Categoría: Entrevistas

La provincia de Buenos Aires enfrenta un compromiso institucional que no admite más dilaciones. Tras el exitoso debut de la Boleta Única Papel (BUP) en los comicios nacionales del 26 del mes último, la adopción de este sistema para las elecciones provinciales y municipales emerge como una necesidad impostergable, pues constituye un paso esencial hacia la modernización del esquema electoral del distrito, un deber con la equidad entre las fuerzas políticas y, sobre todo, con la transparencia del sufragio.

La experiencia reciente en el orden nacional ha dado fe de que con la BUP el escrutinio transcurre ágilmente y sin irregularidades, de que no se registran faltantes de papeletas y de que ya no es posible manipular el voto. El sistema cumplió con aquello que prometía, esto es una votación más limpia, sencilla y verificable. La boleta partidaria tradicional multiplica los riesgos de fraude, la confusión del votante y la dependencia de los aparatos territoriales. En cambio, al reunir en un solo soporte la totalidad de la oferta electoral y entregarse al ciudadano únicamente en el momento del voto, la BUP también garantiza que todas las alternativas políticas estén disponibles en igualdad de condiciones y que ninguna voluntad sea coaccionada o distorsionada antes de llegar a la urna.

El diputado bonaerense Fernando Rovello (Pro), autor de uno de los proyectos que propone instaurar la BUP en ese distrito, destacó que su implementación “conlleva una necesaria modernización del esquema electoral”, puesto que “minimiza las posibilidades de fraude al evitar que se repartan boletas con antelación”. A su vez, la senadora radical provincial Nerina Neumann, acompañada por Marcelo Daletto (UCR) y Alex Campbell (Pro), impulsó otra iniciativa en el mismo sentido, recordando que “la BUP y la ley de ficha limpia son herramientas que mejoran la transparencia y fortalecen la confianza ciudadana”. Los fundamentos de ambas iniciativas coinciden en un punto determinante: la calidad institucional necesita reglas de juego previsibles y mecanismos que resguarden la voluntad popular.

Varios antecedentes provinciales respaldan esta dirección. Córdoba, Mendoza y Santa Fe ya aplican el sistema con buenos resultados y con el mismo principio rector que dispone que es la autoridad electoral -no los partidos políticos- la que garantiza la presencia equitativa de todas las opciones ante el elector. En esas jurisdicciones, el voto dejó de depender de la logística partidaria y la consecuencia ha sido un proceso más ordenado, económico y confiable.

Sin embargo, el desafío político en la provincia de Buenos Aires es considerable. Con la renovación legislativa del 10 del mes próximo, el peronismo provincial concentrará 24 de las 46 bancas del Senado y 39 de las 92 de Diputados, lo que le otorga la posibilidad de bloquear cualquier avance legislativo en la materia. La misma fuerza política que en el Congreso Nacional votó en contra de la BUP mantiene su resistencia en ese distrito. Esa actitud, más que una diferencia técnica, desnuda la incomodidad de la vieja política frente a un mecanismo que limita las nefastas prácticas del clientelismo electoral que la lista sábana ha facilitado durante décadas. No resultan inocentes en ese sentido recientes dichos del gobernador Axel Kicillof lamentándose de que la BUP les haya quitado contacto directo con los electores, a quienes se les entregaban en mano las boletas sábana, muchas veces a cambio de espurios compromisos. Como excusa frente a lo evidente, Kicillof ha proferido una grosera falacia al sostener que la BUP le convenía al gobierno nacional. Queda poco que decir frente a esa aberración. No se busca la “conveniencia” partidaria, sino transparentar el proceso electoral.

El debate que se abre en la Legislatura bonaerense no debería ser leído como una disputa de poder, sino como una discusión sobre la calidad institucional de la provincia más grande del país. La transparencia electoral no admite grises: o se garantiza plenamente o se la vulnera con cada boleta que falta, con cada puntero que controla el acceso al cuarto oscuro y con cada ciudadano que duda acerca de si su voto terminará reflejando su voluntad.

La ciudadanía bonaerense, que ya experimentó la limpieza y la equidad del nuevo sistema al participar en los comicios nacionales del pasado 26, no puede seguir votando en elecciones provinciales bajo reglas poco o nada confiables. Si la BUP demostró su eficacia, su adopción local es una exigencia ética.

La modernización institucional no es patrimonio de ningún partido, sino que debería constituir el punto de encuentro entre quienes creen que la democracia puede y necesita seguir perfeccionándose. Todas las provincias tienen la oportunidad y la responsabilidad de dar ese paso.

Fuente: La Nación

El perjuicio económico es un pequeño engranaje de lo que mueve la corrupción. La maquinaria es más compleja y abarca otras facetas. En la Justicia esto se ve de manera más clara, como ocurrió en Rosario con el exjuez federal Marcelo Bailaque, detenido actualmente en su casa, tras renunciar el 1° de julio pasado. Este exmagistrado está acusado de encubrir al jefe narco Esteban Alvarado y de cobrar coimas por 200.000 dólares a partir de una extorsión contra un financista, entre otras causas. Recién ahora empieza a verse la dimensión de las maniobras que contribuyeron a que Rosario fuera golpeada por un crecimiento del crimen organizado y una violencia extrema.

Una de esas facetas es lo que ocurrió a partir de 2011 con el robo de fusiles FAL del Batallón 603, ubicado en Fray Luis Beltrán, a 15 kilómetros de Rosario. Se calcula que se sustrajeron 450 fusiles. Uno de ellos, según publicó LA NACION el 30 de octubre pasado, apareció entre las armas incautadas a Comando Vermelho en el sangriento enfrentamiento entre este grupo criminal y las fuerzas de seguridad en la favela Penha, en Río de Janeiro, que dejó un saldo de más de 100 muertos.

