de democratización encabezado por Raúl Alfonsín.

    El hecho de que, dos años atrás, los delegados al comité nacional partidario eligieran a Lousteau como su presidente contribuyó, sin dudas, a este derrumbe. Muchos se preguntan todavía cómo pudo ser posible que semejante elección recayera en alguien que, además de haber sido ministro de Economía de Cristina Kirchner y autor de la nefasta resolución 125 contra el campo sobre las retenciones móviles a las exportaciones agrícolas, nunca fue considerado radical. Más adelante, Lousteau fue protagonista de un histórico desplante al entonces presidente Mauricio Macri, cuando renunció súbitamente a su cargo de embajador en los Estados Unidos, poco antes de un viaje del primer mandatario a ese país. Sus últimos tiempos como legislador nacional por la UCR no fueron menos lamentables: fue desautorizado por sus compañeros de bancada en el Senado y hasta inspiró en la Cámara de Diputados un bloque con su sello interno que ni siquiera contenía a legisladores del partido que él presidía.

    El radicalismo se debe un serio debate en pos de avanzar en la construcción de una propuesta moderna

    Si Lousteau llegó a presidir la UCR fue por la influencia de controvertidos dirigentes con peso en la estructura partidaria como Emiliano Yacobitti y Daniel Angelici. La reciente elección del joven intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, representaría una continuidad en la línea definida por esas mismos figuras.

    Chiarella, con 36 años de edad, se ha convertido en el presidente más joven en la historia del radicalismo. Conduce los destinos de aquella intendencia de la provincia de Santa Fe desde 2019 y fue reelegido en 2023 como jefe comunal con nada menos que el 83% de los votos. Su gestión se ha caracterizado por el superávit fiscal y por su liderazgo en materia de innovación y utilización de la tecnología en el municipio. “Cuando no se roba, los recursos alcanzan”, fue una de sus frases de cabecera.

    En el actual contexto de fragmentación partidaria y de desilusión general con las fuerzas políticas, caracterizadas en muchos casos por su irrelevancia, resulta difícil que el nuevo titular del comité nacional de la UCR pueda lograr una síntesis de los distintos sectores internos.

    El radicalismo se debe un serio debate en pos de avanzar en la construcción de una propuesta moderna que, sin renegar de sus históricos principios, aliente la libertad en su sentido más amplio y defina una posición sobre el papel del Estado. La idea que vienen promoviendo algunos de sus dirigentes en el sentido de que debe haber tanto mercado como sea posible y tanto Estado como resulte necesario podría señalar una línea que ayude a acercar posiciones con el oficialismo, sin ser presa de este, y a definir una política de alianzas con otras agrupaciones comprometidas con las ideas republicanas.

    Fuente: La Nación

  • Baños de realidad (Última parte). Un relato tan dañino como mentiroso

    El falaz relato histórico que el kirchnerismo pretendió imponer durante sus sucesivos gobiernos se complementó con un programa de gobierno que, por todos los medios, procuró revestir de héroes e idealistas a los miembros de las organizaciones guerrilleras que sembraron el terror en nuestro país, provocando asesinatos, secuestros, atentados con explosivos y una demonización de quienes los combatieron desde el Estado. Llegaron al punto de reconocerles a terroristas el cobro de fuertes sumas indemnizatorias y hasta se los premió con altos cargos públicos, mientras que sus víctimas nunca estuvieron en el eje de las preocupaciones. Debió pasar mucho tiempo para que una parte de ellas –muy pequeña aún- empezara a ser admitida y asistida como tal en la consideración gubernamental y legislativa.

    Al cabo de casi dos décadas de kirchnerismo, podemos observar el resultado de la política de derechos humanos instrumentada por el trío compuesto por el matrimonio Kirchner, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y su entonces conductor, Horacio Verbitsky: el delito se ha extendido impunemente en todo el país, producto -entre otros factores- de la inacción de las policías, privadas de toda función útil, imposibilitadas de ejercer inteligencia y prevención, y atemorizadas por denuncias de abusos presentadas por organizaciones de derechos humanos que han incluido peritajes falsos para incriminar a los servidores públicos.

    Los autores de delitos presentan comúnmente graves y numerosos antecedentes penales. No obstante, se encuentran en libertad merced a decisiones del Poder Ejecutivo, y a una legislación y una jurisprudencia que no protegen a los inocentes.

    Miles de niños y jóvenes toman decisiones de cambio de sexo sin estar preparados para ello. Muchos se someten a tratamientos financiados por el Estado, que acaban de ser condenados por la Academia Nacional de Medicina, mediante un documento en el que sostiene que no avala ninguna práctica hormonal o quirúrgica orientada a modificar características sexuales en personas menores de edad.

    La educación pública hace hincapié en el reclamo de más derechos, desmereciendo el cumplimiento de los deberes y cuestionando toda autoridad y respeto por las normas. Hace pocos días, padres y alumnos de sexto grado de la ciudad de La Plata agredieron a golpes a maestros y directivos de una escuela. Casi ningún docente cambia pañales o ayuda a un niño a ir al baño para hacer sus necesidades por temor a ser denunciado. Solo los padres o sus encargados pueden auxiliarlos. La política de género ha provocado que se eviten encuentros de dos personas a solas en oficinas o incluso en ascensores. Se buscan testigos de esos encuentros por temor a falsas denuncias de abusos.

