Categoría: Entrevistas

En una democracia sana, las campañas electorales son el escenario donde poder desarrollar ideas y confrontarlas con argumentaciones sólidas que ayuden al votante a decidir. Lo que estamos observando por estos días en nuestro país no es una compulsa de proyectos, sino una confrontación de insultos y agresiones físicas tan deleznables como peligrosas.

Los graves hechos ocurridos en Junín y luego en Lomas de Zamora donde la comitiva presidencial fue atacada a piedrazos que muy cerca estuvieron de impactar en el jefe del Estado, quien acompañaba a sus candidatos con vistas a los comicios bonaerenses del 7 de este mes; la enajenación de los agresores que cargaron contra la secretaria general de la Presidencia mientras realizaba un recorrido de campaña previo las elecciones para gobernador de Corrientes del domingo pasado, y las violentas trifulcas entre estudiantes universitarios de la UBA sugieren algo perturbador: peligrosamente, la política está dejando de ser una discusión de ideas para convertirse en una expresión desembozada de odio.

Los responsables de cada hecho puntual deberán ser identificados y juzgados, pero conformarnos con eso sería un error. La polarización que hoy satura el clima público no es una anomalía ni un simple exceso, sino el síntoma de una crisis estructural y persistente.

El voto a Javier Milei en 2023, al margen de lo ideológico, fue expresión de un hartazgo social con una dirigencia que, durante muchísimos años, confundió gobierno con reparto de privilegios, gestión con propaganda, y disenso con traición. Fue la respuesta mayoritaria de una ciudadanía extenuada por una cultura política forjada en la simulación, la dependencia y la impunidad. La Argentina, degradada por décadas de hegemonía populista, no eligió un proyecto, sino romper con el que estaba vigente.

Como suele suceder, en los márgenes de toda hegemonía perdidosa quedan los escombros del poder fugado. Y, muchas veces, quienes se dedicaron a construir autoridad sobre la base de la sumisión al líder, la supuesta doctrina infalible y el antagonismo feroz, son los primeros en recurrir a la violencia cuando el “orden” que los legitimaba empieza a resquebrajarse y, peor aún, amenaza con seguir manteniéndolos alejados del poder.

Es sabido que el actual gobierno ha tenido en su propio lenguaje y estilo una cuota de responsabilidad en alimentar la crispación. La épica del insulto y la descalificación del adversario en términos hirientes -cuando no soeces- no han contribuido a descomprimir el ambiente ya caldeado. El Congreso, por su parte, es una clara muestra de la chabacanería rampante que domina la escena actual. La polarización que hoy contamina la política es síntoma de la magnitud de la crisis que sufre el país. Pero no por eso debe relativizarse el hecho esencial de que nada justifica la violencia.

La difusión de audios obtenidos ilegalmente, los juicios anticipados en redes sociales y en medios de prensa que se hacen eco de noticias sin ningún tipo de legitimación y la pretensión de imponer la interpretación personal como verdad absoluta son las armas preferidas de quienes buscan confundir al ciudadano y, muy especialmente, de quienes pretenden manipular al elector. Convertir cada elección en una batalla entre facciones, cada ámbito universitario en un campo de combate, cada acto de campaña en una emboscada son parte de esa estrategia de descomposición política y social. En río revuelto no siempre los pescadores logran ganancias.

No hay forma de reconstrucción posible sobre el barro de la violencia. Es esa la premisa que parecen haber olvidado los que la fomentan, tanto desde usinas del Gobierno como desde la oposición.

Es inadmisible que un presidente de la Nación sea atacado a piedrazos, que estudiantes se tomen a golpes en una universidad y que una funcionaria sea empujada y cercada por manifestantes. Decir que “la violencia es de los otros”, como si la culpa fuese siempre ajena, es una excusa inaceptable.

El voto obligatorio se vuelve formalismo vacuo cuando la ciudadanía presiente que su participación en las urnas nada va a cambiar. No debería sorprendernos entonces que crezca el ausentismo electoral. El entusiasmo se hiela ante una política convertida en espectáculo grotesco.

Es hora de dejar de buscar culpables y empezar a asumir responsabilidades. La política necesita una reforma estructural que debe empezar por lo moral. Aunque suene a verdad de Perogrullo, el adversario no es un enemigo por destruir, sino alguien con quien se disputa el poder bajo reglas compartidas.

A la violencia se la combate con instituciones que funcionen; con debates que iluminen en lugar de incendiar; con una ciudadanía que exija, pero que también se comprometa. Está en juego mucho más que un recambio de nombres en algunas gobernaciones o en cargos legislativos. Está en juego nuestro proyecto de país.

Fuente: La Nación

La Oficina Anticorrupción está facultada para solicitar a funcionarios públicos y candidatos la presentación anual de sus declaraciones juradas patrimoniales conforme lo normado por la ley de ética pública y sus modificatorias.

El diputado nacional Máximo Kirchner presentó una extensa declaración jurada patrimonial correspondiente al año fiscal finalizado el 31 de diciembre pasado. Declaró un patrimonio de 8300 millones de pesos que incluye más de 27 propiedades, tomadas a irrisorios valores fiscales. De estas, 25 son producto de la sucesión de su padre y de la herencia anticipada en vida por parte de su madre en marzo de 2016 ante el avance de las causas judiciales en contra de la expresidenta. Solo dos de ellas fueron adquiridas con recursos propios. Incluyó también dos vehículos por más de 18 millones de pesos y una suma en efectivo de casi tres millones de dólares.

Para el período fiscal anterior, hace apenas un año, Máximo Kirchner había declarado un patrimonio que totalizaba 4700 millones de pesos. Desde que presenta declaraciones, es este el salto más relevante que surge de su declaración jurada con un crecimiento de un 75%.

El impresionante aumento puede atribuirse a la revaluación inmobiliaria de las propiedades, al valor del dólar y a los cambios en la valuación de los paquetes accionarios de dos de las tres empresas de origen familiar en las que participa, que se duplicaron en el último año a pesar de su inactividad. Se trata del 55% de su participación en Los Sauces SA por unos 719 millones en el cierre anterior y que ahora asciende a 1507 millones de pesos; y a un 50% de Hotesur SA por 1086 millones cuando el año pasado era de unos 400 millones de pesos. Cabe señalar que ambas empresas están intervenidas y bajo peritajes judiciales, señaladas como canal para el reciclado de fondos ilícitos investigados en distintas causas. Máximo Kirchner y su madre están procesados por asociación ilícita y lavado de dinero e irán a juicio oral, no así Florencia Kirchner, que fue sobreseída. Parte del abultado patrimonio declarado podría ser ejecutado en el decomiso ordenado por la Justicia a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, dado que ella, mucho más modesta por cierto, apenas declaró 250 millones. No olvidemos que el juez Norberto Oyarbide, de manera más que sospechosa, sobreseyó a Néstor y Cristina Kirchner por su incremento patrimonial en 2008 al considerarlo “justificado”.