Bailaque nunca investigó el robo de estas armas del Batallón 603. Después de su renuncia, el 1° de julio pasado, aceptada por el presidente Javier Milei, esta causa fue “encontrada” por el fiscal federal Javier Arzubi Calvo, quien pidió el procesamiento de siete militares. En el momento en que se produjo el robo de este armamento, que según se sospecha terminó en Brasil, el ministro de Defensa era Arturo Puricelli, quien tenía una amistad con el magistrado, que vivió en la provincia de Santa Cruz, donde ocupó el cargo de juez de instrucción hasta 2008, cuando asumió como magistrado federal en Rosario.

Esa causa del robo de armas a gran escala dejó al descubierto el desmanejo que existía en áreas claves, como la defensa. Al no investigar este problema, las sustracciones de armas y municiones nunca se interrumpieron. En 2014 se detectó, como reveló LA NACION, un faltante de municiones calibre 9 mm, que, según el inventario del Ministerio de Defensa de la Nación, en ese momento a cargo de Agustín Rossi, fue de 19.600 balas de ese calibre y 800 de calibre 32. Ese caso, que se inició por una denuncia de esa cartera, terminó con el procesamiento de cinco militares.

El robo de fusiles FAL y de municiones no fue la única causa que quedó en el olvido, sin investigar, por distintas razones. Una auditoría del Ministerio de Defensa detectó en 2016 irregularidades en más de 12 millones de municiones y fulminantes en Fabricaciones Militares de Fray Luis Beltrán, pero tres años después la Justicia Federal archivó la causa al reconocer que no se pudo establecer el destino del material bélico ni cuantificar el perjuicio al Estado. El juez a cargo de ese caso era Marcelo Bailaque. El caso expuso las contradicciones de un sistema que cerró un expediente sobre armamento sin investigar a fondo un entramado de registros paralelos, transferencias irregulares y depósitos clandestinos que la propia auditoría había calificado como “discrecional y opaco”.

Este entramado que persiste en el tiempo, acorralado por la complicidad y la impunidad, tiene hoy una gravedad mayor, porque está comprobado, según la investigación periodística que realizó este diario, que parte de ese armamento terminó en manos de los dos principales grupos criminales de América latina, como Primer Comando Capital (PCC) y Comando Vermelho.

En septiembre de 2024, uno de los blancos elegidos por el PCC era el secretario de Seguridad Pública del Estado de San Pablo, Guilherme Derrite. Este expolicía militar, que se transformó en funcionario del Partido Republicano, aliado de Jair Bolsonaro, había impulsado leyes más duras contra el crimen organizado; entre ellas, la eliminación de las llamadas “saidinhas”, las salidas transitorias de presos en fiestas de fin de año. Esto fue lo que llevó a PCC a planear su muerte.

El 2 de septiembre del año pasado, la Policía brasileña detuvo a Marcelo Adelino de Moura, conocido como China, que planeaba llevar adelante un atentado contra el funcionario. El arma que iba a usar tenía la inscripción de la “Armada Argentina”, era de calibre 7,62 milímetros y había surgido de la fábrica militar de Fray Luis Beltrán, situada a unos 15 kilómetros de Rosario. La ametralladora, conocida como MAG, tenía como número de serie “FN35643”. Esa ametralladora, según fuentes del Ministerio de Defensa argentino, fue dada de baja en 2010, pero no se cumplió con el protocolo establecido y nunca se destruyó. La sospecha es que la MAG se vendió a Paraguay, donde la adquirió PCC.

Esta trama muestra todo el recorrido oscuro que tuvo un arma de guerra dentro de los arsenales de las Fuerzas Armadas, y que terminó en manos del principal grupo criminal brasileño. La falta de una investigación judicial profunda provocó que el problema no tenga solución. Ese déficit exhibe también las complicidades en la justicia federal de Rosario, con el exjuez Bailaque a la cabeza, que hoy parece transitar una instancia de depuración. El crimen organizado, sobre todo con los niveles de complejidad que demuestran PCC y Comando Vermelho, encuentran estas grietas en el Estado para obtener armamento de guerra que después se utiliza en las favelas o para atentados, como se mencionó antes. El riesgo latente en la Argentina es que ese armamento empiece a circular por las bandas locales, del conurbano bonaerense o Rosario, algo que hasta ahora no se logró detectar en los golpes de grupos como Los Monos. La amenaza de que el crimen organizado aumente su poder de fuego nos llevaría a una nueva etapa que, como ocurre en Brasil, sería trágico. La Argentina está a tiempo.

Fuente: La Nación

La palabra ajuste ha sido un anatema impuesto por la política argentina para resguardar los gastos del Estado ante cualquier intento de recortes. Pero ese “cruz diablo” de los discursos inflamados, que integra el bagaje de ideas y creencias populares, solo ha servido para impedir que el país pudiese crecer y desarrollarse.

Cuando los desequilibrios fueron intolerables, el mercado los reestableció de forma caótica y los gobiernos lo siguieron, corriéndolo por detrás, con devaluaciones, pactos sociales y aumentos tarifarios. Los ajustes devaluatorios, que no atacan las causas sino las consecuencias, funcionaron como una guadaña ciega que cortó cabezas al ras, empobreciendo a los más vulnerables en beneficio del poder y sus allegados. Y de esa forma, se degradó el valor de la moneda hasta dejarnos sin ella.

La devaluación ha sido un sustituto ineficaz de las correcciones de fondo que nadie tuvo la voluntad de encarar. Un argentino de 50 años vivió cinco crisis estructurales que provocaron disrupciones institucionales: 1975, 1982, 1989, 1990 y 2001. Y cuatro crisis coyunturales profundas en 1995, 2009, 2018 y 2023. Así y todo, siempre se apostó por la inflación con tal de evitar las críticas populistas. Hasta el punto que en 2012 se reformó la Carta Orgánica del Banco Central para financiar al Tesoro emitiendo más dinero, como fue la razón de su nacionalización en 1946. La diputada Julia Strada aún sostiene que el déficit no provoca inflación, emulando a su predecesora Fernanda Vallejos, discípula de Axel Kicillof, según quien “un Estado soberano no necesita pedir dinero, porque lo puede crear”. No aprendieron, ninguna de ellas, que en ausencia de demanda de dinero la emisión va a los precios.

