CARACAS.- La situación de los asilados en la Embajada Argentina en Caracas sigue siendo grave. No solo por el asedio al que han sido sometidos, lo que contraría las normas elementales que regulan las relaciones diplomáticas, sino porque se está violando el Derecho Internacional ante el silencio cómplice internacional.
Es lamentable que después de un año el régimen de Maduro no haya otorgado los salvoconductos a los refugiados en la embajada, como corresponde de conformidad con la Convención de Caracas sobre el Asilo Diplomático. A Brasil le fue encomendada la custodia de la sede diplomática. ¿Contribuirá la afinidad ideológica con Caracas a ignorar y contrariar los compromisos asumidos? El gobierno de Lula da Silva, contraviniendo las normas del asilo diplomático, no ha exigido con la fuerza que era de esperar los salvoconductos para esos perseguidos políticos, pero actuó con total celeridad en el caso de Nadine Heredia, ex primera dama de Perú. Estas actuaciones debilitan la institución del asilo, porque se atiende a la conveniencia ideológica y se deja de lado una norma de entendimiento entre Estados, vital para proteger vidas y denunciar a las tiranías.
Una nueva arremetida judicial de la expresidenta Cristina Kirchner en reclamo por el reintegro del cobro de sus dos haberes de privilegio vuelve a poner en debate el notorio abuso que representan este tipo de beneficios, cuyos montos siderales multiplican groseramente los haberes de millones de jubilados que están lejos de poder satisfacer sus necesidades más elementales.
En noviembre pasado, último mes en el que gozó de esas dos asignaciones, Cristina Kirchner percibió, en bruto, 35.255.297 pesos ($19.645.844,41 por la asignación propia y $15.609.453,32 por la pensión por el fallecimiento de Néstor Kirchner, en su carácter también de expresidente de la Nación). Ese monto equivale a cien haberes mínimos jubilatorios: una impúdica exacción a los dineros públicos mediante maniobras amañadas para torcer la letra de la ley que impide el cobro simultáneo de dos beneficios de ese tipo.
La suspensión del pago fue resuelta después de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal le confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. La decisión fue publicada por la Anses en el Boletín Oficial. Señala que “el mal desempeño expresa una regla legal de amplitud por la cual la asignación, en tanto premio o retribución, resulta jurídicamente incompatible con una conducta deshonrosa”.
Con posterioridad, en febrero de este año, la Anses denunció penalmente a la expresidenta por “estafa, defraudación a la administración pública y falsedad ideológica” en virtud del cobro de un plus de alrededor de seis millones de pesos correspondiente a bonificación por zona austral, cuando la exmandataria reside en la Capital Federal.
Ese derrotero tiene lugar al tiempo que los defensores de Cristina Kirchner reclamaron en el fuero de la seguridad social la restitución de la doble jubilación de privilegio, pues consideran que no puede mantenerse económicamente, ya que no cuenta con otros ingresos y tiene sus bienes inhibidos, precisamente, por la condena en la causa Vialidad.
En opinión de los letrados que la representan, la suspensión del pago de los haberes de privilegio busca no solo perjudicarla económicamente, sino también proscribirla electoralmente.
Según trascendió del escrito presentado ante la Justicia, Cristina Kirchner se presenta como una “perseguida política”. “La forma en que se lleva a cabo la persecución puede ser de la forma más diversa, pero tiene un común denominador, domesticar al opositor”, se sostiene allí.
Los mismos burdos argumentos son empleados por los legisladores que le son afines para trabar el avance del debate parlamentario de la ley de ficha limpia –que ya cuenta con la sanción de Diputados–, por la que se prohíbe competir por un cargo electoral a quien tenga una condena confirmada en segunda instancia.
Respecto de la causa por el plus por zona austral, la investigación se encuentra a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, quien ya arrancó una rueda de declaraciones testimoniales convocando a integrantes de la Anses con el fin de determinar quién ha sido el responsable de firmar el trámite para que pudiera hacerse del cobro de ese monto extra.
El expediente de asignación de los dos haberes de privilegio a Cristina Kirchner viene siendo denunciado desde sus inicios, cuando le fueron otorgados en tiempo récord, en 2015, un mes antes de dejar el poder, por parte de su cuñada, Alicia Kirchner, quien manejaba el Ministerio de Desarrollo Social. Al año siguiente, Carolina Stanley, sucesora en ese cargo, le exigió a Cristina Kirchner que optara por uno de los dos beneficios, tal como fija la ley. La exmandataria decidió entonces llevar el tema ante los estrados judiciales y logró, mediante una amañada interpretación, que se le siguieran pagando ambos haberes. Ya en 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, la Anses, a cargo de Fernanda Raverta, optó por no apelar semejante despropósito, consumando así la privación de justicia e indefensión del Estado. La maniobra no podía ser más evidente.
Toda esta oscuridad en el manejo de los fondos públicos y el consecuente secretismo para amparar a quienes violan las normas tuvo su pico más alto durante los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández, en los que nunca se dio debida respuesta a los innumerables pedidos de acceso a la información pública para saber cuánto cobraba Cristina Kirchner por sus dos haberes ilegalmente acordados. Está claro que quien hoy se victimiza nunca tuvo el menor interés en contarles a las verdaderas víctimas del sistema jubilatorio que se estaba llenando suculentamente los bolsillos, burlándose de quienes menos reciben.
La permanente renovación de temas de la agitada agenda local no debe permitir que olvidemos casos de enorme gravedad como el del puntero político Julio “Chocolate” Rigau, detenido en La Plata en septiembre de 2023 mientras extraía dinero, con 48 tarjetas distintas, de un cajero automático. En un valiente trabajo, habida cuenta de las peligrosas mafias que actúan en la política bonaerense, la fiscal Betina Lacki acaba de pedir la elevación a juicio para Rigau, junto con sus jefes, Facundo y Claudio Albini, cercanos a Sergio Massa, presos también desde noviembre de 2023. El pedido se extiende a 47 de los 48 titulares de las tarjetas involucradas.
El sistema de prestanombres desplegado con las tarjetas de débito de empleados ñoquis de la Legislatura bonaerense le generó un perjuicio varias veces millonario a la provincia. Será Federico Atencio, juez de La Plata, quien ahora decida.
