Categoría: Entrevistas

La compra de 24 aviones de combate F-16 es la primera incorporación significativa de armamento desde fines de los años setenta. Puede decirse que este hecho marca un cambio conceptual en la percepción local del rol de la defensa, aunque también debe percibírselo como un síntoma de una gradual superación de la mal entendida corrección política del discurso anti militar. Luego de la guerra de Malvinas y el retorno a la democracia, los sucesivos presupuestos de las Fuerzas Armadas fueron apenas suficientes para pagar los salarios. El equipamiento no fue renovado y ni siquiera bien mantenido, perdiendo utilidad incluso para entrenamiento. Naves, aeronaves, transportes y armas fueron sujetas a radiación o al despiece para mantener en uso al menos una parte de ellas. Los accidentes por fallas se hicieron frecuentes, con el lamentable costo de vidas. La flota sobreviviente de Malvinas de los aviones Mirage fue retirada completamente de la Fuerza Aérea en 2015 después de diez accidentes ocurridos durante entrenamientos. La Aviación Naval también sufrió el deterioro operativo y la casi inutilización de sus aviones de combate Super Etendard, que habían sido tan exitosos en Malvinas con sus misiles Exocet. Actualmente, la Armada opera con algunos de los viejos modelos rehabilitados del A4 Skyhawk. El caso del doloroso accidente del submarino ARA San Juan expuso descarnadamente las consecuencias fatales de la falta de adecuado mantenimiento.

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Luego de la guerra de las Malvinas y el retorno a la democracia, los sucesivos presupuestos de las Fuerzas Armadas fueron apenas suficientes para pagar los salarios

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La realidad es que la Argentina se convirtió en una nación desarmada sin que ningún gobernante se hiciera responsable de una decisión en tal sentido. La defensa constituye un elemento indispensable de un Estado independiente que tenga posesión territorial e interrelación con el resto del mundo. Acompaña la función diplomática y contribuye a generar respeto y disuasión. Descartando el desarme universal, una decisión unilateral de un país de carecer de defensa solo es concebible en una situación de protectorado bajo otro país mayor. No es este obviamente el caso argentino. La defensa debe ser una función y una tarea de gobierno. Se la debe desarrollar dentro del marco de las relaciones con la región y con el resto del mundo. Las hipótesis de conflicto deben ser solo un elemento metodológico para el diseño y planificación. La disuasión y el apoyo a la gestión diplomática determinarán la potencia del sistema defensivo en el contexto de razonables restricciones presupuestarias. Lo que no es aceptable es apoyarse en la restricción presupuestaria para suprimir la defensa. Así ha venido ocurriendo, con el agravante que se ha seguido gastando en ella, pero en salarios y burocracia sin ninguna utilidad defensiva.

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La Argentina se convirtió en una nación desarmada sin que ningún gobernante se hiciera responsable de una decisión en tal sentido

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Los 24 aviones de combate adquiridos -de los cuales seis ya llegaron al país- son de origen estadounidense, operados hasta hoy por la fuerza aérea dinamarquesa. Han sido sometidos a inspección a fin de verificar y garantizar sus condiciones. El entrenamiento del personal local será supervisado por los pilotos y técnicos daneses. El precio de la adquisición fue de 301,2 millones de dólares a pagar en cinco cuotas anuales sin interés. A ese monto deberá sumársele el armamento, el entrenamiento y la adaptación de la infraestructura en las bases locales desde las cuales operarán las aeronaves. El F-16 es un avión de combate, supersónico de cuarta generación, lanzado a fines de los setenta. Su continuador de quinta generación, el F-35, es más evolucionado, aunque sustancialmente más costoso. Su precio por unidad oscila entre 80 y 100 millones de dólares, o sea que multiplica por seis el de los aviones F16 adquiridos ahora por la Fuerza Aérea Argentina. Esta proporción no se refleja en las prestaciones ni en el beneficio esperable de uno u otro tipo de avión para los fines y el uso que se les dará en nuestro país. Por lo tanto, en el marco del alto costo del capital en la Argentina y la severísima restricción presupuestaria, la opción elegida se debe considerar razonable.

Se han escuchado algunas críticas a la decisión de comprar los F-16, que hubieran alcanzado también al F-35 por tratarse de aviones. Se argumenta que ya son tecnología obsoleta frente a los avances exponenciales en la guerra y que una opción más actualizada hubiera sido la de adquirir misiles, drones, escudos antimisiles o ciberinteligencia artificial. Sin excluir lo que pueda avanzarse en estos campos, en los cuales también deberá introducirse nuestro país, debe entenderse cual es plano del cual partimos hoy y el costo y tiempo que requiere saltar en el nivel tecnológico. Hay que superar además las restricciones de acceso y utilización impuestas por los países centrales. Recuérdese el desmantelamiento de las incipientes obras del proyecto de fabricación de misiles de mediano alcance por exigencia de los Estados Unidos a mediados de los ochenta. Hoy mismo, para esta nueva compra se exigió verificar que no haya partes de fabricación británica en los aviones adquiridos. Desde el conflicto de Malvinas se arrastra un embargo de armas británico que es respetado por otros países.

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La disuasión y el apoyo a la gestión diplomática determinarán la potencia del sistema defensivo en el contexto de razonables restricciones presupuestarias. Lo que no es aceptable es apoyarse en la restricción presupuestaria para suprimir la defensa

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Debe entenderse que los conflictos en los que pueda requerirse la actuación de las fuerzas armadas son diversos y de intensidades distintas. La utilización de aviones de combate supersónicos fuertemente armados sigue estando vigente en el mundo, Hay actualmente más de 1000 unidades F-16 operando en 26 países, con versiones que disponen de avanzado armamento. Los aviones adquiridos por la Argentina están equipados con misiles RTX AIM 120C8 y bombas Mk82 de 500 libras. Se los considera un instrumento efectivo y por lo tanto de eventual uso y poder disuasivo para gran parte de las hipótesis de conflicto identificadas.

La importante inversión en esta adquisición obligará a trabajar en dos frentes. Uno es el referido al propio caso: los aviones deberán utilizarse eficientemente. El otro, más importante y de fondo, es la racionalización del conjunto del gasto en defensa en el país. La inversión en la compra de los F-16 está dentro de lo accesible y justificable y es una inversión correcta. Es el momento de trabajar sobre un plan general de defensa que optimice el rendimiento del gasto y de las inversiones en las fuerzas armadas y de seguridad.

La flota adquirida permitirá retomar el entrenamiento, cuestión esencial para elevar la excelencia profesional y la entrega que en el momento de máxima exigencia demostraron nuestros pilotos.

Fuente: La Nación

Mucho se habla hoy sobre la importancia de la educación y de los valores por inculcar en la juventud para que la sociedad se desenvuelva en un entorno que promueva a través del tiempo redes de solidaridad y vínculos de entendimiento mutuo. Nadie discute el papel que les cabe en tal sentido a las instituciones que integran el sistema educativo nacional en esa desafiante tarea.