El diputado nacional no tiene más que estudios secundarios, en los que tampoco obtuvo buenas calificaciones. Guiado por el anhelo de sus padres, registró su paso por la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata pero apenas duró un año. Incursionó luego en Periodismo en TEA donde ni siquiera se presentó a rendir los parciales. Los contactos paternos le granjearon su primer trabajo como cronista deportivo siguiendo a Racing en 1997 sin que se destacara. Sin embargo, por fuera de su desempeño como diputado, su labor en el consejo nacional del Partido Justicialista o su participación en las empresas familiares no se le conocen otras ocupaciones. Sin estudios y sin trabajos en el ámbito privado, su desempeño dista de ser ejemplar.

Máximo Kirchner se esfuerza todavía por cumplir con el mandato familiar. Sus discursos de barricada cargados de ponderaciones hacia lo nacional y popular suenan risueños a la luz de su patrimonio. Qué fácil resulta arengar a los más necesitados montado sobre tamaña fortuna declarada y gozando de sus mieles. Porque hay que destacar que con dicho monto en blanco bien podemos imaginar cuántos ceros más tendrá su patrimonio definitivamente turbio, al igual que el de su hermana, otra rica heredera que solo en su caja de seguridad supo tener comprobadamente 5 millones de dólares. Detrás del sueño impuesto por sus padres de llegar a presidente, lo vemos seguir desplegando sus fallidos esfuerzos, convencido tal vez de que no es su apellido sino sus méritos personales los que lo han traído hasta aquí. De todas maneras, con dudosa proyección política, su futuro económico está mucho más que asegurado, para él y para varias generaciones de herederos.

Una fortuna amasada por quienes transitaron una vida laboral desempeñándose mayormente en la función pública debería servir para convencer a quienes aún insisten con la inocencia de los Kirchner.

La amplia mayoría de los argentinos, indignados e insultados ante cada nueva revelación sobre el latrocinio del que esta sociedad ha sido víctima a manos de los Kirchner y sus secuaces, aguarda que la Justicia siga haciendo su parte. La historia hará el resto.

Fuente: La Nación

La confianza en el mercado, el rechazo al intervencionismo estatal y la cultura del esfuerzo personal, propios del liberalismo económico, se contraponen con los valores históricos del peronismo estatista, proteccionista y prebendario. En los últimos 80 años no hubo ningún presidente genuinamente liberal y solo algunos recurrieron, para superar crisis heredadas, a ministros que intentaron aplicar reglas de estabilidad fiscal, con algo de libre mercado y un poco de apertura económica, sin éxito. Sus planes fracasaron por falta de apoyo político para ir a fondo con reformas estructurales. La mayoría solo intentó equilibrar las cuentas públicas y los menos, hacer cambios profundos, salvo durante la convertibilidad.

Así pasaron Alfredo Gómez Morales (1952-55), Álvaro Alsogaray (1962), Adalbert Krieger Vasena (1967-69), José Alfredo Martínez de Hoz (1976-81), Roberto Alemann (1982), Juan Sourrouille (1985-89), Domingo Cavallo (1991-96), Alfonso Prat Gay (2015-16) y Nicolás Dujovne (2017-19). Todos estuvieron expuestos a presiones para atenuar el impacto de sus medidas sobre la opinión pública. Las encuestas ganaron y el país se hundió con más ajustes y devaluaciones. Un argentino de 50 años soportó seis crisis con impacto institucional (1975, 1982, 1989, 1990, 2001) y cuatro coyunturales (1995, 2009, 2018 y 2023). No conoció la normalidad del trabajo formal, el orden familiar, ni pudo planear para el futuro.

En el “Origen de las Especies” (1859), Charles Darwin explicó que variaciones genéticas en el proceso de evolución dan lugar a mejoras de adaptación al medio favoreciendo la supervivencia de la descendencia. Si Darwin hubiese vuelto a la Argentina en 2023 (como en 1833) habría observado una curiosa mutación del liberalismo tradicional ya que, con el triunfo de Javier Milei, se separó de aquel linaje histórico una versión muy diferente que, por sus inusuales características, logró lo que aquellos nunca habían alcanzado: el acceso a la presidencia mediante el voto popular.

Esta variación inesperada, al incluir elementos exóticos que contrarían el estilo, los modales y hasta principios republicanos, provocó una disgregación del campo liberal con diferentes liderazgos que proponen políticas económicas similares, pero con una oferta institucional más acorde a su tradición. Esa dispersión agravó la soledad de un presidente que, entre otras excentricidades, pretendió imponer una ortodoxia vertical echando a funcionarios correctos por no responder a su hermana, ofendiendo a quienes desearon ayudarlo y agraviando a periodistas sin razón. Esa presunta superioridad moral, sin embargo, es un arma de doble filo ante cualquier sospecha de manejos indebidos, como ocurre ahora.

Sin embargo, no debe olvidarse el contexto en que ocurrió esa mutación genética. Milei fue elegido en medio de una crisis terminal con inflación del 211% anual, déficit primario del 3% del PBI, reservas negativas, brecha cambiaria del 160%, riesgo país de 2400 puntos y su corolario: 50% de pobreza, 10% de indigencia, destrucción del empleo regular y desfinanciación del sistema jubilatorio. Al no ser ministro de Economía, sino presidente de la Nación, pudo enfrentar esas calamidades con toda la decisión política que en los 80 años anteriores no existió. En solo 20 meses pudo bajar la inflación -aun liberando el cepo cambiario- mediante el freno al gasto público, el equilibrio fiscal y la no emisión de moneda, pero sin lograr las reformas estructurales para garantizar su perdurabilidad por falta de mayorías parlamentarias.

---

Es el gobierno nacional, empezando por el titular del Poder Ejecutivo, el que debe ofrecer respuestas claras frente a las dudas que carcomen a no pocos argentinos

---

Esta tensión se hizo visible al debatirse medidas con impacto fiscal, como los haberes jubilatorios, la emergencia en discapacidad, los recursos del Hospital Garrahan, el sistema de residencias, los presupuestos universitarios, los fondos a las provincias o la eliminación de distintas autarquías. La oposición, en lugar de utilizar su vehemencia para proponer drásticas reducciones en la estructura estatal, optó por el camino más fácil de aumentar el gasto por encima del existente. La misma actitud que bloqueó cambios durante las ocho décadas anteriores.

Se suele calificar como derrotas “del Gobierno” lo ocurrido en el Congreso de la Nación, sin advertir que han sido reveses que afectarán al país en su conjunto, atenta la fragilidad de la coyuntura. Tanto el kirchnerismo como los legisladores que priorizan sus trayectorias personales, parecen creer que la estabilidad está consolidada y que el déficit cero “no puede ser a cualquier costo”. No tienen idea de que la economía –por ende, el bienestar de aquellos a quienes desean proteger– funciona sobre la base de expectativas. Y que, en crisis de confianza, lo relevante no es el costo fiscal de cada medida, sino la señal que sus votos implican respecto del compromiso por preservar la estabilidad. Un poco de droga, un poco de alcohol o un poco de emisión, no deben ser tolerados en un tratamiento de adicciones. Sobre todo, cuando el enfermo registra el riesgo país más alto de Latinoamérica, solo superado por Bolivia, gracias a sus nueve defaults, dos hiperinflaciones, el incumplimiento de contratos y 50 juicios ante el Ciadi. Es crucial construir una reputación inexistente para sobrevivir como nación soberana.