Chat de «Chocolate» Rigau con uno de sus jefes
El peritaje de los celulares permitió acceder a los mensajes de WhatsApp entre Rigau y sus jefes, de los que surgen los mecanismos de la maniobra de defraudación. El puntero cobraba 200.000 pesos mensuales por ocuparse de recaudar lo de 50 ñoquis, dejándoles parte del dinero a los titulares, y rendía cuentas a Claudio Albini, exsubdirector de personal de la Cámara de Diputados bonaerense. De las conversaciones se desprende que la operatoria había estado vigente por lo menos durante los tres últimos años. En algunos casos, las cuentas salariales en el Banco Provincia habían sido abiertas en 2012. La División de Lavado de Activos de la Policía Federal elaboró un informe que actualiza las cifras, estimando los montos de los desvíos a lo largo de los años y aportando numerosos indicios sobre la hipótesis de una asociación ilícita conformada por los empleados ñoquis, Rigau y los Albini, padre e hijo, las únicas caras hasta ahora visibles de esta oscura y putrefacta trama.
Es tiempo de investigar hasta las últimas consecuencias, para que la ciudadanía conozca las caras de todos aquellos que se enriquecen ilícitamente y a costa de la población
Está claro que la Legislatura en la mira no investigará ni cooperará con la Justicia para traer luz sobre este entramado de corrupción. Este año, seguramente con el fin de disimular el nivel de involucramiento de algunos de sus miembros, completó una “investigación preliminar” absolutamente inconsistente, que condujo a descartar cualquier irregularidad. No solo eso: llegaron incluso al colmo de elogiar el “buen desempeño” y el nivel de “compromiso laboral” de los “ñoquis”, al tiempo que desestimaron cualquier perjuicio económico para el Estado bonaerense. La secuencia permite confirmar el nivel de desfachatez reinante en el órgano legislativo provincial, un antro de corrupción pocas veces visto, en el que se da por sentado que los ciudadanos somos estúpidos.
Confiamos en que una Justicia valiente y comprometida permitirá desentrañar sin más demoras esta otra madeja de corrupción para que no sean solo los perejiles los que paguen. Es tiempo de investigar hasta las últimas consecuencias buscando quebrar los pactos de silencio para que la ciudadanía conozca las caras de todos aquellos que se enriquecen ilícitamente y a costa de la población. Ellos son los responsables de que nuestros impuestos no se destinen a escuelas, hospitales, seguridad o caminos. La impunidad no puede seguir siendo su recompensa.
Algunos intelectuales de mala muerte han procurado alzarse con algunas horas de notoriedad golpeando sobre la personalidad política y mundana de Mario Vargas Llosa cuando todavía la familia velaba el cadáver en la intimidad limeña.
Malgastaron el apuro. Llegaron tarde y de forma deslucida ante el impresionante aluvión de reconocimientos mundiales al autor de una de las obras literarias verdaderamente memorables de nuestra lengua: una veintena de novelas, y entre ellas, páginas inolvidables como las de La ciudad y los perros, Conversación en la Catedral, La Casa Verde, La guerra del fin del mundo y La fiesta del Chivo; diez obras teatrales, una decena de ensayos, y columnas periodísticas tan antológicas como las que pudo haber escrito su inmediato antecesor latinoamericano en obtener el Premio Nobel, Octavio Paz. Lo saben bien los lectores de este diario del último medio siglo.
A la hora de la muerte del gran escritor que por muchos años escribió en LA NACION revive el asombro vergonzoso que comentamos en nuestra columna editorial de ayer, ocurrido en 2011 cuando el entonces director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, y otros, se dirigieron con un mensaje de contrariedad inaudita a las autoridades de la Feria del Libro por haber invitado a Vargas Llosa a hablar en el acto inaugural de la muestra. González era por entonces el portavoz de Carta Abierta, organización de gente vinculada con la cultura que se había sentido curiosamente atraída por los gobiernos kirchneristas y sus figuras dominantes; entre ellas, algunas hoy procesadas por haber confundido democracia con cleptocracia.
El lenguaje enrevesado fue de una de las claves más llamativas en círculos literarios de la mentada Carta Abierta, pero en el caso concerniente a Vargas Llosa, el mensaje se entendió sin las torpes veladuras habituales de lenguaje sobre adónde querían en realidad llegar aquellos: a fulminar, con su alegato político la presencia del laureado escritor en una feria tan representativa en el mundo de la jerarquía de nuestras letras y artes. Hasta la entonces presidenta Cristina Kirchner, nada menos, habría advertido que se les había ido la mano a los firmantes.
El caso sirvió, con todo, para testimoniar una vez más la distancia abismal que desde 1971 Vargas Llosa adoptaba de manera creciente con la izquierda continental más radicalizada. Ese cambio se había formalizado a raíz del enjuiciamiento y la cárcel que Fidel Castro había ordenado contra el escritor cubano Herbert Padilla. Las aguas, en rigor, venían desde antes preparadas para bajar de un modo diferente a cómo Vargas Llosa había navegado en la mocedad como miembro en Perú de la cédula del Partido Comunista conocida como “Cahide”, en memoria de un guerrero incaico. Al vaso lo había desbordado la invasión de 1968 de Checoslavaquia por la Unión Soviética, y la brutalidad de la represión a los patriotas.
Después de romper con el comunismo y el estructuralismo, Vargas Llosa se aproximó a la socialdemocracia y recaló, por fin, en el liberalismo. Era inevitable su choque con los voceros de todas las formas posibles del populismo y que endureciera el pensamiento que maduraba sobre la fuerza política que por más tiempo ha gobernado en la Argentina desde 1946.
“Es muy difícil –dijo– entender el romanticismo que hay en la Argentina con el peronismo, que ha sido fuente de todos sus males”. Esto le granjeó enemigos irreconciliables y azuzó las críticas de los izquierdistas que han medrado, con pereza afín a los de la desaparecida Carta Abierta, en el peronismo como el moho suele hacerlo al buscar amparo en el muro, sin darle nada valioso a cambio. ¿Estaba, acaso, tan desacertado Vargas Llosa en la ácida definición sobre la ameba política que responde en cualquiera de sus variables formatos al nombre de peronismo?
José María Aznar, antiguo jefe del Partido Popular, y Felipe González, el socialista que introdujo de verdad a España en Europa, estuvieron en la fiesta de los ochenta años de quien había sido en 1990 candidato presidencial –candidato vencido en segunda vuelta por Fujimori–, en Perú. Si Vargas Llosa apoyó a Jair Bolsonaro, como le imputan aun sus más acervos críticos, fue por el hartazgo, cómo no, de ese progresismo que ha llevado a muchas sociedades contemporáneas –en Europa, en los Estados Unidos, en la Argentina– a desentenderse más de la cuenta de la prudencia y la tolerancia rigurosamente liberales y privilegiar, por sobre todo, una contraofensiva eficaz en oposición a quienes han procurado aplastar, en nombre de abstracciones inaceptables, valores y principios de sólido asentamiento en la civilización occidental.