De tanto recorrer el camino equivocado, la palabra ajuste quedó asociada con devaluaciones y no con la sensatez de equilibrar las cuentas públicas. Cualquier cosa, menos bajar gastos que se erogan en nombre de la ética de la solidaridad, de la justicia social o de la soberanía nacional para resistir la presión del Fondo Monetario, de los acreedores externos o de sus socios locales, los vendepatrias.

La ideología que sustenta el rechazo al equilibrio fiscal tiene un origen profundo. Ya Cristina Kirchner se declaró admiradora del filósofo alemán Friedrich Hegel, para quien solo el Estado supera la visión egoísta de los individuos y puede lograr el bien común, y con ese apoyo ético expandió el gasto público hasta el 47% del PBI mientras orquestaba los pagos que describió el chofer Oscar Centeno.

El Estado no tiene superioridad ética sobre la sociedad civil. Es una herramienta creada para mejorar la convivencia colectiva, pero está expuesto a las mismas miserias de la naturaleza humana; por eso Octavio Paz lo llamó ogro filantrópico. La potestad fiscal, sus cajas diversas, su capacidad de comprar y emplear, de regular, prohibir y subsidiar, son inevitablemente usados en provecho de quienes están cerca del poder. Y para preservar la intangibilidad de esos flujos monetarios, de esos enclaves blindados y de tantos empleos privilegiados, la política se las ha arreglado para evitar ajustes reales, amparada tras el anonimato de los ajustes devaluatorios.

Cuando un país carece de voluntad política de correr el telón que oculta a los actores, tramoyistas, utileros, comparsas y figurantes que pululan en las oficinas nacionales, provinciales y municipales y de exhibir a la luz sus sueldos, suplementos, extras, viáticos, bonos e incentivos frente a la realidad de sus tareas (“tú haces que me pagas y yo hago que trabajo”), está destinado al fracaso. Todo ajuste que no contemple un programa estructural que corra ese telón y pondere el uso de los recursos públicos con la misma exigencia de productividad requerida al sector privado, hundirá a sus habitantes en la pobreza, aunque se pregone lo contrario.

Sin embargo, no puede hacer un ajuste real quien quiere, sino quien puede. Si no es acompañado por un shock de confianza que baje el riesgo país, aliente la demanda de dinero, reduzca las tasas de interés, induzca el ingreso de capitales y reactive la economía de forma genuina, las medidas “ortodoxas” aplicadas por quien no cree en ellas, pueden terminar en un desastre por falta de credibilidad en sus convicciones.

La confianza es una palabra que no integra el lenguaje populista, ya que, por definición, privilegia las improvisaciones sobre la parsimonia de las instituciones. Como el zorro de La Fontaine, son uvas que nunca están maduras y por ello el populismo la menosprecia, pues es incapaz de generarla. En su lugar predica “heterodoxias” ineficaces cortadas con el molde de sus propias limitaciones.

Ahora los economistas plantean dudas, formulan objeciones, proponen alternativas. Pero en este momento, lo crucial no pasa por las técnicas de su profesión –la Argentina está cubierta de papers y ensayos acumulados durante 80 años–, sino del apoyo político a las reformas pendientes. Como hemos dicho desde esta columna, es la primera vez que un economista ha llegado a la primera magistratura. Esta conjunción entre el vademecum correcto y la voluntad política de aplicarlo es la gran diferencia que distingue esta gestión de las anteriores.

Las instituciones son reglas de juego adoptadas para el bien común, equilibrando las demandas presentes con las necesidades futuras. Son las vigas maestras de la sociedad, para que unos puedan confiar en los otros y, entre todos, hacer del país un hogar compartido. En esta frágil transición toda medida de gobierno deberá ponderarse con una vara inflexible: si aumenta o disminuye la confianza. El Gobierno, tironeado por la necesidad de hacer concesiones para sus reformas y atender legítimos reclamos de sectores afectados, deberá preservar ese objetivo a toda costa, evitando deslizarse hacia la casuística populista.

La confianza se consolidará si se logran consensos que fortalezcan la voluntad de cambio. Desde la fuerza del voto popular, hasta las mayorías parlamentarias, pasando por el respaldo de los gobernadores y de los distintos actores de la sociedad civil. Lo primero ha sido logrado, lo segundo está en curso, lo tercero dependerá de que estos tengan su epifanía y puedan imaginar los resultados formidables de la transformación propuesta.

Fuente: La Nación

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“Yo sufrí la escuela” explica un destacado psicopedagogo y dibujante italiano que visita una vez más nuestro país. Creador de La Ciudad de las niñas y de los niños, proyecto internacional con más de 30 años que se replica en 300 ciudades del mundo, Francesco Tonucci vino a Buenos Aires a recibir el doctorado honoris causa que le entregó la Universidad Siglo 21 en el contexto del 8° Congreso Innova 21 Educa.

Su mirada sobre las ciudades, las escuelas, la defensa del juego libre y la promoción de los derechos de los niños está siempre cargada de una profunda sabiduría que ha sabido influir en políticas educativas y urbanísticas de muchos países. Como dibujante, sus fantásticas viñetas, que firma como Frato, reflejan su posición frente al “adultocentrismo”.

El mejor pacto educativo es el que vincula a los niños con la escuela y con la familia. Sus cuestionamientos a la enseñanza tradicional proponen que el docente favorezca el desarrollo integral del niño tal como fija la Convención sobre los Derechos del Niño. Deberá ceder su liderazgo a manos del alumno, abierto a la realidad y potencial de cada educando más que ocupado en transmitir contenidos. Destaca también la importancia de poner al niño en situaciones ricas y estimulantes. Que los niños hayan perdido el juego es, en su opinión, un enorme problema. Propone “renunciar a las aulas y aprovechar todos los espacios de la escuela para crear talleres y laboratorios” en los que se aprenda lo cotidiano con posibilidad de encontrar la propia preferencia para expresarse. Encontrar una vocación es “el mejor regalo que puede hacerles la educación”, destaca.

