Categoría: Entrevistas

En un país con la extensión territorial de la Argentina, las fronteras parecen un lugar muy alejado para la mayoría de los habitantes de grandes centros urbanos, donde el delito se enseñorea de las calles.

Algunas capitales provinciales se encuentran a apenas pasos de los límites fronterizos, pero para los habitantes del conurbano o de Rosario, por mencionar dos zonas golpeadas en forma recurrente por la violencia de bandas que atacan con múltiples modalidades, la referencia a la seguridad fronteriza puede representar algo abstracto. Sin embargo, ese pensamiento es un error estratégico. En las fronteras, en el primer metro de superficie del país, se desarrolla un combate decisivo cuyo resultado, finalmente, repercute en todas las ciudades de nuestro vasto territorio.

Detener la logística criminal en su origen debería ser, en consecuencia, un aspecto prioritario en la seguridad pública. En ese contexto surge ahora el debate por la propuesta de instalar un cerco perimetral a la vera del río Bermejo, en la localidad salteña de Aguas Blancas.

La idea nacida de las autoridades de la intervención municipal –el intendente quedó fuera de su cargo al ser procesado por una oscura trama que incluye el asesinato de su hermano– es alambrar un perímetro de 300 metros de extensión para evitar que los llamados bagayeros esquiven el puesto de control de Aduanas e ingresen en la calle principal de Aguas Blancas un centenar de pasos después de haber desembarcado mercaderías que, en improvisadas balsas, cruzan por un corto trayecto desde la ciudad boliviana de Bermejo.

Las autoridades nacionales avalaron esa iniciativa, pero trazaron su propio operativo para solidificar en ese lugar del norte argentino la presencia del Estado. El Ministerio de Seguridad, con Patricia Bullrich al frente, conduce el llamado Plan Güemes para ordenar las hoy permeables fronteras y que en Aguas Blancas impondrá un mayor y diferente despliegue de fuerzas de seguridad.

En los límites con Paraguay y Brasil merodea la que tal vez sea la organización criminal más importante de la región tras la caída de los grandes carteles de drogas colombianos: el Primer Comando Capital (PCC), estructura delictiva surgida de las cárceles brasileñas

Uno de los puntos claves de ese plan será el control en la navegación del río Bermejo que ejercerá la Prefectura Naval. Es menester consignar lo llamativo que resulta el hecho de que la fuerza con especialidad fluvial nunca antes tuviese esa responsabilidad, dejada hasta ahora en manos de las autoridades de Bolivia. De la misma manera, se puede señalar que siempre es bueno corregir un rumbo si los resultados marcan un error.

Con los prefectos en la primera línea y la Policía de Seguridad Aeroportuaria como auxiliar armado del personal de Aduanas, la intención oficial es que la Gendarmería redoble el esfuerzo en la profundidad de la zona fronteriza, donde las organizaciones delictivas dan el segundo paso para llevar sus cargamentos ilegales –cocaína, productos electrónicos, neumáticos, textiles, toda clase de mercadería que abastece a los circuitos delictivos en los centros urbanos– hacia sus zonas de acopio.

Insistimos: todo el trabajo que se haga para cerrar las fronteras al delito será una inestimable colaboración para empezar a revertir la proliferación en las ciudades de bandas que necesitan un constante flujo de mercaderías ilegales para obtener ganancias y crecer en número de miembros.

Frente a esa realidad, se insta a las autoridades nacionales a dar los pasos necesarios para asegurar los límites argentinos, no solo en Aguas Blancas, cuya escenografía de contrabando quedó expuesta por la propuesta de cercar una zona. Otro de los cruces internacionales con Bolivia, en Salvador Mazza, merece igual atención. A pocos kilómetros del puente fronterizo que es paso habilitado existe un área conocida como “El cañaveral”, donde los fondos de fincas argentinas y bolivianas están separados por una huella de menos de 30 metros. Informes de inteligencia criminal y datos emanados de causas judiciales dan clara cuenta del tráfico de mercaderías y personas en ese sector. La zona es patrullada, pero no puede dejar de mencionarse que se necesita aún más intensidad en el control para impermeabilizar las filtraciones de drogas. Una iniciativa que está en análisis por parte de la ministra Bullrich podría dar sustento a un cambio en un sector donde los integrantes de las fuerzas federales están obligados a convivir con bagayeros, contrabandistas y narcotraficantes.