La mejor prueba de esa fragilidad ha sido el reciente escándalo acerca de supuestos pagos de coimas por droguerías proveedoras de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En tiempos normales, esas filtraciones no hubiesen tenido impacto sobre los mercados. Sin embargo, como los hechos podrían involucrar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por tanto, afectar a su hermano, el riesgo país se disparó por encima de los 850 puntos y los activos argentinos se desplomaron. Ello indica que los inversores perciben que el programa económico está ligado a la permanencia individual de Javier Milei en el poder a pesar de su estilo, sus desplantes y sus extravagancias, pues fue el único que supo dar respuesta al ánimo mayoritario durante la crisis de 2023, manteniendo luego el apoyo de la gente a pesar del ajuste.

Esa ligazón con una sola persona también refleja la ausencia de un cambio cultural que asegure la continuidad del ideario liberal a partir de nuevas ideas y creencias de la población. En otras palabras, no parece haber ningún espacio alternativo entre las filas del liberalismo económico con suficiente apoyo popular para sucederlo. Como fruto de una mutación impensada, solo Milei parece ser el único antídoto contra el regreso del peronismo, tan conflictivo y dañino hoy, como hace dos años.

Ello plantea una difícil disyuntiva para quienes no quieren volver al pasado, pero tampoco desean apoyar a Milei. Sin embargo, en la historia universal muchos estadistas han superado dilemas similares privilegiando objetivos de largo plazo por sobre diferencias inmediatas. Es el gobierno nacional, empezando por el titular del Poder Ejecutivo, el que debe ofrecer respuestas claras frente a las dudas que hoy carcomen a no pocos argentinos. Solo así logrará que quienes priorizan la estabilidad fiscal, la solidez de la moneda, la creación de empleo y la erradicación de la pobreza apuesten a tejer una red de seguridad que garantice la continuidad del programa en curso, de forma independiente a las críticas que tengan hacia Milei o de sus avatares judiciales. Sin dejar de bregar por la necesidad de que se esclarezca cualquier sospecha de corrupción y de que el Gobierno se desprenda de todo aquel funcionario que pueda estar inmiscuido en actos irregulares.

Pronunciar discursos emotivos para fortalecer sus carreras políticas y luego votar contra la estabilidad, solo aumentan la desconfianza y demoran la reactivación, sin provecho para nadie. Evocando un aforismo inglés, “no se debe tirar al bebé junto al agua de su baño” (“don’t throw out the baby with the bath water”). No se debería perjudicar la precaria -pero valiosísima- estabilidad que hemos logrado, por alergia a Milei y a su triángulo de hierro. Solo se debe recordar lo ocurrido durante los últimos 80 años.

Fuente: La Nación

El informe de la Universidad de Saint Gallen sobre la calidad de las élites en los 151 países evaluados, y la colocación del nuestro en la posición 86, invitan a reflexiones sobre las que es oportuno detenerse.

¿Qué es una élite, quiénes las integran? Si la mirada se dirige al campo científico hay pocas dudas de que la élite científica, al menos, está compuesta por los investigadores y profesionales sobresalientes, por los de mayor talento y devoción hacia las disciplinas que encarnan. Si la mirada se dirige, en cambio, al campo político, las élites no necesariamente se hallan asociadas a lo más alto del poder por más que el informe de Saint Gallen procure establecer una ambigua concomitancia de esa naturaleza.

---

Las élites tienen la responsabilidad de contribuir al desarrollo más sustentable posible de las sociedades en el campo específico de su desenvolvimiento

---

Las élites tienen la responsabilidad de contribuir al desarrollo más sustentable posible de las sociedades en el campo específico de su desenvolvimiento. Las verdaderas élites orientan en el sentido más provechoso y en la dirección más fructífera, potencian los mejores valores humanos y facilitan las condiciones de prosperidad material y de afirmación espiritual de los pueblos.

Un gobernante como Stalin, justamente ahora reivindicado por la Rusia nacionalista de Putin, acaparaba como un avaricioso todo el poder disponible en la Unión Soviética. Stalin era el vértice de una “élite” en el sentido burocrático de vanguardia del mando, pero no porque fuera la expresión individual destinada a la emulación dentro del férreo poder político concentrado en ese imperio que terminó volando por los aires en 1990/91.

Desde esta última perspectiva, la que Pierre Bourdieu denominaba la élite de los “actores dominantes”, la competencia por influir sobre las sociedades ha sumado a nuevos e inesperados protagonistas: los influencers. Son tantos y tan variados que van desde un corredor de fórmula 1 con carisma que pareciera construido por inteligencia artificial para disimular sus tropiezos colosales en las pistas a una modelo descocada, que urde la curiosidad y fantasías públicas a fuerza de reiterar escándalos en calles, pubs o sets de televisión.

---

A partir de un cierto nivel y prestigio, las instituciones deben estar a cargo de los más capaces, probos y actualizados en su formación específica. Nada sería más horroroso que una academia que funcionara como agencia de colocaciones Vip

---

La Argentina había figurado en la medición anterior en el puesto 70; ahora ha cedido 16 lugares, lo que es preocupante como promedio resultante. Salen mal parados sus gobernantes, sus aspirantes a gobernar, y quienes conducen empresas o universidades. A partir de un cierto nivel y prestigio, las instituciones deben estar a cargo de los más capaces, probos y actualizados en su formación específica. Nada sería más horroroso que una academia que funcionara como agencia de colocaciones Vip.

Brasil está algo mejor que nosotros en el informe: 72, pero peor está Rusia, 99, mientras se destruye a sí misma destruyendo a Ucrania y se funde en la ignominia dictaminada en su contra por el juicio mundial. Lo hace en una guerra de más de tres años que debió haber ganado en una semana, según los cálculos generales al volcar su poderío contra el país presidido por Zelenski.

El informe de la Universidad de Saint Gallen abarca un espectro inmenso en su abanico de consideraciones a fin de llegar a la evaluación final: apertura de la economía, regulaciones, transparencia de los negocios públicos y privados, participación ciudadana, libertad de prensa, movilidad social, porcentaje de mujeres en el ejercicio efectivo del poder, derechos humanos, y esa variante de acrónimo tan elástica que cada tanto agrega una nueva inicial a lo que se propone: LGBTI+. Es evidente que la segunda parte de los recaudos sopesados en el informe han pesado más decididamente que los del encabezamiento económico.