Los liceos militares, navales y aeronáutico son nueve. Aúnan características básicas comunes dentro de una diversidad de objetivos que definen su identidad. Están distribuidos por todo el país y constituyen, en verdad, colegios secundarios con estilo y naturaleza apropiados a la índole de institutos dependientes de cada una de las Fuerzas Armadas. Buscan educar al adolescente que se incorpora en aspectos morales, intelectuales y físicos, con planes de estudio comunes a cualquier establecimiento educativo nacional o provincial, más las materias específicas de la actividad de los ámbitos militares en que se insertan. Habilitan, como es natural, a la continuación de estudios en niveles superiores, tanto terciarios como universitarios. A su vez, los egresados son considerados oficiales de reserva, hombres y mujeres potencialmente aptos para integrar las fuerzas armadas en caso de necesidad nacional.

Sin embargo, durante demasiado tiempo, diferentes motivaciones impulsaron a varios gobiernos, sea por razones administrativas, políticas ideológicas o por futileza de prejuicios trasnochados, a procurar el cierre de estos liceos. Uno de los jefes de Estado Mayor General de la Armada durante los años noventa, el almirante Carlos Marrón, decía, sin segundas intenciones, que no contaba con el suficiente número de oficiales de élite como para derivarlos a las responsabilidades de conducción de liceos en desmedro de las actividades operativas de su fuerza. Otros más invocaron razones presupuestarias adversas, tan evidentes, en verdad, en las últimas décadas por las peripecias que en ese renglón han atravesado las Fuerzas Armadas.

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Quien combatió sin ambages a los liceos fue la nefasta ministra de<b> </b>Defensa durante el gobierno de<b> </b>Néstor Kirchner, Nilda Garré. Con su equipo de trabajo, buscaron su cierre o transformación total

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Nadie invocó argumentos pedagógicos o de resultados sobre la eficiencia de los liceos. Es bien sabido que su prestigio ha estado a la par o un renglón por encima de los colegios secundarios de primer nivel de la Argentina. Otro cantar han sido las motivaciones ideológicas reñidas con la existencia de los liceos por parte de la izquierda radicalizada. Paradójicamente estos establecimientos debieron superar en los años setenta crisis provocadas por pertenecer algunos de sus alumnos a movimientos subversivos. Es famoso el caso de los orígenes que investían algunos de entre quienes secuestraron y mataron vilmente en mayo de 1970 al teniente general Pedro Eugenio Aramburu, expresidente de facto de la Nación. Fue una demostración indubitable de que casi ninguna institución del país estaba a salvo de quienes quisieron a cualquier costo apoderarse del poder, y lo hicieron con el apoyo de regímenes comunistas, como el de Cuba, y de corrientes tercermundistas que dañaron particularmente a la Iglesia católica.

Este tipo especial de liceos existe en muchas partes del mundo y de modo ajeno a la inspiración que pudieran haber insuflado en su creación gobiernos militares. Quien combatió sin ambages a los liceos fue la nefasta ministra de Defensa durante el gobierno de Néstor Kirchner, Nilda Garré. Con su equipo de trabajo buscaron su cierre o transformación total.

Llegaron a instrumentar el llamado “Plan liceos 2010” a fin de introducir profundas modificaciones en la enseñanza por considerar que se apoyaba sobre bases inapropiadas para adolescentes. Se impugnaban, especialmente, materias que se impartían, como las de instrucción militar. También impugnaban su régimen disciplinario en el paroxismo del delirio ideológico. Era tanto como impugnar a las academias nacionales por comportarse exactamente como lo que son, academias nacionales.

No importó a quienes dejaron al país en el estado de latrocinio y de ruinas que asombra al mundo que estos institutos hayan formado a personalidades de la política como los presidentes Raúl Alfonsín o Fernando de la Rúa; o de la educación, como Avelino Porto, o de la ciencia, como Juan Martín Maldacena, el físico argentino varias veces nominado al premio Nobel, además de destacados profesionales de los más diversos ámbitos.

Precisamente, una de las críticas se fundaba en la valorización del mérito de los aspirantes a ingresar en los liceos. ¿Qué otra cosa, sino esfuerzo, perseverancia y disponer de un razonable talento puede esperarse de chicos y chicas dispuestos a ingresar a establecimiento de alta jerarquía? Desde la fundación del primero de los liceos, en 1938, el número de aspirantes superó notablemente la disponibilidad de vacantes. Cuando en las décadas de los cincuenta, los sesenta y los setenta los aspirantes a entrar eran entre 2000 a 3000, solo podían ingresar unos 200. Se los seleccionaba, como ocurre ahora, entre los más destacados por sus condiciones intelectuales y aptitudes físicas que los hicieran aptos para las exigencias de convertirse al fin de cinco años en oficiales de la reserva.

Gracias a la oposición organizada de exalumnos y padres de cadetes, finalmente, en 2017, una resolución del Ministerio de Defensa derogó el referido siniestro plan y buscó recuperar la esencia original de los liceos.

La vida cotidiana a lo largo de los años que transcurren en el interior de los liceos favorece las estrechas relaciones de camaradería y solidaridad entre compañeros. Se prolongan en el tiempo a pesar de los distintos caminos que por su actividad tomen los egresados. Esa misma solidaridad se expresa en el apoyo que brindan los antiguos cadetes a sus respectivos liceos, afianzándose de tal modo en el tiempo los lazos entre las instituciones y quienes pasaron por sus aulas. La estrecha relación con las autoridades a cargo de estos establecimientos se expresa de distintas formas, siempre con vistas a estimular la educación de las futuras promociones.

Por todo esto, no es de extrañar que el pasado 11 de octubre, al celebrarse el Día del Liceísta, el decano de los liceos, el Liceo Militar General San Martín, viera congregarse al actual alumnado y a integrantes de 82 promociones de egresados para compartir la jornada. Así también, recientemente, la promoción 23° celebró 60 años de su egreso. Unos 50 exalumnos de más de 75 años honraron juntos su historia común en una manifestación de que el respeto, los vínculos y los valores en los que maduraron perduran y enriquecen sus vidas a lo largo de los años.

Fuente: La Nación

Merlo, Tres de Febrero y Moreno se sumaron a la campaña «Pirotecnia Cero» que busca concientizar sobre el uso de los  fuegos artificiales. Hurlingham e Ituzaingó ya lo habían hecho en 2018.

Ante la falta de una ley provincial que regule el uso de pirotecnia, más de cien municipios comenzaron a sancionar ordenanzas para proteger de los ruidos a niños con discapacidad y a animales. Para estas fiestas las novedades llegaron a la zona oeste desde Merlo, Moreno y Tres de Febrero, quienes acaban de sumarse a Hurlingham e Ituzaingó, distritos que ya habían adherido a «Pirotecnia cero» en 2018.