“Hay un nuevo virus que es el mundo virtual”, afirma con inquietud frente a pantallas que entran demasiado temprano en la vida de los niños, puertas a la pornografía, la ludopatía y los problemas de salud mental tan extendidos hoy entre los jóvenes. También señala que los deseos que expresan los niños son en realidad los que toman del mensaje publicitario que los ha vuelto pieza fundamental de un comercio que no existía años atrás.

Tonucci iniste sobre el valor de permitir a los chicos encontrarse con sus pares sin los adultos, como en los viejos tiempos, recuperando esa “autonomía cotidiana”. Antes los padres no acompañaban a sus hijos al colegio o a jugar como ahora, era ridículo hacerlo. La preocupación respecto de dónde llevar al niño debe convertirse en entender que hay dejarlo que vaya solo pues él sabrá adónde ir. “Ha subido el miedo. No el peligro”, acota. En su opinión, una idea equivocada respecto de que hay más riesgos se instaló con la ayuda de medios de comunicación que construyen ideas exageradas. “En Italia, en 1991, cuando nació el proyecto ´La ciudad de los Niños’ se denunciaban 2000 homicidios al año. Hoy estamos en alrededor de 300” y también bajaron los muertos por accidentes de tránsito, acota.

Tonucci visitará hoy la exposición “Imaginar la Ciudad”, en Rosario. En espacios interiores y exteriores diseñados para el juego libre, la exploración y la reflexión, la muestra recorre su obra y el impacto de su ideario: “Una ciudad que es segura, transitable, vivible para niñas y niños, que son los más débiles, lo será para todos los ciudadanos”. Rosario es pionera en la instrumentación de políticas públicas urbanas que apuntan a recuperar el juego y la autonomía infantil. Ojalá cada día sean más los que entiendan la importancia de comprometer esfuerzos en esa dirección. Los niños, primero.

Fuente: La Nación

La causa iniciada por Fabiola Yañez contra su expareja y expresidente Alberto Fernández por violencia de género saltó nuevamente a los medios de prensa luego de que la Cámara Federal de Casación Penal apartase al juez Julián Ercolini tras un planteo de la defensa del acusado. Por sorteo se asignó el caso a Daniel Rafecas.

Ercolini, quien había rechazado excusarse en diciembre 2024, había sido corrido del expediente luego de plantear desde la defensa el vínculo personal entre él y Fernández, amistoso en un primer momento y de enfrentamiento luego, como causal de dudosa imparcialidad. Si bien el fallo de la Sala II confirmó el apartamiento del juez, luego de que varios otros pedidos fueran rechazados, dejó en claro que ello no invalidaba los actos ya cumplidos, dando por ratificadas las medidas de prueba adoptadas y la etapa a la que ya había arribado la causa.

En opinión del fiscal Ramiro González, ya había quedado debidamente probado que el acusado “ejerció de un modo sistemático violencia psicológica contra Fabiola Yáñez bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”. La acusación que pesa sobre Fernández incluye amenazas coactivas, lesiones leves y graves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en el contexto de violencia de género, delitos que prevén hasta 15 años de prisión.

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En opinión del fiscal Ramiro González, ya quedó debidamente probado que el acusado “ejerció de un modo sistemático violencia psicológica contra Fabiola Yáñez bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”

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Claramente acorralado por la indubitabilidad de las pruebas en su contra, pretendiendo reírse una vez más de la ley y la Justicia que supo manejar desde su anterior sitial, el exmandatario pidió que la investigación volviera a foja cero en otro claro afán por embarrar la cancha y demorar los tiempos. Cabe señalar que el fiscal González había dado por concluida la instrucción el 14 de agosto pasado cuando solicitó la elevación a juicio oral y público.

El expresidente presentó un escrito de puño y letra ante Rafecas. Comparándose cínicamente con Josef K, el supuestamente inocente personaje de la novela El proceso de Franz Kafka, planteó intrigas, abusos e injusticias en su afán por victimizarse y enumeró 18 arbitrariedades que revelarían, a su juicio, el nivel de animadversión hacia su persona, situación que, aduce, le habría impedido acceder al debido proceso. Los cuestionamientos recaen sobre el análisis de los contenidos de celulares derivados de la causa Seguros, la revisión de material privado y las supuestas inconsistencias de algunas declaraciones de su expareja.

Por mayoría, la Cámara Federal rechazó la serie de planteos del expresidente. Con un expediente que se encamina a su etapa de cierre de la instrucción, los jueces ya hablaron de “hechos concretos y objetivos” que desnudaron desigualdad y violencia en la relación Fernández-Yañez. Sin embargo, luego de haberse abierto varios caminos en el expediente el arribo al juicio oral puede demorarse. Lo que no debería ocurrir es que Fernández siguiera victimizándose ante una sociedad que ha visto pruebas suficientes de su culpabilidad, ratificadas por la Justicia. “Ahora me toca a mí. Otro ‘K’ que soporta cargos por hechos que jamás ha cometido y cuyo derecho a defenderse le ha sido negado”, pretende justificar Fernández. En un canal de streaming volvió a negar haberle pegado a su expareja y calificó de falsas las fotos difundidas.

Durante la realización de la película sobre la novela que Kafka nunca terminó, al ser preguntado Orson Wells sobre la culpabilidad del acusado, respondió sin dudarlo “¡Es culpable de todo!”. Pareciéramos estar más cerca de que las condenas lleguen a quienes les corresponden.

Fuente: La Nación

Monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, se refirió a “la complicidad de tantos sectores políticos y sociales” en la promoción del juego online, nefasto promotor de la ludopatía en niños y adolescentes. Lo hizo en la apertura de un plenario de obispos en el que también abogó por “la amistad social” y “la participación sin exclusiones”.

La Iglesia ha alzado la voz en torno del tema del juego en reiteradas ocasiones, atenta a las nefastas consecuencias de este mal en avance y por el que reclama la aprobación del proyecto de regulación que aguarda en la Cámara de Senadores. Ya nos hemos ocupado desde este espacio de denunciar que son muchos los actores que solo buscan trabar la sanción. Los intereses en juego son exorbitantes.