En este, como en cualquier otro estudio internacional de naturaleza equivalente, es inevitable preguntar por el papel que cumplen los intelectuales en las sociedades evaluadas. ¿Cuál es, en efecto, el grado de receptividad de las ideas de aquellos a quienes se supone preparados para cuestionar a todos, o a todo, como se decía en su tiempo de Jean-Paul Sartre, que no era precisamente el intelectual de propuestas más luminosas para una república democrática, tolerante y renuente a aceptar los intentos de instaurar el pensamiento único?

El galardón número uno correspondió en el informe de Saint Gallen a Singapur; el segundo, a los Estados Unidos, por el impacto de la inteligencia artificial desarrollada por sus empresas tecnológicas, no por la política atrabiliaria de Trump en su medio año de gobierno; el tercero, a China, con méritos también fundados en la creatividad de sus científicos en la elaboración de inteligencia artificial. Después siguen Japón, Corea, Qatar, Nueva Zelanda y Alemania, en ese orden.

Trabajos como el que analizamos aquí ilustran sobre cómo y dónde está parado el mundo. Lo decimos con la esperanza de que el estudio realizado gravite en apreciación del papel de las élites, pero mucho más que por la coacción que deviene del ejercicio autoritario del poder, por el resultado que se obtiene de replicar la influencia moral y sabiduría de los mejores.

Fuente: La Nación

Las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre marcan una tendencia que, lejos de ser novedosa, se ha consolidado como uno de los rasgos más inquietantes de la Argentina contemporánea: la proliferación de candidatos sin trayectoria política relevante, sin formación técnica específica o sin compromisos explícitos con el trabajo parlamentario. Entre ellos, figuras de la farándula, del deporte, los medios de comunicación, el sindicalismo, el empresariado y cualquier otra actividad alejada de la política como actividad.

Tanto es así que ya no constituye una sorpresa la aparición de esos personajes, pero sí que cada vez sean más. Su incorporación en listas legislativas —Virginia Gallardo, Karen Reichardt, Claudio “el Turco” García, Sergio “Tronco” Figliuolo, Larry de Clay, el regreso como aspirante del mediático abogado Fernando Burlando, del que aún se recuerda un anterior spot de campaña en el que aparecía uno de los condenados por el crimen de José Luis Cabezas y el papelón protagonizado por Jorge Porcel (h.), que renunció horas después de haber sido nominado en la lista de Marcelo Peretta, quien días atrás agredió a Eduardo Feinmann, entre otros— parece responder más a una estrategia de marketing que a una propuesta política seria. La farandulización del Congreso, lejos de ser un síntoma ocasional, es una maniobra sostenida y transversal. Lo hace La Libertad Avanza, lo hace el peronismo, lo hacen sus socios ocasionales y también partidos que, sin chances reales de obtener resultados destacados en los comicios, al menos apuestan al golpe de efecto.

Pero si la profusión de outsiders genera cierto asombro, el reciclaje constante de nombres conocidos del suelo –y no pocos del subsuelo- de la política provoca un acostumbramiento que, lejos de contribuir al interés del electorado, resulta soporífero, especialmente teniendo en cuenta que muchas de esas figuras no han demostrado habilidades de las cuales jactarse. Allí aparece, entre tantos otros, Alberto Samid, oscuro empresario de la carne, hoy candidato a diputado nacional por el Frente Patriota Federal, una fuerza liderada por Alejandro Biondini. Que ambos encuentren espacio político en 2025 no es un dato menor, sino una señal clara de cómo el sistema permite la reaparición periódica de figuras que, por dudosa trayectoria o por ideología perimida, deberían haber sido superadas hace décadas.

En la otra punta del espectro, los supuestos “nuevos” también juegan a la vieja política. El caso de Juan Grabois es sintomático: tras semanas de amenazas públicas de ruptura con el peronismo, finalmente negoció su lugar en la lista de “unidad” de Fuerza Patria. Su retórica desafiante demostró ser una archiconocida estrategia de presión para asegurarse ser nominado en un lugar expectable para tratar de hacerse de una banca. Es difícil no preguntarse: ¿qué tipo de renovación es posible si incluso los “emergentes” reproducen las peores prácticas del pasado?

Hay algo profundamente regresivo en esta repetición: el Congreso no se perfila como el espacio donde se debaten los grandes desafíos del país, sino como una suerte de vitrina para egos heridos, famosos extrapolíticos y operadores con más ambición que ideas. Si cualquier persona puede ser candidata sin haber demostrado capacidad alguna para legislar sobre las grandes problemáticas tan técnicas como arduas del país, ¿cuál es el umbral de exigencia ciudadana? ¿Dónde queda la responsabilidad de representar a millones en un sistema que requiere expertise, preparación, diálogo y capacidad para negociar?

Los defensores de estas candidaturas apelan a la legitimidad del voto. “Si la gente los elige, tienen derecho”. Nadie discute eso. El problema no es la legalidad de las candidaturas, sino su legitimidad intelectual y –no menos importante- su integridad ética. El Parlamento no es un set de televisión ni un estadio ni un club de amigos. Es el lugar donde se redactan leyes, se discute el presupuesto, se revisan decretos y se define el rumbo institucional del país. No se trata solo de tener “empatía con la gente” o “llegar a los barrios”, sino de comprender los marcos normativos, los procedimientos parlamentarios y los desafíos profesionales que plantea cada discusión legislativa.

---

“Llenar las listas” antes que conformar eficientemente nóminas comiciales es anteponer lo conocido, lo ruidoso y lo visible a lo competente

---

Paralelamente, sigue escaseando una verdadera apuesta por cuadros jóvenes, con formación sólida y experiencia en sectores claves de la administración pública, el derecho, la economía, la ciencia o la educación, entre otros. “Llenar las listas” antes que conformar eficientemente nóminas comiciales es anteponer lo conocido, lo ruidoso y lo visible a lo competente. Como si el Congreso fuera un depósito de nombres reconocibles de donde ya no se espera excelencia, sino simplemente que ocupen un lugar.

La pregunta, entonces, es doble: ¿por qué los partidos renuncian sistemáticamente a formar nuevos dirigentes con la debida preparación?. Y ¿por qué una parte del electorado tolera —cuando no celebra— esta banalización del rol legislativo?

Mientras el Congreso se convierte en una pasarela de vanidades o en una agencia de empleo para los mismos de siempre y los advenedizos, los problemas estructurales del país siguen sin resolverse. No se trata de elitismo ni de excluir a quienes provienen de ámbitos no académicos o no políticos. Se trata, simplemente, de que un cargo legislativo no debe ser nunca un premio consuelo, un pago de favores, una apuesta “a ver cómo sale” o una segunda oportunidad para famosos en busca de reflectores.