    Cientos de miles de hectáreas le han sido entregadas a organizaciones que dicen representar a pueblos originarios, muchas de ellas situadas en lugares paradisíacos de Parques Nacionales o pertenecientes a unidades militares de montaña. Las organizaciones de derechos humanos y las piqueteras, generosamente financiadas con miles de millones de pesos provenientes de nuestros impuestos, tomaron indiscriminadamente la vía pública hasta que la entonces ministra de Seguridad -hoy senadora nacional- Patricia Bullrich, haciendo cumplir el expreso mandato presidencial, hizo cumplir normas que nadie se atrevía a poner en práctica.

    Estos datos son algunas de las muestras más evidentes del descalabro cultural, legal, jurisprudencial y educativo que se ha generado en nuestro país, que ha hecho que la Argentina perdiera no solo verdad histórica, sino también sentido común. El exsubsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños denunció el entramado de leyes dictadas al amparo del CELS que privilegian a militantes rentados, se apropian de espacios públicos y expuso el contubernio que llevó a que el Estado se allane a demandas internacionales absurdas como han sido los casos de Milagro Salas o de Santiago Maldonado, destapando valientemente convenios turbios, viajes al exterior de absurdas y abultadas comitivas y subsidios vergonzosos. Es de esperar que quien fue designado en su reemplazo, Joaquín Ignacio Mogaburu, continúe en la misma senda. Que el compromiso con la verdad del exfuncionario contribuya fuertemente con la recuperación de la legalidad y la concordia, sin las cuales es imposible superar los graves desafíos que nos plantean el presente y el futuro de nuestro país.

    Fuente: La Nación

  • Baños de realidad (Parte I)

    Previamente a su renuncia a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, conocida días atrás, el exjuez Alberto Baños pronunció un discurso ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, que significó un cambio trascendente en la posición que la Argentina mantenía respecto de los enfrentamientos armados de los años 70 y de sus consecuencias.

    La delegación, que incluyó al subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, y al subsecretario legal del Ministerio de Seguridad, Diego Goldman, reputó como falsas muchas de las denuncias actuales que recibe nuestro país sobre presuntos abusos de sus agentes de seguridad y penitenciarios, generadas en informes intencionadamente falsos.

    Baños expresó que el Gobierno sostiene una política de “memoria completa” respecto del pasado y que a algunas organizaciones de derechos humanos no les interesó la verdad, desde el momento en que, ante cualquier cuestionamiento a la cantidad de 30.000 desaparecidos que vienen sosteniendo históricamente, se acusa al ocasional disidente de “negacionista”. Ello -continuó el entonces funcionario- aun cuando se ha conocido desde hace años el origen de ese número falaz y a su autor, que vive actualmente, quien dio cuenta de la finalidad perseguida mediante la invocación en aquellos momentos de dicha cifra ante los organismos internacionales.

    Las valientes expresiones de Baños se inscriben por fin como manifestación de una verdad ocultada por los gobiernos kirchneristas que tampoco salió a la luz durante la gestión del presidente Mauricio Macri, a pesar de sus promesas de campaña.

    Baños sostuvo que a algunas organizaciones de derechos humanos no les interesó la verdad

    Efectivamente, entre las falsedades de las sucesivas gestiones presidenciales kirchneristas se encuentra el respaldo al número de desaparecidos durante la dictadura militar, entre 1976 y 1983, sostenido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras organizaciones alineadas a la izquierda del arco ideológico. La cifra de 30.000 desaparecidos fue consignada como verdad absoluta en comunicados, decretos, eslóganes y páginas web gubernamentales, además de programas educativos, conferencias y hasta en normas legales.

    Sin embargo, el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado de la Secretaría de Derechos Humanos, creado precisamente por el gobierno kirchnerista consultando los habeas corpus, las denuncias, el trabajo de la Conadep y miles de causas judiciales, pudo identificar 7018 personas desaparecidas, ya no entre 1976 y 1983, período durante el que se extendió el denominado Proceso de Reorganización Nacional, sino durante un lapso diez años mayor, es decir, entre 1966 y 1983.

    Las manifestaciones del hoy exsubsecretario respecto de que se conocen el origen y el autor de esa falacia refieren a las públicas manifestaciones nunca desmentidas de Luis Labraña, un exmontonero que marchó al exilio durante la última dictadura militar. Labraña viene expresando desde hace años en todos los medios la falsedad de la cifra de 30.000 desaparecidos. Cada vez que se lo consulta, sostiene que las Madres de Plaza de Mayo llegaron a Amsterdam con una lista de 4800 personas en esa condición y que necesitaban dinero para solventar sus actividades. Asegura que tenían la intención de alegar la existencia de un genocidio para lograr ayuda económica de los holandeses, pero que la cifra de víctimas era insuficiente para alcanzar los estándares requeridos para la existencia de ese tipo de delito. “Nos juntamos e inventamos la cifra… Dijimos varias: una fue 15.000, otra 30.000 y otros disparates. Finalmente, se aprobó 30.000 y así quedó. Fui yo el que dijo la cifra. Fui yo la persona que dijo 30.000. Oficialmente hay 8000 personas desaparecidas”, aseguró Labraña antes de aclarar que “todas las Madres [de Plaza de Mayo] aceptaron inventar la cifra”.