Sí, en la Argentina Vargas Llosa apoyó la candidatura presidencial de Javier Milei junto con Mauricio Macri y otros expresidentes: Vicente Fox (México), Iván Duque (Colombia) y Sebastián Piñera (Chile). ¿Hubiera sido mejor la compañía de Alberto Fernández-Cristina Kirchner, Daniel Ortega o Nicolás Maduro? Los escritores y críticos literarios que han sepultado en la Argentina nombres como el de Eduardo Mallea por considerarlo elitista, aristocrático o ajeno a compromisos populares, como si no fuera un compromiso superior con la humanidad dotarla de hallazgos de belleza sublime en las letras o las artes, harían bien en replantearse otro tipo de cuestiones.
¿Estuvo John Updike tan equivocado cuando en un célebre artículo publicado en The New Yorker escribió que Vargas Llosa había reemplazado a Gabriel García Márquez como el novelista sudamericano con el que los lectores norteamericanos debían ponerse al día? Ambos fueron, sin duda, notables escritores, distinguidos con el Premio Nobel de Literatura, pero algo que los diferenciaba como hombres públicos fue que la notoriedad colombiana nunca se atrevió a quebrantar su amistad con Fidel Castro, el dictador que llevó a Cuba a perder la libertad desde el primer día de 1959 en que llegó al poder y a la misérrima situación incomprensible para el mundo al cabo de 66 años.
En cuanto a lo esencial de sus vidas, demostraron por igual, como decía el escritor que acaba de morir, que la buena literatura depende, más que de la inspiración, de la transpiración en la ardua, incesante e infatigable tarea intelectual.
Mario Vargas Llosa (1936-2025), escritor que tanto quiso a la Argentina y premio Nobel de Literatura (2010), tuvo la virtud de haber dado, desde su frondosa producción, un relato convocante a la democracia liberal y a su correlato, el capitalismo de mercado. Como muchos pensadores de su generación, fue atraído por el marxismo y como tantos otros, se decepcionó con la realidad soviética, sus gulags y la represión de Praga (1968). Al año siguiente, cuando Fidel Castro entró en La Habana creyó que sería posible concretar la “cara humana” del gran cambio propuesto por el filósofo de Tréveris. Sin embargo, la dictadura castrista, con sus campos de concentración (UMAP), la persecución a disidentes, poetas y homosexuales, le convencieron que las utopías no eran buenas consejeras al tiempo de gobernar.
Durante sus años juveniles, adhirió al existencialismo francés con sus mandatos de vida auténtica y militancia para la liberación. También lo conmovió el mayo francés del 68 y sus derivaciones anarquistas y revolucionarias. Pero fue en los 80 cuando descubrió, a través de Karl Popper e Isaiah Berlin, que la democracia liberal es la mejor fórmula de convivencia mediante instituciones basadas en la libertad y no en la opresión dogmática. Y de allí en adelante, además de novelista, fue ensayista.
Sin duda, es un desafío lograr el entusiasmo de “jóvenes idealistas” tras las banderas de una filosofía que no pretende cambiar el mundo de forma abrupta ni alcanzar la justicia con una revolución. “Seamos realistas, pidamos lo imposible”, decían los grafitis del mayo parisino. Pues es más fácil movilizar con consignas de acción colectiva que enamorar con propuestas para transformar la sociedad sin violencia, tejiendo la trama provechosa de la industria y el comercio.
Vargas Llosa utilizó su pluma y su palabra para transmitir las virtudes del capitalismo democrático como forma superior de progreso social y material. Supo explicar cómo la vida en común está siempre expuesta a las vicisitudes de la naturaleza humana, inclinada a maximizar utilidad con el menor esfuerzo. Nunca será posible lograr un “hombre nuevo” con paredones guevaristas o electroshocks maoístas. Las utopías son sueños para metas espirituales, pero nunca programas de gobierno. La prosperidad, el disenso, la igualdad de oportunidades y la paz social solo pueden alcanzarse con instituciones pensadas para el “hombre real” con sus miserias y grandezas, no para uno “nuevo”, como lo imaginó un filósofo alemán en la biblioteca del British Museum en 1860 y lo quiso lograr un ruso impaciente en San Petersburgo en 1917.
El aporte de Vargas Llosa al capitalismo liberal ha sido mayúsculo, pues sus voceros habituales siempre han ofrecido un flanco débil frente al relato mítico de quienes proponen cambiar el mundo de un plumazo. Para lograr consensos colectivos se necesita también una épica convocante, como lo ha propuesto siempre la izquierda, con sus banderas rojas, puños en alto y consignas para la acción.
Al aceptar ese desafío y entrar de lleno en el terreno de los intelectuales, estudiantes y artistas, Vargas Llosa fue disruptivo y muchas veces rechazado por sus colegas al no aceptar el mandato ideológico de la Intelligentsia setentista. Sin ir más lejos, en 2008 cuando concurrió a la reunión anual de la Fundación Libertad, en Rosario, su ómnibus fue apedreado por militantes kirchneristas y de izquierda. Tres años más tarde, cuando acababa de ganar el Premio Nobel de Literatura, el comité organizador de la Feria del Libro de Buenos Aires lo eligió para dar el discurso inaugural. Sin embargo, el entonces director de la Biblioteca Nacional y presidente de la agrupación Carta Abierta, Horacio González, lo cuestionó sosteniendo que era “una ofensa a la cultura argentina” por su “agresividad creciente hacia los procesos populares”, en desacuerdo “con las corrientes de ideas que abriga la sociedad argentina”. Como resultado, el laureado no dio el discurso inaugural y el kirchnerismo lo mandó a guardar.
En consonancia con esas “corrientes de ideas”, las universidades nacionales de Cuyo, San Juan, Córdoba y Patagonia otorgaron el doctorado honoris causa a Evo Morales, expresidente de Bolivia quien, con su elemental “economía comunitaria”, basada en la distribución social de la renta petrolera, fue un caso de manual de populismo insostenible. Por otro lado, la Universidad Nacional de Lanús otorgó doctorados honoris causa a Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, Daniel Ortega y Nicolás Maduro, cuyas gestiones hundieron en la pobreza a Venezuela, Cuba y Nicaragua. En tanto la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, otorgó el Premio Rodolfo Walsh a Rafael Correa, Evo Morales y Hugo Chávez por sus valores democráticos y compromiso con la verdad. Sin comentarios.