---

Un cargo legislativo no debe ser nunca un premio consuelo, un pago de favores, una apuesta “a ver cómo sale” o una segunda oportunidad para famosos en busca de reflectores

---

Tal vez ya no sorprenda tanto ver listas llenas de personajes atípicos, pero que no sorprenda no significa que no sea grave. Y si el Congreso se vuelve irrelevante para la sociedad, quizás no sea solo por su falta de poder real, sino por la carencia de idoneidad de muchos de quienes lo integran.

La política puede seducir con rostros conocidos. Gobernar y legislar con resultados es algo mucho más delicado.

Fuente: La Nación

3

---

“El sistema acusatorio en la Justicia Federal, una reforma irreversible”, escribió en diciembre pasado en este diario el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Desde hace tiempo que el Gobierno quiere avanzar con el cambio en el procedimiento acusatorio en la Justicia Federal de la Capital, pero parece no actuar en consecuencia. Se trata de poner en marcha en forma plena el proceso acusatorio, que requiere muchas acciones del propio Gobierno con la provisión de cargos judiciales, reformas edilicias y una asistencia presupuestaria que no se vislumbran. Es contradictorio anunciar y dar la orden si no se actúa en la misma dirección: el primer comienzo, anunciado para el 11 de agosto ya se ha postergado y todo indica que, si no hay cambios urgentes –complicados en épocas de elecciones– tampoco llegará en la próxima fecha prevista ahora para noviembre. Un eventual cambio posterior en el gabinete nacional, que, como a todos sus integrantes, podría incluir al ministro de Justicia, lo podría dejar con una gestión vacía de contenidos.

Cuando ha pasado ya casi medio siglo de haber comenzado durante el gobierno de Raúl Alfonsín un proceso de transformación del sistema penal inquisitivo hacia uno oral acusatorio que se ajusta mejor a la filosofía de nuestra Constitución, todavía lo sigue esperando la capital de la República. El cambio, en síntesis, implica que en lugar de un juez penal que investiga y falla con un procedimiento predominantemente escrito (como el que entonces regía), comienza uno preferentemente oral, donde hay un fiscal que investiga y acusa, una defensa que actúa y un juez que no se involucra en la investigación, siendo por ello más imparcial a la hora de juzgar.

Es bueno aclarar que la reforma no suprime ni sustituye a los magistrados por los fiscales. Los jueces siguen “conociendo en los juicios” como dice la Constitución nacional. El fiscal no suplanta al juez: se suma al expediente como otro funcionario muy importante, pero en una tarea que no empequeñece a la otra. Los jueces tendrán, quizás, un rol que podría ser aún más relevante porque, al alejarse de muchas tareas que ahora van a recaer en cabeza del fiscal, tendrán más tiempo y libertad para analizar la prueba y fallar.

El cambio de aquel juez de instrucción a este esquema es crucial y representa una mejor calidad de justicia, más transparencia y más garantías para las partes y para la sociedad. Naturalmente, requiere muchos más recursos, por su mayor complejidad. Décadas atrás hubo un debate conocido como ‘tinta vs. saliva’ en el que el gran procesalista Mario Oderigo comparaba el proceso escrito como una producción industrial en cadena, en tanto que veía a la oralidad algo más artesanal, mejor pero más compleja y costosa.

Al sancionarse en 2014 el Código Procesal Penal Federal, la gestión del ministro de Justicia Germán Garavano avanzó con el proceso acusatorio en la Justicia Federal en muchas provincias. Con el cambio de gobierno en 2019, a cargo de Alberto Fernández, la implementación, que se había proyectado en forma gradual, sufrió una pausa, y es lo que el actual ministro quiere corregir en esta gestión y ya lo ha hecho en algunas jurisdicciones.

La implantación del sistema acusatorio todavía requiere varias acciones. La incoherencia de requerir la implementación sin facilitar los elementos es notoria. Respecto de los recursos materiales, podría suponerse que la actitud del Gobierno no difiere de otras que se toman en otras áreas y que se traducen en que “no hay plata”. El aumento del presupuesto no ha sido, por otra parte, bien precisado y justificado. En lo que hace a los recursos humanos, la situación es crítica. Un tercio de los cargos de magistrados está vacante y no se perciben esfuerzos para agilizar los acuerdos de designación. Esta deuda, que se arrastra de gestiones anteriores, se agrava con el paso del tiempo. Incluso el fuero Penal Económico, con solo dos de seis magistrados, se ha sumado a la postergación. También faltan fiscales, según reclamos del Ministerio Público. Sin embargo, fuentes especializadas sostienen que esta carencia podría paliarse con el uso de auxiliares. Respecto de las reformas edilicias, el Consejo de la Magistratura ha difundido avances interesantes y la Cámara Federal de Casación Penal creó los Colegios de Jueces en la Justicia Federal para la llegada del sistema acusatorio a Comodoro Py.

Fuentes autorizadas afirman con datos empíricos que no es que falten recursos, sino que falta voluntad. Lo atribuyen a discutibles razones políticas por no considerarlo algo prioritario para el Gobierno, pero quizás sea más probable atribuirlo a un cierto desgano para enfrentar el cambio que sin dudas es preciso provocar. A más de diez años de la sanción del Código, no hay excusas para no haber tomado las medidas necesarias. Si el Gobierno desea dejar una marca significativa en su gestión, es imperativo que actúe con coherencia y facilite los recursos correspondientes a las estructuras judiciales.

Para que el sistema acusatorio finalmente se ponga en marcha en la Justicia Federal de la Capital se necesita un esfuerzo decisivo entre el Gobierno, las cámaras judiciales y el Ministerio Público. Solo así la Constitución y su espíritu de justicia imparcial y transparente podrán llegar de una vez por todas a Comodoro Py.

Fuente:m La Nación

La inseguridad en la provincia de Buenos Aires ha dejado hace ya mucho tiempo de ser una contingencia, algo pasajero, episódico. Lamentablemente, se ha convertido en una condición estructural que erosiona la vida cotidiana, socava la confianza en las instituciones y profundiza la fragmentación social. La Matanza, por citar uno de los distritos más calientes del conurbano, se ha transformado en el epicentro más crítico de esta crisis, y no solo por la magnitud del delito —la pérdida de tan solo una vida a manos de la delincuencia es motivo de preocupación—, sino también por la violencia con la que se ejerce y la impunidad con la que se mantiene.

Los datos oficiales de 2024 dan cuenta de que ese distrito registró 155 homicidios, con una tasa de 8,11 cada 100.000 habitantes, muy por encima del promedio bonaerense (4,76) y del nacional (3,8). Hubo 90 casos diarios de robos, más del doble que hace una década, y el 80% de los delitos fueron cometidos con armas de fuego, un dato que habla tanto del deterioro del control estatal como de la expansión del crimen.

Detrás de cada cifra hay una vida que se perdió, una familia destrozada y un enorme temor a salir a la calle. Rita Suárez, asesinada frente a su hijo en Villa Luzuriaga; Esmeralda Bustamante, acribillada al intentar defender a su hermana policía en Laferrère, y Dylan Cortez, ejecutado por un menor de 17 años en Ingeniero Budge como consecuencia de una discusión barrial, son apenas unos pocos ejemplos, pero suficientes para retratar el drama.

