Categoría: Entrevistas

El nuevo y progresivo protagonismo en la vida pública argentina de Mario Eduardo Firmenich, asesino condenado por múltiples crímenes cometidos por la siniestra organización terrorista que comandaba, preocupa a gran parte de la sociedad. De relator en la reciente miniserie Argentina 78, pasó a arengar a barrabravas de clubes del fútbol argentino para que “acompañaran” a los jubilados en su marcha al Congreso, con el saldo de desmanes, agresiones, lesiones y daños producidos por ellos sobre las fuerzas del orden, vehículos, comercios y edificios.

Pretende tal vez con ello amenazar o atemorizar a los jueces que ahora deben juzgarlo, tal como lo hacía desde Montoneros en los años 70. Ocurre que Firmenich, como líder de aquella organización, fue llamado recientemente a indagatoria por orden de la Cámara Federal porteña por su participación en 1976 en el atentado en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, que dejó 23 muertos y más de un centenar de heridos y mutilados. La reapertura de la causa preocupa a los responsables de aquel ataque, pues resulta imposible ocultar su naturaleza terrorista. A diferencia de otros múltiples crímenes que cometieron, este brutal atentado –el mayor de la historia argentina, solo superado en muertos y heridos por el de la AMIA de 1994– nunca fue olvidado ni por la sociedad, ni por familiares, amigos y conocidos de las víctimas que lo evocan en cada aniversario.

Fue diseñado, programado y llevado a cabo por el entonces Servicio de Inteligencia e Informaciones, que reportaba a la jefatura de Montoneros, a cargo de Firmenich y Roberto Perdía. El servicio seleccionaba los blancos y reclutaba a los jóvenes que plantarían y activarían los explosivos. La bomba de 9 kilos de trotyl y bolas de acero fue presuntamente colocada por José María Salgado, un joven universitario de 21 años, reclutado y capacitado militarmente por la organización e infiltrado en la Policía Federal. Salgado fue acusado de haber ingresado al edificio ubicado en la calle Moreno aquel 2 de julio de 1976 y de apoyar sobre una silla que se hallaba en el centro del salón comedor un maletín con los elementos explosivos, que detonó remotamente luego de retirarse cautelosamente. Según distintas investigaciones que reconstruyeron el feroz atentado, su coordinación estuvo a cargo del más destacado miembro del servicio de información e inteligencia de Montoneros, el escritor Rodolfo Walsh, que había ingresado a Montoneros en abril de 1973 junto a Horacio Verbitsky y otros militantes, provenientes de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP). Los homenajes y reconocimientos a Walsh pretendieron lavar su pasado terrorista. Fue su propia hija quien expresó públicamente que “Esteban”, su nombre de guerra, “estaba orgulloso de haber podido llegar a ser un combatiente. Y precisamente a él, que se ocupó tanto de sostener una versión de rigor con la verdad, mal podemos pretender arreglarle su biografía”.

No fue el único atentado con explosivos que llevarían a cabo los montoneros. En un solo día, el 26 de junio de 1972, habían hecho estallar más de cien explosivos. Pocos años después, distintas columnas de la organización reportaban la colocación de 85 cargas explosivas en distintos puntos urbanos. Imposible resumir aquí tantos aberrantes crímenes, muchos dirigidos a integrantes de las fuerzas policiales, mediante el reclutamiento de jóvenes seguidores del “Che” Guevara incitados ideológicamente a la violencia armada. En noviembre de 1974, un explosivo en una modesta embarcación del comisario Alberto Villar lo mató a él y a su esposa. En agosto de 1975 colocaron una bomba en un avión Hércules C-130 que transportaba a 114 gendarmes, con un saldo de 6 muertos y 23 mutilados. En junio de 1976, terminó con la vida del general Cesáreo Cardozo una bomba colocada bajo su cama por Ana María González, de tan solo 20 años, quien se había hecho amiga de la hija del jefe de la Policía Federal. En septiembre de ese año se hizo detonar una carga explosiva en el momento en que pasaba un micro con policías de Santa Fe que venían de cubrir un partido de Rosario Central contra Unión; murieron nueve efectivos, dos civiles y hubo decenas de heridos. Dos meses después Alfredo Guillermo Martínez, estudiante de abogacía de 24 años infiltrado en la policía bonaerense, colocaría un artefacto explosivo en el despacho del subjefe de esa fuerza de seguridad, lo que ocasionó la muerte de un oficial y 11 heridos y mutilados. Cuando una comisión policial fue a buscarlo a su domicilio, fue recibida por otra carga explosiva instalada en el lugar. Otro tanto ocurriría en 1978 con el almirante Armando Lambruschini: la bomba colocada en su casa hirió de muerte a su hija Paula, de 15 años, y a uno de los custodios, con secuelas de heridas graves e invalidez para numerosos vecinos.

Salgado y otros jóvenes llevaban bombas en maletines. Las cúpulas montoneras los cargaban con millones de dólares, producto de robos y secuestros con los cuales financiarían, entre otros, al Movimiento Sandinista de Nicaragua, entonces comandado por Daniel Ortega. Hoy Firmenich es asesor del dictador asesino que mantiene presos a muchos de sus opositores.

Los millones del erario público siguen repartiéndose sobre la base de leyes de reparación inexplicablemente vigentes para indemnizar a nuevas víctimas o familiares que reclaman a 50 años de los hechos. Muchos asesinos siguen libres y hasta gozan de indemnizaciones. Los años 70 no vuelven una y otra vez al presente argentino por obra de la casualidad. No hay casualidades, solo odio, corrupción y venganza.

Fuente: La Nación

Las tensiones existentes en la Cancillería pondrán una vez más a prueba la elasticidad de la estructura funcional que el ministro Carlos Muñiz perfeccionó en 1963 con la creación del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN). Hemos propuesto con reiteración que el país rinda el homenaje pendiente –una calle, una avenida, una plaza– a quien fundó, por añadidura, el Consejo Argentino para las Relaciones Exteriores (CARI), un think tank moderno y de prestigio para articular entre los sectores privado y público los lazos entre la Argentina y el mundo.

El ISEN se halla, precisamente, en el centro de una deliberación pública a propósito del criterio del gabinete del canciller, Gerardo Werthein, de suspender por este año el ingreso de aspirantes a incorporarse al servicio diplomático. Ninguna indicación ha recibido todavía, en ese sentido, la conducción de aquel instituto, a cargo del embajador Renato Carlos Sersale de Cerisano, un experimentado profesional, sumamente respetado por sus colegas. Todo indica, sin embargo, que la voluntad dominante de quienes conducen el Palacio San Martín sería prescindir por este año, al menos, de nuevas incorporaciones.