Vargas Llosa abrió un camino para que ahora podamos concluir su relato acerca de del capitalismo democrático (a diferencia del chino) como la mejor fórmula de convivencia pacífica, con crecimiento y oportunidades para todos. Puesto a escribir sobre la Argentina –y habiendo digerido las diatribas presidenciales– el arequipeño diría que aquí “hay mucha tela para cortar y muchas historias para contar” con todas las oportunidades que el país ofrece. La caída del riesgo país y la recuperación de la moneda supondrán más inversiones, más trabajo regular y más aportes al sistema previsional. A su vez, ello ordenará a las familias con ingresos previsibles, comidas calientes y educación para los hijos. Con solvencia en la Anses, los mayores podrán dormir en paz sin las movilizaciones y piedras que impulsan los autores del fracaso.
Si las transformaciones lograsen ser duraderas, habrá cambios de precios relativos que incentivarán al desarrollo natural de provincias relegadas por el populismo local y fructíferas migraciones internas, no artificiales como a Tierra del Fuego, sino genuinas por la competitividad de sus producciones. Axel Kicillof reclama por falta de obras públicas nacionales, pero no dice que la causa fue el legado del terceto kirchnerista con su “plan platita”. Con estabilidad y acceso al mercado de capitales, las obras públicas y privadas se reanudarán sin piquetes ni tomas ni coimas ni cuadernos. El capitalismo es el único motor que podrá proveer recursos para sacar de la indigencia al conurbano, falto de agua potable, cloacas, pavimentos y viviendas dignas. Los paravalanchas, la emisión monetaria, el Eternauta y el Estado presente solo han enriquecido a funcionarios en perjuicio de aquellos, obligados a aplaudir y a marchar.
Es necesario mantener el esfuerzo intelectual de Vargas Llosa para que su brillante relato se concluya con un discurso semejante y convincente. Así se evitará perder generaciones de jóvenes confundidos por el fragor de redoblantes y que las falacias socialistas sumerjan a otros más en la pobreza.
No fue la primera oportunidad en los últimos 15 días, sino la segunda, en que el Senado parece haber encontrado la excusa perfecta para demorar una vez más el tratamiento del proyecto de ley de ficha limpia, tendiente a prohibirles a condenados en segunda instancia presentarse a competir por cargos electivos.
La primera había sido producto de un sonoro fracaso, aunque existen sospechas –y nada demuestra lo contrario hasta ahora– de que aquella postergación no fue casual ni, mucho menos, ingenua. Hace dos semanas, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (Alianza La Libertad Avanza-San Luis), quien precisamente había convocado a sesionar para tratar ficha limpia, decidió desactivar la sesión especial para tratar ese tema tras el rechazo de los pliegos que nominaban a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema. La excusa en aquel momento fue que no se encontraba asegurada la mayoría calificada de 37 senadores constitucionalmente exigida para sancionar una reforma electoral.
Esta última semana, la justificación para no sesionar fue la muerte del papa Francisco, un parate que, de haber podido opinar el fallecido pontífice, seguramente lo hubiera criticado, y no solo por su profunda convicción sobre la necesidad de combatir la corrupción –así lo demostró con su accionar en el Vaticano–, sino porque difícilmente hubiera estado cómodo con que se hiciera prevalecer un homenaje a su persona por sobre la obligación de trabajar para transparentar los procesos electorales con vistas a mejorar las instituciones.
¿Aparecerá un nuevo escollo la semana próxima para dilatar aún más un proyecto que viene siendo zarandeado desde hace nueve años? La primera iniciativa en la materia fue presentada en 2016. Falta de quorum, reticencia a suscribir dictámenes, caídas de sesiones especiales, sospechas de toma y daca y un sinfín de trabas de lo más diversas se fueron sumando para impedir que avanzara. Durante los años parlamentarios posteriores, varios bloques presentaron nuevos proyectos en la materia. Nunca se logró avanzar. Solo en febrero de este año, tras otros estrepitosos fracasos, Diputados sancionó la norma que ahora espera la aprobación de la Cámara alta. La apoyaron 144 legisladores –La Libertad Avanza, Pro, la Coalición Cívica, miembros de las divididas bancadas radicales y del fuerzas del interior del país, y un sector de Encuentro Federal–. Hubo 98 votos negativos y dos abstenciones tras más de diez horas de debate. Los rechazos corrieron por parte de los diputados kirchneristas y de la izquierda, quienes denuncian con clara intención político-partidaria que la ley tenga como especial objetivo proscribir a la doblemente condenada Cristina Kirchner, mientras que las dos abstenciones correspondieron a Miguel Ángel Pichetto y a Nicolás Massot, del bloque Encuentro Federal.
¿Hay dudas de que debería ser intachable alguien que aspire a presentarse como candidato a un cargo electivo?
El eje de la ley apunta a los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y encubrimiento, todos ellos previstos en el Código Penal.
¿Será que quienes se oponen radicalmente y sin mayores argumentos que la defensa corporativa temen que se descubran delitos que los cuentan como protagonistas o tal vez como encubridores? ¿Hay dudas de que debería ser intachable alguien que aspire a presentarse como candidato a un cargo electivo?
Sería recomendable que muchos de quienes se oponen a la ley de ficha limpia releyeran, como mínimo, el artículo 36 de la Constitución nacional, que dispone que atentará contra el sistema democrático “quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”.
A esta altura de las evidencias, de los hechos y de los comportamientos, huelga decir que no hay más excusas para mejorar el sistema. La ley de ficha limpia no es una opción. Es un imperativo.
El 17 de abril último, el gobierno nacional emitió el decreto 274/2025, mediante el cual suprimió la facultad de la Unidad de Información Financiera (UIF) de intervenir como querellante en procesos penales. Lejos de representar una mejora en la arquitectura institucional del país, la medida constituye un retroceso grave que erosiona la insustituible capacidad del Estado para enfrentar el delito económico complejo y pasa a proteger, en los hechos, a quienes se encuentran imputados o acusados de haberse enriquecido ilícitamente a costa de los argentinos.
En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo invoca como fundamento una supuesta recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el marco de la evaluación internacional al país, según la cual la UIF no debería actuar como parte querellante por riesgos a su autonomía e independencia. Sin embargo, esa afirmación distorsiona el contenido del informe del organismo. El texto del GAFI señala que la Argentina debería “reconsiderar la oportunidad” de que la UIF y otras agencias actúen como querellantes “o, alternativamente, asegurar salvaguardas robustas que garanticen su imparcialidad”. Lejos de prohibir la intervención, el organismo internacional propone condiciones más seguras para su ejercicio. El Gobierno elige omitir este matiz esencial, falseando cuestionablemente la posición del GAFI para legitimar lo que es, en verdad, una decisión política burdamente regresiva.