El 18 de diciembre, Merlo se acopló a la campaña que impulsan en toda la provincia padres y tutores de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Trastorno Generalizado en Desarrollo (TGD). Fue a través del Concejo Deliberante donde por unanimidad se aprobó el proyecto que prohíbe “la fabricación, comercialización, acopio, tenencia y uso particular de todo elemento de pirotecnia, sea de venta libre o no”.

Esa misma semana hizo lo propio Tres de Febrero. Fue bajo la consigna «más luces, menos ruidos» que impulsó el jueves pasado la concejal del Frente de Todos Julia Chaves. La ordenanza «prohíbe el uso de pirotecnia y cohetería sonora mayor a 70 decibeles en espectáculos y eventos de orden privado o público». Un día después, se conoció que Moreno también iba a tener su propia legislación sobre el tema.

«Prohíbase la comercialización, tenencia, uso particular, fabricación, depósito, distribución y venta de artificios pirotécnicos cuyos efectos sonoros sean superiores a 84 decibeles, como así también los denominados globos aerostáticos de pirotecnia”, reza la ordenanza aprobada en Moreno. Desde la gestión de Mariel Fernández trabajaron a contrarreloj para reglamentar la medida y que se haga efectiva para estas fiestas.

Los municipios del oeste que ya tenían «Pirotecnia Cero»

El primer distrito del oeste que sancionó una ordenanza para regular el uso de fuegos artificiales sonoros fue Hurlingham. En septiembre del 2018 el HCD prohibió la fabricación, comercialización, almacenamiento, transporte, distribución y uso de todo tipo de pirotecnia y de los globos luminosos aeroestáticos. Luego, llegó el turno de Ituzaingó pero a través de un decreto municipal.

En diciembre de ese año, el intendente Alberto Descalzo firmó el decreto 927/05, que prohibió el uso de artículos pirotécnicos en todos los espacios públicos y bienes pertenecientes al dominio público. Además, la normativa establece que solamente se encuentran habilitados los productos que generen efectos lumínicos como juegos de láser y luces.

Morón y La Matanza, los municipios que faltan

En la provincia de Buenos Aires no hay una ley actualizada que regule el uso de pirotecnia, ya que la norma que controla la actividad data de 1979. Fue por eso que hace algunos años distintos municipios comenzaron a prohibir la actividad. El caso de la ciudad balnearia de General Alvarado (Miramar), que limitó totalmente la actividad, fue el más emblemático. Sin embargo, en septiembre del 2018 la Suprema Corte Bonaerense declaró inconstitucional la ordenanza.

Ante ese escenario provincial, los municipios optaron por algún tipo de prohibición pero algunos ni siquiera avanzaron en la sanción de ordenanzas que tengan en cuenta la protección de personas con autismo o de animales. La Matanza y Morón son dos ejemplos. En el distrito que ahora gobierna Fernando Espinoza organizaciones de Padres de Niños Autistas impulsaron proyectos que nunca fueron tratados.

En Morón, las organizaciones protectoras de animales también presentaron diferentes proyectos que prohíben el uso de pirotecnia y denunciaron que el distrito está atrasado en ese marco. Por ese motivo, un importante grupo de personas que militan en Rescatistas Unidos de Zona Oeste convocaron para el mediodía del 24 y 31 de diciembre a escrachar al local Júpiter de la Avenida Juan Manuel de Rosas 357.

Fuente: No Ficción

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El proceso de selección del 10° secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que asumirá el 1° de enero de 2027, coincide con los 80 años de un organismo que nuclea a 193 estados y cuyos aportes a la estabilidad internacional son clave. La ONU debe velar por evitar futuros conflictos a gran escala, mantener de la paz, fomentar el desarrollo social y económico, promover la vigencia de los derechos humanos, observar el cumplimiento del derecho internacional y coordinar acciones de asistencia humanitaria.

El canciller Pablo Quirno oficializó la candidatura al cargo del embajador argentino Rafael Grossi, de 64 años, de quien destacó que “es reconocido internacionalmente por la extraordinaria tarea que viene desempeñando como director general de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) desde hace ya seis años”. Conformada por 180 países, esta organización en la que Grossi ejerce una conducción proactiva, con discreción e infatigable trabajo, promueve los usos pacíficos de la energía nuclear. En diálogo directo con jefes de gobierno y cancilleres de diferentes naciones, es el ejemplo del líder que surge ante la crisis, aceptando el desafío, y que cambia con facilidad el traje que viste por un chaleco antibalas y casco protector para ir al terreno.

Grossi ganó espacio en la prensa y en los círculos de poder mundial cuando la ONU le encomendó lidiar con Vladimir Putin y acordar con los iraníes la reanudación de las inspecciones nucleares, una delicada labor que lleva adelante con determinación, creatividad y paciencia de orfebre. Valiosas fueron también sus gestiones para que la zona de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia permaneciera libre de disparos

The New York Times destacó que el diplomático argentino “surgió como un mediador inesperado en un mundo en guerra, recibiendo el reconocimiento de los gobiernos involucrados. En una era de nuevos temores nucleares, Grossi se encuentra de repente en el centro de los enfrentamientos geopolíticos más críticos del mundo”. La publicación agrega que por su rol de referente global y mediador en conflictos, es admirado y respetado por Washington y Moscú como un interlocutor fiable. En su columna de opinión en Le Figaro, Guy Sorman escribió que “sin duda, el próximo secretario general será un diplomático argentino, Rafael Grossi”.

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Grossi es el más joven de los candidatos oficiales presentados hasta ahora. Su experimentado abordaje de la realidad le permite descifrar situaciones de enorme complejidad sin dilaciones y con mirada práctica

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En pocos días, la candidatura de Grossi a la Secretaría General sumó los apoyos de la primera ministra de Italia, Georgia Meloni y del presidente de Paraguay, Santiago Peña. Una aquilatada carrera diplomática de 40 años en el Servicio Exterior de la Nación, centrada en aspectos de la no proliferación, acredita la trayectoria de Grossi, ejemplo de que el Estado argentino puede formar eximios cuadros basados en idoneidad y mérito. Hoy es el diplomático argentino más prestigioso y reconocido internacionalmente. Recibió el Premio Carlos M. Muñiz a la Excelencia Diplomática 2025, que otorga el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), y el doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires.

El expresidente peruano Javier Pérez de Cuellar fue el único latinoamericano al frente de las Naciones Unidas (1982 a 1991). Existe en la ONU una costumbre no escrita de rotar por regiones para asumir su conducción. De cumplirse, correspondería nuevamente a América Latina. Entre los candidatos latinoamericanos estarían Michelle Bachelet (74 años), presentada por el presidente Gabriel Boric como “una figura capaz de tender puentes entre el norte y el sur”, y Rebeca Grynspan (70 años), ex vicepresidenta segunda de Costa Rica y actual directora de la Agencia para el Comercio y el Desarrollo (Unctad).