Con la complicidad de diplomáticos que deshonraron las mejores tradiciones de la Cancillería –la de Estanislao Zeballos, José Luis Murature, Carlos Saavedra Lamas, Miguel Ángel Zavala Ortiz y otros–, el kirchnerismo pretendió colonizar con sus nefastas alianzas internacionales y su catastrófica ideología las filas del ministerio que tiene por misión central defender los intereses del país en el exterior. El promedio histórico de ingresos en el ISEN ha sido de 20 a 25 alumnos por año. La Cancillería que generó el siniestro memorando con Irán sobre la forma en que se investigaría el más grande atentado producido en la Argentina, el de la AMIA, hizo que en 2007 entraran 40 becarios y que, entre 2008 y 2015, se elevara esa cifra a una media de 50 becarios.

El kirchnerismo pretendió colonizar con sus nefastas alianzas internacionales y su catastrófica ideología las filas del ministerio que tiene por misión central defender los intereses del país en el exterior

El resultado de tal operación calculadamente amañada ha sido que hoy se desempeñen en el servicio exterior unos 540 funcionarios, o el 45 por ciento del total del plantel, que han sido adoctrinados en las consignas ciegas a las razones que han llevado a la bancarrota política, social y moral de la Argentina, pero bien adiestrados en promover el acercamiento argentino a cuanta dictadura izquierdista hubiera en el planeta.

El sentido de cuerpo de una parte significativa de los ingresados en los años del kirchnerismo se hizo sentir poco tiempo atrás en la votación sobre una propuesta de paro de actividades por decisiones en materia salarial adoptadas por la exministra Diana Mondino a instancias del Ministerio de Economía. La iniciativa fracasó por apenas una decena de sufragios, aunque luego hubiera coincidencia en reclamar una medida cautelar en la Justicia, que rige aún. La suspensión en 2025 de los cursos para entrar en la carrera diplomática demora, desde luego, la neutralización de quienes ingresaron a la Cancillería empujados por el kirchnerismo por otros que, en adelante, lleguen formados en un ideario más consustanciado con los principios republicanos y liberales de la Constitución.

Pero no sería la primera vez que se suspendiera la incorporación de nuevos ingresantes. Esto ya sucedió en los años noventa y también en 2020, cuando estalló la pandemia de Covid. Las vacantes en el ISEN deben estar en relación con el número de plazas activas en el cuerpo diplomático y, al parecer, lo dictaminado por la Dirección de Recursos Humanos de la Cancillería es que, además de no ser necesario incorporar hoy más funcionarios, la suspensión de ingresos sería coherente con la voluntad de ahorrar gastos en consonancia con la política presidencial.

El promedio histórico de ingresos en el ISEN ha sido de 20 a 25 alumnos por año. La Cancillería que generó el siniestro memorando con Irán hizo que, entre 2008 y 2015, se elevara esa cifra a una media de 50 becarios

Por este último lado la argumentación del oficialismo sería endeble. Las erogaciones del ISEN están bastante acotadas, ya que el claustro de profesores se encuentra configurado por numerosos diplomáticos –no pocos en situación de retiro– que asumen allí tareas sin otra contrapartida que ser útiles al país. Este año el embajador Sersale tiene capacidad para incorporar a los estudios a 22 candidatos que superaron una primera selección entre 370 que se presentaron inicialmente y una segunda selección a la que llegaron 44 jóvenes ya adiestrados en muchas otras disciplinas.

Como el ISEN dispone de suficiente autonomía, sería del caso que no se pierda tiempo en la preparación de más gente en el arduo proceso de formar diplomáticos, ni se desaliente a quienes hicieron gala de sus merecimientos en los concursos realizados, y queden como un elenco de reserva al que la Cancillería pueda apelar en el momento que sea indicado. No debe olvidarse que aquel instituto presta otras funciones de relieve, como el curso al que deben aplicarse quienes aspiren al ascenso desde primer secretario hasta consejero; allí por igual rinden tesis sobre temas de interés para nuestras relaciones exteriores quienes serán evaluados para pasar del rango de consejero al de ministro.

Mejor será que las discusiones sobre la evolución de la Cancillería se centren en otros asuntos. Uno de especial importancia concierne a la consideración que merecen los funcionarios de carrera de gran solvencia profesional en el trato con jerarcas políticos, tan improvisados a menudo. Otro asunto de especial trascendencia es actuar con la comprensión de que la política exterior es un asunto demasiado serio como para jugarlo a la ruleta rusa de las decisiones de líderes políticos extranjeros nada previsibles. Son tan malos los alineamientos automáticos como los desalineamientos producto de la ignorancia o de criterios pasajeros que desconocen el fondo de los intereses permanentes de la Nación.

Son tan malos los alineamientos automáticos como los desalineamientos producto de la ignorancia o de criterios pasajeros

Por lo demás, está pendiente de resolución la serie de sumarios abiertos por votaciones en las Naciones Unidas durante el ministerio de Mondino contra una docena de funcionarios relevantes, el embajador Ricardo Lagorio, entre ellos. No cometieron delitos, no cometieron contravenciones e hicieron las consultas del caso con la Casa Rosada para votar, como finalmente ocurrió, de acuerdo con lo que venía realizando la Argentina desde hacía años, en contra del embargo impuesto por los Estados Unidos a Cuba.

Es posible que hayan consultado a algún personaje de entre los recién llegados a la Casa Rosada sin más mundo que el de las extravagancias de las redes sociales, pero si la respuesta no fue la que esperaba la Presidencia, es en su ámbito donde deben determinarse las responsabilidades y no llevarlas a otros espacios de la administración nacional.

Fuente: La Nación

Recientemente fueron publicados datos sobre la cantidad de pasajeros durante diciembre de 2024 y enero de 2025, en los cuales se destaca un récord de personas transportadas, especialmente en el plano internacional.

Durante el año último, el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Transportes y la recientemente creada Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, ha firmado acuerdos bilaterales con más de diez países, a razón de casi uno por mes como se jactó el secretario de Transporte en la firma de un reciente convenio suscripto con República Dominicana.

