Categoría: Entrevistas

La memorable y ejemplar sentencia condenatoria a las Juntas Militares, que cumplió recientemente su 40° aniversario, ha dejado en evidencia la ilegalidad de los argumentos y procederes mediante los cuales la administración de Néstor Kirchner dispuso, a partir de 2004, la reapertura forzosa de los juicios a personal de las fuerzas armadas y de seguridad. Tal como lo confesara públicamente el entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernandez, y el exministro de la Corte Suprema de Justicia Adolfo Vázquez en su libro “Asalto a la Justicia”, el Poder Ejecutivo le pidió a cada uno de los miembros del más alto tribunal que emitieran los fallos necesarios para ordenar la pesificación de la economía, y generar la reapertura de los juicios por los hechos de los 70, pero solo contra los militares.

Concordante con esa política de Estado, comenzó la presión sobre el Poder Judicial, cuya colonización se inició con el ataque certero mediante juicios políticos a los ministros de la Corte, para obtener una nueva integración que asegurara el objetivo, y continuó contra magistrados de otras instancias, con la designación de jueces y fiscales militantes, el armado de una Secretaria de Derechos Humanos bajo la titularidad de asociados al plan, a las que se sumaron organizaciones no gubernamentales reconocidas a partir de entonces como querellantes mediante la modificación de leyes dictadas a medida de los propósitos fijados. Alejandra Gils Carbó se encargaría de nombrar más de mil nuevos empleados en la Procuración General y de promover a militantes de una nueva agrupación político-judicial, Justicia Legítima, en cargos clave. Luego pasaron a modificar la integración del Consejo de la Magistratura con el fin de controlar las designaciones, los asensos o las destituciones de los jueces.

Hasta entonces contábamos con la sentencia dictada en 1985 por la Cámara Federal en la causa 13, seguida contra los comandantes. En aquel pronunciamiento se reconoció como un hecho notorio la existencia de “una guerra revolucionaria”; se tuvo por acreditado que la guerrilla constituyó “una agresión contra la sociedad argentina y el Estado, emprendida sin derecho, y que este debía reaccionar para evitar que su crecimiento pusiera en peligro la estabilidad de las instituciones”; que “los distintos gobiernos de la Nación dictaron diversas normas tendientes a hacer más efectiva la defensa del país contra el flagelo terrorista” distinguiendo así, más allá de la ilegalidad de los métodos utilizados, quiénes lucharon en defensa de la Argentina y quiénes eran sus enemigos.

Al dictado de las leyes conocidas como de punto final y obediencia debida, y los indultos, le habían seguido numerosos fallos de la Corte Suprema y otros tribunales declarándolas constitucionales. Pero a partir del pacto sellado por Kirchner y Horacio Verbitsky y el consiguiente dictado de los nuevos fallos de la Corte con su nueva integración, se removieron los obstáculos que impedían el juzgamiento de los hechos, a costa de desconocer la irretroactividad de la ley penal, la prescripción, las amnistías y los indultos, dos facultades constitucionales concedidas al Congreso y el Ejecutivo e irrevisables, salvo corrupción, por el Poder Judicial, se desconoció la cosa juzgada inclusive de fallos de esa misma Corte Suprema, demoliéndose una a una las garantías constitucionales reconocidas desde hace más de cien años a los ciudadanos contra el poder del Estado, y devastando consecuentemente la seguridad jurídica del país.

La Academia Nacional de Derecho y los más prestigiosos juristas del país, incluidos los miembros de la Cámara que condenó a los comandantes y el fiscal Julio César Strassera, criticaron y lamentaron esos fallos que fueron acatados hasta ahora por los tribunales inferiores. Esperable cuando los que así no lo hacían eran objeto de escraches en sus domicilios y pedidos de juicio político, mientras que los que integraban tribunales que condenaban a militares y policías eran objeto de reconocimientos y beneficios.