Frente al lobby de ONG internacionales que promueven que sea una mujer quien asuma el cargo, un debate que se repite, convendría tener presente que a la hora de focalizarse en las tenues líneas que separan la paz de la guerra, el género no hace la diferencia. Sorprendió por ello el apoyo de cuatro excancilleres argentinos (Rafael Bielsa, Jorge Taiana, Santriago Cafiero y Susana Malcorra) a la candidatura de “una mujer latinoamericana”. La expresidenta de Chile sería una digna opción para representar a nuestra región. Pero, frente la postulación del experimentado diplomático Grossi, retacear apoyo a la candidatura argentina revela mezquindad o una visión tribal y pequeña de la política exterior. La Argentina gozaría de una mejor posición estratégica al contar con la presencia de connacionales experimentados en relevantes instancias internacionales y regionales. Apoyar la presencia argentina en esos foros, acrecentaría el prestigio de nuestra nación ante un contexto geopolítico cambiante.

En un mundo fragmentado y con desafíos estructurales, se requiere un multilateralismo pragmático y de principios. Quien resulte elegido en 2026 para suceder a Antonio Guterres -cuyo mandato concluye el 31 de diciembre de ese año- tendrá que recuperar el diálogo para construir un mundo fiable y dotar al organismo de una renovación institucional con propuestas que estimulen alianzas colaborativas entre los estados miembros. Grossi es el más joven de los candidatos oficiales presentados hasta ahora. Su experimentado abordaje de la realidad le permite descifrar situaciones de enorme complejidad sin dilaciones y con mirada práctica. Probablemente, su capital más valioso sea su alta capacidad diplomática para construir confianza entre actores distantes y enfrentados. Un candidato probado y de gran valía para tiempos de crisis.

Fuente: La Nación

Los exabruptos y provocaciones que caracterizaron la ceremonia de asunción de los diputados nacionales elegidos en los comicios del 26 de octubre son una lamentable muestra del bajísimo nivel al que ha llegado la política en la Argentina.

Tanto las repetidas escenas de hostigamiento entre legisladores de distintas fuerzas políticas, que incluyeron gritos y gestos pendencieros y chabacanos, como los desubicados comentarios sobre los atributos físicos de tres diputadas por parte de quien ocasionalmente presidió la sesión, dieron cuenta de cómo uno de los más importantes actos republicanos se convirtió de pronto en un vergonzoso espectáculo. Pero, sin duda, el mayor bochorno se produjo a la hora de los juramentos de rigor de no pocos diputados.

La jura de un representante del pueblo no es un simple trámite. Constituye la expresión de un pacto público y solemne donde el legislador elegido por la ciudadanía se compromete a respetar la Constitución y las leyes de la República. Es, por lo tanto, un instante en el cual no deberían caber muestras de sectarismo ni consignas facciosas, y mucho menos proclamas para demonizar a otros Estados o para exaltar ideologías contrarias al espíritu de nuestra Constitución.

Sin embargo, no fueron pocos los diputados electos que, al asumir formalmente su responsabilidad como representantes del pueblo, desnaturalizaron ese ritual republicano con gestos inapropiados o con fórmulas de juramento que chocan con el respeto a la institucionalidad. Diputados de la izquierda, como Nicolás del Caño, eligieron jurar contra la intervención de los Estados Unidos en Venezuela y por “los niños masacrados en Gaza” o “por el socialismo”. Representantes del kirchnerismo también dieron la nota, jurando “por la libertad de Cristina (Kirchner)” y “los 30.000 desaparecidos”, en tanto que la diputada peronista María Elena Velázquez optó por jurar por el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno, también condenado por la Justicia.

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La jura de un representante del pueblo no es un simple trámite. Es un instante en el cual no deberían caber muestras de sectarismo ni consignas facciosas, y mucho menos proclamas para demonizar a otros Estados

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Tanto el kirchnerista Juan Grabois como Martín Lousteau, del bloque Provincias Unidas, se dirigieron, tras jurar, a los dirigentes libertarios presentes levantando tres dedos de la mano, en alusión al porcentaje que, según los audios de Diego Spagnuolo, se habría llevado de comisión la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine, entretanto, no paraba de arremeter contra los opositores y, desde uno de los palcos del Congreso, hasta el presidente Javier Milei alentó los cánticos de sus seguidores al compás del estribillo “La casta tiene miedo”.

El bochorno siguió con la actitud del diputado Gerardo Cipolini, quien presidió la ceremonia por ser el legislador de mayor edad de la Cámara baja. Traicionado por el micrófono que había quedado abierto, se escucharon sus inapropiados comentarios sobre varias legisladoras, de quienes formuló expresiones tales como “¡Qué buena que está!“.

No menos condena merecen las consignas contra el Estado de Israel que emplearon otros legisladores, que transformaron un acto sagrado para las instituciones en un escenario para el odio.

En síntesis, asistimos a un acto en el que, lejos de honrarse las instituciones de la República, la dirigencia política exhibió una de sus peores caras.

Fuente: La Nación

La decisión de modificar el Código Penal que rige en nuestro país desde 1921 constituye una oportunidad clave para una sociedad que reclama, desde hace décadas, el restablecimiento del orden jurídico y de la autoridad estatal frente al delito. No se trata de una mera actualización técnica ni de una recopilación administrativa, sino que se discute el modelo de convivencia que queremos de aquí en más. Tras muchos años en los que se consolidó la nefasta visión abolicionistadel exjuez Eugenio Zaffaroni, que colocó al victimario en el centro de las preocupaciones del Estado, se abre finalmente la posibilidad de disponer la tolerancia cero para quien viole la ley y de volver a colocar a las víctimas en el lugar del que nunca debieron haber sido corridas por cuestiones ideológico-partidarias, transformándolas en parias del sistema.

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Se abre finalmente ahora la posibilidad de disponer la tolerancia cero para quien viole la ley y de volver a colocar a las víctimas en el lugar del que nunca debieron haber sido corridas por cuestiones ideológico-partidarias, transformándolas en parias del sistema

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El proyecto del Gobierno propone triplicar el articulado del Código vigente mediante la incorporación de delitos hoy desperdigados en leyes especiales: una solución que numerosos penalistas consideran indispensable para dotar al sistema de cohesión, mientras que otros preferirían mantener tales normas separadas en aras de la precisión analítica. No obstante ello, existe suficiente consenso respecto de que la actual dispersión ha generado dificultad interpretativa e inseguridad jurídica en no pocos casos, y que ha llegado la hora de decidir con claridad.

La reforma propuesta persigue tres objetivos generales claramente definidos: un endurecimiento de penas, la ampliación de conductas punibles y la revisión del régimen de prescripción, excarcelaciones y figuras agravadas. Se estima que en estos últimos puntos es donde el debate será más arduo.

