Categoría: Entrevistas

La provincia de Río Negro ha otorgado asistencia financiera a la empresa Alcalis de la Patagonia (Alpat) por la suma de 793.300.000 de pesos mensuales para cubrir el impacto de las tarifas del gas natural, que representan el 46% de sus costos de producción, culpando al gobierno nacional por haberlas aumentado y por la apertura de las importaciones que “ponen en peligro el sustento laboral de casi mil familias” vinculadas a esa empresa. El tema tiene actualidad en un momento en que las provincias reclaman más fondos al Gobierno por no alcanzarles lo que tienen para cubrir sus servicios esenciales como educación, salud y seguridad.

Este nuevo favor oficial a Cristóbal López y a su socio, Fabián de Sousa, fue denunciado por la diputada Lorena Villaverde (La Libertad Avanza-Río Negro), quien acusó al gobernador de ese distrito, Alberto Weretilneck, de “girar millones del Estado” en beneficio de hombres de negocios que siempre han sabido lucrar con la política.

Como reveló una investigación de LA NACION en 2013, aquellos empresarios kirchneristas, a través de Oil Combustibles SA, compraron activos de Petróleo Brasileiro SA en la Argentina (refinería San Lorenzo, unidad fluvial y 345 estaciones de servicio). Al tomar control de las estaciones de servicio dejaron de pagar a la AFIP el impuesto a los combustibles apropiándose de unos mil millones de dólares, que usaron para abonar lo pactado a Petrobras y financiar negocios de su grupo Indalo, como Paraná Metal, el Banco Finansur, Comercial del Plata Construcciones (CPC) y adquirir Radio 10, entre otros negocios. En ese caso escandaloso, López y De Sousa lograron ser sobreseídos, aunque esa sentencia se encuentra a consideración de la Corte Suprema de Justicia.

López y De Sousa ya tenían una larga práctica de engordar sus arcas privadas con ayuda oficial. Recordemos, por ejemplo, el decreto de necesidad y urgencia 1851/07, por el cual Néstor Kirchner prorrogó hasta 2032 la concesión del Hipódromo de Palermo y sus tragamonedas, la que vencía en 2017, “obligando” a la sociedad de Cristóbal López y Federico de Achával (padre del actual intendente de Pilar) a incorporar 1500 máquinas tragamonedas más a las 3000 existentes, superando el límite de máquinas permitido en los casinos de Las Vegas.

Otro caso paradigmático de apropiación de recursos públicos por aquel dúo fue la compra de Alpat, la empresa denunciada por la diputada Villaverde, única productora de carbonato de calcio (soda Solvay), situada en San Antonio Oeste, Río Negro. Esa monumental obra, adjudicada hace más de 50 años a un grupo inversor desconocido y sin solvencia alguna, se construyó en su totalidad con fondos públicos que costaron al Estado nacional más de 500 millones de dólares. Medio siglo más tarde, Alpat opera con una tecnología perimida que no puede competir en una economía abierta y que no tiene ya viabilidad alguna.

Según una investigación del diario Río Negro, la inversión se sufragó enteramente con diferimientos impositivos por devolver sin intereses ni indexación; exenciones de impuestos y préstamos del ex Banco Nacional de Desarrollo (Banade) con avales del Estado nacional, que la deudora nunca honró. El negocio de construir Alpat no consistía en hacerla funcionar, sino en aumentar regularmente la dimensión del proyecto para sobrefacturar más equipos y realizar más obras con dineros públicos, fugando dólares al exterior. Cuando el enorme proyecto se terminó, luego de 30 años y 500 millones de dólares enterrados por el Estado, había que poner la planta en marcha y competir en el mercado internacional. Pero ese no había sido nunca el objetivo de los dueños, quienes se encontraron con una empresa endeudada, sin capital de trabajo y con una tecnología superada por la obsolescencia del equipamiento.

En 2004, Néstor Kirchner visitó San Antonio Oeste y los directivos de Alpat le solicitaron pesificar deudas, refinanciar pasivos y obtener nuevos beneficios. Aunque Kirchner se negó a hacerlo en ese momento, las cosas cambiaron cuando falleció el dueño “tras las sombras” de la compañía, el francés Marcel Degraye, un prófugo del fisco francés que vivía en Punta del Este y quien la controlaba a través de Bergo Anstalt (Liechtenstein), también dueña del astillero Alianza, de las pizzas Sibarita y de Blanquiceleste (Racing). Como más tarde con los Esquenazi en YPF, el expresidente concibió un negocio y llamó a su amigo, Cristóbal López, para que se aproximase a los herederos de Degraye y les comprara Alpat por los pasivos, lo que hizo.

Fue entonces cuando Kirchner firmó el decreto de necesidad y urgencia 475/05, refinanciando sus deudas y renovando los beneficios de promoción ya vencidos, como lo habían pedido los anteriores accionistas. Al igual que ahora el gobernador Weretilneck, ese decreto invocaba la creación de empleo, el desarrollo industrial y la sustitución de importaciones, tratándose de una “cuestión estratégica en materia de política económica que resulta imprescindible resolver, siendo de toda urgencia y necesidad el dictado del presente decreto”. Además, le autorizó a cancelar deudas con la AFIP a través de créditos fiscales de IVA (“saldos técnicos”) violando una norma del organismo y, mediante otra resolución, cerró la importación del carbonato de calcio.

Si Alpat no puede pagar las tarifas actuales del gas natural, que representan el 46% de sus costos de producción, es un problema de la empresa, del cual se tienen que hacer cargo sus accionistas. En particular, sus dueños multimillonarios que saben perfectamente de negocios y prefieren recurrir al Estado provincial en lugar de aportar capital para cubrir ese déficit y reconvertir su tecnología para modernizarla.