El relato cultural y educativo al que nos sometieron estos veinte años consistió en esconder la existencia de los 21.000 atentados perpetrados por los terroristas, 5215 de ellos con explosivos colocados en lugares públicos y privados, y con el objeto de que los hechos encuadraran en la figura del delito de lesa humanidad, sostener que las operaciones contra las organizaciones terroristas se realizaron en el marco de una ofensiva generalizada sobre la población civil, cuando todos quienes vivieron aquellas épocas saben que los terroristas se infiltraban en las ciudades y simulaban desempeñar trabajos y actividades lícitas no solo para esconderse de las fuerzas legales sino principalmente de los vecinos, sin cuyas denuncias hubiera sido imposible la victoria lograda sobre ellos. Los guerrilleros que querían tomar el poder para instalar un gobierno marxista, pasaron a ser jóvenes idealistas que luchaban por la restauración de la democracia, falacia desmentida por sus propios integrantes años después, y “perseguidos por razones políticas”. Los juicios siguieron contra las más bajas jerarquías de todas las fuerzas, contra los empresarios, sindicalistas, políticos opositores y sacerdotes.

A medio siglo de los hechos, desaparecidas las pruebas que pueden demostrar su ajenidad con los hechos, su ausencia o su inocencia por otros motivos, a los imputados se los priva de la libertad con prisiones preventivas eternas hasta sus fallecimientos y sucesivos procesos sin plazo. Se enjuicia y condena a suboficiales y subtenientes mientras se mantiene la impunidad de las más altas jerarquías de las organizaciones guerrilleras reconociendo a unas víctimas y escondiendo las otras. No es posible que una persona tenga que estar esperando décadas a que a un fiscal se le ocurra citarlo por un supuesto delito ocurrido hace medio siglo. O que su juzgamiento, iniciado hace cuarenta años, sea revivido sin que la persona haya hecho nada para que el Estado tardara semejante lapso en juzgarlo. Viola otras garantías constitucionales, las de ser juzgado en un plazo razonable o que en un plazo razonable le sean determinados sus derechos. Este presente ha dañado no solo todas las garantías constitucionales sino que se ha convertido en un negocio de indemnizaciones, estructuras gigantescas, sueldos, indemnizaciones millonarias y una extraordinaria discriminación que hiere el más profundo sentido de la Justicia. Y ocupa la agenda de todos los tribunales federales que debieran ocuparse de los dramas que el narcotráfico y la corrupción generan todos los días dañándonos en el ahora y en el futuro.

Bregamos para que los magistrados y fiscales independientes del Poder Judicial y sus más altos tribunales comiencen a reconocer la improcedencia de este desgraciado entramado jurídico y reconozcan la vigencia de las garantías de quienes están todavía sufriendo procesos de neto corte político.

Fuente: La Nación

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires prohibió el uso de artículos de pirotecnia con efecto audible en todo el territorio porteño. Asimismo, le recomendó a la Agencia de Protección Ambiental (APRA) que adecue la normativa vigente en consecuencia.

La resolución de APRA declara a CABA como “zona calma libre de pirotecnia”. Esto incluye la prohibición de “uso de artículos y artificios de pirotecnia y de estruendo en todo evento o espectáculo organizado por el Sector Público de CABA”. La excepción la constituyen los elementos que sirven para emitir señales de auxilio, utilizados por fuerzas de seguridad y defensa civil, y aquellos justificados por razones de seguridad.

La prohibición se suma a varias ordenanzas vigentes en otras localidades como Chivilcoy, donde se regula, pero no prohíbe, la utilización de pirotecnia. En el interior, este tema también preocupa. En las últimas horas, asistimos, por ejemplo, a una marcha en demanda del cumplimiento de la ordenanza que prohíbe el uso de pirotecnia sonora en Comodoro Rivadavia, luego de que la Navidad transcurriera con incendios y graves consecuencias para personas y animales.

Más de una vez hemos advertido sobre los nefastos efectos que petardos, bombas de estruendo, morteros y demás artificios pirotécnicos tienen sobre personas con trastornos del espectro autista, adultos mayores, niños y animales. A esto se suma que son con demasiada frecuencia causantes de incendios y de innumerables accidentes y daños por quemaduras y estruendos.

La pirotecnia de efecto exclusivamente lumínico, aun cuando pueda conducir a accidentes, permite evitar los tremendos efectos de las detonaciones. Los comercios que incumplan la norma y vendan elementos prohibidos enfrentarán multas y clausuras de hasta 60 días.

Lamentablemente, durante la noche de Navidad hubo múltiples denuncias por uso de artefactos de estruendo en distintos barrios. Al menos 24 personas resultaron heridas durante los festejos en el ámbito porteño.