La preocupación del GAFI por la independencia de la UIF es, de hecho, más amplia. El informe advierte también que los cambios en su personal deben responder a criterios técnicos, además de ajustarse a la normativa vigente. Esa recomendación adquiere especial relevancia ante la seguidilla de remociones ejecutadas por el actual gobierno durante y después de la evaluación internacional, motivadas por el impulso de querellas en causas de alto impacto político. Así ocurrió con el vicepresidente de la UIF, Manuel Tessio, apartado tras haber solicitado constituirse como querellante en la causa contra Martín Insaurralde. Lo mismo sucedió con el presidente del organismo, Ignacio Yacobucci, desplazado por su actuación en causas contra la expresidenta Cristina Kirchner. Ambos fueron reemplazados por figuras sin probada experiencia técnica en la materia aunque con notorios vínculos políticos y personales con el círculo de poder más cercano al presidente Javier Milei, particularmente con el asesor presidencial Santiago Caputo y un influyente empresario mediático residente en Miami.
La eliminación de la facultad de querellar no puede analizarse en forma aislada. Forma parte de un proceso más amplio de vaciamiento de la UIF, que incluye la drástica reducción de su presupuesto, la pérdida de recursos humanos calificados, la imposibilidad de actualizar sus sistemas tecnológicos y, en definitiva, el debilitamiento de su capacidad operativa para cumplir su mandato legal. Se consolida así un patrón de intervención deliberada, cuya consecuencia inmediata es la neutralización de una de las instituciones claves para el combate al crimen económico y la defensa del orden financiero.
La decisión del Poder Ejecutivo debilita la capacidad del Estado para luchar contra el delito económico y fortalece, en cambio, la impunidad de aquellos que han dañado las instituciones desde adentro
Los efectos de esta medida se harán sentir con especial crudeza en los procesos penales en curso, muchos de ellos vinculados a la corrupción estructural del pasado reciente. La UIF fue determinante en el impulso de causas como Cuadernos, Hotesur/Los Sauces, Ciccone bis y La Ruta del Dinero K bis, entre otras. Su rol como querellante no fue accesorio: aportó evidencia técnica, promovió el decomiso de activos y sostuvo acusaciones en instancias donde la prueba financiera era central. Los cambios introducidos implican un debilitamiento objetivo de la acusación y, en los hechos, un beneficio procesal tan impensado como injustificable para las defensas de los imputados. Esta regresión institucional ocurre justo cuando se aproximan los juicios orales de mayor relevancia de las últimas décadas en materia de corrupción y lavado, echando por tierra mucho de lo realizado.
Ante las fundadas críticas de especialistas, el ministro de Justicia ensayó una defensa que, lejos de aportar sólidos argumentos técnicos, recurrió a una retórica ya conocida: la equiparación de todos los gobiernos anteriores como responsables de haber usado políticamente la UIF. En esa estrategia de igualación vacía, el ministro empleó los mismos argumentos que durante años enarbolaron quienes hoy enfrentan cargos –o incluso han sido ya condenados y sancionados internacionalmente– por haber saqueado el Estado.
El problema no es que la UIF haya tenido la facultad de querellar, sino que hoy se la quitan para garantizar que no lo haga. Se desmantela así una herramienta legalmente consagrada, respaldada por jurisprudencia firme y utilizada con éxito para perseguir delitos complejos. Precisamente son sus aciertos y no sus fallas las que condujeron a esta decisión, particularmente por los buenos resultados obtenidos cuando las querellas apuntaron a personajes influyentes del poder político y económico. Es difícil no advertir que los principales beneficiarios de esta decisión son justamente aquellos que más tienen para perder si las causas prosperan.
La protección del orden económico-financiero, la transparencia pública y el Estado de Derecho no pueden quedar supeditados al interés coyuntural del gobierno de turno. La eliminación de la facultad de querellar de la UIF debilita la capacidad del Estado argentino para luchar contra el delito económico, y fortalece, en cambio, la impunidad de aquellos que han dañado sus instituciones desde adentro. Quienes con sus tan fundadas como ácidas críticas a la casta alzaron la bandera de la transparencia y el combate a la corrupción como promesa de campaña hoy eligen su mismo camino.
Fueron tantos los frentes que cubrió, las ideas que produjo y las actividades que desarrolló que es muy difícil hacer una descripción acabada del pontificado de Francisco. Es más, hay cosas que se entenderán dentro de muchos años.
Por ejemplo, su valioso afán por hacerse cargo de los abusos y la pedofilia. En tiempos de Juan Pablo II, estos temas no se trataban institucionalmente. Benedicto XVI comenzó a hacerse cargo y a legislar, pero Francisco fue más terminante: aplicó lo que se ha dado en llamar “tolerancia cero”. Modificó y promulgó leyes en las que hasta los obispos quedan comprometidos si no intervienen directamente en este tipo de casos. Produjo distintos protocolos que deben aplicarse obligatoriamente. Estableció procesos eclesiásticos cuidadosos, y determinó que se informara a la Justicia Civil y se colaborara con ella sin reticencias. El resultado ha sido el de un crecimiento exponencial de sanciones sumamente graves y una notable baja de casos, salvo los que salen a la luz después de muchos años de cometidos. Ha crecido en toda la Iglesia, así como en la sociedad civil, la conciencia de la malignidad de estos hechos, y se han incorporado actividades y estudios al respecto en las etapas de formación.
La purificación de las finanzas vaticanas y de sus procedimientos ha sido otra cuestión importante. Con grandes capitales de la mafia y rutas de dinero con destinos inconfesables, el papa Francisco no solo heredó una situación complicada, sino inmoralidades inadmisibles. Llegó a denunciar a personas, incluso a altos clérigos, que incurrieron en diversos delitos económicos, que luego fueron procesados. Su manera de encarar algunos temas candentes no siempre fue consultada con expertos, sino que se trató de decisiones personales. También, a riesgo de perder ganancias, cerró una enorme cantidad de cuentas de procedencia ilícita. Por lo demás, abrió la información de los trámites económicos del Vaticano y suscribió a las leyes europeas contra el lavado de dinero.