Lo más probable es que no quieran hacerlo porque saben que esa empresa, que les regaló Néstor Kirchner sin invertir un peso, no es competitiva y no quieren poner “good money after bad money” como se dice en el mundo de los negocios. En lugar de encarar un proyecto serio de modernización, prefieren que sea la provincia de Rio Negro la que ponga fondos frescos para cubrir el déficit operativo y no ellos.

Si está en peligro “el sustento laboral de casi mil familias” en San Antonio Oeste, y la provincia está dispuesta a destinar recursos para financiar una transición, debe hacerlo mediante subsidios a esas familias y nunca aportando fondos a una empresa comercial de propietarios que no tienen currículum, sino prontuarios. Los funcionarios que autoricen esos pagos estarán expuestos a procesos penales por malversación de caudales públicos, por más que los caractericen de otra forma. De nada servirá monitorear su utilización con veedores, pues tendrán enfrente a los mayores reyes del juego, los más hábiles defraudadores fiscales y consumados operadores de la política que jamás revertirán la situación de Alpat con fondos de sus propios bolsillos y dejarán a Rio Negro con un problema insoluble.

Fuente: La Nación

En el último día en que contaba con facultades delegadas por el Congreso a través de la Ley Bases, el Poder Ejecutivo dispuso, mediante el decreto 461/25, la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad y otros cambios en el área de Transporte. Nueve días después, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional y suspendió por seis meses la vigencia del citado decreto. El gobierno nacional apeló la suspensión.

La disolución de Vialidad Nacional formó parte del loable proceso de racionalización y desregulación dirigido por el ministro Federico Sturzenegger, que en una primera etapa se ha concentrado en los 111 organismos que están fuera de la administración central, pero dependen ella. Este conjunto, que en el año 2010 ocupaba a 36.480 personas, en 2024 había trepado a 88.095. La planta de Vialidad Nacional tiene 5184 agentes.

La desregulación dirigida por Federico Sturzenegger, en una primera etapa, se ha concentrado en los 111 organismos que están fuera de la administración central, pero dependen de ella y que hoy ocupan a 88.095 personas

El anuncio y la explicación de la disolución, a cargo del vocero Manuel Adorni, puso particular énfasis en los casos de corrupción durante la gestión de Cristina Kirchner, que justificaban la medida. La propia causa por la que la expresidenta ha sido condenada es conocida como “Vialidad”. Esta presentación, como la sinonimia expresada por el presidente Javier Milei entre obra pública y corrupción no ayuda a fundamentar correctamente los importantes pasos que se están dando en el área de infraestructura. Si hubiera que disolver todos los organismos en los que hubo corrupción, habría que empezar por la Presidencia de la Nación. La intención de captar apoyo emocional en casos como el de Vialidad se enfrenta a un cierto prestigio histórico de esa dirección. Fundada en 1932 y conducida en sus primeros años por el ingeniero Justiniano Allende Posse, fue el brazo ejecutor de las rutas troncales pavimentadas. Reunió profesionales notables y fue una escuela de ingeniería vial que nutrió también a países de la región. Por estos motivos, el Gobierno debería presentar y explicar este tipo de decisiones por sus efectos reales en beneficio de la comunidad y de la economía, y no como la eliminación de un nido de corrupción. Si este fuera el detonante de la medida, debería saberse que la transferencia de funciones buscando eficiencia, traslada a otros funcionarios la administración diaria de beneficios y dinero. De la corrupción deberán ocuparse la policía y la Justicia.

La funciones y actividades que cumple la Dirección Nacional de Vialidad son transferidas, de acuerdo con la decisión gubernamental, a la Secretaría de Transporte, aunque la administración y control de concesiones estarán a cargo de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte (Accspt). Esta, a su vez, resultará de la ampliación de cometido de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la que entonces dejará de existir como tal. El decreto 461/25 también disuelve la Agencia Nacional de Seguridad Vial transfiriendo sus funciones a la Secretaría de Transporte, con excepción del control de tránsito, que será derivado a la Gendarmería Nacional. Esta fuerza de seguridad podría cumplir eficazmente tal tarea con costos marginales inferiores a los que se ahorran.

El funcionamiento de la Dirección Nacional de Vialidad como un organismo autárquico fue establecido por el decreto ley 505 del año 1958. La autonomía financiera fue asegurada mediante el Fondo Nacional de Vialidad, alimentado por el destino específico del 35% del precio de venta al público de las naftas y gas oil y otros impuestos sobre lubricantes y cubiertas. Durante la gestión del presidente Carlos Menem se suprimió el destino específico de estos impuestos y el organismo vial pasó a depender de las asignaciones del presupuesto nacional. Se impuso el criterio de la universalidad del presupuesto. La autarquía perdió así gran parte de su razón de ser. En esa misma época el control de las concesiones camineras salió de la actuación de la DNV y fue derivado al Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi). Estos cambios anticiparon en alguna medida la transformación ahora propuesta por el Gobierno. Si de esto se logra un ahorro anual de 100 millones de dólares, la evaluación del cambio estará sujeta fundamentalmente a los resultados. Pero ahora deberá esperarse la evolución de la medida cautelar para saber si el decreto de disolución de Vialidad Nacional entrará finalmente en vigencia.

Fuente: La Nación

La reciente orden judicial que obliga a Cristina Kirchner y a los restantes condenados en la causa Vialidad a devolver al Estado 684.990 millones de pesos (equivalente a unos 537 millones de dólares) constituye un hito de singular trascendencia institucional porque sienta un precedente de peso: el latrocinio de los recursos públicos debe tener consecuencias concretas y ejemplificadoras.

Se trata de una pequeña parte de lo sustraído, pues queda por cuantificar la expoliación al Estado en otros expedientes sobre corrupción que tienen como protagonistas a varios de estos mismos condenados. Esta es apenas la punta del iceberg.