La prohibición debería incluir la fabricación, comercialización, posesión, utilización, manipulación, depósito, circulación y transporte de elementos de pirotecnia con efecto audible o sonoro. Urge terminar con el primer eslabón de la cadena por lo que cabe preguntarse qué sentido tiene seguir autorizando la fabricación de estos productos. La falta de inspecciones y controles, sumado a que no hay penalidades que resulten desalentadoras del uso, solo aseguran que el problema no se terminará de resolver. Nunca falta tampoco algún desubicado que se queja argumentando que “son solo dos veces en el año”.

También en este terreno salta a la vista que la falta de respeto de los vecinos a las más mínimas normas de convivencia comunitaria están en la génesis del problema. La pirotecnia cero es una responsabilidad de todos. Sin empatía ni responsabilidad, controles y multas, la cuestión no se resolverá.

Fuente: La Nación

La historia de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) es un ejemplo paradigmático de cómo empresas públicas, concebidas con fines estratégicos y sociales, pueden terminar encarnando lo peor del intervencionismo político: corrupción, déficit estructural, nepotismo sindical y un discurso de “salvar empleos” como coartada para perpetuar un modelo obsoleto.

Desde hace décadas, la explotación del carbón en Río Turbio -y su uso posterior en centrales térmicas- prometió progreso para una región empobrecida; al mismo tiempo, implicó enormes costos fiscales, ambientales y sociales. Recientes auditorías revelaron graves irregularidades en su gestión: movimientos financieros sin respaldo, deudas millonarias con el fisco y un déficit operativo que pone en jaque su viabilidad.

El problema de fondo no es solo administrativo: la apuesta por un recurso fósil como el carbón, en pleno siglo XXI, resulta cada vez más incomprensible. Estudios técnicos muestran que la producción de YCRT tiene una incidencia marginal -por debajo del 0,1%- en la matriz energética primaria nacional. Más aún: la calidad del carbón extraído es baja, lo que genera serios problemas operativos, contaminación y riesgos ambientales y sanitarios.

Sin embargo, cada anuncio de privatización, estatización, reconversión o relanzamiento viene acompañado del viejo argumento de “defender los puestos de trabajo”. Así, los sindicatos que durante años operaron como dispositivos de poder político revalorizan su rol —no en función del bienestar colectivo o el desarrollo sustentable—, sino como guardianes de privilegios y estructuras clientelares. Recientemente, esos mismos sindicatos aparecen en el centro de maniobras para controlar el directorio de la nueva sociedad que reemplaza a YCRT, en beneficio propio o de un puñado de dirigentes.

El resultado es una ecuación oscura: un recurso marginal que consume un enorme presupuesto público, daña el ambiente, perpetúa dependencia y verticalismo político, y ofrece muy poco futuro real a quienes dice “proteger”.

La Argentina necesita una transición energética real. Un modelo de desarrollo fundado en energías limpias, renovables, eficientes y distribuidas, no en reliquias contaminantes cuya lógica ya fue superada en el mundo.

Mantener a YCRT como un símbolo de “justicia social” por conservar empleos equivale a sostener -con dinero público- un monumento al pasado. Pero eso ya no basta. La energía no debería ser un instrumento de clientelismo ni de dependencia política; debería servir a un proyecto de nación soberano, sustentable y con visión de largo plazo.

Si verdaderamente hay voluntad de justicia social, habría que reorientar ese enorme costo estatal -recursos, salarios, subsidios implícitos- hacia programas de reconversión laboral, capacitación, desarrollo de renovables e inversión en infraestructura moderna, distribuida, limpia. A eso deberíamos apuntar: no a preservar dinosaurios productivos, sino a construir futuro.

Fuente: La Nación

No siempre es posible verificar en el curso de la historia, las vicisitudes que podrían haber sucedido si el camino hubiera sido otro. Esto es de particular interés en Cuba y también en la Argentina, si la experiencia socialista intentada por Héctor Cámpora en 1973 durante los 49 aciagos días de su mandato no hubiera sido interrumpida por el propio Juan Perón. A la asunción de Cámpora concurrieron el chileno Salvador Allende, primer presidente comunista de Chile, y su par de Cuba, Osvaldo Dorticós. Sin duda, esas compañías poco le gustarían al anciano general, amigo de Alfredo Stroessner, Rafael Trujillo, Anastasio Somoza, Francisco Franco, Carlos Ibáñez y Augusto Pinochet.