Los funcionarios piensan en una alternativa: la rotación más rápida de efectivos instalados en las áreas de frontera. Se descuenta la vocación de los uniformados en la defensa de los ciudadanos y su compromiso y valor para enfrentar al delito, puesto a prueba en un aumento en los últimos meses de los enfrentamientos en zonas cercanas a los límites nacionales. No obstante, la participación de algunos efectivos como un engranaje más de la logística criminal quedó expuesta en varios expedientes y, en ese caso, la experiencia positiva durante el año pasado en Rosario establece las ventajas de mezclar personal nuevo entre la gente más arraigada en una zona, que de por sí suman el plus de sus conocimientos, pero pueden recibir una mirada más fresca sobre lo que ocurre en el lugar.

Sin miradas sesgadas por ideologías propias del pasado, debería estudiarse también el aporte que las Fuerzas Armadas están en condiciones de realizar, ya que contabilizaron en las últimas décadas sobradas muestras de capacidad en la protección y vigilancia bajo mandato de la ONU

El objetivo trazado hoy respecto de la frontera con Bolivia no debería, tampoco, poner en un segundo plano el necesario refuerzo de la presencia del brazo armado del Estado en los límites con Paraguay y Brasil. Especialmente, porque en esos territorios merodea la que tal vez es la organización criminal más importante de la región tras la caída de los grandes carteles de drogas colombianos: el Primer Comando Capital (PCC).

Se sabe que el PCC, surgido de cárceles brasileñas, es una estructura delictiva que lleva adelante una agresiva expansión. Tiene buena parte del control de la logística narco, sobre todo, de sus redes aéreas con avionetas que despegan desde Paraguay y “bombardean” ya no solo marihuana, sino también cientos de kilos de cocaína en territorio argentino. Sus miembros tienen una diferencia sustancial con otros traficantes y contrabandistas: no dudan en disparar y portan fusiles de asalto. Por ahora, solo se detectó la presencia de sus exploradores en los límites argentinos, pero, frente a un grupo de esas características, no puede perderse más tiempo. Fortalecer las fronteras es una decisión estratégica.

Sin miradas sesgadas por ideologías propias del pasado, debería estudiarse también el aporte que las Fuerzas Armadas están en condiciones de realizar, ya que contabilizaron durante las últimas décadas sobradas muestras de capacidad en la protección y vigilancia de sectores en las misiones internacionales bajo mandato de las Naciones Unidas.

Dar seguridad en las fronteras no solo es una misión primaria del Estado, sino también la forma de presentar la primera batalla contra el delito que golpea en las ciudades.

Fuente: La Nación

Cuando en un pleito los abogados encuentran dilaciones o trabas burocráticas, suelen decir “no estamos litigando contra la otra parte, sino contra el juzgado”. Como fue pronosticado desde estas mismas líneas en el editorial del 5 del corriente mes, titulado “Traspaso de los tribunales ordinarios: el putsch de la Corte”, eso es lo que ha comenzado a ocurrir en el seno mismo del Poder Judicial de la Nación merced a las consecuencias del fallo Levinas de la Corte Suprema, y en una dimensión inusitada. Los que “litigan entre sí” son ahora solamente los jueces.

La Corte había ordenado que los casos resueltos por la cámara de apelaciones de los tribunales nacionales llamados “ordinarios” (los que están ubicados en la capital de la República, pero que no tienen competencia federal) deben pasar por el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (STJ), al que debe considerarse el “superior tribunal de la causa” aunque integra, como es obvio, otro Poder Judicial. Esa doctrina fue fijada de manera irrevisable para, además del de Levinas, otros casos que la Corte identificó.