La Pastoral Social del Episcopado por su parte, hizo llegar una misiva a Victoria Villarruel, en su carácter de vicepresidenta de la Nación, para que impulse el proyecto, pues “estamos poniendo un casino en la mano de los niños”. El crecimiento de la actividad parece desmadrado. El Ministerio de Educación porteño ya bloqueó el acceso a más de 1000 sitios de apuestas ilegales y juegos online en coordinación con la Agencia Gubernamental de Control y el Ente Regulador de Juego para prevenir la ludopatía. Pero no basta.

En las reuniones de comisiones que están teniendo lugar en la Cámara alta, se analizan y debaten los pormenores de una ley que ya está llegando tarde. En el ámbito deportivo, por ejemplo, pensar en prohibir la publicidad genera innumerables resistencias, empezando por la Asociación del Fútbol Argentino, cuyos dirigentes parecen moverse al compás de las monedas. Contraponiendo argumentos, se habla incluso de que los clubes quedarían desfinanciados y con ello la obra que realizan en el campo social, como si pudieran medirse con tanta precisión ambos efectos.

No está demás plantear el paralelismo entre el cigarrillo y el juego en estas instancias que transitamos. Fueron años de confrontación y cuestionamientos a las nuevas reglas hasta lograr que se instalaran en beneficio de la salud. Hoy las celebramos. Quienes peinan canas aún recuerdan cuántas publicidades de cigarrillos asociaban la buena vida con la adicción al tabaco, por ejemplo. Hoy son además de comerciales, ejércitos de influencers, deportistas y camisetas de clubes, entre otros, los que salen a cazar víctimas.

Así como se demostró que el cigarrillo afectaba severamente la salud, desde 1980 la ludopatía es reconocida como enfermedad por la Organización. Mundial de la Salud (OMS) desde 1980. Por lo tanto, su prevención y tratamiento son de interés público.

Los obispos han levantado la voz en nombre de quienes no la tienen. En su tarea pastoral son testigos privilegiados y directos de los estragos que la adicción al juego realiza en innumerables familias. Y es una sociedad en su conjunto la que se enfrenta a este creciente flagelo y que clama por la sanción de la ley que regule de una buena vez las prácticas que lo fomentan en beneficio de unos pocos que se niegan a ver afectados sus negocios.

La llegada de Peter Lamelas, nuevo embajador de los Estados Unidos ante la Argentina, ha despertado la expectativa de avanzar en un amplio acuerdo comercial entre ambos países. Este ha sido un tema conversado en los encuentros entre los presidentes Donald Trump y Javier Milei ocurridos con motivo del apoyo financiero del Tesoro estadounidense concretado en octubre pasado, y el canciller Pablo Quirno viajará hoy a Washington para avanzar en el acuerdo, al tiempo que el embajador argentino Alec Oxenford aseguró que solo resta “ponerle el moño”.

Algunas decisiones del gobierno norteamericano mostraron la clara intención de ampliar el apoyo a nuestro país por considerarlo como un faro en la región. Así debe entenderse la ampliación de la cuota de importación de carne argentina de 20.000 a 80.000 toneladas anuales con un arancel preferencial del 10%. Los aumentos en las tarifas de importación que utiliza Trump como arma de presión en su política exterior ya habían mostrado para nosotros un trato mejor y diferenciado. De ahí que la expectativa de llegar a un acuerdo de libre comercio se ha hecho más verosímil.

La apertura externa es parte de la plataforma que ya estaba expuesta por el presidente Milei en su campaña hacia la presidencia de la Nación. El décimo punto del Pacto de Mayo afirma la necesidad de “sostener la apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global”. Este postulado se apoya en el convencimiento de que la ampliación del comercio potencia el aprovechamiento de las ventajas comparadas y mejora la productividad.

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El décimo punto del Pacto de Mayo afirma la necesidad de “sostener la apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global”

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Han pasado veinte años desde el lamentable episodio del maltrato al presidente George W. Bush por parte de Néstor Kirchner y otros líderes de izquierda en el evento convocado como Cumbre de las Américas en Mar del Plata en 2005. La propuesta de Bush era, justamente, la conformación del Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA). El rechazo de Brasil, gobernado entonces por Lula da Silva, sumado a los de la Argentina con Kirchner y Venezuela con Hugo Chávez, dieron por tierra con aquella propuesta. Quien en aquel momento era presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, también tenía una posición negativa, aunque estaba moderada por la de su ministro de Economía, Danilo Astori. Chile ya gozaba de una economía abierta y exitosa, apoyada en varios tratados de libre comercio, y México ya estaba integrado al NAFTA con los Estados Unidos y Canadá. La oportunidad se perdió y no ha vuelto a estar explícitamente disponible hasta hoy, tal vez.

La pertenencia de nuestro país al Mercosur tiene implicancias que deberán considerarse en caso de que progrese un acuerdo de libre comercio de la Argentina con los Estados Unidos. Nos referimos a la posibilidad de suscribir un tratado bilateral fuera del Mercosur. Sería necesario respetar las normas del Acuerdo de Asunción, o bien lograr el consenso para modificarlas. Hay dudas de que esto pueda lograrse en la actual coyuntura. Ha habido momentos en años pasados en que una iniciativa de este tipo hubiera contado con el acompañamiento de una mayoría de los países miembros. El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou lo propugnaba y contaba con el apoyo de Paraguay. La posición de Brasil ha sido en general resistente a la apertura, aunque con intensidades diferentes desde Jair Bolsonaro a Lula. No está en su cultura económica y empresarial la vocación de relacionarse mediante acuerdos de libre comercio.

No se plantean las mismas dificultades cuando es el propio Mercosur el que suscribe acuerdos cumpliendo con el mecanismo estatutario de la aprobación de sus integrantes. Así es como se ha avanzado en el acuerdo con la Unión Europea en una asociación comercial y estratégica. No llega a ser un tratado de libre comercio, pero sí un gran avance en un proceso continuo de apertura. En este contexto todo lo que se logre avanzar en el plano comercial con los Estados Unidos debe ser muy bienvenido.