En 1947, el filósofo marxista Maurice Merleau-Ponty, al justificar las purgas estalinistas sostuvo que “la revolución no define el delito según el derecho establecido, sino según el de la sociedad que pretende instaurar”. Una forma complicada de decir que, para el comunismo, el fin justifica los medios. Pues bien, después de casi siete décadas ya es posible evaluar la Revolución Cubana y emitir juicio acerca de sus crueles experimentos sociales para lograr la sociedad que ahora existe. Y también como modelo contrafáctico de una Argentina que no fue, aunque el kirchnerismo, admirador de Cámpora, continúe usando su apellido como consigna de liberación.

¿Cuáles eran los valores que esos “idealistas” querían implantar? ¿Cuál era el justificativo ético de sus “luchas populares”? ¿Puede excusarse el homicidio sobre la base de ideas y creencias personales erradas? ¿Adónde conducía la sociedad que aspiraban a imponer y por cuyo logro mataron personas con petulancia redentora?

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Es posible evaluar la Revolución Cubana como modelo contrafáctico de una Argentina que no fue, aunque el kirchnerismo, admirador de Cámpora, continúe usando su apellido como consigna de liberación

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En 1959 comenzó en Cuba una experiencia novedosa para América Latina con un régimen marxista bajo el mando de Fidel Castro. En plena Guerra Fría, era funcional a la estrategia de la Unión Soviética para expandir su esfera de influencia en la región. Y así, Nikita Khruschev instaló misiles en su nuevo país satélite (1962) y su sucesor, Leonid Brezhnev, fogoneó la lucha armada hasta su muerte (1982).

“Crear uno, dos, tres Vietnam”, arengó el sanguinario Ernesto “Che” Guevara, artífice de la expansión de la guerrilla en la región, afirmando ante la Asamblea de las Naciones Unidas: “Fusilamiento sí; hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario” (1964). Nuestro país debe a esas siniestras consignas las muertes causadas desde entonces por atentados subversivos y la posterior represión militar.

Quien haya visitado Cuba esta Navidad no encontró el país feliz, próspero e igualitario que prometió el Che Guevara para justificar sus fusilamientos. Quedan pocos jóvenes en la isla, pues la población se redujo de 11 millones de habitantes, a 8,5 millones. Un millón y medio se fue en busca de oportunidades –en su mayoría a los Estados Unidos–, dejando hijos a cargo de los abuelos. Por esa razón no hay reacción ante la crisis: la tercera edad solo conoció esa realidad y no tiene fuerzas para protestar.

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“Crear uno, dos, tres Vietnam”, arengó el sanguinario Ernesto “Che” Guevara, artífice de la expansión de la guerrilla en la región. Nuestro país debe a esas siniestras consignas las muertes causadas desde entonces por atentados subversivos y la posterior represión militar

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Con resignación y sus nietos de la mano, hacen colas para conseguir alimentos. Ya no existen las libretas que permitían comprar productos básicos (“alimentos normados”) en las bodegas estatales. Sus estanterías están ahora vacías mientras prosperan las mipymes privadas que los ofrecen a quienes pueden pagarlos con dólares. Antes, los niños tenían asegurado un litro diario de leche fluida que también ha desaparecido y es difícil conseguirla en polvo para alimentarlos. Otra novedad son los “apagones” durante la mayor parte del día. Las familias recurren a generadores a batería, que se cargan cuando hay luz. En esos lapsos también se recargan los ventiladores y los celulares, aunque quedan sin internet. Ese drama no tiene solución, pues el gobierno no tiene divisas para reparar las vetustas usinas rusas o para importar gasoil. Y no hay divisas porque allí no hay propiedad privada, ni inversiones, ni exportaciones que las generen. Por ello, tiene una gran “brecha” cambiaria, fuente de corrupción para los allegados, como fue en la Argentina durante la gestión económica de Sergio Massa.

Para colmo de males, debido a la inacción sanitaria y la acumulación de basura se han difundido el dengue, zica, oropouche y chikunguña, con efectos devastadores por el abarrotamiento de los hospitales, sin medios materiales ni personal para atender a los infectados, quienes prefieren quedarse en casa con remedios caseros. Los fallecidos por la “enfermedad silenciosa” son enterrados en bolsas plásticas o cajones de cartón.