Que los miembros de un tribunal inferior “denuncien” que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se inmiscuyó ilícitamente en lo que no debía trastoca gravemente todo el orden institucional

Después, dictaron fallos plenarios, que son los que firman todas las salas que los integran, en el sentido opuesto a la doctrina que acababa de sentar la Corte.

Es cierto que, como indican los jueces que los firmaron, la propia Corte ha establecido que la doctrina de sus fallos no es de aplicación obligatoria en casos distintos de los resueltos si los tribunales inferiores agregan argumentos no tratados en el precedente. Eso permitió que las cámaras fallaran al revés en los fallos plenarios que ellas mismas decidieron organizar. Como difícilmente pueda existir una doctrina que no admita algún nuevo argumento, aprovecharon esa “rendija” para desconocer la doctrina de Levinas sin que pueda acusarse a sus jueces de desobediencia ni de “rebelión judicial” alguna contra la Corte.

La cuestión no concluyó allí. Con posterioridad, la Corte resolvió sostener su decisión rechazando todos los planteos que buscaban frenar el traspaso de las causas y se conoció la noticia de que el TSJ comenzó a analizar el expediente de la quiebra del Correo Argentino y que resolvió 8 de las 14 causas que le había enviado el alto tribunal.

Volviendo a la decisión de las cámaras, dos circunstancias empañan y debilitan los argumentos que puedan tener para resolver como lo hicieron.

Los ciudadanos que pagan con sus impuestos los recursos de la Justicia no pueden más que sentirse atónitos, desamparados frente a lo que sucede

La primera, la indisimulable razón que tienen sus integrantes para fallar así: más allá de sus consecuencias prácticas, Levinas significa un empujón de la Corte para que los legisladores cumplan con la obligación constitucional de transferir las competencias de los tribunales nacionales ordinarios al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a eso los jueces nacionales vienen oponiéndose de una manera tan cerril como pobremente justificada. Dedican un extenso capítulo del plenario a repasar su postura gremial respecto de cómo entienden la garantía de su inamovilidad.

La segunda es la actitud de explayarse de manera innecesaria y del todo irrespetuosa para indicarle a la Corte Suprema que se ha extralimitado en sus competencias constitucionales, que ha hecho lo que no debía hacer, que no siempre ha tenido las mismas posturas (algo que es de la esencia de la evolución jurisprudencial), todo lo cual reconocen que no integra “los argumentos sobre el fondo de la cuestión”. Lo único a que la Cámara debía dedicar su atención era, por si hiciera falta aclararlo, el fondo de la cuestión.

Dado que los propios jueces civiles indican que marcarle ese “error” a la Corte no es relevante para resolver como lo hicieron (como si lo hicieran “de paso, ya que estamos”), descalificar a su tribunal superior no ya por cómo falló, sino por aquello a lo que resolvió avocarse, no es solamente una inadmisible falta de respeto, sino también una gravísima anomalía institucional que no tiene precedentes.

Los jueces tienen en sus manos acaso la que sea la última oportunidad para demostrar su verdadero compromiso con la sociedad

Guste o no, así como “la ley es lo que los jueces dicen que es”, en nuestro sistema es la Corte la que interpreta cuál es el reparto de las competencias que establece la Constitución, incluidas las propias (por eso mismo es tan relevante a quiénes nombren los dirigentes políticos para ocupar esos únicos cinco asientos). Y en el caso Levinas –en el que el TSJ porteño acaba de rechazar un recurso de queja interpuesto por el demandado porque a su criterio la cuestión no involucra materia constitucional, por lo que Levinas tendrá que presentar otro extraordinario federal ante ese mismo tribunal–, la Corte sí resolvió que podía, en realidad que debía, resolver determinado conflicto de competencia. Que los miembros de un tribunal inferior “denuncien” que la Corte se inmiscuyó ilícitamente en lo que no debía trastoca todo el orden institucional.