La Justicia se ha pronunciado claramente en el caso Vialidad y lo ha hecho fundándose en sobradas pruebas. Tras la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema, el Tribunal Oral Federal Nº 2 intimó a los responsables de semejante desfalco a restituir en tiempo y forma el daño ocasionado al erario por medio de licitaciones amañadas en beneficio de Lázaro Báez, un pseudoempresario devenido en símbolo grotesco de la corrupción estructural que signó casi dos décadas de gobiernos kirchneristas. Si en diez días hábiles no se realiza el pago exigido, comenzará la ejecución forzada de los bienes embargados: centenares de propiedades, millones en efectivo, empresas, estancias, rodados y otros activos deberán ser rematados para cumplir la sentencia.

El paso dado por el Poder Judicial no representa venganza ni revancha ni persecución, como falsamente han intentado instalar hasta el cansancio sectores que confunden impunidad con legalidad. No es lawfare ni ningún otro invento destinado a pretender expiar las culpas de quienes delinquieron, sino, precisamente, el ejercicio legítimo del derecho republicano de exigir que rindan cuentas los responsables de la comisión de actos bochornosos, inaceptables e indignos de cualquier funcionario público.

La cifra dispuesta por los peritos oficiales –y refrendada por el tribunal– representa una actualización del perjuicio ocasionado al Estado en esta causa, no una estimación arbitraria. De hecho, los intentos de la defensa de la expresidenta de rebajar esa suma a apenas 42.000 millones de pesos fueron rechazados por carecer de sustento fáctico y técnico. Que semejante intento de minimización haya sido propuesto sin ruborizarse es, en sí mismo, un gesto revelador. Aun frente a una condena firme, persiste una actitud negadora y cínica que rehúye toda autocrítica.

No es menor recordar que la causa Vialidad está íntimamente vinculada a otros expedientes que comprometen gravemente a la familia Kirchner, como Hotesur-Los Sauces, donde se investiga el lavado de dinero a través de los hoteles y otros bienes mal habidos. También le esperan a la expresidenta la sustanciación de los juicios del lamentablemente célebre caso de los cuadernos de las coimas, en el que el mecanismo del retorno y la cartelización de la obra pública quedaron al desnudo en toda su vileza, y el nefasto memorándum con Irán por el cruento ataque a la sede de la AMIA, que dejó 85 muertos y centenares de heridos hace ya 31 años.

El fenómeno de la corrupción no es simplemente un delito contra el Estado: es un atentado directo contra los propios ciudadanos, particularmente los más vulnerables, quienes padecen las consecuencias materiales de los recursos desviados hacia fines privados por parte de funcionarios inescrupulosos y carentes de toda ética. Cada kilómetro de ruta que no se terminó, cada obra paralizada, cada peso robado de las arcas públicas es un claro acto de violencia institucional en perjuicio de la sociedad. Por esa razón, su restitución no es un acto administrativo; es una reparación ineludible.

No faltarán, como siempre, las voces demagógicas que intenten relativizar lo ocurrido, escudándose en comparaciones falaces o en la politización malintencionada de los fallos judiciales. Pero la democracia no se fortalece negando la verdad ni socavando la legitimidad de las instituciones, sino cuando los responsables –por más poderosos que sean– enfrentan las consecuencias de sus actos con toda la fuerza de la ley.

La Justicia, en este caso, ha enviado un mensaje claro: quien comete un delito deberá responder con su libertad y su patrimonio. A la luz de la sentencia, ni Cristina Kirchner ni sus cómplices deberían seguir disfrutando del botín producto del robo al Estado, es decir, a todos los argentinos.

Resta evitar ahora que el proceso de decomiso se vea entorpecido por maniobras evasivas o dilaciones procesales. La sospechosa conducta de Lázaro Báez y los indicios de que estuvo pergeñando operaciones patrimoniales en favor de testaferros como su pareja, Claudia Insaurralde, revelan la urgencia de actuar con firmeza para proteger los bienes que deben ser recuperados. En lo que nos atañe como sociedad, no debemos permitir que estas causas caigan en el olvido ni que el escepticismo erosione la confianza en la ley, esa que tantas veces intentó ser saboteada desde el poder.

Nuestro país enfrenta una oportunidad única. Urge dar una señal nítida de que el tiempo de la impunidad ha terminado, que no hay lugar para más atajos, fueros deliberadamente amañados ni privilegios espurios.

Es de esperar que el cumplimiento de esta orden judicial se transforme en un punto de inflexión. Que quienes fueron elegidos para gobernar y traicionaron la confianza pública rindan cuentas hasta la última moneda. Que el país crea en la Justicia y que la decencia, finalmente, vuelva a ser requisito indispensable para ejercer la función pública.

El daño fue deliberado; la reparación es obligatoria.

Fuente: La Nación

Anteayer inició sus sesiones la convención constituyente de Santa Fe, convocada por iniciativa del gobernador Maximiliano Pullaro, para reformar la Constitución provincial vigente.

Hasta hoy, Santa Fe es la única provincia que comparte con Mendoza el límite republicano representado por la prohibición de la reelección inmediata del gobernador, una sabia cláusula que el mandatario santafesino pretende ahora eliminar.

El proyecto de reforma constitucional disfraza la remoción de esa cláusula antirreeleccionista con limitaciones a las reelecciones de los legisladores provinciales también a dos períodos. No es comparable, sin embargo, el poder de un gobernador con el de un legislador; por eso, aunque resulte sano evitar que algunos se eternicen en las bancas, el límite que impide gobiernos con una concepción patrimonialista del poder pasa justamente por impedir la reelección inmediata del jefe del Estado provincial, al igual que por una cláusula contra el nepotismo, como tiene la propia Constitución mendocina, y que impone la misma limitación para los familiares cercanos del gobernador.