En 1953, tras ser juzgado por el ataque al Cuartel Moncada, Fidel Castro terminó su alegato con el célebre “la historia me absolverá“, luego catecismo de la revolución. Denunció falta de tierra, de vivienda, de salud y de educación prometiendo resolverlas con el programa socialista aplicado a partir de 1959. A esta altura, la historia puede verificar sus resultados para determinar si lo absuelve o no. El salario promedio en Cuba es de 10 dólares, la extrema pobreza alcanza al 90% y un millón y medio de jóvenes han emigrado, provocando un dramático envejecimiento poblacional.

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Quien haya visitado Cuba esta Navidad no encontró el país feliz, próspero e igualitario que prometió Guevara para justificar sus fusilamientos

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El régimen atribuye sus males al llamado “bloqueo” de los Estados Unidos cuando solo se trata de un embargo a las exportaciones de ese país y omitiendo decir que Cuba puede comerciar con toda América Latina, desde Canadá hasta la Argentina. Y con toda Europa, África y Asia, incluyendo Rusia, China, Irán, India, Australia y Japón. Lo que no funciona es el socialismo, ni en Cuba, ni en ningún otro lugar del mundo.

Cristina Kirchner utilizó la misma frase altanera y desafiante en 2019, golpeando el estrado y agraviando a los jueces del Tribunal Oral N° 2 cuando la indagaron en la causa Vialidad. Allí los acusó de “lawfare” y de constituir un “pelotón de fusilamiento” para eliminarla de la escena política. Sin duda, aprendió bien las lecciones de Fidel, su mentor y amigo, a quien conoció por primera vez cuando este asistió a la asunción presidencial de su esposo. Luego lo visitó varias veces en La Habana, en forma privada, consolidando su vínculo político y su admiración personal.

Cuando Castro falleció en 2016, la expresidenta declaró que era “el último de los modernos, el último de los líderes globales anteriores a la caída del Muro de Berlín”. ¿Lo comparaba Cristina con los siete déspotas de Europa del Este alineados con Fidel y la URSS? ¿Serían modernos Wojciech Jaruzelski (Polonia); Nicolas Ceaucescu (Rumania); János Kádár (Hungría); Gústav Husak (Checoslovaquia); Josip Broz “Tito” (Yugoslavia); Erich Honecker (Alemania) y Todor Zhivkov (Bulgaria)?

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Cristina Kirchner utilizó la misma frase altanera y desafiante que Castro: “La historia me absolverá”

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Los cuatro mandatos kirchneristas dejaron al país en crisis terminal por tomar al pie de la letra las enseñanzas de Fidel Castro para demoler desde adentro una democracia republicana. Su fiel discípulo, Axel Kicillof, todavía lo intenta en la provincia de Buenos Aires. Estado presente, extinción de la moneda, fuga de capitales, cierres de empresas, inseguridad creciente, expansión de la informalidad y pauperización de las familias. Sin contar con la malversación de los derechos humanos para consolidar su poder y dañar los valores de la familia, el esfuerzo personal, el mérito y el progreso individual.

Afortunadamente, la caída ha podido detenerse, aunque sus secuelas tardarán en curarse. Pero en la Argentina, mal que mal, esta Navidad ha sido más feliz y próspera que en Cuba porque la población tiene esperanzas. Y allí nadie las tiene.

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Todavía de modo incipiente, y sin que el tema haya tenido un avance similar o proporcional en la Justicia, una investigación interna del Banco Central (BCRA) acaba de arrojar luz sobre uno de los puntos más oscuros de la gestión del gobierno de Alberto Fernández: las operaciones con el dólar oficial autorizadas discrecionalmente por la entidad monetaria mientras regían restricciones cambiarias muy duras para la ciudadanía.

El relevamiento consta de la apertura de cuatro sumarios ya presentados en la Unidad de Información Financiera (UIF), que los convirtió a su vez en una denuncia que cayó en el juzgado de María Romilda Servini, y una investigación complementaria del ente monetario que podría sumarse e involucra a 9 bancos, 90 casas de cambio y 200 personas físicas.