Sutilezas jurídicas aparte, este inverosímil espectáculo de un Poder Judicial, el de la Nación, que ahora se dedica a “litigar contra sí mismo” vuelve a demostrar la endogamia de los líderes del sistema y su impermeabilidad a todo lo que signifique prestar atención a las necesidades de los ciudadanos.

Por ejemplo, la Cámara Civil pareció bromear cuando señaló en su plenario que se disponía a resolver como lo hizo para “conservar un adecuado servicio de justicia”. Además de esa referencia vacía, en 57 páginas solamente hay una mención a la intención de “mejorar el servicio” y es usada para justificar un pedido de más recursos, el principal punto de agenda que suelen mantener los jueces cada vez que se les reclama un mejor desempeño. Cualquiera sabe que si los procesos, las estructuras y los mecanismos de ingreso y promoción no están bien diseñados, más recursos solamente sirven para que más personas hagan más cosas de manera ineficiente.

Los ciudadanos que deberán esperar aún más tiempo la resolución de sus problemas y que pagan con sus impuestos esos recursos miran atónitos. Los jueces tienen en sus manos acaso la que sea la última oportunidad para demostrar un verdadero compromiso con la sociedad.

Valga como alerta el resultado del Índice de Confianza en la Justicia recientemente publicado por el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) y la Universidad Torcuato di Tella (UTDT).

Ese indicador revela que tres de cada diez personas prefiere no recurrir a la Justicia para resolver una cuestión de convivencia, es decir, rechaza echar mano del camino civilizado que existe, ya sea para no hacer nada, resignándose a seguir padeciendo sus problemas o, lo que sería más grave, intentando dirimirlos mediante métodos tan inaceptables como peligrosos.

Eso no ocurriría si los ciudadanos confiaran en la Justicia y si los funcionarios judiciales los tuvieran como una prioridad.

Fuente: La Nación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para suspender y revisar la aplicación de la ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), que prohíbe a empresas y ciudadanos estadounidenses ofrecer sobornos a funcionarios extranjeros para obtener o retener negocios. Las sanciones para los infractores incluyen penas de hasta 15 años de prisión y multas de hasta 250.000 dólares o del triple del valor de lo ofrecido ilegalmente. En el caso de corporaciones, las multas pueden alcanzar cifras significativamente mayores.

La FCPA fue promulgada en 1977 tras una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de ese país relacionada con el escándalo del caso Watergate. Su objetivo principal es garantizar la transparencia en las transacciones internacionales y evitar la corrupción en los negocios, siendo aplicable a empresas estadounidenses y sus subsidiarias en el extranjero, individuos con aquella nacionalidad, cualquier entidad que cotice en la bolsa de valores norteamericana y empresas extranjeras que operen dentro del sistema financiero de ese país.

Según un comunicado emitido por la administración Trump, las empresas estadounidenses se encontrarían en desventaja al competir con sus rivales de otros países, ya que no pueden incurrir en prácticas tales como sobornos y dádivas que son habituales entre competidores internacionales, creando un campo de juego desigual.

La decisión presidencial sostiene que “la aplicación excesiva e impredecible de la FCPA contra ciudadanos y empresas estadounidenses [por parte del gobierno norteamericano] por prácticas comerciales rutinarias en otras naciones no solo desperdicia recursos procesales limitados que podrían dedicarse a preservar las libertades estadounidenses, sino que daña activamente la competitividad económica y, por lo tanto, la seguridad nacional”.

Trump ha reiterado que su prioridad es reforzar la competitividad de las compañías nacionales y, con esta suspensión, pretende eliminar trabas que, a su juicio, obstaculizan la expansión de los negocios en el extranjero. Esta decisión podría cambiar las dinámicas de comercio exterior y la regulación empresarial al eliminar restricciones que han regido los negocios internacionales de las empresas estadounidenses por casi cinco décadas.