Sobran ejemplos de esta nefasta tendencia al nepotismo. En estos días, en Corrientes, el gobernador Gustavo Valdés impuso a su hermano como candidato a sucederlo, igual que lo ha hecho en su momento Gerardo Zamora con su esposa, Claudia Ledesma Abdala, en Santiago del Estero, o como en el emblemático caso de Catamarca, con las familias Saadi y Castillo, entre otros funestos ejemplos.

El reeleccionismo fue abolido en la Constitución nacional de 1853 para terminar con gobiernos que duraban casi tanto como la vida de sus titulares, como fueron los de Juan Felipe Ibarra en Santiago del Estero, Estanislao López en Santa Fe o Nazario Benavídez en San Juan.

Con el pretexto de incorporar nuevos derechos o el acceso a las tecnologías digitales en Santa Fe –como si esto dependiera de un artículo constitucional–, se pretende disimular el verdadero propósito de la reforma, asociado a las ansias de perdurabilidad en el poder de los gobernantes.

Más allá de que puedan resultar valorables algunas intenciones del proyecto reformista, como la inclusión de la obligatoriedad de la ficha limpia, para que los condenados por corrupción no puedan ocupar cargos públicos, es preciso señalar que no es necesario reformar la Constitución provincial para avanzar en esa iniciativa. Del mismo modo, es inoportuna e innecesaria esta aventura reformista para incluir cuestiones básicas como el derecho al agua y a la cultura. Mucho menos para incluir el derecho a la seguridad pública, como si el Estado no tuviera ya hoy la obligación de garantizarla.

Como ya hemos señalado desde esta columna editorial, debe lamentarse que los impulsores de esta reforma copien la demagógica y estéril concepción del kirchnerismo según la cual detrás de cada necesidad hay un derecho, aunque para quienes gobernaron el país durante 16 años, detrás de cada uno de esos derechos solo existía la posibilidad de un negociado.

Iniciada la convención reformadora de Santa Fe, y tras la decisión de sus miembros de que cada reforma pueda ser aprobada por la mitad más uno de sus 69 miembros, y no por una mayoría especial, cabe esperar que al menos los convencionales no caigan en la tentación de no considerar al actual mandato del gobernador Pullaro como el primero de dos consecutivos, permitiéndole así la posibilidad de postularse para el mismo cargo en 2027 y en 2031.

Sería hora de que nuestra dirigencia política aprendiese de los errores históricos y volviera a valorizar los principios que nos legaron los padres fundadores de la República. Las ambiciones políticas desmedidas y la prevalencia de mezquinos intereses particulares sobre el bien común explican el éxodo de votantes en las elecciones de convencionales del 13 de abril, en las que apenas concurrió a sufragar la mitad de los ciudadanos en condiciones de hacerlo.

Fuente: La Nación

Aun cuando el aumento de la inflación se ha desacelerado fuertemente con respecto al año último, las expensas siguen subiendo por encima de aquel índice. En mayo de este año, registraron en la ciudad de Buenos Aires un incremento del 60,77% respecto del mismo mes de 2024, en tanto que en el interior del país el crecimiento fue todavía mayor y alcanzó el 90,6%, de acuerdo con el relevamiento que mensualmente realiza Consorcio Abierto entre unos 12.000 edificios que emplean su plataforma.

El valor de las expensas promedio en el distrito porteño ascendió a 258.218 pesos; un 3,3% más que en abril. Un año atrás, ese valor era de 160.204 pesos. En la provincia de Buenos Aires, las expensas registraron un incremento del 85,6% interanual, mientras que en Córdoba subieron el 81,4% y en Santa Fe, el 85% en igual período.

Aunque los aumentos se explican por diversos gastos, el mayor peso lo representan los sueldos del personal de los edificios, que constituyen en promedio el 34% del total. En segundo término, se encuentran los gastos operativos y de mantenimiento, que rondan el 28%. Luego vienen los servicios públicos, cuyo impacto se ubica entre el 13 y el 15% de todos los gastos que componen las expensas.

En los últimos meses, de la mano del encarecimiento de la Argentina en término de dólares, el elevado costo de las expensas también viene jugando en contra del alquiler de oficinas en la ciudad de Buenos Aires. Un relevamiento de la consultora internacional Jones Lang La Salle (JJL) determinó que, en buena medida por el incremento de las expensas, los alquileres de oficinas en esta capital resultan más onerosos que en ciudades como Montevideo y Santiago de Chile.

Transformadas en una pesadilla sin fin para muchos propietarios e inquilinos, las expensas siguen aumentando fundamentalmente por el hecho de que los salarios de los trabajadores representados por el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh) han experimentado incrementos por encima de las posibilidades de la mayoría de los consorcistas y de quienes alquilan una vivienda. Como tantas veces señalamos desde esta columna editorial, la ausencia de peso y representatividad de propietarios e inquilinos en la negociación paritaria hace que el citado gremio imponga sus demandas a su gusto y casi sin mayor resistencia.

No se trata, sin embargo, de un escenario que favorezca tan claramente a los encargados de edificios, ya que, frente a la imposibilidad de seguir afrontando esos costos, no pocos consorcios de copropietarios vienen desprendiéndose del personal y delegando sus tareas en empresas de limpieza o empleadas domésticas por horas a un costo menor, cuando no en los propios consorcistas. Al mismo tiempo, muchos consorcios optan por prescindir del portero para alquilar el espacio destinado a vivienda permanente del que goza este.

Si bien no hay soluciones fáciles a la vista para un problema que está generando una creciente morosidad en el pago de expensas, es menester avanzar hacia una descentralización de la negociación colectiva, con el fin de que la discusión salarial y las condiciones de trabajo de los encargados de edificios queden a cargo de cada consorcio y de sus empleados.

De igual modo, las autoridades de cada distrito podrían contribuir a abaratar las expensas mediante la reducción del componente impositivo de las tarifas de servicios públicos en edificios destinados a vivienda y a través de la limitación de los aumentos de tasas como la de alumbrado, barrido y limpieza o del impuesto inmobiliario, que en distintos barrios porteños se han visto incrementados en proporciones superiores al índice general de precios.