La simple mecánica del proceso descrito en la causa expone, por lo pronto, un compendio de arbitrariedades quizás solo comparables a las que esa administración que se fue en diciembre de 2023 ejerció con el aislamiento social durante la pandemia: cuando vastos sectores de la vida económica, incluido el de la salud, estaban impedidos de importar insumos, y mientras, por ejemplo, las entidades de cardiología difundían comunicados dando cuenta de falta de contraste para operar en los quirófanos, un elenco de empresas, bancos y casas de cambio privilegiadas obtenía lo imposible, acceder a divisas a un valor subsidiado que, a los pocos minutos, y aprovechando una brecha en muchos casos superior al 100%, cambiaba por pesos en el mercado informal.

La jugada, solo posible gracias al favor arbitrario de funcionarios y miembros del directorio del Banco Central, donde ejercía una influencia decisiva el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, era un negocio millonario que, según cálculos preliminares, fácilmente superó los 1400 millones de dólares solo en el lapso comprendido entre 2022 y 2023.

La operatoria en cuestión es escandalosa por varios motivos. En primer lugar porque, según la investigación, la mayoría de esos movimientos no partía de la necesidad de importaciones, sobre las que se llegó a generar a fines de 2023 una deuda de 45.000 millones de dólares que todavía hoy gravita sobre el dinero circulante y dificulta el combate contra la inflación, sino de simples compras que bancos y casas de cambio requerían para tenencia o pago de préstamos mutuos de ahorristas en medio del cepo. Y en segundo lugar, porque parte de esos dólares oficiales terminaba en manos de agentes que no solo no contaban con fondos suficientes ni atributos financieros para la compra sino que, de acuerdo con lo recabado preliminarmente por la Unidad de Información Financiera (UIF), podrían haber oficiado de “prestanombres”. El detalle de los relevamientos internos del BCRA habla por sí solo: hay monotributistas que hicieron compras por hasta 415.000 dólares y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que accedieron a 150.000 dólares.

Llama la atención que la causa, que se encuentra desde hace más de un año en el juzgado de Servini, haya tenido desde entonces escasos avances y casi ninguna filtración hasta que la reveló LA NACION, y que lo más relevante haya sido hasta ahora un pedido de requisitoria que el fiscal Carlos Stornelli, que no tiene delegada la investigación, le hizo al juzgado sobre una lista de dueños de casas de cambio sospechosas con contactos en la política -principalmente con el massista Frente Renovador– y cuyo entramado societario muestra claramente una interconexión de lazos empresariales y familiares.

Esta es tal vez la razón por la cual el BCRA analiza presentarse como querellante en la causa para aportar nuevas pruebas que le den un nuevo impulso. Es una condición institucional muy relevante que, lamentablemente, la UIF, ámbito natural de estas presentaciones, perdió en 2025 mediante el decreto 274, que eliminó la facultad de intervenir como parte actuante en causas de lavado de activos y corrupción. Una decisión que se tomó en medio de una interna por la relación que el gobierno de Javier Milei debía tener con los funcionarios investigados en los años del kirchnerismo y que le habría costado en enero de este año el cargo a Ignacio Yacobucci, reemplazado en abril por Paul Starc. Una muestra de que los resortes institucionales no fueron pensados de manera antojadiza y de que removerlos por estrategias partidarias solo conduce al deterioro de la república. Es de esperar que se activen todos los mecanismos para llegar a la verdad y sancionar a los responsables.

Fuente: La Nación

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Tres magistrados federales y otros dos jueces del fuero en lo penal económico tienen a su cargo distintas investigaciones por los supuestos delitos de lavado de dinero, fraude y evasión fiscal, como parte de una trama que involucraría al titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, y al presidente y al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, respectivamente.

A los oscuros negocios en los que, durante los últimos años, ha estado involucrada la AFA, como la venta de entradas para partidos de la selección argentina, se sumó más recientemente el escándalo derivado de la vinculación entre la entidad rectora del fútbol local y la citada compañía financiera, cuyo dueño, cercano a Tapia, se ha jactado de que su empresa es “la billetera” del deporte más popular de nuestro país.

Como derivación de las primeras investigaciones y de los numerosos allanamientos ordenados por la Justicia, hemos asistido a la aparición de suntuosas mansiones, colecciones de autos de lujo importados, monotributistas a cargo de empresas y bienes cuya propiedad no podrían justificar con sus exiguos ingresos, contratos sospechosos, operaciones financieras irregulares y una supuesta red de testaferros.