Dichos acuerdos bilaterales, mal llamados de cielos abiertos, autorizan a operadores extranjeros y, recíprocamente, a los argentinos, frecuencias sin limitación, mayores libertades e incluso a operar, bajo algunas condiciones, tramos domésticos como continuación de operaciones iniciadas en sus países de origen.

La quita de los límites de frecuencias por país, como en el caso de Perú, es una herramienta esencial para que se abran desde el interior del país nuevos pares de ciudades, sin por ello afectar las frecuencias con la ciudad de Buenos Aires, el mayor mercado.

Pero los convenios bilaterales son la herramienta más marketinera de la serie de medidas que se han tomado y de las muchas que faltan, que impactan más que nada sobre las rutas internacionales que también se ven beneficiadas por el contexto económico general del país.

La aviación regional, que conecta ciudades pequeñas y medianas con hubs, es una deuda pendiente

En el plano doméstico, los números de crecimiento no son tan espectaculares: menos del 10% de crecimiento en pasajeros contra más del 20% en el plano internacional. Tampoco han llegado nuevos operadores de relevancia, lo que debe tomarse como una señal de advertencia.

El Gobierno aún no ha definido el camino que va a tomar con Aerolíneas Argentinas, un jugador relevante tanto en la faz comercial como política, que no puede ser ignorado por aquellos que quieran invertir en el mercado doméstico y que esperan sus señales para avanzar en sus inversiones.

Por otra parte, en una acertada medida, se ha flexibilizado la afectación de aeronaves con matrícula extranjera a operadores nacionales, lo que ha permitido el aumento de flotas de las dos empresas privadas, pero las autoridades deben ser claras en que se trata de una situación excepcional y con limitaciones de tiempo y cantidad, ya que una buena decisión coyuntural podría afectar el desarrollo del mercado local en el mediano y largo plazo. Paises como Brasil, Australia y los Estados Unidos, entre otros, limitan, con el foco puesto en sus grandes mercados domésticos, la afectación de aeronaves extranjeras.

Si bien en estos días ha iniciado sus operaciones una pequeña línea aérea que piensa unir ciudades medianas de la zona pampeana, la aviación regional –aquella que conecta ciudades pequeñas y medianas con hubs– es una deuda pendiente de nuestro país, que permitiría no solo aumentar el número de turistas, sino sumar pasajeros desde ciudades que hoy no cuentan con vuelos o son atendidas con aeronaves de mayor tamaño con menos frecuencias.

El Gobierno ha iniciado un camino, que debe concretarse y orientarse para que sea efectivo en el mediano y largo plazo, y no para mostrar mejores números circunstanciales.

Fuente: La Nación

La Argentina es un país peculiar, donde todos ven al elefante bajo la cama, pero la sucesión de crisis y el temor al cambio llevan a preferir la tibia convivencia con el paquidermo antes que optar por el desafío de la libertad en un mundo incierto. Las turbulencias recurrentes distraen a la población respecto de los temas que condicionan su nivel de vida y la sujetan a las penurias del atraso.

Un buen ejemplo es la situación dramática de familias que viven en departamentos y no pueden pagar las expensas, frente a la opulencia de dirigentes sindicales cuyo patrimonio se ha amasado con sus aportes. De las familias, se entiende. Esa relación causal es tan obvia, que se denuncia por sí sola. Pero los enjuagues políticos han logrado desviar la atención al costo de los elementos de limpieza o de la calefacción central omitiendo el peso del elefante en la cuenta final.

Según la Dirección de Defensa del Consumidor porteña, de cada 100 denuncias que recibió el año pasado, 17 fueron contra administradores de consorcios (casi 3000), la mayoría por la dudosa gestión de las cuentas. El encarecimiento de las expensas ha provocado que muchos edificios hayan prescindido de los encargados, alquilando sus habitaciones para maxi quioscos u otros rubros. A su vez, los servicios suprimidos se contratan afuera, con empresas independientes.

La principal razón es el aumento salarial a los encargados por encima de la inflación acumulada. Pero la raíz del desajuste no está en las razones aparentes, sino en las ocultas: el marco legal que regula los acuerdos. Las remuneraciones están fijadas por el convenio colectivo del gremio de los porteros, representado por el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh), que acuerda con tres cámaras que no incluyen a los propietarios, ni a todos los administradores: la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal (Caphai), de 1951; la Unión de Administradores de Inmuebles (UADI), de 1983, y la Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal (Aierh), de 1989. Se trata de una gran ficción armada en connivencia con el peronismo, dueño histórico del Ministerio de Trabajo, de los tribunales laborales y del voto del Senado para blindar privilegios corporativos que se arrastran desde 1943. Lo sabía bien Raúl Alfonsín, que trató de modificarlos mediante la fracasada ley Mucci (1984) y terminó rindiéndose al nombrar al sindicalista Carlos Alderete en aquella cartera. Ya hemos tratado este tema en un editorial anterior, referido al decreto 149/2025 que suprimió los aportes para financiar institutos de “capacitación” inventados por convenios colectivos de trabajo. Y también a la espuria creación en 1991 de un sistema de retiro para los empleados de comercio, financiado con un aporte del 3,5% a la compañía La Estrella, ordenado por otro convenio colectivo. Todos engendros cortados con la misma tijera.

El Suterh se encuadra en el modelo de manejo familiar y filiación partidaria que caracteriza a otros gremios en la Argentina. Desde 1985 fue conducido por José “Pepe” Santa María y luego por su hijo Víctor, que lo sucedió en 1989. Integra la federación (Fateryh) con 30 sindicatos y 85.000 afiliados.

Las cámaras empresarias están conformadas por titulares de negocios afines cuyo vínculo gremial prrocura la defensa de sus intereses comunes, generalmente frente al Estado. Por contraste, las tres cámaras de administradores de propiedad horizontal de adhesión voluntaria (no existe colegiación obligatoria) parecen un club de amigos pues solo velan por el interés de estos con el objetivo de jerarquizar su profesión, “procurando una eficaz y armoniosa convivencia consorcial”. No es su prioridad cuidar los intereses de los propietarios a quienes administran en relaciones plagadas de conflictos de intereses, como lo prueban las 3000 denuncias citadas.

Aquí se halla el nudo de la cuestión. Los administradores son representantes legales de los consorcios como mandatarios, pero es debatible que tengan facultades para ir más allá de las gestiones administrativas propias de la gestión del edificio, como la celebración de convenios colectivos cuyos efectos trascienden el interés de cada consorcio.