Fuente: La Nación

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MONTEVIDEO.- El caso de los nuevos pasaportes uruguayos rechazados por Alemania y Francia es una perla más en el collar de improvisaciones dañosas del gobierno frenteamplista.

Hace un par de meses, había anunciado con bombos y platillos que a partir de abril se emitirían los nuevos documentos, con la supuesta innovación de no discriminar a los ciudadanos legales, no solo sustituyendo el ítem “Nacionalidad” por “Ciudadanía” sino también omitiendo lisa y llanamente la referencia al lugar de nacimiento del portador del documento. Apenas dos semanas atrás, el informativo de Canal 5 había entrevistado a la flamante subdirectora de Identificación Civil, Ileana Bernasconi, quien anunció con alegría que a esa altura ya se habían emitido 750 nuevos pasaportes con esa omisión, tanto para ciudadanos naturales como legales.

La iniciativa original fue de estos últimos, nucleados en el colectivo “Todos somos uruguayos”, que desde antes de la asunción de este gobierno venían reclamando lo que el anterior sí había concedido: generar un ítem “Nacionalidad/Ciudadanía”, para que no tuvieran impedimentos en Migración de los países de destino. Pero el nuevo gobierno, igual que en otros casos, resolvió hacer una moña de más y borró de un plumazo el ítem “Lugar de nacimiento”, con lo que generó una reacción casi inmediata de dos países europeos que ahora advierten que rechazarán a los visitantes que porten estos documentos, ya sean ciudadanos naturales o legales.

Así, la pretensión de no discriminar a un conjunto de 13 mil de estos últimos derivó en una medida que impedirá a unos y otros la libre movilidad internacional.

A partir de entonces, volvieron a comportarse como los insectos dictiópteros que corren para todos lados cuando se enciende la luz.

Primero, los trolls frenteamplistas salieron a embarrar la cancha diciendo que la medida había sido tomada por la administración anterior. Los exministros Omar Paganini de Relaciones Exteriores y Nicolás Martinelli del Interior tuvieron que salir de inmediato a desmentir ese infundio: el gobierno de Lacalle Pou había anunciado que se abriría esa puerta para los ciudadanos legales, pero nunca que se omitiría la mención del lugar de nacimiento, lo que constituye el impedimento difundido por los países europeos.

Después sacaron a relucir una norma internacional de la Aviación Civil, llegando a compartir incluso un facsímil del artículo que declara “opcional” el dato en cuestión. Fue paradójico que insistieran con eso aún en la evidencia de que dos países europeos rechazarán a los visitantes que lo excluyan en sus documentos. La última justificación provino de la misma Cancillería: en una declaración oficial advierte que “los cambios realizados fueron oportunamente informados a todas las Embajadas en Montevideo y de Uruguay en el exterior”: más que una atajada, parece una pasada de pelota a la red diplomática nacional para eximir de responsabilidad a su autoridad máxima.

Todo muy pobre y bajo; indicativo de una conducción errática, que nuevamente improvisa con perspectiva buenista, pretendiendo favorecer a un colectivo minoritario a costa de la mayoría, pero perjudicando finalmente a ambos.

Casi no es necesario recordar que este estilo no es nuevo. Desde que se instaló el gobierno el primero de marzo, no para de hacer lo mismo: cerró la Biblioteca Nacional en un arranque refundacional; invirtió una fortuna para favorecer apenas a dieciséis colonos; realizó una rebaja del supergás al barrer en lugar de sectorizarla solo a hogares vulnerables, y la financió con aumento de los combustibles también al barrer; salió a anunciar un demagógico “impuesto a los ricos” del que se desmarca el ministro Gabriel Oddone, pero que estaba previsto nada menos que en las últimas Bases Programáticas del FA; apuntó que se estaba ocupando de las personas en situación de calle en el mismo momento en que se acumulaban sus víctimas.

Parece claro que esta izquierda carente de sus líderes históricos se está enfrentando trágicamente a su propio amateurismo de gestión, lo que redobla la responsabilidad de la oposición de poner freno a tantas barbaridades y, en lo posible, prevenir estos incendios innecesarios.

Sería bueno que también la ciudadanía tomara nota de esta conducción errática, para no seguir firmando cheques en blanco con base en automatismos emocionales.

Fuente: La Nación

La situación que atraviesa Villa La Angostura, uno de los sitios más emblemáticos de la Patagonia, vuelve a poner en evidencia una preocupante degradación del principio de legalidad y una extendida inacción del Estado frente a los desafíos que plantea la convivencia democrática. No se trata de hechos aislados ni nuevos, sino de una sucesión de decisiones postergadas, de sentencias incumplidas y de promesas diluidas en la ambigüedad de una política alejada del ciudadano y de las normas.

La paralización de la obra de circunvalación de la ruta nacional 40 –licitada hace más de una década, iniciada en 2017 y hoy inconclusa– es una muestra cabal del daño que produce la incapacidad de los gobiernos para hacer valer el Estado de Derecho. Con más del 80% de ejecución completada, la obra permanece detenida por la ocupación de terrenos que fueron oportuna y legalmente expropiados por la entonces Vialidad Nacional. Siete familias, identificadas con la autoproclamada comunidad Paichil Antriau, ocuparon en 2015 un tramo clave del trazado con la expectativa de obtener beneficios territoriales y habitacionales. El resultado es tan inconcebible como alarmante: el desarrollo económico y turístico de la región se encuentra frenado por un conflicto que ni el Estado nacional, ni el provincial ni el municipal han logrado resolver, pese a acuerdos firmados, compromisos asumidos y una abundante jurisprudencia que reconoce la legalidad de afectar propiedades a estos fines.