La primera pregunta que corresponde formularse es de qué manera puede montarse un sistema de empresas fantasma, prestanombres y redes de negocios clandestinos sin que suenen oportunamente las alarmas en los organismos encargados de controlar esta clase de irregularidades. ¿O será que, durante demasiado tiempo, hubo funcionarios que prefirieron mirar para otro lado cuando estas turbias transacciones pasaban delante de sus narices?

Es probable que, una vez más, estemos ante un escándalo cuya raíz no es otra que la corrupción enquistada en el Estado. ¿O acaso es normal que ningún organismo de control advierta que un monotributista y su madre jubilada figuren como propietarios de una empresa, Real Central SRL, a nombre de la cual se halla una mansión de Villa Rosa, que en sus cinco hectáreas incluye un helipuerto, un establecimiento para la cría de caballos y una colección de vehículos de alta gama, y que se sospecha que pertenecería al tesorero de la AFA? ¿A nadie en la Aduana le extrañó que ingresara una flota de autos de lujo, entre los que figuraban varios Porsche y Ferrari? Finalmente, ¿a nadie le llamó la atención que un modesto financista de pronto se convirtiera en el prestamista de varios clubes de fútbol a los que auxilió con millonarias sumas de dinero a tasas en algunos casos usurarias?

No menos llamativo resulta que esta escandalosa trama solo haya surgido luego de que los negocios de la AFA quedaran en el ojo de la tormenta tras un abuso de poder del propio Tapia que enfureció a muchos aficionados al popular deporte y hasta tuvo repercusión internacional: el título de campeón que, mediante un decreto resuelto en un escritorio de la AFA, se le adjudicó a Rosario Central, por haber ganado un torneo cuya existencia se desconocía hasta ese momento.

“Chiqui” Tapia pudo haber sido víctima de sus caprichos propios de un mandamás y de su sensación de impunidad para hacer y deshacer, junto a sus secuaces. Aquella decisión que favoreció al equipo rosarino siguió a no pocas controvertidas situaciones en las que los tan reiterados como escandalosos arbitrajes favorecieron a Barracas Central, el club liderado precisamente por Tapia, y a otros conjuntos “amigos”, como Central Córdoba de Santiago del Estero, provincia donde Toviggino ha sabido hacer excelentes negocios, a partir de sus buenas migas con el gobernador Gerardo Zamora.

También Tapia puede jactarse de sus contactos políticos. No por nada es presidente de la Ceamse -el organismo responsable de la gestión de residuos en el área metropolitana-, designado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Hay que recordar que, con anterioridad, había sido vicepresidente de esa coordinación, a la que llegó merced a la influencia de su suegro, el gremialista Hugo Moyano, sobre el gobierno porteño, entonces a cargo de Horacio Rodríguez Larreta.

No concluyen ahí las vinculaciones de Tapia con Kicillof, quien le concedió a la AFA el manejo del Estado Único de La Plata y favoreció el cambio de domicilio de la entidad, para que quedara a salvo de las investigaciones de la Inspección General de Justicia (IGJ).

Las intrincadas relaciones entre el mundo del fútbol y la Justicia también existen. A tal punto que varios magistrados, como Sergio Fernández, Diego Gustavo Barroetaveña y Néstor Barral, ocupan cargos en el Tribunal de Disciplina o en el Tribunal de Ética de la AFA.

Las vinculaciones entre el fútbol, la política, el sindicalismo, las barras bravas y los oscuros negocios financieros han estado y están a la vista de todos. La reciente aparición de personajes que manejan exorbitantes sumas de dinero mediante sociedades fantasma, a la vez que no dudan en ostentar sus fortunas, podría marcar una nueva etapa. Es de esperar que los jueces y fiscales tengan la necesaria voluntad para investigar a fondo los enjuagues denunciados y que, esta vez, nadie haga la vista gorda.

Fuente: La Nación

Hay cosas que el peor de los incendios no logra destruir. El 7 de noviembre pasado, el Banco Patagónico de Alimentos (BPA) sufrió la voraz carbonización de su depósito central y sede de su funcionamiento en el Parque Industrial de la ciudad de Centenario, Neuquén. Vieron así destruirse el trabajo de ocho años. Se investigan las causas del siniestro que demandó siete siete horas de trabajo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Allí se almacenaban, clasificaban y se distribuían las donaciones recibidas. Afortunadamente, no hubo heridos, pues todo ocurrió fuera del horario laboral.