    Hay muchas otras contundentes pruebas que le dan la razón a Baños respecto de los dichos de su exposición cuando fue funcionario del actual gobierno. A poco de asumir, Néstor Kirchner le cedió lisa y llanamente al CELS, entonces comandado por Horacio Verbitsky, el diseño e implementación de la política de derechos humanos de nuestro país. Este exguerrillero, miembro de las Fuerzas Armadas Peronistas en sus comienzos para luego pasar a ser parte de la agrupación Montoneros, mantenía una estrecha relación con varios de los organismos internacionales de derechos humanos.

    Junto al CELS, diseñó el decreto 1086/2005 que tiene solo unos pocos artículos, pero un Anexo de 261 páginas que se mantendría sin publicar en el Boletín Oficial durante años. El motivo fue la introducción de una extraordinaria serie de cambios que tendría un impacto crucial en el campo político, cultural, económico y educativo de la Argentina, nunca antes anunciado ni debatido por nuestra sociedad. El programa incluyó, entre otras cuestiones, una educación que respaldara el aborto y la elección de sexo “ante la discriminación practicada desde la religión y la medicina de reconocer solo dos sexos”. Propiciaba ya en 2005 el matrimonio igualitario, la sanción de leyes que contemplaran el cambio de sexo como un derecho de las personas con identidades sexuales y de género diversas, y una educación sexual para que niños y adolescentes pudieran adoptar “decisiones libres sin discriminación o coacciones”. El Programa auspiciaba los reclamos de los pueblos originarios y además consideraba -citando un informe del CELS- que la tarea policial ha sido históricamente diseñada en la Argentina para disciplinar socialmente y controlar políticamente a la población, por lo que recomendaba reestructurar la modalidad tradicional de prevención y represión del delito, la organización policial y el sistema de investigación en la instancia judicial. Al mismo tiempo, se oponía a todas las iniciativas de esas fuerzas por alcanzar algún grado de autonomía, facultades e iniciativas propias para la prevención del delito.

    Fuente: La Nación

  • Privatización de la Hidrovía: esta vez, hacerla bien

    Jan De Nul4

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    La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), responsable de conducir el proceso de nuevo concesionamiento del dragado de la Hidrovía, hizo público el pliego de licitación que se propone utilizar. Es un documento que, con sus anexos, supera las 900 páginas. Se abrió un breve plazo de diez días para recibir observaciones Este será el segundo intento del actual gobierno para concretar el objetivo y es deseable que no fracase. La Hidrovía se considera un caso relevante del programa de privatizaciones, que ha sufrido demoras. La anterior concesión venció hace dos años y la operación continuó mediante contratos con la empresa que ya operaba.

    El fracaso de la licitación anterior tuvo relación con un deficiente diseño del proceso de selección que dio motivos para interpretar que se otorgaban ventajas irremontables a algún determinado oferente. Se recibió solo una oferta, que paradójicamente no fue de quien se suponía favorecido. Posiblemente hubo torpeza, pero no fue fácil evitar otras interpretaciones menos convenientes. Por este motivo es imprescindible que se tome nota de los errores cometidos para no repetirlos. Lo primero por corregir es evitar condiciones que no sean relevantes al objetivo, pero que restringen la competencia y la cantidad de oferentes. Por ejemplo, se establece que solo podrán participar compañías que acrediten la propiedad de seis dragas de succión construidas después de 1994 con determinada capacidad de tolva y que estén en operación. Se exige que la empresa haya dragado 15 millones de metros cúbicos luego de 2016, pero exclusivamente con equipos propios. Considerando que lo que se concesiona es un servicio de dragado, lo que debe exigirse es una garantía de cumplimiento, así como solvencia y sólida experiencia, siendo menos relevante si los equipos son propios o alquilados. No se trata de una concesión en la que el adjudicatario deba construir instalaciones o adquirir maquinarias que quedarán de propiedad del concedente. Al final de la concesión las dragas serán retiradas y operadas en otros destinos.

    La hidrovía Paraguay-Paraná

    Fuente: Fundación Nuevas Generaciones / Administración General de Puertos / LA NACION   

    Otra afectación de la competencia resultará de insistir en concesionar en un único contrato la totalidad de la Hidrovía, incluido el balizamiento. La concesión es perfectamente divisible en dos tramos diferenciados en cuanto a la profundidad de dragado y características de los equipos por utilizar. Uno se extiende desde el Río de la Plata hasta Timbúes con mayores profundidades y el otro va desde esa localidad hacia el norte, hasta la confluencia del rio Paraná con el río Paraguay. El balizamiento puede ser un contrato independiente. De dividirla de esta forma u otra, se tendría mayor competencia y menor riesgo.