La situación del camping Correntoso, usurpado desde hace años pese a tres fallos judiciales que ordenan su restitución al municipio, es otro símbolo de la impotencia de las instituciones frente a quienes operan al margen de la ley. Peor aún: en ese predio no solo se ha impedido la recuperación del espacio público, sino que se desarrollan actividades comerciales sin habilitación, bajo el argumento –ya refutado por la Justicia– de presuntos derechos ancestrales.

Lo mismo sucede en Puerto Elma, donde un amarradero náutico y un punto informal de venta de combustibles operan en violación abierta a las normas ambientales, comprometiendo el equilibrio del lago Nahuel Huapi y forzando al cierre de emprendimientos hoteleros históricos como el de La Posada, ícono del desarrollo turístico de la villa.

Los casos se acumulan: el predio de María Cristina Broers, usurpado desde hace 14 años por una comunidad mapuche con órdenes de desalojo –que no se cumplen–, las tomas en el cerro Belvedere, la apropiación de senderos turísticos como el acceso a la cascada del Cacique Inacayal, en los que se cobra un “peaje” informal a los visitantes, son solo algunos ejemplos de un fenómeno extendido que se enfrenta con una explosiva mezcla de temor, desinterés y cálculo político. Pero reducir este problema a una mera disputa territorial sería un error. Lo que está en juego es la integridad del sistema democrático, la vigencia del Estado de Derecho y la confianza de la ciudadanía en que las normas rigen para todos por igual. La democracia se debilita cuando los fallos judiciales no se ejecutan, cuando se negocia bajo cuerda lo que la Justicia ya ha resuelto o cuando se tolera que mediante la fuerza y la violencia se pretenda incluso atentar contra nuestra soberanía territorial.

La dirigencia política tiene en esto una responsabilidad indelegable, pero no única. También el Poder Judicial debe no demorar las sentencias y hacerse cargo de que no son solo declaraciones jurídicas, sino actos que deben cumplirse. También la sociedad civil debe asumir un papel activo en defensa de la legalidad, sin dejarse atrapar por la resignación o la costumbre del “esto siempre fue así”.

La Patagonia, tierra de belleza imponente y oportunidades inmensas, merece un futuro construido sobre el respeto mutuo y el diálogo genuino, priorizando siempre el cumplimiento de las normas. El pacto de convivencia democrático presupone la vigencia del marco de la ley en toda la extensión de nuestro vasto territorio.

Fuente: La Nación

La auditoría recientemente difundida por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) ha arrojado luz sobre una de las prácticas más deleznables y peligrosas que puedan presentarse en un Estado democrático: la estafa sistemática en el registro y financiamiento de comedores escolares.

De las más de 54.000 inscripciones en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (Renacom), el 87% presentó irregularidades tales como duplicaciones o direcciones inexistentes y más de 38.000 establecimientos nunca fueron auditados físicamente. Este dato por sí solo configura un escándalo de proporciones inaceptables. Pero el verdadero drama no es contable, sino moral, social y profundamente humano. El fraude ha sido cometido contra niños para quienes contar al menos con un plato diario de comida es una necesidad imperiosa.

Que se haya permitido –o, lo que es más grave, fomentado deliberadamente– el desvío de fondos destinados a alimentar a menores de edad en situación de vulnerabilidad trasciende lo delictual. La alimentación infantil no es un número en una planilla: es una urgencia vital. Anularla mediante prácticas corruptas es una inmoralidad, un latrocinio que atenta contra la salud, la dignidad y el futuro de los más indefensos.

No se trata de un caso aislado. Ya en 2014, un informe del Cippec revelaba carencias estructurales en los comedores escolares de todo el país: alimentos insuficientes, menús desequilibrados, ausencia de personal capacitado y falta total de nutricionistas que deberían ser de consulta prioritaria a la hora de diseñar programas alimentarios.

Lejos de mejorar, en toda la década transcurrida desde aquel relevamiento, se ha ido manteniendo y en muchos casos profundizando el esquema mafioso por medio del cual el Estado ha venido financiando estructuras fantasma –con la anuencia de punteros, funcionarios y no pocos referentes de organizaciones sociales– sin control alguno ni la más elemental rendición de cuentas. La reciente auditoría ha revelado una red deliberada de complicidades, una cultura del descontrol entronizada cínica y jactanciosamente.

La corrupción no fue casual: fue un método para esquilmar las arcas públicas en beneficio privado. El propio titular de la Sigen, Miguel Blanco, advirtió con crudeza que el sistema estaba diseñado para no controlar. “Muchos formularios [de inscripción de comedores] estaban incompletos, con datos nulos, direcciones inexistentes o campos vacíos. El sistema permitía inconsistencias sin validación y no tenía control de integridad. Es decir, la base misma ya estaba mal diseñada”, sostuvo.

Los datos del escándalo que surgen del primer análisis del Renacom están referidos a la etapa de control. Para una segunda instancia se prevé investigar la situación financiera, aún no auditada. Pero es difícil imaginar otro resultado que no sea un defalco económico importante.

No hay eufemismos posibles: lo verificado en la auditoría fue un modelo de gestión basado en el saqueo de recursos públicos mediante mecanismos de inscripción ficticia, registros viciados y auditorías inexistentes.

En julio del año último, la Justicia Federal allanó depósitos de organizaciones sociales repletos de alimentos en mal estado, entregados por el Estado y nunca distribuidos. Comedores con leche putrefacta, harina rancia y yerba vencida, entre otros hallazgos para el asombro. Una cadena de desidia y complicidad que siempre culmina en la humillación de niños de familias vulnerables e impedidas de alimentarlos.

Las excusas son harto previsibles: que se trata de rarezas, que los verdaderos responsables están aún por identificarse, que la mayoría de las organizaciones actuaron de buena fe. Desde ya que hay comedores que trabajan a destajo, con voluntarios que jamás cobran por su servicio y con familias y comunidades que ayudan generosa y desinteresadamente con todo lo que pueden, pero la realidad revela la magnitud del fraude. Ningún pretexto exime al Estado de su responsabilidad ineludible de controlar, fiscalizar, evaluar y, sobre todo, de poner fin a la intermediación deshonesta entre la asistencia y sus beneficiarios.