Mecanismos de exacción de fondos a las familias para enriquecer a sindicalistas han tenido como base el régimen de personería gremial única

La picardía sindicalista ha sido lograr que tres cámaras de administradores sin vínculos con los propietarios funcionen como contrapartes de la negociación colectiva. Algunos las califican de “sellos de goma” al servicio del Suterh. Y como la facultad de reconocer personería “patronal” la tiene la Secretaría de Trabajo, basta que esta las admita para que queden legitimadas. Luego, al homologar los convenios, con su varita mágica las convierte en legisladoras de la propiedad horizontal, obligando a todos los consorcios del país a someterse a lo acordado.

Los administradores saben que el principal deseo de los propietarios es evitar mayores gastos y es absurdo que, mientras ellos piden cotizaciones a pintores, plomeros y gasistas, el Suterh, mediante el artilugio de usar la careta de esas cámaras, hace entrar los gastos mayores por la puerta trasera, sin que ellos tengan arte ni parte.

Desde 1985, cuando fue elegido “Pepe” Santa María, el Suterh incrementó su patrimonio en más de 200 veces. El sindicato y su obra social cuentan en el AMBA con siete pisos de su sede central, dos clínicas y una maternidad, siete centros de formación profesional, el Centro de la Mujer y el Niño (10 pisos comprados a la Sociedad Hebraica), un Centro de Innovación Virtual, una Escuela de Robótica Infantil, una Academia Gamer, tres centros de educación terciaria, cinco centros deportivos, una decena de hoteles de turismo social y hasta una universidad.

En paralelo, Víctor Santa María se diversificó como dirigente político (presidió el PJ Capital), futbolístico (Sportivo Barracas) y, a través del Grupo Octubre, maneja un holding de medios (el diario Página 12, los canales de televisión 9 e IP, la plataforma OctubreTV, las revistas El Planeta Urbano y Caras y Caretas, la radio AM750 y las FM Aspen, Blackie, 94.7 y 97.1), además de VPM, Girola y Multiposter, de publicidad exterior.

Buena parte de los fondos para semejante despliegue de inversiones y negocios salen de las expensas que agobian tanto a jubilados como a empleados, a comerciantes como a profesionales. Provienen de la cuota sindical del 2,5% de los encargados y de casi el 8% que ingresa la obra social Osperyh por los 600.000 departamentos de CABA que conforman 123.000 consorcios, además del Gran Buenos Aires (550.000); Córdoba (257.000), Santa Fe (225.000) y el resto del país.

En 2007 la Unidad de Información Financiera (UIF) presentó una denuncia en la Justicia Federal contra el Suterh por maniobras irregulares de sobre o subfacturación con firmas proveedoras por varios millones de dólares. Asimismo, detectó movimientos de fondos desde Suiza para que la madre de Santa María, jubilada de 82 años, ingresara en el blanqueo de capitales de 2017, pero la causa no avanzó. El jefe de los porteros está blindado por sus recursos exuberantes, sus apoyos políticos y su control mediático.

Estos mecanismos de exacción de fondos a las familias para enriquecer a sindicalistas han tenido como base legal el régimen de personería gremial única vigente desde 1945 y la ley de convenios colectivos de trabajo (1953), que imponen en todo el país, a través de homologaciones “políticas” de la cartera laboral, condiciones pactadas entre partes monopólicas: las cámaras sectoriales y los sindicatos con personería. Y como lo demuestra este caso, hasta la validación de contratantes fantasmas para simular negociaciones inexistentes.

Estas distorsiones deben extirparse con una reforma laboral que descentralice la negociación colectiva y que, en el peculiar caso de los consorcios, asegure una genuina representación de los propietarios en la defensa de sus intereses.

Fuente: La Nación

Lo simultáneo de dos situaciones diametralmente opuestas potenciaba el miércoles por la tarde el contraste entre dos caras del país, mientras se avanza tropezosamente, pero se avanza, hacia un cambio cultural que podría llegar a ser más profundo de lo que aún parece.

Por un lado, el pasado. La violencia desatada en las calles céntricas de Buenos Aires, con el pretexto de apoyar a los jubilados en sus reclamos de mejores retribuciones, por la asociación de punteros políticos de extramuros, sindicalistas de pobre representación gremial y sórdidos elementos de una convergencia de barras bravas del fútbol. Han sido por sus desafueros los causantes de la rareza mundial humillante que imposibilita desde hace años la concurrencia a un mismo partido de hinchadas de diferentes banderías. La barbarie, en suma, encarnada desde lejos por la sórdida arenga de Mario Firmenich, principal responsable de la carnicería entre argentinos de los años setenta, alentando ahora desde el extranjero a que sorprendidos racinguistas se sumaran a la depredación que por enésima vez se cometería en la capital del país.

Por el otro lado, una multitud de miles y miles de personas que admiraban los logros argentinos en la disciplina que los ha convertido en modelo para calcar, en el predio ferial situado a 226 kilómetros de Buenos Aires, sobre la ruta 9, en San Nicolás, y engrosada por delegaciones de productores agropecuarios de Estados Unidos, Europa, países vecinos al nuestro, África y Asia. Que quienes labraron la tierra por miles de años vinieran a la muestra de Expoagro a aprender sobre las mejores técnicas agrícolas y las más avanzadas aplicaciones tecnológicas a fin de obtener el perfeccionamiento en siembras, cuidado de cultivos y cosechas que se realizan en el vasto territorio argentino, o sobre las innovaciones y la creatividad de los fabricantes de maquinaria agrícola nacional, fue de un estímulo conmovedor para quienes aman y agradecen los esfuerzos del campo. Expoagro atrajo en la semana a unas 250.000 personas.

Expoagro atrajo en la semana a unas 250.000 personas, incluidas delegaciones de productores de Estados Unidos, Europa, países vecinos al nuestro, África y Asia

Legisladores e intendentes de algunas de las fuerzas políticas que habían salido el miércoles a las calles a destrozar bienes públicos, a atacar a fuerzas policiales y de seguridad, pasearon por el predio nicoleño sin recibir un agravio, sin un grito hostil que los perturbara, sin una impertinencia destinada a refrescarles, en su anacrónica condición de camporistas, los daños que desde el gobierno nacional habían inferido a la producción agropecuaria. Lo hicieron con políticas estatistas y corrupción rampante, no debe nunca olvidarse, que dejaron al país en ruinas y, en particular, con ensañamiento irracional y perverso contra el campo y, por ende, contra los intereses generales del país.