Fuente: La Nación

bd – AP

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El juicio por la expropiación de YPF que tramita en los Estados Unidos es uno de los mayores desafíos internacionales del país. Empecemos por el monto de la condena de primera instancia: 16 mil quinientos millones de dólares; la cifra se acrecienta considerablemente si se le suman los más de 2 millones que, por intereses, se devengan por día. Si tomamos como referencia el último swap de monedas firmado con los Estados Unidos hace pocos días, se cae en la cuenta de lo que puede ser una extraña paradoja: los 20.000 millones de dólares disponibles bajo ese contrato podrían tener como destino inesperado, saldar una orden judicial del país prestamista, en virtud de un reclamo con orígenes escabrosos.

La sentencia en cuestión fue apelada por el país, junto con una orden judicial para que el Estado argentino entregue en forma de pago parcial las acciones que ostenta en YPF. Vale la pena recordar que la empresa quedó excluida de la condena en primera instancia. En la estrategia judicial de los demandantes, el intento por hacerla parte es doble: de un lado lo intentan en su apelación; del otro, sostienen que YPF es un alter ego (otro yo) del Estado, con lo que la ejecución de la condena debería incluir sus activos. De un modo u otro el objetivo es cobrarse con YPF, porque saben las dificultades de corto plazo de cobrarle a un Estado.

La semana pasada tuvo lugar en la Cámara de apelaciones del segundo circuito una audiencia en la que las partes expusieron sus argumentos ante los jueces. Antes de esta presentación oral, ya habían propuesto por escrito sus posiciones, lo que les dio a los jueces la oportunidad de estar informados con antelación. Merece la pena incorporar al análisis la elección del panel de jueces (a nivel federal en Estados Unidos, se conforma un panel para decidir cada caso): ocurrió hace pocos días, previo a la audiencia, y no era el más prometedor. Dos de los jueces, Denny Chin y José Cabranes, ya habían decidido en contra del país cuando se trató la aplicación de la ley de inmunidad soberana hace unos años y en un reclamo por default de nuestra deuda soberana. A lo que se sumaba que los tres fueron designados por gobiernos demócratas, dato no menor, si se toma en consideración que el sistema judicial norteamericano está en ebullición, a partir de la estrategia del Poder Ejecutivo de llevar rápidamente los casos de mayor densidad política (tarifas e inmigración especialmente) directamente a la Corte Suprema de Justicia, salteando las instancias inferiores.

La Argentina llegó a la audiencia con una sentencia adversa de primera instancia por un monto sideral y un panel que por sus antecedentes y conformación sugería una mirada más bien crítica a nuestros intereses. Aún cuando no se decidió nada (es probable que la cámara se expida en el primer trimestre del año entrante) es importante analizar lo ocurrido en la audiencia, especialmente el tenor de las preguntas de los jueces y su foco de atención, porque dan un indicio de cómo están pensando el caso, falencias y fortalezas de los argumentos de las partes. Y hubo acá una sorpresa con signos alentadores para los intereses del país: la mayor parte giró en derredor de un argumento que fue presentado por Argentina en su defensa sustancial hace años ya (en tiempos de la presidencia de Mauricio Macri), conocido como forum non conveniens (o foro no conveniente).

A diferencia de la defensa previa bajo la ley de inmunidad soberana que llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos y, aún perdidosa, permitió a la Argentina ganar tiempo en el juicio, la de foro no conveniente no había sido tratada directamente hasta acá. Es simple: todos los hechos del caso (la expropiación) ocurrieron en la Argentina y la ley aplicable es también la argentina, porque los estatutos de YPF, que son el eje argumental de los demandantes, así lo ordenan. Es decir que estamos ante un caso en el que hechos y ley de un país son aplicados e interpretados por jueces de otro país. La doctrina de foro no conveniente indicaría que quienes en mejores condiciones están de decidir el caso son los jueces argentinos.

Esto es esencialmente lo que se discutió en la audiencia, y como se dijo, da indicios que pueden ser leídos en clave de cauteloso optimismo. No se puede perder de vista que la investigación judicial en Argentina por este caso está en ciernes, por no decir durmiendo el sueño de los injustos, desde hace casi 20 años en el juzgado de Ariel Lijo.

Se trata del mismo juez que ha sido propuesto por el actual gobierno para ocupar un sitial en la Corte Suprema de Justicia del país. Hablando de foro no conveniente, debe decirse que toda la potencia del argumento defensivo en el juicio en Estados Unidos, se ve debilitada por situaciones locales de nuestra propia hechura, signada por incoherencia y contradicción.

Como dato que se agrega a este entramado, cabe recodar que la jueza norteamericana Loretta Preska reclama a la Argentina la entrega de chats y correos electrónicos de funcionarios y exfuncionarios en un procedimiento paralelo a la causa principal. De no hacerlo, nuestro país podría caer en desacato.

Por lo demás, resta esperar la decisión de la Cámara. Sirva como buen antecedente y lección que, cuando la defensa de los intereses del país se hace con una mirada de un único Estado con continuidad y no parcial de uno u otro gobierno, la estrategia es sólida y las chances de éxito son mayores. Así lo muestra la defensa de foro no conveniente que esperemos sirva de argumento para sacarnos de este costosísimo enredo.

Fuente: La Nación

Por primera vez, la Argentina tiene como presidente a un economista. Para algunos, se trata de una regresión al tiempo de las cavernas, porque la realidad tiene más dimensiones que la abundancia y la escasez de bienes materiales. Para otros, es una toma del poder en nombre de quienes, en el pasado, ocuparon cargos de ministros de Economía, aconsejando a presidentes a hacer bien las cuentas y sufriendo en lo personal, hasta el escarnio público, las consecuencias de no haber sido oídos.

De alguna manera, Javier Milei encarna la revancha histórica de tantos exministros desoídos, defraudados y maltratados durante años. Y ahora, a través de su boca y su lapicera, hacen lo que ellos no pudieron por falta de apoyo político. Sus sombras espectrales actúan a través del libertario, hoy ungido por el voto popular y envalentonado con atributos presidenciales, como ellos no lo habían logrado nunca.