    El pliego excluye la participación de empresas de dragado controladas por estados extranjeros. En rigor, esto apunta a evitar la participación de empresas chinas y responde a una definición relacionada con la política de alineación internacional del Gobierno. El análisis de la conveniencia o no de este proceder se ubica en otro plano. Pero no puede dejar de decirse que esta es otra restricción de la competencia que puede terminar en tarifas de peaje más elevadas de las que hubieran resultado de otro modo. Y debe entenderse que el nivel del peaje en la Hidrovía tendrá relación directa con los precios de exportación recibidos por productores agrícolas o mineros. Esta es también una cuestión estratégica.

    El proceso definido en el pliego para adjudicar la concesión es potencialmente fuente de conflictos. Comprende una calificación técnica que se combinará con un puntaje resultante de las tarifas de peaje cotizadas para cada una de las etapas previstas durante la concesión. Se recibirán simultáneamente tres sobres. El primero deberá incluir los antecedentes e información sobre la firma. El segundo, un detalle de la metodología de trabajo y organización. El tercero contendrá las tarifas cotizadas, pero que no deberán ser superiores ni inferiores a valores máximos y mínimos ya establecidos en el pliego. El puntaje asignable por la evaluación técnica podrá alcanzar hasta 80, mientras que la oferta económica podrá lograr un máximo de 120 y un mínimo de cero. Un máximo corresponderá al caso que se coticen los valores de peaje inferiores de la franja. El cero, cuando se coticen los máximos. De los diez temas requeridos en los dos primeros sobres técnicos nueve dan lugar a calificaciones y puntuaciones susceptibles de criterios subjetivos y seguramente opinables. Puede que un oferente reciba una calificación técnica que supere al que lo sigue con una diferencia no descontable siquiera con una tarifa de peaje ubicada en el mínimo de la franja. Entonces la adjudicación tendría solo el sustento de evaluaciones subjetivas, objetables por los perdedores y también por los futuros usuarios que podrían tener que pagar peajes más elevados de los que hubieran resultado de otros oferentes. Habrá impulsos para impugnar la adjudicación, con solo un inconveniente: para hacerlo deberá depositarse una garantía de 10 millones de dólares. Una coraza excesivamente onerosa, motivo de protesta y seguramente de suspicacias.

    El proceso de selección y adjudicación debería comprender un primer tamizado con el criterio de “pasa o no pasa”, eliminando aquellos oferentes que no cumplan determinadas condiciones mínimas de capacidad, solvencia, experiencia y calidad, medidas mediante parámetros cuantificables. Solo se abriría el sobre con las cotizaciones de peaje de aquellos que pasen y se debería adjudicar a quien ofrezca la tarifa más baja, excluyendo cualquier límite mínimo en el pliego. Esta sería la forma transparente de lograr la adjudicación más conveniente.

    Se está a tiempo de corregir errores para asegurar una correcta licitación, libre de conflictos y sospechas, con los mejores resultados y beneficios para los usuarios y para el país.

    Fuente: La Nación

  • Aunque la inflación muera, la moneda no resucitará

    ¿Muerto el perro, se acabó la rabia? Para muchos, haber bajado la inflación fue el gran logro de Javier Milei y, como ello ya ocurrió, ahora se espera de él mucho más. Son las famosas asignaturas pendientes, acumuladas durante décadas de desatinos. Si la inflación está cerca de ser derrotada, es tiempo de mejorar el nivel de vida de la población como los demás países del mundo. Si el presidente fuera un estadista -sostienen- se ocuparía de asuntos más cercanos a las necesidades de la gente en lugar de hablar tanto de economía. Ahora habría llegado el tiempo de la reactivación, de las políticas de Estado, los planes de desarrollo y las estrategias de largo plazo para establecer prioridades, promover inversiones y atender el impacto social de los cambios futuros.

    En la Argentina, la pala dirigista excavó durante décadas el pozo de nuestra decadencia, enterrando las instituciones y sepultando la moneda. Desde el mítico Consejo Nacional de Posguerra (1944), a los planes quinquenales (1947 y 1953), pasando por el Conade (1961-1973); las minuciosas 160 Políticas Nacionales (Decreto 46/70) y el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación del socialismo nacional (1973), ninguno dio prioridad a la estabilidad monetaria ni (mucho menos) al equilibrio fiscal. A partir de la democracia recuperada en 1983, hubo áreas de planeamiento a cargo de Adolfo Canitrot, Moisés Ikonikoff o Vittorio Orsi, funcionarios de bien, cuyas opiniones fueron desoídas en el huracán de las sucesivas crisis.

    El fracaso del Plan Austral (1987); la hiperinflación (1989-90); el fin de la convertibilidad (2001) y el default de 2002 fueron resultado de aquellos extravíos. Durante la nefasta gestión de Julio de Vido en el Ministerio de Planificación Federal (2003-2015) todo se agravó, al usarse al Estado en provecho de una banda criminal durante 12 años. Ese desastre tuvo un costo reputacional (además de material), que debe pagarse ahora.