La cobertura de este acontecimiento por los cronistas agropecuarios de LA NACION tomó nota del estado de ánimo generalizado entre los protagonistas del campo: identificación con los lineamientos generales de la política económica y disenso con el lenguaje vulgar de los gobernantes, que contribuye a elevar la temperatura natural de los disensos políticos. Esa percepción deberá ser encuadrada en la tendencia que se va afirmando, no solo por los resultados de haber dominado hasta aquí la inflación y el déficit fiscal y de haberse puesto más orden en las calles –a veces de forma poco feliz–, sino por los datos incipientes de un cambio cultural, consecuencia de la tenacidad en la continuidad de aquellos esfuerzos.

Si hubiera que realizar un balance sobre los ejes centrales de esta edición de Expoagro, la más grande de todas en relación con las anteriores, cabría señalar otra novedad: en todas las conversaciones aquí entabladas, en todas las negociaciones de compras o gestión de créditos, quedó de manifiesto que la especulación financiera ha perdido terreno, resignando espacios en favor de la estricta virtud de producir. Ha sido ese un cambio de proporciones considerables respecto de las expectativas con las que los productores se habían manejado durante muchísimo tiempo.

En todas las conversaciones quedó de manifiesto que la especulación financiera ha perdido terreno

Hubo un mayor porcentaje de solicitudes crediticias en bancos privados y oficiales –por 4100 millones de dólares, en el caso del Banco Nación– respecto de años últimos, aunque siempre bajo las condiciones privilegiadas que han concedido tradicionalmente durante los días de esta muestra. Hubo, también, un número más abultado que en años anteriores de ventas de maquinaria agrícola y de operaciones sobre insumos. La campaña próxima está a la vista a fines de mayo, con siembras como las del trigo.

Una experiencia flamante fue observar a la ganadería como actora de primerísimo nivel de una exposición que en realidad no había estado nunca confinada a los asuntos agrícolas. Los remates ganaderos se abrieron el lunes y concluirán hoy con marcas que ya superan las ventas de más de 130.000 cabezas de vacunos.

El Tecnódromo constituyó otra de las atracciones especiales de esta edición de Expoagro, uno de cuyos ejes fue la perfectibilidad que ha ido adquiriendo la tecnología predictiva, la de la anticipación en la solución de los problemas que el productor agrícola encontrará sobre el terreno de sus trabajos merced a la combinación de instrumentales de punta, sea en siembras, aplicación de fertilizantes o mapeos de cultivos. El debate en torno de estos avances tecnológicos y de la marcha de la economía y de la situación política ocupó los cuatro días de la muestra en stands de las 700 empresas participantes y en auditorios colmados de asistentes.

Frente a la discriminación a la que lo sometieron sucesivos gobiernos, el campo demanda medidas reparatorias

Pasaron por la muestra varios gobernadores –los de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Chubut, entre otros–; ministros como el de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la vicepresidenta Victoria Villarruel; el expresidente Mauricio Macri, y, ayer, el actual jefe del Estado. Haberse hecho este acompañar por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, significó un espaldarazo para ella después de los gravísimos incidentes callejeros en los alrededores del Congreso.

Javier Milei no llevó ningún anuncio específico para el campo; apenas reiteró que cuando se den las condiciones reducirá las retenciones a las exportaciones agrícolas hasta eliminarlas, pero se retiró en medio de aplausos como jamás se evidenciaron en Expoagro con un registro equivalente.

Si el Presidente tenía una carta más grata para mostrar al campo, tal vez la haya dejado para más adelante. El 30 de junio vencen las modestas disminuciones hechas de modo suspensivo en las retenciones de los principales productos agrícolas. Eso sería en medio de un proceso electoral. ¿Aprovechará Milei la caja de resonancia de la exposición anual de Palermo para decir algo más concreto a fines de julio o principios de agosto? La posibilidad está abierta. Después de haber superado una sequía incipiente que ha dejado rastros de mermas irreparables, pero con una cosecha gruesa que seguramente será en general de saldos razonables, el campo demanda medidas reparatorias frente a la discriminación a la que lo sometieron sucesivos gobiernos, y hechos concretos que le permitan perforar el techo improductivo que tapona desde hace años el crecimiento de su producción agrícola.

Fuente: La Nación

Los graves hechos registrados anteayer en las inmediaciones del Congreso de la Nación eran más que previsibles. Nadie podía esperar una movilización pacífica cuando entre sus principales convocantes se hallaban barras bravas de equipos de fútbol que no han demostrado ser otra cosa que verdaderas asociaciones ilícitas, artífices de la violencia y la extorsión, y hasta uno de los máximos adalides del terrorismo, como Mario Firmenich.

Lejos de ayudar a los jubilados, en nombre de quienes dijeron movilizarse, los violentos que se hicieron presentes en la marcha los pusieron claramente en peligro. Fueron dispuestos a la provocación y al choque con los efectivos policiales, con el lamentable resultado por todos conocido: más de un centenar de detenidos y una veintena de heridos, entre ellos un joven fotógrafo, Pablo Grillo, que lucha por su vida luego de recibir el impacto de una cápsula de gas en el cráneo. La Justicia y la propia Policía Federal deberían esclarecer este lamentable hecho, determinando las responsabilidades de la aparente mala praxis en la represión policial.

Sin embargo, nada puede hacernos perder de vista que la movilización poco tenía que ver con la presunta reivindicación de los jubilados. La postal del día siguiente en los alrededores del Congreso ofrecía la peor cara del vandalismo: además de los dos patrulleros policiales y los numerosos contenedores de basura incendiados por grupos violentos, se detectaron unos 80 metros cuadrados de veredas destruidos solo en la Plaza del Congreso, con la intención de utilizar piedras y cascotes para atacar a las fuerzas del orden y varios frentes de comercios y automóviles destruidos a piedrazos. Alrededor de la mitad de los detenidos contaban con antecedentes penales, según informó el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. Pese a ello, gracias a la doctrina garantista de la jueza Karina Andrade, la mayoría de ellos fueron liberados. Los daños estimados por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ascienden a unos 275 millones de pesos.