Hay asuntos que tienen que ver con criterios evangélicos y con el modo de vivir de la Iglesia, pero que afectan al mundo en general. Por ejemplo, todo lo que hizo Francisco respecto del diálogo interreligioso, algo que comenzó antes de llegar al papado, pero que profundizó y potenció ya en su pontificado. Es innumerable la cantidad de episodios, gestos y textos al respecto. Se puede señalar el olivo plantado en el Vaticano por dos líderes enemigos y el abrazo frente al Muro de los Lamentos con sus amigos argentinos judío y musulmán. Se dieron pasos enormes, como la encíclica acerca de la fraternidad humana. Ningún papa llegó a adentrarse tanto en el mundo árabe y a establecer un diálogo semejante con el islam. Y su prédica contra la guerra y a favor de la paz ha sido insistente y constante.
El papa Francisco ha mencionado en varias ocasiones la necesidad de valorar el papel de la mujer en la IglesiaGETTY IMAGES – Archivo
Sus numerosas visitas a países pequeños, poco tenidos en cuenta o sufrientes, para hacer presente el mensaje evangélico, redundó, además, en una mirada sobre el mundo global desde una perspectiva distinta, más amplia y precisa. El Papa hizo visible al planeta total, incluso corriendo graves riesgos personales; en Congo, por ejemplo, dijo que estaba en el país más rico y más empobrecido del mundo, aludiendo a la corrupción de su dirigencia y a la ambición y frivolidad del mercado de joyas.
La suma de los discursos de cada viaje resulta un corpus inmenso, de una enorme riqueza. Por ejemplo, en los campos de refugiados, rodeado de traductores improvisados que le transmitían pedidos y clamores en varias lenguas, le dijo algo a Europa: va a ser caótico, pero no se puede evitar asistir a los hermanos que sufren, estar en medio de ellos. Su apoyo a los inmigrantes fue permanente. Las conferencias de prensa en los aviones al retorno de esos viajes resultaban verdaderas exégesis, suplementos interpretativos de los viajes.
Angela Merkel visitó varias veces al Papa, a quien llegó a considerar uno de los verdaderos estadistas del siglo XXI. Le sorprendió que Francisco advirtiera sobre ciertos movimientos de la OTAN que podrían derivar en un conflicto entre Rusia y Ucrania; lo dijo un año antes de que se produjera la invasión rusa.
La encíclica Laudato si’ se publicó poco antes de la cumbre de París, donde, al cumplirse los 25 años de estas reuniones acerca del medio ambiente, se había decidido establecer por primera vez algunos procedimientos de modo vinculante. Francisco les marcó una agenda de un peso enorme. Laudato si’ resultó un documento que influyó en el mundo, fuera de la Iglesia, como pocos documentos lo han hecho.
Pocos papas han destacado tanto el papel de las mujeres y ninguno anterior ha concedido cargos del nivel de responsabilidad que Francisco les ha dado en la vida y las decisiones de gobierno de la Iglesia
Francisco ha interpretado y aplicado la apertura del Concilio Vaticano II de modo inédito por la audacia con que acometió contra la brecha existente entre cierta doctrina y la praxis pastoral. Un ejemplo de esto es la encíclica Amoris Laetitia, con las posibilidades que este documento abre para el acceso a los sacramentos a personas antes cuestionadas.
Enfrentó discretamente a los grupos más conservadores y también puso condiciones para la celebración de la tradicional misa en latín.
Sin llegar a concederles el sacerdocio a las mujeres, pocos papas han destacado tanto el papel de estas y ninguno anterior ha concedido cargos del nivel de responsabilidad que Francisco les ha dado en la vida y las decisiones de gobierno de la Iglesia.
De lo primero que se acusó al papa Francisco fue de no hablar claro, de no repetir de modo nítido las verdades de la doctrina de la Iglesia. Lo que no se advirtió en ese momento fue que estaba hablando clarísimo. Su intención, por decirlo de modo figurado, era despejar la pregunta “¿qué dice la Iglesia?”. La idea de fondo fue animar a crecer en profundidad espiritual y en madurez humana y cristiana.
Francisco junto a líderes religiosos de Israel, minutos antes de acceder a la zona del Muro de los Lamentos, en 2020
Es interesante ver cómo, en la asamblea sinodal de 2024, donde se esperaba el tratamiento de muchos temas medulares y la toma de decisiones, Francisco habló del Espíritu Santo en todas sus alocuciones, señalando así que todo lo que se estaba deliberando ahí debía surgir, en cada uno, de una inspiración para el bien de toda la Iglesia. Con valentía y profundo espíritu de fe, el Papa entendió que todo lo tratado en el sínodo tenía realmente ese sello de un discernimiento en comunión, y decidió no tener una “última palabra” y publicar, como es de uso, una encíclica posterior, “conclusiva”, tomando algunas de las cuestiones formuladas en el documento final.
En un mundo y una cultura de enorme variedad, de escondidas riquezas, complejo y variable, las certezas pueden llegar a ser una tentación, y hasta un peligro, precisamente por lo dudoso del contexto, en el que los cristianos participan. El peligro del clericalismo, de sacerdotes y de laicos, tantas veces denunciado por Francisco, termina por resultar una sacralización de disciplinas y catecismos que pueden perfectamente variar, y que se anteponen al evangelio y a su espíritu. Acaso precisamente se trate de volver al evangelio del amor –el más grande mandamiento–, ese en el que el Señor nos llama amigos y nos comparte su naturaleza divina y humana. Más buenos, más simples y más libres.
Fue un papa amado por el mundo, con la capacidad de la cercanía. Incluso, a veces en la atención a cada uno, sin que se pudiera entender muy bien cómo, con su agenda cubierta, podía hacer llegar sus llamados telefónicos y sus cartas.
Francisco ha sido receptivo a las realidades del presente, reconociendo las necesidades de quienes quedan muchas veces al margen de la sociedad para cobijarlos bajo el amoroso manto de una Iglesia más dispuesta a adaptarse a los signos de los tiempos sin abandonar su magisterio.
Ahoras de su muerte, el desempeño pontificio de Jorge Bergoglio podrá mensurarse a partir de las intenciones personales que trasuntó desde los años de superior provincial de los jesuitas en la Argentina y por el espíritu del que dotó a su misión desde que fue ungido en Roma, el 13 de marzo de 2013. Al cerrarse el cónclave de cardenales que le confió la silla de Pedro, el cardenal brasileño Cláudio Hummes le había susurrado: “No te olvides de los pobres”. No se olvidó, como que eligió el nombre Francisco, por el santo de Asís, e impulsó el ruego en esa dirección.