    La gran diferencia con los países que tomamos como ejemplos, es que la Argentina carece de moneda y, aún ahora, la menor inflación no implica que aquella resucite. Desde 1970 hemos quitado 13 ceros al peso, sufrido dos hiperinflaciones, incurrido en nueve defaults y recurrido 24 veces al FMI. Durante aquellos funestos 12 años se terminó de arruinar la autoridad moral del Estado como organizador de la vida colectiva y el plan “platita” de Sergio Massa le dio el último tiro de gracia. Sin moneda, crédito ni reputación, la economía tardará en recuperarse. “El que se quemó con leche, ve una vaca y llora”, dicen los argentinos y repiten los extranjeros esperando ser convencidos.

    La tasa que mide el riesgo país pondera la capacidad de un Estado para cumplir con los servicios de su deuda y tiene un sesgo financiero. La tasa que mide los signos vitales de la moneda para determinar si es mal pasajero, catalepsia o muerte irreversible, pertenece al mundo de las instituciones. Estas son las vigas maestras de toda sociedad ordenada y reflejan sus valores compartidos, estableciendo las reglas de juego para su funcionamiento. En las democracias liberales rige la ley (rule of law) bajo la forma del Estado de Derecho, cuya hija dilecta es la seguridad jurídica, madre del trabajo productivo, la inversión fecunda y la prosperidad colectiva. El apego a la ley, la eficacia judicial y la sanción a los desvíos hacen predecible el futuro.

    La moneda es una institución fundamental como la división de poderes, la independencia de la Justicia, el respeto a los contratos, la propiedad privada, el régimen de la familia, el federalismo o la educación pública, gratuita y obligatoria. Es como la entretela del traje común que da estructura, cuerpo y forma a las demás.

    La República Argentina construyó su arquitectura republicana colocando ladrillo tras ladrillo con enorme esfuerzo. Sobre el cimiento de la Constitución de 1853/60 se creó la Corte Suprema de Justicia en 1863; se aprobó el Código Civil en 1869 y el de Comercio en 1889; la ley de educación pública se dictó en 1884 y la de matrimonio civil en 1888, entre otras. Fue Julio A. Roca, quien después de lograr la unidad territorial con la Campaña del Desierto (1879), unificó la proliferación de billetes y metálico con el peso moneda nacional (1881). Hasta que el “peso ley” lo reemplazó casi un siglo más tarde (1970), resellando sus ceros vergonzantes y abriendo camino a la inflación.

    En un sistema capitalista, basado en la división del trabajo e intercambio de bienes y servicios, la moneda es la institución que hace posible la vigencia del resto. Sin moneda, los docentes no cobran por sus horas de cátedra, los jueces no son retribuidos por su dedicación, los jubilados deben mendigar, las fábricas se paralizan y los comercios cierran sus puertas. Sin moneda, los derechos son letra muerta y prevalece la mayúscula del más fuerte o la letra “viva” del más corrupto.

    Lo sabía bien Vladimir Illich Ulianov (Lenin) quien intentó destruirla mediante la inflación intencional del rublo en 1919 hasta que el desabastecimiento y la hambruna lo obligaron a dar marcha atrás reintroduciendo mecanismos de mercado para incentivar la producción de los odiados campesinos (kulaks).

    De las tres funciones de la moneda, la reserva de valor es la que mejor sirve para verificar su vitalidad o su extinción. Es la que posibilita el ahorro, el crédito y la inversión, motores del mayor empleo, mayor consumo y mayor solvencia fiscal. Cuando el público no ahorra en pesos, cuando los inversores se resisten a enterrar divisas en nuestro suelo o cuando el menor parpadeo político provoca dolarización de carteras, se comprueba que ha dejado de existir como tal, aunque la consagre una ley. Esta es la realidad argentina, bien diferente de la de los países vecinos, y lo que motiva la reticencia ministerial a flotar sin el resguardo de las bandas cambiarias.

    Aunque la inflación esté muerta, no resucitará por sus propios medios. Cualquier atisbo de tolerancia social al desequilibrio fiscal, por buenas o malas razones, la mantendrá difunta, en su non sancto sepulcro. Y mientras no haya moneda, no podrá darse rápida satisfacción a las demandas que requieren empleo, ahorro, crédito e inversión.

    Sin dolarización, la recuperación del peso exigirá reconstruir una confianza ya perdida; no en este gobierno en particular, sino en la volátil sociedad argentina, reflejada en sus consensos políticos, en las actitudes de sus representantes y en las opiniones de sus dirigentes. No está al alcance de Javier Milei ordenar, disponer o decretar que la moneda vuelva a ser aceptada como reserva de valor mientras unos y otros no asuman como propio ese desafío. Solo podrá consolidar su liderazgo para que, a través de los votos, aquellos se vean forzados a aceptar el dictum popular.

    El ejemplo de Claudio “Chiqui” Tapia, con sus nexos políticos, judiciales y deportivos supera cualquier límite moral y simboliza, en una sola persona, todo lo que está podrido en la base de nuestra convivencia. Si los billetes en curso tuvieran su imagen, entenderíamos mejor por qué carecemos de moneda

    Recuperar la moneda requiere el esfuerzo de legisladores, jueces, empresarios, sindicalistas, gobernadores, dirigentes sociales y de todos quienes gravitan sobre el funcionamiento de nuestras

    instituciones. De ello dependerá la firmeza de las reformas en curso y la sustentabilidad del equilibrio fiscal. Las agachadas, los desvíos, las picardías, los guiños, los acomodos, las trenzas, las pequeñas corruptelas y la gran corrupción, pueden dilatar su recomposición.