En la Argentina ha sido proverbial el menosprecio por el equilibrio fiscal. El exalmirante Emilio Massera, desdeñando a José Alfredo Martínez de Hoz, decía que “nadie da su vida por el producto bruto interno”. En tanto Roberto Dromi, exministro de Obras y Servicios Públicos de Carlos Menem, llamó a Antonio Erman González, su colega de Economía, “contador sin visión política”. Y en 2015, Cristina Kirchner, criticando a Mauricio Macri, afirmó que “un país no es una empresa” sino una nación, con necesidades “que no deben ser cubiertas con criterio economicista, para que el balance cierre con ganancia o pérdida” y solo debe importar “cuántos argentinos están adentro y cuántos quedan afuera”. Esa infeliz metáfora fue repetida por Alberto Fernández, mientras Sergio Massa, sin criterio economicista, llevaba a la pobreza a la mitad de la población con su “plan platita”.

Los gobiernos populistas sostienen que la economía debe someterse a la política, pues la escasez de recursos no debe limitar las decisiones de gasto. Pero el rol de la política no es violentar sus reglas, sino hacer viables sus postulados para que la moneda tenga valor y la confianza atraiga inversiones. Y en la Argentina, desde que se nacionalizó el Banco Central para financiar los déficits con emisión (1946), la sensatez fue abandonada y los postulados, dejados de lado. Y así nos ha ido.

Ante cada crisis fiscal, se ha cuestionado el “excesivo” poder de los ministros de Economía por ser caras visibles de los ajustes. Han sido llamados “contadores sin visión política”, “expertos en partida doble” o “ignorantes de la realidad social”. Con esas críticas fueron denostados casi todos. Ello le ocurrió a Alfredo Gómez Morales (1952), a Álvaro Alsogaray (1962), a Adalbert Krieger Vasena (1969), a Celestino Rodrigo (1975), a Martínez de Hoz (1981), a Roberto Alemann (1982), a Juan Sourrouille (1986), a Néstor Rapanelli (1989) y a Domingo Cavallo (1996), además de quienes manejaron difíciles transiciones como José María Dagnino Pastore, Carlos Moyano Llerena, Antonio Cafiero, Lorenzo Sigaut, Juan Carlos Pugliese, Ricardo López Murphy, Hernán Lacunza y otros. A todos se les exigió estabilidad y también reactivación en marcos de incertidumbre para atenuar el impacto de los ajustes sobre la opinión pública. Y a ninguno se les permitió ir a fondo contra las mafias sindicales, los feudos estatales o los empresarios clientelistas. Con esas limitaciones nunca pudieron tener éxito, sus intentos fracasaron y el país también. En la Argentina, el cargo de ministro de Economía es políticamente incorrecto. Quizás por esa razón, Mauricio Macri no quiso tener ninguno y desdobló sus funciones entre cinco, como si un organigrama pudiese conjurar esa maldición secular.

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Esta vez las limitaciones no provendrán del Poder Ejecutivo, sino de la oposición, de los gobernadores y de los grupos de interés afectados por la reducción del gasto público, la eliminación de impuestos, la flexibilización laboral y la alineación de incentivos para aumentar la productividad

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La lectura del “Diario de una temporada en el Quinto Piso” (Juan Carlos Torre, 2022), con la descripción minuciosa y cotidiana de las desventuras del equipo económico que en 1985 diseñó el Plan Austral durante el gobierno de Raúl Alfonsín (Sourrouille, Adolfo Canitrot, Mario Brodersohn, José Luis Machinea) es la mejor forma de entender la actual gestión de Milei y quizás hasta de simpatizar con él. Impedidos de reducir el gasto estatal, privatizar empresas y realizar reformas estructurales por la vieja guardia radical (Bernardo Grinspun, Conrado Storani, Alfredo Concepción) y por los jóvenes de la “Coordinadora” que aborrecían los ajustes de “la derecha”, los ocupantes del quinto piso del Ministerio de Economía, se sentían aislados e impotentes. Su presidente los apoyaba en privado, pero carecía de convicciones para contener desbordes fiscales inconsistentes con el programa, que luego forzaban a aumentos tarifarios, ajustes del dólar y de las tasas de interés, espiralizando la carrera de precios y salarios.

Una vez que el Plan Austral dio sus primeros frutos y redujo la inflación, el “ala política” consideró que la etapa había sido cumplida y que, en vista de las elecciones de medio término, había que flexibilizarlo y dar aumentos salariales pues “la plata no alcanza”, como se dice ahora. Ya en 1984 había fracasado la Ley Mucci de democratización sindical y en 1987, luego de la derrota en las urnas, Alfonsín incorporó a Carlos Alderete (Luz y Fuerza) como ministro de Trabajo, a instancias de los operadores políticos en acuerdo con el peronismo. Un ariete de la CGT para detener cualquier reforma laboral y asegurar aumentos superiores a la inflación. Entretanto, el presidente derivaba los planteos del equipo económico a mesas de diálogo mientras proponía el traslado de la capital a Viedma, como nueva idea fuerza que disimulara la crisis en ciernes. Deprimido y frustrado, Sourrouille renunció en marzo de 1989. Meses después, se desató la hiperinflación y Alfonsín debió interrumpir su mandato presidencial de forma anticipada.

No muy distinta fue la historia de Cavallo, el ministro de Economía que logró estabilizar la moneda mediante la convertibilidad (1991). Además de recuperar el valor del austral, también realizó profundas reformas estructurales a través de privatizaciones con novedosos marcos regulatorios para los servicios públicos. Sin embargo, el presidente Menem lo “echó” en julio de 1996, luego de su reelección, fruto de la reforma constitucional pactada con el radicalismo en Olivos. Para ese entonces, Cavallo había denunciado a Alfredo Yabrán por corrupción y el riojano se sentía incómodo por el protagonismo de su ministro y del corsé que implicaba la convertibilidad para gastar como lo requería la política. A su vez, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, sostenía en público que debía abandonarse el ”uno a uno” fomentando la desconfianza en la convertibilidad.