La multiplicación de víctimas convive de manera nefasta con la impunidad que exhiben los delincuentes. En La Matanza, el reciente velatorio de Lautaro Figueroa, ladrón que murió durante un tiroteo con la policía al intentar robarle la moto a un hombre, fue una muestra de distorsión moral y provocación: lo despidieron con el tronar de motocicletas acelerando durante la madrugada, disparos al aire y una obscena exhibición de armas sobre el ataúd. El delito se celebra mientras el Estado mira desde lejos como si fuera un mero espectador carente de responsabilidades.

Una parte sustancial del problema radica en el uso sistemático que la delincuencia hace de menores de edad, liberados una y otra vez por un sistema judicial desbordado, sin estructura para contener ni herramientas para reinsertarlos. Muchos de ellos actúan como piezas funcionales del delito organizado, sabiendo que no enfrentarán penas. No pocos niños y adolescentes con vidas marginales se han transformado en mano de obra barata de organizaciones delictivas, dedicadas al hurto, al robo y hasta al narcotráfico, tal el caso de los “soldaditos de la droga”, al servicio de organizaciones mafiosas vinculadas al tráfico de estupefacientes.

Como ya hemos dicho desde estas columnas, no resulta razonable que personas que registran varias intervenciones criminales continúen en libertad, más allá de que sean menores de 16 años. Son peligrosas para la sociedad y para ellas mismas, ya que desconocen el valor de la vida. El ineficaz funcionamiento del sistema reeducador de los institutos de menores o de las cárceles no puede ser una excusa para que los responsables de impartir justicia dejen en libertad a menores o adultos cuyo comportamiento se asocie con el delito como medio de vida. Estamos convencidos de que la reducción de la edad de imputabilidad —proyecto que ya cuenta con dictamen de comisiones en Diputados—, lejos de criminalizar a menores en riesgo, sancionará y prevendrá a quienes han caído en el crimen, al tiempo que tendrá un efecto disuasivo y ejemplificador.

Frente a esta tan triste como evitable realidad, parte de la dirigencia política ha elegido el silencio. El gobernador Axel Kicillof no ha asumido públicamente la dimensión del problema, reduciéndolo a la espasmódica entrega de patrulleros o a otras acciones aisladas que no van al fondo de la cuestión. El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por su parte, evitó referirse a los recientes homicidios ocurridos en su distrito. Mientras tanto, los vecinos, hartos de promesas incumplidas, viven enrejados, modifican rutinas, evitan salir de sus casas y se organizan entre ellos para protegerse.

En lo que va del año, al menos 17 policías han sido asesinados en servicio. Si ni el uniforme representa un límite para el delito, ¿qué esperanza puede tener el ciudadano común?

La inseguridad no es solo un problema policial o judicial. Es, ante todo, una cuestión política. Es el resultado de años de desinversión, improvisación y ausencia de planificación. No hay política de seguridad sostenible sin prevención, sin profesionalización de las fuerzas, sin inteligencia criminal, sin decisión de quienes por mandato electoral ejercen el poder de turno. Urge recuperar la autoridad legítima del Estado, ofrecer justicia eficaz y devolverles a los vecinos la tranquilidad que han perdido. El miedo no puede ser el nuevo contrato social.

Fuente: La Nación

No hay dudas de que el gobierno de Javier Milei ha emprendido con éxito y no poco reconocimiento una importante y necesaria tarea para dejar atrás vicios que durante décadas han signado la economía argentina, tales como el enorme gasto improductivo del Estado, el crónico déficit fiscal y los elevadísimos niveles de inflación. Es también incuestionable que ni la líder del kirchnerismo ni muchos de sus dirigentes carecen de autoridad moral para reclamar a las actuales autoridades nacionales por la transparencia que ellos no exhibieron en su prolongada gestión gubernamental. Nada de eso debe impedir que la sociedad exija de sus gobernantes las indispensables explicaciones frente a las sospechas que, en los últimos días, abundan tras las presuntas revelaciones de un exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sobre el cobro de coimas a proveedores de medicamentos, ni que la Justicia actúe con la debida celeridad para esclarecer este episodio.

Como lo ha señalado LA NACION desde un principio, las sospechas han surgido ante la difusión de grabaciones clandestinas, seguramente obtenidas de manera ilegal y luego editadas, en las cuales quien estaba al frente de la Andis, Diego Spagnuolo, se quejaría de la existencia de coimas a droguerías que proveen al Estado de medicamentos para personas con discapacidad y mencionaría como presuntos destinatarios de esos pagos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su subsecretario, Eduardo “Lule” Menem.

Ni bien trascendieron esos audios, el presidente de la Nación dispuso echar “de manera preventiva” a Spagnuolo y al director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis, Daniel Garbellini, señalado en esas grabaciones como posible encargado de organizar la ruta de los sobornos. Al mismo tiempo, la Justicia, a través del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi, dispuso diversos allanamientos, en los cuales secuestró teléfonos celulares y otros potenciales elementos probatorios de aquellos exfuncionarios y de empresarios vinculados a la Droguería Suizo Argentina, mencionada en una de las grabaciones en las que se da cuenta del presunto pago de sobornos.

De acuerdo con una investigación de este diario, la citada empresa multiplicó sus negocios con el Estado, pasando de firmar contratos por $3898 millones en 2024 a $108.299 millones en lo que va de 2025, según surge de las cifras de licitaciones públicas y privadas y de las contrataciones directas que obtuvo la compañía. La Justicia allanó en los últimos días domicilios y oficinas de los dueños de la Droguería Suizo Argentina. A uno de ellos, Emmanuel Kovalivker, se le secuestraron unos 266 mil dólares distribuidos en sobres papel madera que se hallaban en su automóvil.

Frente a un caso de posibles sobreprecios y coimas en la adquisición de medicamentos por el Estado, sí habría un despilfarro de recursos públicos

No puede desecharse la posibilidad de que la súbita aparición de las grabaciones, a solo semanas de la concurrencia a las urnas en la provincia de Buenos Aires, forme parte de una operación política, como acaban de afirmar funcionarios del Gobierno. Sin embargo, no puede eso impedir que se procure conocer toda la verdad acerca de una cuestión tan grave como la presunta existencia de coimas y sobreprecios en la venta de medicamentos al Estado.

No se trata de hacerle el juego al kirchnerismo, sino de bregar para que el gobierno de Milei no caiga en algunos de los vicios propios de la vieja casta política que asegura combatir y para que, justamente, no se parezca en nada al kirchnerismo.

El actual titular del Poder Ejecutivo ha construido su capital político y ha sido beneficiado con el voto de la mayoría del electorado no solo a partir de una narrativa crítica del gigantismo del Estado y de los viles negocios de la política, sino también de un discurso anticasta.