    El ejemplo de Claudio “Chiqui” Tapia, con sus nexos políticos, judiciales y deportivos supera cualquier límite moral y simboliza, en una sola persona, todo lo que está podrido en la base de nuestra convivencia. Si los billetes en curso tuvieran su imagen, entenderíamos mejor por qué carecemos de moneda.

    ¿Tienen conciencia de que contribuyen a la corrosión institucional los legisladores que asumen con juramentos disparatados, los gobernadores que “coimean” a la oposición y se endeudan para no reducir gastos o los camaristas que desoyen los fallos de los tribunales superiores?

    ¿Qué convicciones tienen los legisladores que asumen sus bancas con actitudes impropias y juramentos disparatados? ¿Qué principios inspiran al gobernador que amplía el directorio de un banco oficial para “coimear” a la oposición y endeudarse en lugar de reducir gastos? ¿Saben que esos cargos no les pertenecen? ¿Desconocen la responsabilidad de sus investiduras y que carecen de libertad para hacer cualquier cosa, como si la Argentina fuera un país invertebrado? ¿Qué impulsa a un camarista laboral, en pleno debate de la reforma, a desconocer el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, cuya competencia debe respetar? ¿Tienen conciencia, todos ellos, de que contribuyen a la corrosión institucional y a la extinción de la moneda?

    Recomponer la vigencia de las instituciones y la aceptación de la moneda son condiciones necesarias para poner en marcha el país. Un compromiso fundacional, para que tantos reclamos y expectativas puedan hacerse realidad.

    Fuente: La Nación

  • Baja de retenciones al campo: un gesto en la senda correcta

    De sorpresa, esta semana el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una nueva baja de las retenciones al campo. Sin otro recurso que su cuenta en la red social X, el funcionario del gobierno de Javier Milei dio en la tecla de lo que quieren escuchar, desde hace años, los productores: que haya una baja constante, hasta su eliminación, de los siniestros derechos de exportación instaurados en 2002 por el expresidente Eduardo Duhalde.

    Han sido 137.500 millones de dólares desde entonces, según un relevamiento de la consultora Agritrend, los fondos que aportó solo el complejo granario por ese tributo puesto en un contexto de crisis y que, lamentablemente, no solo nunca se quitó, sino que se fue incrementando. Otros estudios hablan de una contribución mayor: la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) la ha cuantificado, con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 227.246 millones de dólares, considerando el concepto de detracción al productor argentino. Si bien este monto es fundamentalmente por retenciones en general, la cuenta es el resultado, explicaron, de lo que el Estado le detrajo a los productores, sumando aportes y restando detracciones sobre los ingresos. El populismo kirchnerista usó al campo como caja para no enfrentar el déficit fiscal crónico del país, que él mismo generaba y que sumó con creces.

    Con una visión opuesta, Caputo, como otros funcionarios y el mismo presidente Milei, han dicho que las retenciones son un impuesto que no debería existir. Ha tenido, no obstante, idas y venidas: al principio de su gestión, con la primera edición de la Ley Bases las quiso aumentar. Solo el freno del campo, gobernadores de las provincias agrícolas y de diputados detuvieron esa infeliz iniciativa. Hace un año, en tanto, mandó a un productor a “seguir viendo Chapaleufú [el equipo de polo] y corriendo carreras” cuando en X le reclamó por los Derechos de Exportación (DEX).

    Ante el pedido del agro por un cronograma con plazos para una eliminación, Caputo nunca mostró sus cartas, pero fue procediendo con gestos. El año último, por ejemplo, se eliminaron las retenciones a la carne de vaca que va a China (los DEX persisten en la carne de novillo) y a los lácteos de manera definitiva.

    Este año, el Gobierno fue una montaña rusa en la materia: en enero anunció una rebaja temporal hasta junio por la sequía, luego aumentó los DEX a su nivel anterior; después, en plena Exposición Rural de Palermo, con Milei en el palco, las rebajó. A posteriori, las suspendió por completo durante tres días en septiembre para que entraran 7000 millones de dólares y, ahora, introdujo otra reducción.

    Aunque en esta oportunidad la baja es exigua, solo dos puntos en la soja, a 24%, y un punto en el maíz, a 8,5%, se valora el gesto. Por más que Caputo no muestre las cartas sobre los tiempos hacia adelante, el anuncio ya ha cambiado el humor a los productores: ellos están convencidos, como manifiestan muchas voces, de que hay un camino marcado al cual quieren aferrarse y creer.

    Esperan que en algún momento se terminen tantos años de un impuesto que no tiene ninguno de los países competidores de la Argentina. Brasil, sin ir más lejos, nunca castigó a sus exportaciones aun con gobiernos de izquierda, como el de Lula da Silva. Por ese motivo, entre otros, el país vecino se convirtió en el principal productor mundial de soja. Decenas de ciudades del centro oeste brasileño que antes eran prácticamente páramos se han desarrollado al calor de la pujanza del agro.