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Existe suficiente consenso respecto de que la actual dispersión de normas ha generado dificultad interpretativa e inseguridad jurídica en no pocos casos; ha llegado la hora de decidir con claridad

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En materia de nuevos delitos, el Gobierno busca incorporar el homicidio agravado; el abuso sexual; la producción, comercialización y distribución de material de abuso sexual infantil; la corrupción de menores; la promoción y facilitación de la prostitución y explotación; la sustracción de menores con fines sexuales; la trata de personas; el secuestro; los atentados al orden constitucional y contra el sistema democrático; los procesos contra organizaciones criminales, y el terrorismo y su financiamiento.

También los de acoso sexual en ámbitos laborales, docentes o de custodia; la estafa piramidal; el grooming; y otras figuras como las acciones de “motochorros”, “viudas negras” o agresiones en manifestaciones, con escalas agravadas. Este conjunto revela la dimensión real del cambio social que el antiguo Código ya no lograba abarcar.

En cuanto al agravamiento de penas, la reforma es explícita: el homicidio simple irá a 10 años de mínima y a 30 años de máxima, en lugar de los actuales 8 y 25 años. Para el caso del homicidio agravado, la pena será de prisión perpetua cuando las víctimas sean el Presidente, el jefe de Gabinete, ministros, docentes, menores de 16 años o mayores de 65. También si el crimen se ejecuta en un lugar de concurrencia masiva, centro educativo o deportivo, o en la vía pública, mediante armas, automotores u otros elementos aptos para producir la muerte de un número indeterminado de personas o por encargo.

Las lesiones leves se elevan significativamente; la pornografía infantil alcanza hasta 12 años con agravantes; el robo con violencia, a 10; el hurto se extiende a 3 años; la portación ilegal de armas deviene no excarcelable, y los delitos de corrupción, como el cohecho, se agravan hasta 15 años en caso de enriquecimiento ilícito y a 10 años en los de coimas. Con estas modificaciones, se estima que el 82% de los delitos tendrá pena de efectivo cumplimiento. El objetivo es claro: que el Estado deje de ser garante de la impunidad.

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El objetivo de la reforma es claro: que el Estado deje de ser garante de la impunidad

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Un dato no menor es que el proyecto también contempla normas que protejan el accionar del personal policial. Si bien el crimen responde a múltiples factores de compleja solución, contar con normas que vuelvan a dar a esos agentes el respaldo normativo necesario para poder ejercer eficientemente su tarea es sin dudas un comienzo necesario en el camino del combate contra el delito, así como un mensaje claro de desaliento a la injusta persecución y maltrato al que se ven sometidos en el desempeño de sus funciones.

En cuanto a los puntos más controvertidos figura el de la imprescriptibilidad. El Gobierno anunció que ciertos delitos especialmente graves, como los homicidios agravados, los sexuales, la trata y terrorismo permanecerán imprescriptibles. Sin embargo, continúa abierto el debate sobre incluir o no en esa lista los delitos de corrupción. En un principio, el Gobierno optó por sumarlos, pero en las últimas horas dio marcha atrás, aunque aclaró que no descarta su futura incorporación. La discusión no es menor. Hay quienes alertan sobre los riesgos de ampliar las imprescriptibilidades debido a las dificultades probatorias y a que los juicios sigan transformándose en procesos interminables, mientras que otros señalan que solo así se evita que la burocracia cómplice y la fuga prolongada garanticen la extinción de la acción penal.

Ya estamos transitando en el presente los inconvenientes que surgen de juzgar hoy delitos cometidos hace más de 40 años, como sucede en los de lesa humanidad. La reconstrucción de los hechos se vuelve sumamente trabajosa, la memoria de los seres humanos naturalmente decrece, los reconocimientos tanto de fisonomías como de voces dejan de ser una herramienta válida y se corre en definitiva el riesgo, como ocurre hoy, de condenar sin la suficiente dosis de prueba. Es sabido, además, que el riesgo aumenta cuando la presión social por el tipo de delito es mayor.

También genera polémica la posible eliminación de la figura del femicidio, a la que se pretendería reemplazar por una formulación general de homicidio agravado por razones de odio o violencia de género. Los expertos deberán discutir si la especificidad del término es necesaria para visibilizar un fenómeno estructural o si subsumirla en categorías más amplias evita redundancias que han venido produciendo interpretaciones contradictorias.

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De sancionarse la baja de la edad de imputabilidad a 13 años, el Estado deberá garantizar que los centros de detención para esos delincuentes juveniles no se conviertan en antros de violencia o escuelas de delito

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Tampoco faltan contraargumentos atendibles en el caso de las excarcelaciones. La Corte Suprema de Justicia ha advertido sobre el riesgo de crear categorías de delitos “inexcarcelables”, en tanto juristas de ámbitos diversos sostienen que aumentar penas no garantiza por sí mismo la reducción del delito, y están quienes temen que el endurecimiento no venga acompañado de un sistema penitenciario capaz de evitar un ciclo de degradación y reincidencia. A este último grupo se suman quienes, estando de acuerdo con la baja de la edad de imputabilidad a 13 años, reclaman que el Estado se asegure que los establecimientos carcelarios que alojen a esos menores no derive, como es habitual, en un antro de violencia y descontrol. Sin esa prevención, estiman que esos centros serán, como ya los conocemos, escuelas del delito, perdiendo con ello la finalidad de la resocialización.

Después de un siglo de reformas parciales y de décadas de creciente inseguridad, la Argentina necesita un Código Penal moderno y coherente, que haga retroceder la cultura del desorden y vuelva a colocar a la víctima en el centro. Se necesita un Estado que proteja, una Justicia que actúe y un orden jurídico que vuelva a ser respetado. El debate parlamentario será arduo, pero indispensable. No se puede construir una sociedad libre cuando reina la impunidad.

Fuente: La Nación

El presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Carlos Pirovano, acaba de recordarnos una vez más que la función natural del organismo público encargado de fomentar la producción de películas y series en la Argentina perdió casi por completo su razón de ser durante las distintas gestiones del largo ciclo kirchnerista.

Una burocracia desmesurada, una estructura elefantiásica, el requerimiento constante de la ayuda del Tesoro para cubrir gastos que invariablemente superaban los ingresos y el inexplicable respaldo a la producción de películas con escasa o casi nula convocatoria de espectadores son factores que, sumados, dieron como resultado una situación insostenible.

Este escenario no era demasiado distinto al que encontró Javier Milei en la mayoría de los organismos de la administración pública nacional cuando se hizo cargo del Gobierno en 2023, pero en el caso del Incaa pareció decidido a aplicar de inmediato un ajuste todavía pendiente en otras áreas. Pudo haber pesado en la decisión el propósito de librar una “batalla cultural” en un terreno en el que el kirchnerismo siempre encontró un fuerte respaldo material y simbólico, así como el apoyo de conocidos nombres del mundo artístico.