Podrían citarse dos de sus encíclicas, Lumen fidei (la luz en la fe) y Fratelli tutti (hermanos todos), como manifestaciones de una orientación pastoral cuyo énfasis desencadenó críticas desconocidas durante la gestión de sus predecesores. El último, Joseph Ratzinger o Benedicto XVI, el gran teólogo alemán que procuró reanimar al catolicismo europeo como eje central de la cristiandad; y el anterior a este, Juan Pablo II, de inolvidable intervención, desde sus días de arzobispo de Cracovia, en la implosión del totalitarismo soviético.
La causa por los pobres fue encarnada por Jesucristo, según consta en los relatos bíblicos. El punto que deja abierto el papado de Francisco es si esa causa ha sido atendida estos años con el equilibrio que evitara percibir una descompensación respecto de las clases medias. Ahí queda pendiente un tema controversial que se ha hecho notar sobre todo en el catolicismo norteamericano y que ha rozado la sensibilidad de franjas importantes de otras sociedades; la argentina, entre ellas.
Fue una omisión notable que Bergoglio no haya dispensado como papa una visita a la Argentina. Sería infantil pretextar, como se ha hecho, que lo impidió la abultada agenda de viajes que realizó en más de una década. Casi tan activo como Juan Pablo II, hizo unos 47 viajes por 66 naciones.
Procuró de ese modo expresar la coherencia de su voluntad de llevar la Iglesia en su más alta instancia a las marginalidades del catolicismo, a las que suele denominarse las diócesis más olvidadas por Roma. Y de que el mundo era para él la casa común de todos, según se explayó en Laudato si’ (alabado seas), la encíclica que convocó a cuidar de esa casa y del ambiente en riesgo que la rodea.
Aun con las prevenciones de que sería materia lúdica cualquier especulación sobre quién será el próximo papa, aquello explicaría que figure, entre los primeros nombres en danza junto con los del cardenal de Bolonia, Matteo Zuppi, y el del secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, el joven arzobispo de Manila, Luis Tagle. Francisco acentuó, además, el interés de la Iglesia por otra parte del planeta, África, tan codiciada por China, Rusia y el fanatismo islámico.
No fue fácil esa aproximación. El clero africano ha estado entre los más refractarios a las aperturas contemporáneas en asuntos de familia y género. Francisco defendió la vida humana desde la concepción y se opuso a que se legalizara el aborto, pero también dio señales de que las puertas de la Iglesia estaban abiertas para las parejas de hecho. Se negó a juzgar la homosexualidad, y si no fue más lejos en este renglón de las relaciones humanas –entre las que encaró con indulgencia las uniones de personas de igual sexo–, fue a conciencia de los peligros que se cernirían sobre la unidad del clero y la feligresía.
Francisco defendió la vida humana desde la concepción y se opuso a que se legalizara el aborto, pero también dio señales de que las puertas de la Iglesia estaban abiertas a las parejas de hecho
Había llegado al Pontificado después de haber girado, con desprecio de voceros del presidente Néstor Kirchner, su candidatura en el cónclave de 2005 que consagró a Ratzinger. Volvió a girar su nombre en cuatro votaciones del cónclave siguiente, en 2013. La fumata se produjo tras la quinta votación. El proceso desnudó que el entonces arzobispo de Buenos Aires había atravesado con sabiduría en vínculos con pares una competencia compleja.
Deberá reconocerse que Francisco hizo lo que pudo en los principales capítulos confiados por los cardenales a su decisión. El primero, en palabras dichas por él en la intimidad, sacar el escándalo de la pedofilia de las tapas de los diarios. Le costó enorme esfuerzo lograrlo, a raíz de la extensión y gravedad de los casos del pasado y de los que siguieron sucediéndose, pero avanzó en una limpieza impostergable. El segundo capítulo fue resolver, evitando a la Iglesia nuevos escándalos, aspectos cruciales de la administración de sus bienes y recursos. Aquí debió empeñarse con energía para conjurar recidivas que comprometían el objetivo trazado. No consiguió, con todo, librarla de las deudas que hoy la aquejan.
Cristina Kirchner y el papa Francisco, en agosto de 2020Archivo
Francisco impartió frecuentes mensajes sobre la importancia de las reflexiones colegiadas en la Iglesia, pero acaso haya sido más un monarca de la vieja escuela que un jefe en el fondo dispuesto a compartir responsabilidades. Fue auténtico en la perseverancia de ir al encuentro de la gente, en su inveterada humildad desde los años de joven clérigo de entreverarse en espacios públicos, como en el transporte, con personas de la más diversa condición. Fue un pastoralista, no un teólogo sobresaliente, que resolvió a menudo asuntos relevantes en la soledad de sus cavilaciones. Empleó tiempo en visitar cárceles y combatir la trata de personas; sus vínculos estrechos con curas villeros y su apoyo a la comunidad de San Egidio, consagrada al acompañamiento de los más carenciados, definieron su personalidad en el campo social.
Se lo ha juzgado, por sus 12 años en Roma, como se hubiera juzgado a otros pontífices. A eso convendría agregar la observación de cómo evolucionó el hombre que ya era. Solo así se podrá comprender con perspectiva más luminosa la forma en que logró, puntada tras puntada, transformar la hostilidad inicial en la Argentina con la que se batió contra su designación la izquierda política, incluidos los capitostes kirchneristas, y reorientarla a términos favorables que parecían inalcanzables.
El arzobispo ninguneado por los Kirchner; el arzobispo a quien la Casa Rosada había desairado reiteradamente en la condición de presidente del Episcopado argentino (2005-2011); el superior provincial de los jesuitas denunciado por haberse supuestamente desentendido de sacerdotes perseguidos por la dictadura militar logró al fin desarmar imputaciones e inquinas que seguramente lo atormentaban. Los denunciantes de ayer pasaron pasmosamente a desfilar por el Vaticano y, como si se tratara de marcar el giro extraordinario con el grosor de un trazo inconfundible, quienes pasaron fueron algunos de los personajes más cuestionables de la política argentina.
El encuentro entre Francisco y Mauricio Macri en 2016LA NACION
Las fotos contrastantes de Francisco y Cristina Kirchner, y de Francisco con Mauricio Macri, servirán con el tiempo de reliquias ilustrativas del enfriamiento que en distintos momentos afectó su trato con franjas refractarias al peronismo de la sociedad argentina. Otros aportarán, entre las razones conflictivas, su descalificación de la noción del mérito para el ascenso social o la simpatía desconcertante que expresó por usurpadores de la propiedad privada de una reconocida familia entrerriana. Su último llamado, ya en agonía, contra el liberalismo y las desregulaciones estatales confirmó la naturaleza del proselitismo pastoral asumido.