Se perdieron unos 100.000 kilos de alimentos listos para ser entregados a 450 organizaciones beneficiarias de la Patagonia. Hablamos de más de 350.000 kilos de alimentos recuperados cada mes, con impacto en 45.000 personas. El fuego los dejó sin base operativa, sin camión con caja térmica, sin equipamiento, obligados a volver a empezar para retomar una tarea que no puede interrumpirse, como la de alimentar a miles de familias que quedaron sin asistencia inmediata. Solo en 2024 el BPA logró entregar el equivalente a 6 millones de platos.

Con ayuda del Obispado, de comisiones vecinales y de empresas privadas, se logró armar tres puntos temporales de trabajo para activar sin demoras un plan de contingencia. La pérdida de equipos y herramientas debía superarse para recuperar la capacidad de alimentar a miles de familias. El programa Nutriendo Futuro es un compromiso capaz de transformar vidas a partir de la articulación entre gobierno, empresas y organizaciones de la sociedad civil (OSC) preocupadas por garantizar la seguridad alimentaria y brindar herramientas para el cambio social.

A pesar de la magnitud del destrozo, no falta ni la fuerza ni el espíritu solidario; mucho menos, el compromiso comunitario que hoy se expresa más fuertemente que nunca. Desde 2018, el BPA transforma cada kilogramo de comida en esperanza y alegría. Para quienes distraídamente nos equivocamos pensando que el país se acaba en la avenida General Paz, no está mal recordar en estas fechas que muchos compatriotas necesitan de nuestra solidaridad. La denodada labor de instituciones como el BPA merece los mayores apoyos pues allí donde pocos llegan, ellos están. Abracemos juntos su reconstrucción.

Fuente: La Nación

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Los avances en tratamientos contra el cáncer no dejan de sorprender, involucrando cada vez más terapias dirigidas, de efectos adversos más reducidos. Frente a los linfomas, que involucran más de 60 subtipos, se han mejorado mucho los pronósticos cuando se detectan a tiempo.

En el último congreso de la Sociedad Americana de Hematología, el más importante en la especialidad a nivel mundial, se presentó una investigación sobre el linfoma de Hodgkin, un 10% de todos los casos de linfoma y que afecta a más adultos jóvenes –entre 20 y 40 años– que aquellos llamados de no Hodgkin, el más común, y que tradicionalmente se aborda con quimioterapia. Hasta aquí, las tasas de curación venían siendo altas pero los efectos secundarios eran significativos, así como el riesgo de toxicidad.

Un estudio publicado por un equipo alemán en la prestigiosa The Lancet había difundido el año pasado una línea de tratamiento para estos linfomas avanzados con prometedores resultados.

Por ese mismo camino, el equipo del Ichilov Medical Center de Tel Aviv testeó un tratamiento que combina la quimioterapia avanzada con anticuerpos monoclonales con seis drogas que facilitan la llegada específicamente a las células comprometidas pero sin dañar al resto, confirmando con evidencia los hallazgos alemanes en el mundo real. El nuevo protocolo se denominó BrECADD, sigla que combina los nombres de las drogas utilizadas, aporta sustanciales cambios en la calidad de vida de los enfermos, sumando mayor tolerabilidad por menores efectos secundarios graves.

Los datos fueron recopilados en 15 centros de salud de Israel. A lo largo de dos años observaron a 79 personas que en un 83% habían sido diagnosticadas en etapas avanzadas de la enfermedad. La tasa de supervivencia a un año fue del 100% y el 95% mostró remisión total con solo dos ciclos de tratamiento, procedimientos que involucran apenas 9 semanas. Solo un 5% de los pacientes demandó radioterapia.

Que los signos de cáncer desaparecieran tempranamente y que al final del tratamiento quedara poca o nula evidencia de la enfermedad resulta absolutamente revolucionario. Vale destacar la importancia de coordinar la colaboración entre tantos centros para alcanzar tan excepcionales resultados. El nivel de interacción logrado posiciona a Israel como líder en investigación y aplicación de innovadores tratamientos en materia de linfoma de Hodgkin.

Fuente: La Nación