La confirmación de un episodio como el de las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad podría terminar asociando al gobierno de Milei con un típico negociado de la casta. Se trataría de un escándalo de proporciones, probablemente más grave que el llamado “criptogate”, por cuanto frente a este último el primer mandatario podía esgrimir que no había dinero del Estado afectado; por el contrario, frente a un caso de posibles sobreprecios y coimas en la adquisición de medicamentos para personas con discapacidad por el Estado, sí habría un despilfarro de recursos públicos.

Se impone, por esas razones, que al tiempo que la Justicia esclarezca sin dilaciones el caso, el Gobierno ofrezca toda la colaboración necesaria y se deshaga rápidamente de cualquier funcionario que pueda haber estado implicado en el incumplimiento de sus funciones.

Fuente: La Nación

La conexión masiva y la enorme capilaridad que ha ganado la tecnología en el mundo, conduce a asignar recursos y esfuerzos en lugares donde la ecuación calidad-precio se optimice. La industria del conocimiento, que agrupa al software, al diseño gráfico, los servicios audiovisuales y hasta la nanotecnología, entre otros, tiene lo que podríamos llamar una demanda infinita. No enfrenta aduanas, no requiere de containers, no involucra días de viaje ni problemas logísticos, no hay hoy impacto de aranceles ni disputas geopolíticas. Bastan la conectividad y el talento para que unas 8800 empresas, de las cuales el 98% son pymes, operen en la Argentina.

Nuestro país tiene un potencial enorme en este terreno. La economía del conocimiento exportó durante el año último 8927 millones de dólares, 15,5% más que en 2023 según datos publicados en Argenconomics. Se trata de una cifra récord que duplica el promedio del ritmo de expansión de las exportaciones mundiales. Los servicios basados en el conocimiento representaron 9,2% de las exportaciones argentinas, posicionándose como el tercer complejo exportador del país, con guarismos similares a los del sector automotriz. Sin embargo, según la Organización Mundial del Comercio (OMC), la participación argentina en las exportaciones globales de servicios basados en el conocimiento cayó del 0,37% en 2010 al 0,25% en 2023, según últimos datos disponibles. En América Latina y el Caribe, nuestro share pasó del 17% al 13%.

Este universo de exportaciones tiene sus particularidades. Es común que se asocie a la economía del conocimiento exclusivamente con el software, una parte muy importante que representa el 30% de estas exportaciones y que generó 6000 empleos en 2024, con más de 6400 empresas operando en la Argentina. El 63% corresponde a servicios profesionales altamente calificados que nuestro país vende al mundo. El grueso de este volumen lo explican las grandes operaciones de empresas multinacionales que alocan contrataciones de profesionales argentinos para exportar servicios a sus casas matrices (Exxon, Chevron, JP Morgan, entre otras) o a clientes internacionales que necesitan soluciones de calidad (EY, PwC, Accenture, por ejemplo).

El diferencial argentino en estos segmentos está en el talento, creatividad, capacidad de adaptación y afectación a soluciones para servicios de mayor complejidad de nuestros profesionales, que manejan un nivel de inglés por encima de la media regional, sumado a las ventajas de huso horario compartido con el resto de las Américas. Por todo esto, la Argentina es un jugador fuerte y de gran potencial.

No es fácil cuantificar el número de profesionales dedicados a la economía del conocimiento, pues tanto pueden ser parte de una actividad exclusiva para una empresa como estar integrados a una actividad principal específica diversa. Por ejemplo, son profesionales de la economía del conocimiento los dedicados a soluciones informáticas, software e ingeniería de sistemas; aquellos contadores, administrativos y abogados que exportan sus servicios al mundo; también los ingenieros que trabajan en el diseño de piezas en una terminal automotriz o una metalmecánica autopartista; los biotecnólogos que se dedican a mejorar el rinde de semillas en el agro, los ingenieros que en Vaca Muerta desarrollan soluciones de machine learning e inteligencia artificial para explorar mejor, en menos tiempo y con mejores resultados.

El Ministerio de Economía desarrolló una medición sobre la base de las actividades promovidas por la ley de economía del conocimiento, que establece que existen 277.000 empleos, con casi el 60% de los trabajadores pertenecientes a la industria del software. Este número es el que recoge Argenconomics -publicación de Argencon, la asociación de la economía del conocimiento- que se complementa con una estimación más amplia tomada de las estadísticas del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), enfocándose en trabajos cuya actividad principal es economía del conocimiento (aquí se suman publicidad, investigación y desarrollo, entre otras) y que llega a 348.000 empleos. Si consideramos actividades de otros rubros que emplean economía del conocimiento, pero que carecen de medición precisa, las estimaciones llegan al medio millón de empleos.

El futuro de una Argentina pujante con desarrollo e inclusión también circula por este carril. Un objetivo posible para la próxima década es mejorar nuestro perfil exportador en este terreno y recuperar protagonismo, con una meta de 30.000 millones de dólares si las condiciones lo permiten, en línea con países comparables. El potencial del talento y la creatividad local abre un sinfín de posibilidades. La economía del conocimiento asegura promisorias oportunidades.

Según la Real Academia Española, rehén es una persona retenida por alguien para obligar a un tercero a cumplir ciertas condiciones. No menciona, en cambio, la versión más perversa de la política: el chantaje moral. Esto es, cuando se utilizan grupos vulnerables para forzar, mediante el peso de la opinión pública, medidas contrarias al bien común en nombre de un humanismo tan falso como oportunista.

Existe ahora una inédita posibilidad de cambio profundo en el país, para sentar las bases que permitan mejorar el nivel de vida de la población con empleo regular, educación de calidad, vivienda digna, acceso a la salud, seguridad pública y cobertura previsional. Esos objetivos solo podrán lograrse si la Argentina logra recuperar su moneda, equilibrar sus cuentas fiscales e integrarse al mundo de forma consistente, durante varios años. Con una mochila de nueve defaults, dos hiperinflaciones, veintidós acuerdos con el FMI y trece ceros menos al peso desde 1992, necesita construir una reputación inexistente. Demostrar convicciones firmes como si todos los dirigentes, por arte de magia, fuesen estadistas y la población, japonesa. Sin más agachadas, ni picardías de comité. La regla del déficit cero cumple ese rol.

La llave la tiene el peronismo con sus senadores, diputados, gobernadores, intendentes, sindicalistas y dirigentes empresarios. El riesgo país es, en esencia, riesgo peronista.

Pero la destrucción de la moneda, el desequilibrio fiscal y el credo aislacionista no han sido resultado de un evento desafortunado en nuestra evolución natural, sino la matriz de un modelo que enriquece a pocos y degrada a la mayoría. Casi la mitad de lo producido en la Argentina se canaliza a través de la política. Es decir, del sector público. Y como todo gasto estatal es siempre un ingreso privado, esa expansión desmesurada tiene correlato en la bonanza de bolsillos individuales. Dicho de otra manera: tiene dueños que la defenderán con uñas y dientes hasta el final. Incluso tomando de rehenes a los ancianos, las mujeres y los niños para forzar el fracaso del déficit cero.