Francisco llenó con su carisma la Plaza de San Pedro en las concentraciones de los miércoles y en la celebración del Ángelus dominical. No pudo, en cambio, revertir la tendencia descendente de fieles activos del catolicismo en medio del creciente secularismo que afecta por igual a los credos tradicionales.
Un alto número de los cardenales electores que determinarán la sucesión del primer pontífice americano estará formado por príncipes de la Iglesia designados como tales en estos 12 años. Hoy, es ese un dato crucial por tener en cuenta, sin olvido de que la desaparición de un jefe de fuerte personalidad condicionará el escenario preexistente. A ese condicionamiento habrá de sumarse la forma en que el próximo cónclave evalúe los replanteamientos tan acelerados como sorprendentes que están produciéndose en la política internacional, a los que la Iglesia nunca ha sido ajena.
Mañana: Saneamiento institucional y diálogo interreligioso.
Nuestros lectores conocen el Cemic, la asociación civil sin fines de lucro dedicada a la asistencia médica, la investigación y la docencia universitaria creada en 1958. Su nombre completo bien lo describe: “Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno”. Cuenta con un plantel de 2200 empleados y 1200 profesionales de diversas especialidades, trabajando en sus seis centros médicos, dos hospitales universitarios y el instituto universitario que ofrece carreras de pregrado, grado y posgrado en medicina.
No es habitual que esta columna editorial se focalice en las virtudes de una asociación privada salvo que, como es ahora el caso, se haya planteado una situación que afecta el interés general. No solo del campo de la salud, sino respecto del más amplio terreno de la seguridad jurídica y lo que implica, para la inversión y la creación de empleos, la industria del juicio implantada en los tribunales del trabajo a costa del bienestar general.
Aunque sorprenda por la obvia asimetría, en un juicio laboral iniciado por quien fuera jefe del Departamento de Imágenes en el CEMIC durante una década, la Justicia fijó una indemnización por despido de 842 millones de pesos más intereses, costas (30%) y multas. Durante 20 años, ese profesional realizó tareas de coordinación y docencia cobrando un sueldo y facturando por prestación cuando intervenía personalmente en actos médicos. Más allá de las razones alegadas, que trascienden el alcance de esta columna, es extravagante y contrario al sentido común que un empleado jerárquico de una institución de salud sin fines de lucro logre cobrar un monto cercano al millón de dólares en una disputa laboral vinculada al cese de sus servicios. Y atados a ese monto, los honorarios de los abogados y peritos intervinientes.
Esto lo resolvió el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 80 y su fallo fue ratificado y agravado por la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que aplicó el índice de precios al consumidor más un interés puro del 3% anual, multiplicando en forma sideral el monto fijado por aquel sin ponderar la razonabilidad del resultado, ni la razón de ser de la norma laboral.
La indemnización por despido sin justa causa tiene por objeto reparar un daño causado a un empleado mal cesanteado, pero no amasar una fortuna desproporcionada con las tareas realizadas, con la retribución percibida y con la dimensión de la empresa donde brindaba servicios. Distinta sería la situación de quien incumple un contrato empresario, donde la parte afectada pudo haber realizado inversiones destinadas a ejecutarlo y asumido compromisos con terceros. En el caso, se trata de un profesional individual, que trabajó como jefe en un centro médico y terminó su relación con Cemic sin perder sus credenciales, ni sus aptitudes físicas o mentales, ni fue inhibido de retomar su actividad en cualquier otra organización similar. Si hubiera fallecido, la indemnización de una ART hubiera sido mucho menor.
No hay que ser muy letrado en cuestiones jurídicas para encontrar aquí otro fallo más en la incontable sucesión de sentencias asimétricas, impulsadas por la máquina imparable de la industria más productiva de la Argentina: la del juicio. Y cuyo terreno más fértil han sido los accidentes de trabajo, como es de público y notorio.
Los Títulos IV y V del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/23 contienen varias reformas al régimen laboral actual, incluyendo la indemnización. Fueron varios los sindicatos que se opusieron, logrando que juzgados laborales declarasen la inconstitucionalidad del DNU fundándose en que no existía impedimento alguno para reunir al órgano legislativo, excediéndose de lo previsto en el artículo 99 de la Constitución Nacional.
Esos artículos del DNU no fueron incluidos por el simple deseo de perjudicar a los trabajadores, sino por la necesidad y urgencia de incrementar el empleo regular en la Argentina, donde la tasa de empleados sin aportes (en negro) afecta al 36% en promedio, aunque en varios municipios del conurbano supera el 70% y en algunas provincias, el 80%. Esta situación desequilibra el sistema previsional y motivó las sucesivas moratorias, que aumentaron el número de beneficiarios sin tener contrapartida de aportantes. A su vez, ese déficit de la Anses fue la principal causa del déficit fiscal y de la emisión monetaria que nos colocó al borde de la hiperinflación.
Ambas cosas están estrechamente unidas y mientras no haya una reforma laboral que, en un contexto de baja del riesgo país, aliente a aumentar el personal en blanco, no habrá una solución sustentable para el equilibrio fiscal y el régimen jubilatorio.
Agreguemos, además, que la Argentina debe superar, para siempre, la falta de competitividad de sus industrias y de quienes les suministran bienes y servicios, como la logística. Sin competitividad no habrá dólares para mantener esa estructura en funcionamiento. En el mundo actual, impiadoso y oportunista, no es posible mantener una estructura de gasto público sobredimensionada, prestaciones sociales crecientes, desarrollo de infraestructura y empleos dignos, si su sustento depende exclusivamente de los vaivenes de las exportaciones del campo. El FMI apoyó esta vez, pero no para perpetuar los privilegios de grupos corporativos ni para que los jefes de imágenes se hagan millonarios, junto con sus letrados y peritos.
Para muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, la incertidumbre sobre los costos de un eventual juicio laboral desincentiva la contratación formal. Esto, sumado a la rigidez de los convenios colectivos, genera un contexto donde la informalidad laboral se convierte en la única alternativa viable para numerosos empleadores.
Volvamos entonces al título de este editorial. Si el Cemic está expuesto a perder una parte sustancial de sus recursos destinados a curar y educar, para pagar una indemnización cercana al millón de dólares a un jefe de imágenes de su centro médico, ¿qué pensará un posible inversor que considere instalar una explotación minera, una industria pesada, una flota aérea, una firma petrolera si hace una simple regla de tres para estimar el riesgo que estaría asumiendo al contratar cargos directivos en sus organizaciones?
La respuesta es obvia: si el Cemic debiese pagar ese abultado monto, no solo perdería la institución, sino también el país.