Esta vez se recurrió a integrantes de conocidas barras bravas del fútbol, acostumbrados a llevar la violencia a dondequiera que vayan. Son los mismos grupos de los que, alguna vez, Cristina Kirchner habló maravillas

Ninguna de las hinchadas que convocaron a la violenta manifestación se acordó de los jubilados cuando el gobierno de Alberto Fernández modificó la fórmula de cálculo de los aumentos de sus haberes; tampoco cuando Cristina Kirchner resolvió desconocer el 82% móvil para las jubilaciones.

La protesta trajo a la memoria de muchos aquella del 18 de diciembre de 2017, realizada en el mismo lugar para oponerse al proyecto de movilidad jubilatoria que impulsaba el gobierno de Mauricio Macri. Esa jornada, recordada por las 14 toneladas de piedras que activistas de grupos de izquierda lanzaron contra los efectivos policiales, forzó la modificación de la iniciativa de Macri sin que sus detractores repararan en que el proyecto original hubiera beneficiado a los jubilados, dado que contemplaba incrementar sus haberes en función de la inflación.

Como en aquella oportunidad, anteayer, el propósito de la marcha no fue otro que debilitar al Gobierno y a las instituciones democráticas. Quienes la encabezaron fueron grupos asociados a un sector político como el kirchnerismo, que no se resigna ante el hecho de haber sido derrotado en las urnas y sobre cuyos dirigentes pesan graves acusaciones en el ámbito judicial. Son nostálgicos del poder, que buscan minar la confianza en la gestión de Javier Milei e impedirle llevar a la práctica reformas estructurales.

La novedad que trajo la manifestación de anteayer fue que, esta vez, se recurrió a miembros de conocidas barras bravas del fútbol local, acostumbrados a llevar la violencia a dondequiera que vayan. Son mercenarios que viven de negocios ilícitos, del chantaje y del alquiler de sus “servicios” a dirigentes políticos, y que en no pocos casos tienen empleos en municipios gobernados por el kirchnerismo. No son otra cosa que organizaciones mafiosas que ocultan su verdadera intención delictiva detrás de una supuesta pasión por los colores de sus clubes. Curiosamente, son los mismos grupos de los que, siendo presidenta de la Nación, Cristina Kirchner habló maravillas, al declararse emocionada cada vez que observaba a esos hinchas parados sobre los paraavalanchas de las tribunas. Nada es casual.

Fuente: La Nación

Las expresiones vertidas recientemente por el presidente Javier Milei contra la instalación de una cultura que considera a los delincuentes “víctimas del sistema”, en línea con lo que llamó el “wokismo jurídico” sostenido por el doctor Eugenio Zaffaroni, ponen nuevamente sobre el tapete un viejo tema frente a los alarmantes índices de inseguridad.

Un grupo de magistrados y docentes acaba de difundir una declaración en desagravio al citado exjuez de la Corte Suprema de Justicia, poblada de frases altisonantes. Afirmaciones como “el límite para el derecho penal es la Constitución” o “en un Estado de Derecho el garantismo penal no es una opción, es una obligación” revelan el núcleo de la problemática denunciada por el primer mandatario. Nuestra sociedad es víctima cotidiana del notorio fracaso del Estado en su enfrentamiento con el delito. Le ha cabido un papel decisivo en esta dramática situación a la corriente del llamado “garantismo penal”, difundido en muchas de las cátedras universitarias de nuestro país, en publicaciones, dictámenes y fallos judiciales, en parte de nuestra legislación y hasta en la estructura misma de nuestro sistema judicial.

El garantismo, una ideología jurídica nacida hace más de dos siglos, propone una forma de ver, interpretar, exponer y hacer funcionar el derecho. Cobró fuerza a partir de los años noventa como contracara de los supuestos abusos del llamado “neoliberalismo”. Se opone al excesivo afán punitivo del Estado, al que acusa de terminar “criminalizando la pobreza”, protegiendo exclusivamente a los que están incluidos en el sistema y castigando a quienes quedan fuera de él. Cuestiona así un derecho penal que, según argumenta, ignoraría los condicionantes sociales de los delincuentes y es utilizado como instrumento de los que “poseen derechos” en contra de los que carecen de ellos.

Esa perspectiva, tan ligada a la visión de la historia y la sociedad como resultante de una “lucha de clases” y del sistema legal como herramienta creada por los dueños de los medios de producción contra el proletariado –según el pensamiento marxista–, tiene instalado el gen del fracaso en su propia concepción. Un grave error en el diagnóstico del mal que se sufre no puede más que acarrear equivocaciones de igual magnitud en su intento de remediación. La prohibición de determinados comportamientos y su castigo en caso de ser comprobados se verifica en el propio origen de la vida en comunidad, como condición insoslayable. Las leyes tienen como fin garantizar el orden y el desenvolvimiento pacífico de la vida social. Y por más que se insista en que la pena no es para castigar sino para resocializar al delincuente, lo cierto es que esa resocialización no contempla, en general, alternativas voluntarias, dado que el Estado la impone en forma coercitiva a quienes delinquen, y no en favor de los más poderosos o más inteligentes contra los débiles e ignorantes como se esgrime. La pena establecida en la ley no es una retribución del acto inteligente del hombre, sino del acto voluntario.

La contribución del garantismo al control permanente de los posibles abusos del Estado, así como su atención a los efectos que en el delito tienen las inequidades y desigualdades presentes en la sociedad, es valiosa solo como denuncia o alerta. Pero su visión del crimen como un “conflicto social” y la atenuación de la responsabilidad y de las penas para quienes producen delitos violentos porque provienen de sectores carenciados han cooperado determinantemente en el tan generalizado como grave proceso de impunidad e ineficiencia judicial que padecemos. Su impacto en el creciente deterioro de la seguridad pública, que afecta todos los aspectos de la vida social, es innegable. Lamentablemente, se constata no solo en las estadísticas, sino también en el enrejamiento de las viviendas y en el crecimiento de barrios privados con seguridad, en la sospecha y el miedo en el trato al prójimo así como en muchas otras alteraciones impuestas por la realidad en la cotidiana vida comunitaria. Bajo el influjo del garantismo se promueve que, como es más difícil comprobar y sancionar los delitos políticos o económicos, entonces no debieran castigarse con tanta dureza aquellos violentos cometidos en las calles, propios de los más desposeídos.