El actual Parlamento no desea acompañar reformas que modifiquen ese statu quo y, al oponerse, impide generar confianza para que ingresen capitales y se mejore la actividad económica. Ni tampoco permite “nivelar la cancha” como piden las pymes para reducir costos y competir en una economía abierta. La llave de esa cerradura la tiene el peronismo con sus senadores y diputados, gobernadores e intendentes, sindicalistas y dirigentes empresarios. El riesgo país es, en esencia, riesgo peronista.

El temor de dejar lo “malo conocido” por lo “bueno por conocer” fue propicio para que los malos conocidos presagien calamidades rogando que el dólar se escape y la inflación se dispare

Para lograr que los cambios -los hechos y por hacer- no queden sujetos con alfileres, se requiere remacharlos con votos que los convaliden. Así no quedarán dudas respecto de la voluntad colectiva de transformación pues, sin ella, serán flor de un día. Solo mediante mayorías legislativas será posible doblegar la fuerza de quienes defienden el clientelismo improductivo, las contrataciones arregladas, los mercados cautivos, los abusos laborales, la prepotencia sindical y las rentas de privilegio.

Ese desafío pone en peligro estructuras de poder consolidadas por décadas de populismo en los partidos, en los sindicatos, en las cámaras y en las profesiones. Sin omitir a las universidades, los tribunales, las provincias y los municipios. Y no nos referimos a la corrupción, pues ella es pública y notoria, sino al impacto negativo que tantos incentivos torcidos han tenido sobre los quehaceres argentinos hasta convertirlos en una madeja de improductividad.

El temor de dejar lo “malo conocido” por lo “bueno por conocer” ha sido propicio para que los malos conocidos enciendan alarmas y presagien calamidades rogando que el dólar se escape y la inflación se dispare. Quebrar el equilibrio fiscal es su último intento para afectar las expectativas y revertir la dirección del voto popular. Quieren que la flecha de Paris no falle y acierte en el talón del Aqueo antes de octubre.

Su estrategia es utilizar a los jubilados, a los discapacitados, a los niños y a los enfermos como rehenes de un chantaje moral que convoque a aliados impensados, desde la propia derecha hasta el progresismo populista. Y de ese modo forzar, mediante el peso de la opinión pública, aumentos del gasto estatal sin financiación suficiente, en nombre de un humanismo que jamás han sentido. Ni cuando arrojaban bolsos ni cuando contaban billetes ni cuando los lavaban en hoteles.

No les importa la situación de aquellos, sino su propia imagen diciendo que les importa la situación de aquellos. Durante las últimas décadas nada hicieron para mejorarla, salvo anuncios efímeros siempre desmentidos por la realidad. En diciembre de 2023 se había alcanzado un 50% de pobres y un 10% de indigentes, pero entre los chicos entre 13 y 17 años la pobreza sumergió al 59% y la indigencia, al 19%. El 40% de quienes trabajan no aportan al sistema previsional pues carecen de empleo regular y de obra social. Esas cifras espeluznantes no son resultado de una guerra o de un cataclismo, sino de un gasto público que creció “en el aire” mediante una secuencia de medidas exactamente iguales a las que ahora enorgullecen a quienes las votan.

Todo ello cobra vigencia al debatirse los haberes jubilatorios, la emergencia en discapacidad, los gastos del hospital Garrahan, el sistema de residencias o los presupuestos universitarios. O cuando gobernadores reclaman fondos sin hacer el menor esfuerzo por achicar gastos propios pues tienen poco para ganar, ante sus votantes si el riesgo país baja y mucho para perder si reducen sus estructuras.

Existe un amplísimo menú de egresos que podrían rebajar, si de verdad quisieran, para atender a los más vulnerables sin revertir la estabilidad de precios, pero no es lo que desean, sino lo contrario. Hay 4 millones de empleados públicos, un tercio en puestos nacionales y dos tercios en provincias y municipios. En la órbita política, son 1525 legisladores, de los cuales 329 ocupan bancas nacionales y 1200 en las legislaturas locales. Sumados a los asesores y “chocolates” varios hay mucho dinero sin control que podría destinarse a quienes hoy reclaman. Recordemos que son 10 millones los jubilados y pensionados en el país, de los cuales los de Anses (6.1 millones) insumen el 60% del presupuesto nacional y más de la mitad corresponden a moratorias y pensiones no contributivas. Todos son gastos, todos son “derechos adquiridos”, todos son amparos, todos son cheques sin contrapartida de ingresos. Ese es el problema de fondo, la causa por la cual la inflación llegó al 211.4% en 2023 y por la cual siempre busca regresar, oculta tras el ropaje de las buenas (o las malas) intenciones.

Como los precios se han calmado, las encuestas demuestran otras preocupaciones, desde la dificultad para llegar a fin de mes a la lenta reactivación económica. En respuesta, algunos proponen nuevas estrategias cambiarias o monetarias sin advertir que el problema no es técnico, sino político. No bastan los DNU ni las circulares del Banco Central ni las resoluciones de ARCA. Para satisfacer aquellos malestares sociales se requieren leyes que reduzcan la carga tributaria, eliminen organismos, flexibilicen los vínculos laborales, supriman privilegios y permitan acuerdos de libre comercio. Que los representantes del pueblo levanten la mano y aplaudan de pie, como en el default de 2002, sin cruzar los dedos bajo sus bancas.

Por primera vez el presidente es economista y tiene la decisión de cumplir con su programa. Siempre fue a la inversa y los mejores ministros nunca lograron que sus consejos fueran adoptados por sus presidentes, que los metían en un cajón. Salvo José Ber Gelbard, en 1973, cuyo programa culminó en el Rodrigazo dos años más tarde. Ahora se toma como un dato el “respaldo presidencial” que antes nunca existió y, asumiendo como normal esa insólita realidad, se proponen alternativas de corto plazo que pueden afectar el índice de precios, desconociendo la importancia de las próximas elecciones. La firme convicción del Presidente no es suficiente, se necesitan votos para que esa fe transformadora pueda cristalizarse en realidades.

Se debe aprovechar aquella conjunción de astros para completar lo existente, con lo que aún falta. Pues si no se logran mayorías parlamentarias no habrá reformas estructurales, ni cambiará el modelo, ni se abatirá la pobreza. El mercado lo advertirá, el riesgo país subirá, no ingresarán capitales y nadie llegará a fin de mes, salvo quienes continúen prosperando bajo el paraguas del mismo Estado deficitario, prebendario e ineficaz que los acogió hasta ahora.

En ese momento se verificará si, además de perder a los rehenes más vulnerables por culpa de quienes los usaron para extorsionar, también hemos malogrado a toda la población, prisionera de un sistema funesto y moralmente injusto, al haber quebrado una regla tan simple como el déficit cero.

Fuente: La Nación