El resultado inevitable fue una inflación de estrenos que en la inmensa mayoría de los casos pasaron inadvertidos porque directamente no tuvieron en cuenta al público. Terminó imponiéndose desde el Incaa un sistema que aseguraba empleo permanente en el sector, pero que no les servía a los espectadores.

Como muchos productores, gracias al generoso esquema de subsidios establecido durante la gestión anterior, se aseguraban antes de la fecha de estreno el virtual reintegro del 100% del presupuesto invertido, salir a vender entradas ni siquiera era necesario. Se llegó al extremo de convalidar un esquema en el que el cine argentino se hacía a espaldas de su destinatario natural.

La falta de público para el cine argentino coexistió con un exceso de empleados en el Incaa, que llegó a tener más de 800 personas en su planta, un escenario insostenible convalidado durante el kirchnerismo por el peso excesivo de la influencia sindical. Hoy, después del plan de ajuste ejecutado por la gestión que encabeza Pirovano, el organismo cuenta con 250 personas, un número todavía más alto que el del Instituto de la Cinematografía y Artes Audiovisuales de España (Icaa), donde trabajan 184 empleados. Bien vale la comparación, porque la industria audiovisual de España tiene una facturación anual cercana a los 34.000 millones de dólares, mientras la Argentina, México y Brasil lograron, juntas, superar hace poco los 20.000 millones por igual concepto.

La reestructuración impuesta transformó el déficit recurrente del Incaa en un superávit operativo de 30 millones de dólares que prometen ser ahora usados de una manera más eficiente, ya no a través de anticipos, sino de subsidios recibidos por las películas una vez terminadas, alentando de este modo la inversión.

Se puso así en evidencia uno de los desatinos más grandes de cualquier gestión populista: recurrir al Tesoro para compensar un desequilibrio entre gastos e ingresos por cuestiones demagógicas (el apoyo a cualquier película que esté en línea con la ideología gubernamental) o por un descontrol en los números.

En la Argentina ya es costumbre que los gobiernos queden expuestos a la tentación de conseguir el apoyo de figuras populares del espectáculo o del mundo artístico. Lo que debe evitarse por todos los medios es que, a partir de necesidades circunstanciales de un gobierno, ese respaldo se convierta en políticas que llevan al aprovechamiento corporativo de lo que por naturaleza pertenece a todos. Eso es lo que ocurrió dentro del Incaa durante el kirchnerismo y terminó desvirtuando la misión del organismo. Detrás de todos los desmanejos registrados durante ese período, que la actual conducción del organismo viene poniendo en evidencia, aparece un principio innegociable: todo organismo público debe funcionar desde el imperativo de un manejo cristalino y prudente de sus recursos, además de la obligación de rendir cuentas cada vez que la sociedad lo reclama.

Fuente: La Nación

Con el descaro que le conocemos, en junio pasado la expresidenta Cristina Kirchner, calificaba de “totalmente arbitrario” el régimen de visitas a su domicilio que le impuso la Justicia luego de dictar su condena firme, obligada a pedir autorización previa para aquellas por fuera de la nómina de familiares, custodia policial, profesionales médicos y abogados defensores. En julio, un fallo de Casación confirmaba ese régimen junto con la obligación de que se mantuviera con tobillera electrónica por considerar que “cualquier flexibilización indebida del régimen de cumplimiento (…) podría debilitar la expresión pública de la condena”.

Desde entonces, como comentamos recientemente en estas columnas, la hemos visto seguir haciendo política partidaria ante un número creciente de visitantes en el domicilio de la calle San José 1111 donde cumple una condena a seis años de prisión con inhabilitación perpetua para ejercer cargos en el Estado. Una condena que pareciera de papel, que sigue moldeando a su gusto.

Una de las últimas fotos del nutrido álbum que sigue subiendo a sus redes permite contabilizar nueve economistas visitantes en ocasión del Día del Militante, otra provocación con la que sigue burlándose de todos. “No es la foto…. es la economía, estúpido” propinó en su ataque al “bestiario mediático”. “¿Cuál es el problema?”, agregó impunemente revelando no comprender los alcances de su condición, con los mismos aires de estadista superada que la llevaron por años a reírse del sistema mientras daba el ejemplo de perversión y deshonestidad que condujo a su condena y que permite pronosticar que recibirá otras. “Estaban autorizados”, se defendió extensamente en X, al citar encuentros anteriores en los que había recibido a 6 y 7 personas, argumentando que lo que se le cuestiona ahora es que se reunieran para hablar del modelo económico “que no deja de destruir empresas y puestos”. Omitió en tanto explicar si las políticas de estos economistas fueron las que sumieron al país en la bancarrota a la que nos condujeron sus largos años de desgobierno.

Fue luego de ese difundido encuentro que el juez de ejecución de pena en la causa Vialidad, Jorge Gorini, quien hasta aquí autorizó las visitas, le impuso nuevas limitaciones. Su proceder fue el adecuado, pues se incumplieron las reglas de conducta. De aquí en más, los encuentros no podrán ser más de dos por semana, durar un máximo de dos horas y siempre con no más de tres concurrentes, “cuestiones todas estas inherentes al carácter de sanción penal que motiva el encierro de la interesada”, señaló. “La reunión realizada, en los términos en que fue difundida por la propia involucrada, no solo demuestra falta de prudencia sino que, además, desconoce la naturaleza punitiva de la prisión domiciliaria y desvirtúa los fines que inspiran esta modalidad de ejecución de la pena de prisión impuesta”, agregó Gorini. De cualquier modo, pensar en que se autoriza la visita de 24 personas por mes, por fuera de familiares y allegados, sigue constituyendo una cuestionable desmesura para quien cumple una condena.

“La gravedad institucional de los hechos, el rol funcional y simbólico que tuvo la condenada en la maniobra defraudatoria, el monto colosal del perjuicio ocasionado al erario público y el impacto que ello ha tenido sobre la legitimidad democrática y la confianza ciudadana en sus instituciones, imponen un estándar más exigente en términos de ejecución”, expresó el juez Gustavo Hornos cuando avaló las medidas de control.

En función de dicho estándar se debería revisar también sin demora el acceso a redes de la condenada, increíblemente habilitada también a arengar a sus fanáticos en una plaza, en su afán por conservar vivo el espíritu de sus debilitadas huestes.

Valga apenas como ejemplo el último mensaje grabado que hizo difundir en el Encuentro Nacional de Mujeres realizado recientemente en Corrientes. Consideró que en el país reina “la libertad para la desesperación y para la tristeza”, al tiempo que agradeció a quienes militan no solo por su libertad, sino por la de los que, a su juicio, no pueden “decidir libremente la vida que cada uno tiene derecho a construir con su trabajo y esfuerzo”.

Estando tan de moda los programas de streaming, solo faltaría que pasara a conducir uno. Cada prebenda es una cachetada al ciudadano que exige se respete la igualdad ante la ley.