    La Argentina, en cambio, según lo han revelado numerosos estudios, tuvo en las retenciones un freno a su desarrollo productivo. Y los recursos que se le quitaron al campo no han regresado ni en mejor infraestructura ni servicios. Además, la evidencia demuestra que, sin impuestos distorsivos como los DEX, se incrementa la inversión en insumos para cultivos como fertilizantes, maquinaria agrícola y semillas de alta tecnología, lo que provoca un aumento de la producción y de la actividad económica de las regiones vinculadas con el campo, muchas de las cuales están padeciendo crisis importantes.

    En plena campaña, una rebaja aún mayor hubiera mejorado aún más los márgenes para los cultivos que hoy lucen magros en varias regiones agrícolas, sobre todo en las zonas alejadas de los puertos y en tierras alquiladas. La competitividad del sector no puede estar ligada a un tributo que no tiene ninguna contraprestación y es netamente un impuesto al precio.

    El gesto de Caputo va en línea con otras actividades a las cuales también se le fueron quitando o eximiendo de carga impositiva. La Argentina, se ha dicho, tiene un potencial que ya es realidad con Vaca Muerta. Que el gesto del ministro tenga continuidad para terminar de sacarle el pie de encima al sector más pujante del país: el campo.

    Fuente: La Nación

  • Un gobernador de película

    Axel Kicillof es un gobernador de película. Su hábitat natural es la ficción.

    A veces, con su frondosa creatividad, cae sin darse cuenta en asociaciones inoportunas como publicitar en gigantografías colocadas estratégicamente en rutas y en la vía pública el nombre de su movimiento, Derecho al Futuro, ilustradas con un grupo de jubilados. ¿Cuál sería ese “derecho” para personas que viven en el presente en permanente emergencia por los haberes mínimos que perciben y cuál sería ese “futuro” para ciudadanos que transitan desde hace tiempo la tercera edad?

    Aunque ahora reniegue de la ortodoxia kirchnerista, al gobernador bonaerense le encanta vivir dentro de una nube artificiosa de ilusiones que nada tiene que ver con la áspera realidad de la provincia a su cargo. El populoso conurbano transita un cuadro de situación inaguantable, tanto desde el punto de vista social, como en lo que atañe especialmente a la inseguridad. Esta tiñe de forma cotidiana de sangre a ese distrito.

    Kicillof no atina a tomar medidas que contengan ese flagelo ni acostumbra, tan siquiera, a establecer el más mínimo acercamiento a las familias castigadas por la pobreza y, en muchos casos, la miseria.

    Ese tipo de “películas” policiales y violentas que no se ven en los cines ni en ninguna plataforma, sino que suceden a diario en las desprotegidas calles del Gran Buenos Aires no son las que más le gustan a Kicillof. Él prefiere, por ejemplo, las películas del tipo road-movies que protagonizó con cuerpito gentil recorriendo la provincia en un Renault Clío gris cuando estaba en campaña para ser gobernador. Pretendió conferirle a esa campaña una épica inexistente. Versión en carne y hueso de Pierre Nodoyuna y Patán, del célebre dibujo animado “Los autos locos”, Kicillof avanzaba por las sufridas rutas bonaerenses juntando votos como copiloto de Carlos Bianco, su fiel mano derecha. O despertar la hilaridad del público en películas más risueñas como cuando anunció que si el gobierno nacional se desinteresaba del porvenir de Aerolíneas Argentinas, su administración estaba presta para adquirir la mayoría de sus acciones y controlarla.

    Como si fueran pocos los problemas acuciantes que enfrenta la provincia de Buenos Aires, su gobernador se da el lujo de participar en actos fuera de su distrito que nada tienen que ver con la tarea específica de un mandatario. Por ejemplo, la marcha del orgullo gay o la ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Busca los micrófonos y las cámaras para dejar algún título sonoro con gran aplicación, tratando de polemizar siempre con el presidente Javier Milei. Perfil muy alto en ese plano; muy bajo, o inexistente, a la hora de instrumentar medidas que mejoren la vida de los bonaerenses.

    Al mismo tiempo, se queja permanentemente de que el gobierno nacional le retacea fondos y de que debe 12,9 billones de pesos. Dice que si esa ayuda no llega ni le permiten endeudarse sufrirán áreas sensibles como programas sociales, infraestructura vial, seguridad y educación.

    Es extraño que ante la tan declamada escasez de recursos, Kicillof haya habilitado recientemente un fondo de incentivo a la producción audiovisual, con un presupuesto de 675 millones de pesos. El objetivo burdo es crear una suerte de Incaa bonaerense que antagonice, de alguna manera, con el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales, puesto en la picota por el “colectivo” de artistas que adhieren al kirchnerismo porque la administración libertaria racionalizó su estructura y cortó de cuajo el otorgamiento de créditos y subsidios por amiguismo e identificación ideológica. Muchos de esos films no fueron vistos ni por los parientes más cercanos de sus elencos y directores. En emulación de su antigua mentora, Cristina Kirchner, de quien ahora reniega, Kicillof desea que figuras populares empiecen a girar a su alrededor agradecidas por sus aportes. Procura que generen difusión y mayor popularidad a su figura.