Por el contrario, son los crímenes de violencia los que primero debiéramos prevenir y reprimir, porque la pérdida de bienes materiales presente en los delitos defraudatorios y de corrupción puede ser reparable en la vida de una persona, de una empresa o de una nación. En cambio, cuando un individuo sale con un arma a delinquir estamos ante el probable escenario de la afectación de bienes irreparables, como la vida o una incapacidad permanente de una víctima. El Estado debe prioritariamente custodiar la vida, la salud y la propiedad de las personas amenazadas por la violencia física, comenzando por recuperar la educación en el respeto de esos valores, hoy perdidos para muchos desde la niñez.

Precisamente, esa ideología garantista responsable de la mayor inseguridad ciudadana castiga a los más desposeídos, abandonados a su suerte por falta de presencia policial en sus vecindarios. El garantismo ha contribuido también a maniatar a los agentes del orden, cada vez con mayor frecuencia acusados de gatillo fácil y de abusos ante cualquier intervención espontánea, judicializando el concepto de la seguridad, con exigencias y prescripciones impracticables. La ideología garantista se opone y evita la implantación del sistema de “tolerancia cero” a las infracciones, por nimias que sean, que tan buen resultado ha dado en las sociedades más desarrolladas. De igual forma, rechaza el uso de medios de inteligencia en el combate al crimen organizado. En el campo legislativo ha creado órganos de apelación en los juicios –ahora nada menos que cuatro instancias revisoras en la Capital– para que pueda quedar firme una sentencia.

Los cultores del garantismo penal, aferrados a dogmas impracticables que persiguen finalidades políticas, se oponen a la aplicación del Código Penal para el restablecimiento del orden social. Es preciso reinstalar el sentido común para que la Justicia le devuelva la confianza a la sociedad, recupere las calles para los vecinos, proteja a la niñez y adolescencia gravemente en riesgo por la violencia y el narcotráfico, principalmente en los barrios más pobres, y ponga énfasis en la prevención, contando para ello con el respaldo de todo el arco político y del sistema judicial sin dudas ni dobleces. Sin olvidar, tampoco, que la educación es la herramienta por excelencia para garantizar la disminución de la delincuencia.

Fuente: La Nación

La ciudad de Bahía Blanca se ubica en la cuenca inferior del canal Maldonado y del arroyo Napostá. Esta localización se traduce en la rápida acumulación de agua ante lluvias intensas, agravada por una geografía que acarrea sedimentos hacia las zonas más bajas, bloqueando los drenajes, con una expansión urbana desordenada y dispersa que redujo espacios naturales de absorción y escurrimiento hacia el mar. Esta información, que incluía identificación de localidades con mayor riesgo de inundación, estaba contenida en una investigación de hidrografía urbana publicada por el Conicet a comienzos de 2012. Más de una década transcurrió. ¿Qué se hizo al respecto? La desidia de distintas gestiones queda en evidencia cuando hay numerosos ejemplos de obras realizadas que morigeraron los catastróficos efectos de las inundaciones en otros lugares, como por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires.

La histórica caída de 290 milímetros de agua en apenas 12 horas el pasado viernes 7 se enmarca dentro de lo que nuestro país anticipó en el Primer Reporte Bienal ante la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático como incrementos en la frecuencia e intensidad de las lluvias junto con el aumento del nivel del mar. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) ha advertido al respecto que, en particular, la costa sur de la provincia de Buenos Aires podría sufrir inundaciones permanentes.

Lo ocurrido ha puesto en evidencia no solo la ausencia de una planificación urbana frente a este tipo de fenómenos, sino también la de planes de rápida respuesta ante situaciones extremas. El Programa de Desarrollo Hidráulico dentro del presupuesto nacional experimentó un recorte sideral, a lo cual se sumó la decisión política de subejecutarlo. La Dirección Nacional de Emergencias, organismo a cargo de brindar asistencia ante este tipo de catástrofes, fue recientemente disuelta. Los ahorros saldrán caros.

Bahía Blanca había sufrido en diciembre de 2023 otro temporal con vientos de hasta 140 km/h, que provocó la muerte de 13 personas y graves daños a las redes eléctricas, además de afectar la circulación por la voladura de distintos elementos. Imposible, asimismo, resulta olvidar a las 89 víctimas de las intensas precipitaciones registradas en abril de 2013 en La Plata, o la inundación que provocó 158 fallecidos por el desborde, en marzo de 2003, del río Salado en Santa Fe, que el Plan Maestro Integral del Salado en ejecución busca controlar.

En 2021, el gobernador Axel Kicillof anunciaba licitaciones de obras hídricas en Bahía Blanca por 3000 millones de pesos de entonces para dar respuesta al reclamo de escasez de agua de la población con acueductos, cisternas y cañerías. Si hubiera recogido también lo informado por el Conicet, debería haber anticipado esta contracara del problema que se pretendió resolver.

La gravedad de la hora demanda superar las rencillas y mancomunar esfuerzos entre la Nación y la provincia de Buenos Aires. La política debe ponerse a la altura de las circunstancias tal y como nuestra tan sensible como generosa sociedad viene haciendo con incontables acciones solidarias dirigidas a colaborar con las víctimas bahienses. El generoso despliegue coordinado de personal y medios del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada en apoyo de la población civil en la emergencia ha mostrado también ser un pilar clave. Según estimaciones del intendente Federico Susbielles, la reconstrucción de Bahía Blanca insumirá más de 400.000 millones de pesos. El gobierno nacional autorizó estos días una ayuda por 10.000 millones.

Las imágenes de las salas anegadas del Hospital Interzonal Dr. José Penna, uno de los principales de la región, con el personal trasladando de urgencia a los bebés de neonatología, pusieron en evidencia la calidad humana y profesional del plantel a cargo en imágenes viralizadas que no querríamos volver a ver. Familias enteras en los techos o evacuadas, vehículos descontrolados y a la deriva en impresionantes correntadas, puentes y tramos de asfalto destruidos, viviendas anegadas en las que se perdió todo, reflejan una tragedia que sigue conmoviéndonos mientras la lista de muertos aumenta. Ante la creciente severidad de los fenómenos meteorológicos, urge no solo encarar las obras que permitan mitigar sus efectos, sino también diseñar las alertas tempranas y los protocolos de respuesta. El cambio climático llegó para quedarse.

Fuente: La Nación

Como este diario ha ido informando periódicamente, una porción de la deuda pública en dólares de la Argentina está siendo litigada en los tribunales de Nueva York. Uno de esos juicios, relacionado con la venta de parte de las acciones de YPF, involucra al grupo Eskenazi, al grupo Petersen, al fondo Burford y al grupo Eton Park. La jueza federal a cargo del caso, Loretta Preska, condenó a la Argentina al exorbitante pago de 16.100 millones de dólares.