Con la llegada de diciembre, celebramos que los jueces interpongan restricciones para que San José 1111 no se convierta en sede de multitudinarias celebraciones de fin de año con brindis y bailes en el balcón. Una ciudadanía indignada recupera su confianza en la Justicia cuando ve que los magistrados están a la altura de las circunstancias, sin benevolencias, y dispuestos a revocar beneficios extraordinarios a quien se burla de todos, ciudadanos y magistrados, dándoles mal uso.

Fuente: La Nación

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Con la ironía que lo caracterizaba, el inefable Guido Di Tella, luego de su primera experiencia en la función pública en el gobierno de Isabel Perón, expresó allá por 1982 una verdad incómoda y políticamente incorrecta. En su opinión, la historia de los aranceles de importación en la Argentina servía para conocer el peso relativo de los distintos sectores sobre los diferentes gobiernos, fuesen democráticos o militares. Y aconsejaba abrir la economía sin miramientos. Eso lo dijo un miembro de la familia que, gracias al proteccionismo, produjo amasadoras mecánicas, convirtió los Austin británicos en Di Tellas 1500, argentinizó las motonetas Lambretta y fabricó las míticas heladeras Siam en Avellaneda. Su integridad académica prevaleció sobre sus intereses familiares.

Años antes, en 1979, Chile había seguido ese camino eliminando la dispersión arancelaria –en promedio era del 94%–, fijándose un arancel único del 10% para todas las importaciones. Se dieron cuenta de que, bajo el sofisma de proteger el valor agregado, se promovía el costo agregado. Actualmente, el promedio es del 6% y menos del 1% bajo acuerdos de libre comercio. Esa política fue continuada por los distintos gobiernos y le ha permitido a Chile tener uno de los PBI per cápita más altos de América Latina (35.000 dólares), más que el doble del argentino.

La política industrial de un país como la Argentina no la ha fijado –ni la fijará jamás– un organismo suizo, ni la OCDE, ni la inteligencia artificial. Es parte de la política común y silvestre y, como tal, privilegiará el poder sobre la productividad y los aplausos sobre la eficiencia. Nunca ha funcionado de otra manera y nunca lo hará de otra forma.

Los escandalosos casos de corrupción prueban que, cuando la anomia prevalece, cualquier caja del Estado y cualquier lapicera oficial serán utilizadas para negocios espurios, retribuir militancias o consolidar lealtades. Aún sin llegar a esos extremos, la observación de Di Tella echó luz sobre las distorsiones productivas para fines equivocados. La industria debe generar valor de forma competitiva, no artificial. No puede ser utilizada como herramienta para lograr otros objetivos, como la ocupación territorial, la creación de empleo o la autarquía estratégica. El presupuesto nacional puede contener partidas explícitas para ello, sin alterar los incentivos fabriles.

El proteccionismo dio lugar a la sustitución de importaciones y ésta, al encarecimiento de vehículos, insumos o piezas a los sectores más competitivos. Al demandar divisas para funcionar, pero no generarlas, provocó las crisis recurrentes de balanza de pagos, seguidas de ajustes y devaluaciones. Las promociones regionales indujeron rebusques para no pagar el IVA con procesos finales mínimos, creando falsos fletes y sobrecostos por estar alejados de puertos y centros de consumo. Eso sí, prosperaron las consultoras provinciales, cercanas a los gobernadores, para agilizar los beneficios.

Las industrias básicas, que requieren grandes inversiones de capital, lograron créditos baratos, desgravaciones y diferimientos fiscales que fueron tentaciones irresistibles para sobrefacturar obras civiles e importaciones de equipamiento. Los bancos de fomento como el Banade se transformaron en cementerios de carteras inmovilizadas por impagos. Lo mismo que la Secretaría de Hacienda, colmada de clavos (avales caídos) y jamás ejecutados a los deudores gracias a gestores habilidosos. Los casos más complicados se resolvieron con arbitrajes siempre transados en contra del fisco.

Las líneas de prefinanciación de capital de trabajo a los exportadores, fueron una fiesta para las mesas de dinero y las líneas de financiación, verdaderos subsidios al “costo argentino” con emisión monetaria. Aún Cuba no ha pagado las compras de vehículos en tiempos de José Gelbard, pero cuyos fabricantes cobraron del Banco Central hace ya medio siglo, mientras éste, el tonto de la película, se quedó con los reclamos a Fidel. Las petroquímicas utilizaban insumos subsidiados por YPF y las curtiembres, cueros crudos de exportación prohibida, El aluminio, energía barata de Futaleufú y las ferroaleaciones cuyanas, de la generadora estatal. Una laminadora de acero vendía chapa tan cara como Somisa pero importaba sus insumos (planchas o “slabs”) sin pagar aranceles, al igual que otros casos que pasaban inadvertidos.

El “compre nacional” fue un sistema extorsivo para vetar importaciones públicas e impedir contrataciones llave en mano de grandes obras que incluían su financiación. Al obligar a desarmarlas, forzaban a que el Estado se endeudase para realizarlas. Con buen lobbying los derechos antidumping se eternizaron y las regulaciones técnicas se desvirtuaron. El régimen de Tierra del Fuego, que permite importar con dólares oficiales a precios nunca auditados por el fisco, es otro ejemplo de “política industrial” sin pies ni cabeza.

Es lógico que la Unión Industrial Argentina (UIA) solicite una transición gradual para el nuevo escenario de apertura. Han sido ochenta años de proteccionismo que modeló una estructura fabril sin músculo suficiente para enfrentarse con competidores asiáticos de grandes escalas de producción y modernas tecnologías. Cargan sobre sus espaldas costos laborales, presión fiscal, ausencia de crédito e infraestructura obsoleta que -dicho sea de paso– supieron tolerar mientras podían trasladarlos a precios pero que, ahora, desnivelan la cancha. Mal de muchos: el tsunami chino no solo afecta a las industrias locales, sino también a la poderosa industria alemana que decae y pierde puestos de trabajo sin que pueda reaccionar para evitarlo.

La premura por abrir la economía y forzar un cambio de precios relativos no proviene de la escuela austríaca, ni por imposición foránea, ni por regresión al modelo agroexportador, sino por la urgente necesidad de crecer a tasas chinas, para recuperar el tiempo perdido. Lo requiere toda una generación joven que carece de formación para un mundo laboral que demanda capacitación por las nuevas tecnologías y el desafío de la IA. El déficit educativo absorberá enormes recursos públicos para superarlo, con menos enjuagues políticos y mayor productividad.

Es también el reclamo de una sociedad que solicita prestaciones antes desconocidas en materia de salud, discapacidades y tercera edad. Es el pedido de quienes no tienen viviendas dignas, agua potable, ni cloacas. Es la queja de productores con campos inundados y de gobernadores con rutas destrozadas. Todo ello solo podrá satisfacerse si el país es competitivo a nivel mundial, generando divisas y empleos de calidad, más allá de los hidrocarburos, los minerales y el campo. Bajando el costo argentino, no con mayor protección ni mercados cautivos que nos alejan del mundo.