No alcanza con auditar ni con reordenar planillas. Se necesita decisión política, voluntad ética y coraje institucional para desmantelar una estructura mafiosa enquistada en áreas sensibles del aparato estatal.

Esta no es una falla administrativa: es un crimen contra la niñez. Y, como tal, debería ser tratado: sin contemplaciones, ni miramientos sectoriales, ni temores corporativos para avanzar a fondo contra esta rapiña. Cada peso que se roba de un comedor escolar es un ataque artero contra la infancia. Y ninguna sociedad que tolere esa embestida puede mirarse en el espejo sin que se le caiga la cara de vergüenza.

Fuente: La Nación

Solo en un tema resulta sencillo el acuerdo entre los 24 gobernadores, incluyendo al jefe de gobierno porteño. Siendo de muy diferentes proveniencias políticas e intereses, se unieron para pedir y presionar al Poder Ejecutivo Nacional por más fondos, por encima de los que reciben automáticamente por el régimen de coparticipación. El planteo es colectivo, no relacionado con proyectos en particular. En esta cuestión no se pone en juego ningún contrafavor por apoyos parlamentarios. El pedido concreto es el de distribuir los fondos aún no utilizados de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y agregar a la masa coparticipable el impuesto a la transferencia de combustibles. En ambos casos solicitan que los porcentajes de distribución por provincia sean los de la ley de coparticipación federal de impuestos. Dos proyectos de ley en ese sentido ya tuvieron ingreso al Senado con pedido de tratamiento sobre tablas. De ser finalmente sancionadas esas leyes, el Presidente tendrá que vetarlas si quiere sostener el equilibrio fiscal, y así lo ha anunciado. La insistencia legislativa requeriría dos tercios de los votos en ambas cámaras, que hoy estarían asegurados. Esta es una nueva sombra en el futuro del programa económico, que, como otras iniciativas que solo ven la parte pero no el todo, atenta contra equilibrios necesarios para la sociedad.

Los gobernadores alegan que han hecho su ajuste, lo que no parece convalidarse al suceder este reclamo. Hay excepciones, pero la mayoría de los gobernadores no se han empeñado en reducir el gasto con la misma voluntad y convencimiento con que lo ha hecho el gobierno nacional.

El Pacto de Mayo se puso como objetivo reducir el gasto público del país a un 28% del producto bruto interno (PBI). Se partió en el año 2023 con el 43% del PBI. La reducción de 15 puntos se estimaba que correspondía en 7,1 puntos al gobierno nacional, 7 a las provincias y 0,9 a los municipios. Según los datos disponibles actualmente, la administración nacional logró en 2024 una reducción de su gasto en 5,1 puntos del PBI de los que solo 0,6 lo fueron por una disminución de las transferencias discrecionales a las provincias. Si es que hubo algún ajuste en las provincias, fue excepcional, de escasa magnitud y muy lejos de lo realizado a nivel nacional y del objetivo del Pacto de Mayo.

Esta falta de convergencia refleja una diferencia y hasta una oposición en los objetivos políticos de la mayoría de los gobernadores con respecto a los del presidente Javier Milei. Pero no debe dejar de observarse que hay una cuestión de carácter institucional que induce estos comportamientos. Es la ausencia de correspondencia fiscal que resulta de nuestro régimen tributario. Por correspondencia fiscal se entiende que quien gasta debe ser responsable de recaudar los fondos que gasta. Esto está lejos de suceder. Dos tercios de las provincias reciben más del 70% de sus ingresos desde el gobierno nacional. Sus gobernadores tienen el beneficio político de gastar y no el perjuicio de recaudar. Así se alimenta la propensión de los gobiernos provinciales a gastar más y a atender prioridades políticas sin la resistencia de sus propios contribuyentes. Con el correr del tiempo se tiende a un aumento sistemático del gasto y finalmente el conjunto de provincias cae en un déficit crónico. Los gobernadores no se plantean la opción de bajar el gasto para reducir impuestos y atraer inversiones. Esta sensibilidad se ha perdido y se observa en la facilidad con que casi todas las provincias han aumentado el alcance y la alícuota del impuesto a los ingresos brutos o en el cobro de tasas viales municipales que no se refleja en el mantenimiento de los caminos. No hay competencia tributaria entre las provincias. Apenas un puñado de municipios –como el de Tres de Febrero– han exhibido vocación por reducir sus tasas de seguridad e higiene para seducir capitales y bajar costos a las empresas.

Casi todas las provincias han aumentado el alcance y la alícuota del impuesto a los ingresos brutos

La masa coparticipable se integra con impuestos de recaudación nacional y, de ella, el 54% va a las provincias. Los porcentajes de distribución entre provincias no responden a la recaudación en sus territorios, sino que favorecen relativamente a las más pobres. Por lo tanto, el pasaje a un sistema de correspondencia fiscal pura debería contemplar una transición o amortiguación. La esencia de una reforma debe ser la devolución de potestades tributarias a las provincias en el marco de una más amplia reforma del sistema impositivo que incluya la supresión o la sustitución de los impuestos distorsivos.

Se conocen algunas iniciativas de reforma del federalismo fiscal que plantean la derogación del régimen de coparticipación federal de impuestos. Una de las alternativas propone un IVA provincial, quedando un IVA nacional con una alícuota muy reducida. El impuesto a los ingresos brutos quedaría sustituido por el IVA provincial. Otra propuesta distinta es la de transferir a los gobiernos provinciales la recaudación de los impuestos generados en su territorio comprendiendo Ganancias de personas humanas, Combustibles, Bienes Personales e Internos. El IVA y el impuesto a las ganancias de personas jurídicas, así como los impuestos al comercio exterior quedarían como nacionales. En esta alternativa, Ingresos Brutos sería sustituido por un impuesto a las ventas finales.