Tal sentencia aún no se encuentra firme y, en fecha reciente, la organización no gubernamental Republican Action for Argentina Inc. (RA4ARG) se presentó en ese expediente y solicitó ser tenida por parte interesada, con el fin de que se reviera el caso. Según denunció la ONG, el origen de la deuda está viciado, a partir de una adquisición ilícita de acciones de YPF por parte del grupo Eskenazi, favorecido por el matrimonio Kirchner, entonces en el poder.

En una denuncia penal, formulada en 2006 por la entonces diputada Elisa Carrió, se cuestionaba la operación de venta del paquete accionario de YPF en poder del Estado a favor del grupo Eskenazi

La presentación de la ONG, asistida de una nutrida prueba, invoca como uno de los soportes sustanciales de su pedido un informe preparado por la Unidad de Información Financiera (UIF) en 2018 que, conforme allí se dice, reúne una cantidad de datos relevantes que ameritan la investigación judicial. Ese informe de la UIF, paradójicamente, no es novedoso. Fue agregado hace casi siete años en una denuncia penal formulada desde mucho antes, en 2006, por la entonces diputada nacional Elisa Carrió. En esta denuncia se cuestionaba, precisamente, la licitud de la operación de venta del paquete accionario de YPF en poder del Estado a favor del citado grupo empresario. Cabe preguntarse cómo es posible que, luego de 19 largos años, no haya habido avances significativos en la causa, ya sea procesando a los involucrados en la maniobra o bien desestimándola. ¡Han pasado casi dos décadas desde su inicio! Pues bien, la respuesta es conocida por todos: el juez federal en cuyo juzgado se tramita la causa es Ariel Lijo, quien se ha caracterizado por cajonear expedientes de alto impacto que duermen el sueño de los justos en su tribunal.

Esa presentación fue comunicada a las partes del juicio y la débil respuesta del estudio jurídico que representa a la Argentina, contenida en una carilla y media, provoca asombro. Quizá ella tenga su respuesta en tecnicismos procesales que ignoramos, pero, en vista de la magnitud de la condena, merecería una explicación por parte de las autoridades. En efecto, el 24 de febrero último, antes de que la Nación respondiera sobre la presentación de la ONG, los diputados Marcela Campagnoli, Paula Oliveto Lago y Juan Manuel López acercaron a la Procuración del Tesoro el informe de inteligencia de la UIF (mencionado y adjuntado por la ONG ante la jueza norteamericana) y otras pruebas que reforzaban la presentación de la organización civil. Sin embargo, la Argentina respondió que no conocía a la ONG. También omitió toda referencia al informe de la UIF en el que se apoyaba la ONG, argumentando que si RA4ARG acompañaba la prueba de sus alegaciones, la recibiría. Al mismo tiempo, aclaró que parte de los argumentos de la ONG eran objeto de “investigación” en la Argentina, omitiendo poner de manifiesto que hace 19 años que esa causa, aún abierta en el tribunal del juez Lijo, no ha logrado esclarecer nada.

Es evidente que si la jueza Preska o, en su momento, la Cámara de Apelaciones no deciden profundizar la investigación propuesta por la ONG Republican Action for Argentina, el millonario reclamo de los actores quedará firme y nuestro país deberá afrontar su pago. Es evidente también que, una vez más, la inactividad injustificable y la ineficiencia del juez Lijo facilitan que gravísimos hechos denunciados en su juzgado queden impunes. Ello pone de manifiesto, una vez más, que este magistrado no está en condiciones de cubrir una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es el responsable directo de que esa causa no haya rendido fruto alguno en 19 años.

Fuente: La Nación

MADRID.- La brecha económica entre las generaciones más jóvenes y las de mayor edad en España no para de crecer. En los últimos 20 años, los hogares formados por mayores de 65 años son los únicos que han incrementado su renta, según la última encuesta financiera de las familias del Banco de España. En 2008, la renta mediana de los mayores de 65 era un 16% superior a la del segmento entre 16 y 29 años. En 2023, esa diferencia de renta casi se había duplicado hasta llegar al 28%.

Gracias al patrimonio y a la revalorización de las pensiones, los mayores de 65 han conseguido mantener su posición económica y ganarle a la inflación. Pero la riqueza (que incluye el valor de la vivienda en propiedad) de los hogares de entre 35 y 44 años se ha desplomado. Según datos avalados por Vivienda, entre 2002 y 2022, la riqueza media del segmento mayor de 65 años creció de 148.000 a 226.000 euros. En el segmento de 35 a 44 años, la riqueza media cayó de 132.000 euros a 75.700. La brecha de riqueza entre ambos grupos se ha multiplicado por nueve en dos décadas.

Que una persona tenga más ingresos y patrimonio al final de su vida laboral que al principio es lo normal. Que esa diferencia se vaya agrandando y acelerando de la manera en que lo ha hecho en España en este siglo, hasta convertirse en esta brecha abismal, revela problemas estructurales de la economía. Las generaciones que se han incorporado en este tiempo al mercado laboral están atrapadas en un círculo vicioso que les impide prosperar como hicieron sus mayores, y que principalmente se explica por el estancamiento de los salarios y el mercado descontrolado de la vivienda.

En el primer aspecto, aunque el empleo juvenil ha mejorado de forma considerable en la última década (del 50% de paro al 25%), los menores de 30 años firmaron el 45% de los contratos fijos discontinuos en 2024, lo que se traduce en menos horas trabajadas y menos sueldo. Súmese a esta precariedad un mercado de la vivienda disfuncional y abandonado por los poderes públicos durante años. En 2007, el 58,1% de los propietarios eran menores de 30 años. En 2023, eran el 29%. Las nuevas generaciones no van a poder construir patrimonio como las anteriores, y su renta se va en alquileres abusivos.

La subida del Salario Mínimo beneficia a los más jóvenes, pero no resuelve el problema. Igualmente, los parches en el mercado de vivienda como los bonos al alquiler no resuelven el problema de la inaccesibilidad a la compra. El Gobierno que defiende, con razón, subir todas las pensiones de acuerdo con el IPC independientemente del patrimonio y las rentas de sus receptores, tiene la obligación de diseñar políticas específicas para devolver la esperanza a una generación que no consigue salir de la angustia del alquiler y la precariedad.

Fuente: La Nación