Pero ahora y por primera vez, la Argentina tiene como presidente a un economista. Una novedad insólita, pues el voto popular no suele respaldar a quienes proponen dejar de emitir, bajar el gasto público y abrir la economía. Una rareza, resultado de tantos años de inflación y de descalabros sociales pero que debe ser aprovechada pues difícilmente se repita.

No quiere decir eso que las limitaciones políticas a los cambios hayan sido removidas, sino que esta vez no provendrán del Poder Ejecutivo, sino de la oposición, de los gobernadores y de los grupos de interés afectados por la reducción del gasto público, la eliminación de impuestos, la flexibilización laboral y la alineación de incentivos para aumentar la productividad. ¿Un economista de presidente? Quizás sea la única forma para mejorar el nivel de vida de la población ofreciendo empleos regulares y jubilaciones dignas. Un remedio de última instancia, que habrá que tomar de un trago.

Fuente: La Nación

La cuestión de los candidatos testimoniales ha vuelto a cobrar vigencia en estos días frente a distintas noticias que dan cuenta de figuras políticas que en las recientes elecciones nacionales y provinciales se postularon a cargos legislativos que no terminarán asumiendo. En algunos casos, porque han sido convocados a cubrir puestos ministeriales en el Poder Ejecutivo Nacional y, en otros, porque ya ocupaban importantes roles ejecutivos que nunca estuvieron dispuestos a abandonar pese a candidatearse a una banca legislativa.

Se trata de un problema que no es nuevo y que, en mayor o menor medida, viene repitiéndose en cada turno electoral. Este fenómeno comenzó a tornarse evidente allá por 2009, cuando el kirchnerismo gobernaba el país. Para los comicios de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, el entonces líder del partido gobernante, Néstor Kirchner, decidió encabezar la nómina de candidatos, acompañado por el entonces gobernador bonaerense, Daniel Scioli; la actriz Nacha Guevara y el entonces jefe de Gabinete, Sergio Massa. De esos cuatro primeros postulantes, solo Kirchner se incorporó al Congreso, mientras los restantes renunciaron a cumplir el mandato que les confirió la ciudadanía.

Las elecciones provinciales de Buenos Aires, llevadas a cabo el 7 de septiembre, estuvieron plagadas de casos similares. Uno de los más notables es el de la vicegobernadora Verónica Magario, quien se postuló a la cabeza de la lista de diputados provinciales en la estratégica tercera sección electoral. Por supuesto, fue elegida para ocupar una banca en la Legislatura, pero no cumplirá con ese mandato ciudadano. No pocos intendentes que se postularon como concejales en sus distritos tampoco asumirán los cargos para los que fueron elegidos y continuarán al frente de las respectivas jefaturas comunales.

Otros dos intendentes de La Libertad Avanza, Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), encabezaron las listas de la primera y la quinta secciones electorales, respectivamente, y resultaron elegidos senadores provinciales. Ambos garantizaron que dejarán sus municipios y asumirán sus cargos legislativos. Es de esperar que ello ocurra.

No será el caso el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien se postuló a diputado nacional pese a tener dos años más de mandato como mandatario provincial. otro claro ejemplo de una candidatura testimonial.

Dos de los casos que más controversia desataron en los últimos días fueron los de Manuel Adorni y Diego Santilli. El primero fue promovido desde su lugar de vocero presidencial hacia la Jefatura de Gabinete de Ministros del gobierno nacional por Javier Milei, lo cual obturó su llegada a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, pese a haber sido elegido por la ciudadanía porteña tras llevar el peso de la campaña electoral como primer postulante a legislador. Curiosamente, también una de sus principales rivales en esos comicios, la primera candidata a legisladora porteña por Pro, Silvia Lospennato, también anunció que no asumirá esa banca para permanecer en la Cámara de Diputados de la Nación, donde tiene mandato hasta diciembre de 2027. Otra lamentable decisión.

Tampoco Santilli reasumirá como diputado nacional, luego de su espectacular triunfo en la provincia de Buenos Aires, donde encabezó la lista de la Alianza La Libertad Avanza. Convocado por Milei, pasará a desempeñarse como ministro del Interior.

Tanto Adorni como Santilli han afirmado que no se consideran candidatos testimoniales. Es probable que, como señalan, no hubieran tenido certeza alguna al armarse las listas de que el presidente de la Nación iba a ofrecerles altos cargos en el Gabinete. Sin embargo, no deja de resultar inquietante para quienes los votaron encontrarse con que no ocuparán los lugares para los cuales la ciudadanía los votó.

Las llamadas candidaturas testimoniales han recibido fundados cuestionamientos, en tanto tensionan los principios del sistema democrático constitucional, se contraponen con un sistema de mandatos fijos, pueden erosionar la división de poderes y, desde luego, distorsionar la voluntad popular, por cuanto confunden a ciudadanos que deciden votar a determinado partido para ver sentado en una banca parlamentaria a alguien que, finalmente, no honrará ese mandato del electorado.

No son pocos los que se postulan a un cargo legislativo sin la real voluntad de asumir la banca. En algunas ocasiones, su presencia al frente de una lista forma parte de una especulación tendiente a sumar votos a su espacio político, y luego renuncian para quedarse en su cargo ejecutivo.

Se vulnera el derecho del pueblo a ser efectivamente representado en el Congreso o en una legislatura provincial o concejo deliberante. La candidatura se convierte, así, en una estafa electoral.

Esa situación engañosa no hace más que acentuar la desconfianza en el sistema electoral y puede incluso explicar parte de la alarmante apatía de muchos ciudadanos a la hora de votar y la tendencia hacia la disminución de la participación electoral.

Legisladores como el diputado nacional Gerardo Milman han presentado proyectos de reforma del Código Nacional Electoral con el fin de que quede claramente estipulado que un funcionario del poder ejecutivo nacional, provincial o municipal que resulte elegido como legislador nacional no pueda renunciar a la banca para mantenerse en el cargo que tenía previamente.

Por respeto a los votantes, debería fortalecerse el sistema democrático terminando de una vez por todas con estas prácticas que dañan el vínculo entre la ciudadanía y la dirigencia política.

Fuente: La Nación