La viabilidad política de una reforma de este tipo requeriría que, al menos en el empalme con el régimen actual, no se produzcan cambios abruptos en los ingresos de las provincias menos desarrolladas. Esto debiera resolverse mediante un fondo transitorio de redistribución horizontal entre provincias con una duración preestablecida de no más de tres o cuatro años. Luego se entraría en una situación de plena correspondencia fiscal. No solo se crearía un alineamiento de incentivos hacia el mejor control del gasto público, sino que, además, quien gobierne la Nación dejará de disponer del poder de negociar apoyos políticos contra la transferencia discrecional de fondos.

Un auténtico federalismo requiere una reforma de este carácter. Mientras tanto, debe pedirse a los gobernadores que piensen si hoy su deber es eficientizar su gestión o cubrir la falta de ese esfuerzo poniendo en riesgo la estabilidad macroeconómica.

Fuente: La Nación

En una decisión tan amañada como cuestionable, el Senado de la provincia de Buenos Aires otorgó recientemente media sanción a una reforma regresiva, inaceptable desde todo punto de vista, por la que habilita la reelección indefinida de legisladores provinciales, concejales municipales y consejeros escolares. Esta infame maniobra sobre un proyecto que resta debatir en Diputados no solo atenta contra el principio republicano de alternancia en el poder, sino que además ha violentado el propio reglamento interno de la Cámara alta, exponiendo un grado de descomposición institucional que debería alarmarnos a todos los ciudadanos por igual, testigos recientes, además, de la degradación que destapó el caso de Chocolate Rigau.

La votación terminó en un empate: 22 a 22. En ese punto, el artículo 102 del Reglamento Interno del Senado es categórico: en caso de empate, debe abrirse una nueva discusión y repetirse la votación. Solo ante un nuevo empate se habilita el voto de la presidencia del cuerpo, en este caso, a cargo de la vicegobernadora Verónica Magario. Pero la funcionaria lo hizo prescindiendo del procedimiento legalmente exigido. Desempató sin más trámite, sin convocar a la segunda votación, desnaturalizando la legitimidad del proceso. Fue una transgresión deliberada y premeditada. No hubo olvido ni incompetencia, sino una decisión política de avanzar con la perpetuidad de las reelecciones a como diera lugar.

Si se confirma finalmente que Diputados no tiene los votos suficientes para terminar de coronar este disparate, cabe preguntarse: ¿cuál ha sido el propósito oculto de la maniobra de los senadores? ¿Acaso demostrar hacia la interna partidaria que cumplieron con alguna componenda oculta?, ¿posicionarse como ganadores con un vil proceder aunque el resultado final sea el fracaso?, ¿o la provocación por la provocación misma?

Lo que debió ser objeto de una nueva deliberación se resolvió con una premura funcional al oportunismo político. ¿El resultado? Una norma con serios indicios de nulidad, un doble retroceso bochornoso.

Claramente, la urgencia demostrada por aprobarla no responde a las necesidades sociales que, día tras día, castigan a los bonaerenses, sino a los intereses mezquinos de una dirigencia desconectada de la realidad, más preocupada por sus cargos que por los flagelos de la inseguridad, la pobreza, el colapso educativo o el sanitario. Que esta ominosa reforma no haya incluido, por el momento, a los intendentes municipales revela, además, el cálculo segmentado del reparto del poder. Mientras que a decenas de legisladores de casi todas las fuerzas políticas cuyos mandatos vencen este año esa ley los favorecería, los intendentes no están tan urgidos porque sus gestiones vencen en 2027. Pero hay otro aspecto saliente de la fragmentación: las categorías de legisladores, concejales y consejeros en este proyecto fueron impuestas por el kirchnerismo, dejando afuera a los alcaldes, cuya permanencia eterna en el cargo es fomentada por Axel Kicillof. Otro toma y daca manipulado y tan explícito que no requiere abundar en el análisis.

Los defensores de la iniciativa apelan a una argumentación cargada de cinismo: la Constitución –dicen– no prohíbe las reelecciones indefinidas. Pero el basamento de la república no reside en las omisiones de la letra legal, sino en los principios éticos que la sostienen. La alternancia es uno de ellos. Pretender que la ciudadanía tiene derecho a elegir eternamente al mismo legislador es una falacia construida sobre un razonamiento incompleto: no hay libertad auténtica si se manipulan las condiciones de la competencia, si se utiliza el aparato estatal para condicionar el voto o para perpetuar figuras que hace tiempo que han dejado de representar algo más que sus propios intereses.

El argumento de que “la gente elige” se transforma, en este contexto, en una máscara para justificar privilegios inadmisibles. Con el mismo razonamiento, podríamos abolir todos los límites y permitir que una familia herede eternamente un escaño entre sus miembros, cuestión que suele verificarse con demasiada frecuencia con los cargos dependientes de no pocos poderes ejecutivos en el país donde el nepotismo es la regla. No es la gente la que elige con libertad cuando el sistema ha sido deliberada y nauseabundamente digitado por los que están en el poder.

Quienes hoy reclaman la nulidad de la sanción del Senado bonaerense, como los bloques de Pro y La Libertad Avanza, aseguran que lo actuado carece de validez. La omisión de la segunda votación no es un tecnicismo: es una fractura del procedimiento que hace inviable cualquier legitimación posterior. El reglamento tiene fuerza normativa; ignorarlo o fingir que su cumplimiento es optativo degrada el valor de las reglas del juego democrático.

Si la Justicia no actúa antes, la Cámara de Diputados bonaerense debería ahora devolver la viciada media sanción al Senado poniendo fin a este doble desvarío político-legislativo.

Fuente: La Nación