Esta la verdadera batalla, no reiterar la utopía de una política industrial para diseñar una apertura “inteligente” y digitada, como fue siempre en el pasado. En recientes declaraciones, Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción, emulando a Guido Di Tella, manifestó que la mejor política pública en ese ámbito, es su inexistencia. Sabe, como aquel, que la competitividad no se logrará negociando con factores de poder en despachos o confiterías, sino bajando los costos que, por tener dueños, saben plantarse en las calles y en el Congreso.

Son los gobernadores, los sindicalistas y la oposición dialoguista quienes tienen la llave para que la Argentina encare los cambios estructurales, se modernice, reciba capitales y cree trabajo formal. Es la batalla que nunca pudo librarse en 80 años y que esta vez, con la voluntad transformadora del voto popular, quizás se logre.

Fuente: La Nación

La falta de previsibilidad y de seguridad jurídica es uno de los peores males de las prácticas populistas que, desde hace mucho tiempo, han convertido a la Argentina en una nación poco confiable en el orden internacional. Algunos de los muchos bochornosos episodios que han caracterizado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en los últimos tiempos han hecho de esta entidad un símbolo perfecto de ese país donde el respeto por las reglas brilla por su ausencia.

Son a estas alturas innumerables los ejemplos que dan cuenta de una organización que rige el deporte más popular de la Argentina con normas y reglamentos sujetos a la simple voluntad y a los caprichos de su mandamás y sus secuaces. Porque en la AFA se hace lo que su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, quiere, y quien ose contradecirlo será sometido al escarnio y deberá atenerse a represalias.

A lo largo de toda la gestión de Tapia y de su cuestionado escudero y actual tesorero, Pablo Toviggino, la conducción rectora del fútbol argentino no dudó en modificar las reglas de juego en medio de los campeonatos, en digitar resultados a través de la manipulación de árbitros y hasta en anular descensos, con tal de favorecer a los “caballos del comisario”, que no es otro que el propio Tapia. El colmo se registró días atrás, cuando se decidió consagrar a Rosario Central como campeón de un torneo cuya existencia nadie conocía. Un campeonato que ni siquiera los jugadores del club ungido como ganador sabían que estaban disputando.

Los escándalos no terminaron en esa situación que, por algunos días, convirtió a la AFA en el hazmerreír del fútbol mundial. La conducción encabezada por Tapia obligó el domingo último a los futbolistas de Estudiantes de La Plata a rendir pleitesía a los “campeones de escritorio” del club rosarino con un pasillo de honor previo al partido que ambos equipos disputarían por los octavos de final del Torneo Clausura. En señal de protesta, los jugadores de Estudiantes recibieron a sus pares de Rosario Central dándoles la espalda. Rápidamente, la mesa directiva de la AFA dio a conocer un protocolo referido a los homenajes a clubes campeones, con el fin de dejar en evidencia la rebeldía del equipo de La Plata y justificar así las duras y vergonzosas sanciones resueltas en las últimas horas para el club que preside Sebastián Verón, uno de los pocos dirigentes enfrentados con Tapia. Hay sospechas de que ese reglamento fue creado con posterioridad al episodio protagonizado por los jugadores de Estudiantes, aunque Tapia y sus acólitos aseguran que esa resolución fue firmada en febrero. Un dato adicional confirma la posibilidad de que se trate de un artículo apócrifo: a lo largo de la presente temporada, otros equipos, como Talleres de Córdoba, Platense, Vélez e Independiente Rivadavia de Mendoza, ganaron campeonatos y no fueron recibidos al siguiente partido con el mentado pasillo de honor, y no hubo sanciones para sus ocasionales rivales como las que se aplicaron a Estudiantes.

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La AFA se ha convertido en un caso emblemático más de la cultura del personalismo y la sumisión, junto a prácticas corruptas favorecidas por un llamativo silencio de la inmensa mayoría de los directivos de los clubes afiliados que solo puede explicarse por una tajada en el reparto de jugosos beneficios o por el miedo a las represalias

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El último fin de semana, el favoritismo para los clubes amigos del titular de la AFA volvió a quedar de manifiesto, con el vergonzoso arbitraje que benefició a Central Córdoba de Santiago del Estero ante San Lorenzo. ¿Qué le hace otra mancha más al tigre?, podríamos preguntarnos. Sin embargo, hay que tener presente que el club santiagueño es apadrinado por Toviggino, cuyo ascenso en la dirigencia del fútbol argentino se asocia con su vínculo al gobernador feudal de esa provincia, Gerardo Zamora.

Podría pensarse que la mayoría de las escandalosas situaciones que viene viviendo el fútbol local se reduce a trapisondas propias de chicos caprichosos, acostumbrados a cambiar las reglas de un juego cuando les conviene. Pero, lamentablemente, estamos ante personajes con mucho poder y con vínculos con sectores políticos y sindicales, que ven en este popular deporte un gran negocio para sus propios bolsillos. Para no hablar de las tenebrosas relaciones con barrabravas que, semana tras semana, siembran la violencia dentro y fuera de los estadios ante la indiferencia cómplica de la dirigencia de nuestro fútbol.

A los no pocos negocios turbios en los que estaría involucrada la AFA, relacionados entre otros con la venta de entradas para partidos de la selección argentina, se ha sumado ahora la oscura vinculación entre la entidad rectora del fútbol local y la compañía Sur Finanzas -esponsor principal de la Liga Profesional de Fútbol y de la selección mayor-, cuyo dueño, Ariel Vallejo es un hombre muy cercano a Tapia que se ha jactado de que su empresa es “la billetera del fútbol” argentino. Hoy Vallejo está siendo investigado por presunto lavado de dinero y evasión tributaria, y una de las sedes de su empresa fue allanada en el marco de la investigación sobre la ruta del dinero de supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

La AFA se ha convertido en un caso emblemático más de la cultura del personalismo y la sumisión, junto a prácticas corruptas favorecidas por el llamativo silencio de la inmensa mayoría de los directivos de los clubes afiliados. La tendencia a consentir los atropellos solo puede explicarse por una tajada en el reparto de los jugosos beneficios derivados de la corrupción o por el miedo a las represalias de un sistema que maneja recursos y arbitrajes a su antojo.

Tapia y sus cómplices podrán escudarse por algún tiempo en los logros deportivos de la selección de Lionel Messi y Lionel Scaloni, ejemplo de disciplina, esfuerzo y profesionalismo. Pero no podrán burlarse irresponsable y eternamente de quienes defienden esos valores, ni seguir imponiendo un modelo que refleja la peor cara de la dirigencia argentina.

Fuente: La Nación