    La titular del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout, afirmó que la sanción de la norma por parte de la Legislatura bonaerense contrasta con la “destrucción del cine nacional y del Incaa” que, supuestamente, busca La Libertad Avanza. Saintout atribuyó esto a que “están decididos a que no exista una manera de narrar lo soberano”.

    Recordemos que Saintout, cuando era decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, en 2013, entregó el premio Rodolfo Walsh a la comunicación popular a Hugo Chávez. El entonces presidente de Venezuela agradeció la distinción “en nombre de un pueblo hermano, el pueblo venezolano, que tiene ya muchos años luchando por darle forma a una dinámica de comunicación popular, libre de la dictadura mediática de las burguesías y del imperialismo”.

    Tan afecto a las películas, Kicillof podría filmar una nueva versión bonaerense de Doctor Jekill y Mister Hyde. En versión libre del clásico de horror gótico que escribió Robert Louis Stevenson podría encarnar al personaje principal de doble personalidad y ser, por un lado, el gobernador preocupado porque no le cierran las cuentas para gestionar, y por el otro, el despilfarrador serial, siempre bien dispuesto a gastar en cualquier cosa y seguir aumentando al infinito el déficit provincial.

    Fuente: La Nación

  • ¿Debe existir el impuesto a la herencia?

    En el mundo se discute largamente sobre la conveniencia o no, de aplicar un impuesto a la transmisión gratuita de bienes. En nuestro país, el impuesto sucesorio data de la colonia, año 1801 cuando se estableció una alícuota del 1% y 4%, ratificada por las jurisdicciones provinciales en 1853. En 1923 se creó el impuesto a la herencia, bajo la presidencia de Marcelo T. de Alvear, cuya recaudación se destinaba a la educación pública.

    La primera interrupción del impuesto se dio en 1951, con la creación del impuesto sustitutivo del de la transmisión gratuita de bienes, gravando el patrimonio de las sociedades con el 1%. Renace luego en 1974, con el impuesto al incremento patrimonial a título gratuito, aplicable solo en el ámbito de la Capital Federal, hasta derogarse en 1976, cuando se estableció el impuesto al patrimonio neto.

    Existieron distintas iniciativas de reimplantación, como la de 1985 bajo la presidencia de Alfonsín, en 2006 a iniciativa de ARI y en 2007, del Frente para la Victoria, todas ellas sin éxito.

    En definitiva, hoy no existe este impuesto en el orden federal, pero sí en el ámbito bonaerense desde 2011, única provincia que lo cobra.

    Debemos señalar que para llegar a tener bienes, primero se han pagado numerosos tributos, en especial el impuesto a las ganancias y, una vez conformado el patrimonio, numerosos gravámenes tratan de apropiarse de él, tales como el impuesto sobre los bienes personales, el inmobiliario, las patentes de automotores y a las embarcaciones, tasas municipales de

    caminos, etcétera. Finalmente se agrega este gravamen a la transmisión gratuita de tales bienes.

    Este impuesto tiene dos situaciones que generan el pago:

    1) Para los beneficiarios que tienen su domicilio real en la Provincia, les corresponde el pago por la totalidad de los bienes que reciban, ya sea por donación, por legado o por herencia (incluidas las presunciones establecidas en la ley), cualquiera fuese la ubicación de tales bienes (desde bienes en el exterior hasta los ubicados en otras provincias).

    2. Para los beneficiarios que no tienen su residencia en la Provincia, corresponde el tributo únicamente por las transmisiones gratuitas de bienes ubicados en tal jurisdicción.

    Las alícuotas para donaciones o herencias pueden alcanzar el máximo de la escala ($4.355.750.000), conforme al parentesco que exista con el beneficiario:

    • Padre, hijo y cónyuge: 7,008%

    • Otros ascendientes o descendientes: 8,191%

    • Otros, dependiendo del parentesco o sin él: desde 8,753% al 9,513%

    En el supuesto de que se esté por recibir una transmisión gratuita de bienes ubicados fuera de la Provincia, a los fines de eludir la pesada carga tributaria, la alternativa será mudarse.

    También en ambos supuestos, y frente a las posibles planificaciones de anticipos de herencias, es posible que se postergue la transmisión gratuita de bienes esperando la derogación del impuesto.

    La recaudación de este impuesto durante los 7 primeros meses del corriente año representó una contribución de aproximadamente uno por mil sobre la total de los tributos. Seguramente, si se deducen los gastos y el daño que este retrógrado gravamen le produce a la Provincia, la recaudación neta sea negativa.

    Entre otros inconvenientes debe tenerse en cuenta que afecta la radicación en la Provincia de personas de importantes patrimonios, la adquisición de bienes allí y también la adecuada planificación de herencias y legados, razón por la que se aconseja la conveniencia de la derogación del impuesto en la Provincia y su no adopción en el ámbito federal.

    Fuente: La Nación