Dicha resolución pareciera situarse fuera de contexto debido a que los Estados Unidos son parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Cnucc). Más aún, debido a que, mientras dure la suspensión, la prioridad de los investigadores estadounidenses deberá centrarse en erradicar los carteles de la droga y otras organizaciones criminales trasnacionales, interrumpiendo el avance de las investigaciones en curso hasta que se emitan nuevas directrices de acuerdo con las pautas fijadas por la Casa Blanca.

Cabe recordar que la FCPA había permitido que en los Estados Unidos se aplicaran multas multimillonarias a firmas como Siemens, Odebrecht y Ferrostaal por prácticas corruptas y también fue clave en la revelación de episodios de corrupción en la Argentina como el caso IBM, durante la década menemista. Más recientemente, la aplicación de la ley ahora suspendida permitió investigar las operaciones de lavado de dinero del hoy fallecido Daniel Muñoz, presunto testaferro de la familia Kirchner, quien invirtió decenas de millones de dólares en Estados Unidos, investigación que podría quedar desactivada.

La suspensión de la FCPA podría generar riesgos para la reputación de empresas estadounidenses y provocar represalias regulatorias en otros países, además de erosionar la valiosa capacidad de Estados Unidos para liderar esfuerzos internacionales contra la corrupción y los delitos financieros.

La orden ejecutiva de Trump pone a los Estados Unidos del lado de las prácticas comerciales corruptas y constituye un pésimo mensaje para el mundo que asiste con preocupación a estas inconcebibles medidas.

Fuente: La Nación

En los considerandos de la llamada Ley Bases se estableció el principio de subsidiariedad como guía de la reforma del Estado en la nueva etapa iniciada por la actual gestión gubernamental. Se postulaba acertadamente que el Estado no debe desarrollar actividades empresarias que el sector privado pueda ejecutar. En rigor, el objetivo planteado va más allá. Solo se reservan para el Gobierno las funciones esenciales que comprenden la administración, las relaciones exteriores, la defensa, la justicia y el poder legislativo, sin lugar para el Estado empresario. Además, se propone que la administración pública debe ser idealmente descentralizada y racionalizada con apoyo de última tecnología e inteligencia artificial.

La extensa lista de empresas y organismos por privatizar incorporada inicialmente en el proyecto de ley enviado al Congreso debió ser recortada para superar las resistencias de un poder legislativo mayoritariamente dominado por ideas estatizantes. Los poderes especiales otorgados al Ejecutivo en la emergencia económica han abierto algún espacio para superar aquel encorsetamiento. Una estimación actualizada del ahorro fiscal que puede obtenerse de las privatizaciones previstas alcanzaría anualmente a 1,5 puntos del PBI. Ello resultaría de sumar la supresión de pérdidas operativas, las inversiones que estarán a cargo de los nuevos accionistas o concesionarios y los impuestos que no se abonaban y ahora se pagarán. Debería agregarse asimismo, aunque por una única vez, el monto obtenido de la venta de activos.

Las privatizaciones se encuadran en lo que se considera reformas estructurales, ya que no revierten como podría suceder con la licuación de salarios públicos o de jubilaciones. Esta expectativa sobre la irreversibilidad de las privatizaciones podría tomarse con cierto escepticismo si se mira lo ocurrido con las realizadas en los años noventa. Sin embargo, todo indica que el cambio esta vez está para quedarse.

La primera privatización concretada es la de la empresa IMPSA. Esta compañía fue fundada y operada por la familia Pescarmona, desarrollando un muy elevado nivel tecnológico en el área electromecánica. Se destacó en la fabricación de turbinas, generadores eólicos y componentes nucleares, que se exportaron a más de 40 países. Su rápido crecimiento y la fuerte competencia internacional requirieron inversiones en tecnología apoyadas en endeudamiento, lo que puso a la empresa en una alta exposición y riesgo al incumplimiento de los pagos certificados. Esto ocurrió con el gobierno venezolano y otros, provocándole una crisis financiera que se resolvió con la capitalización de deudas. Esto determinó la cesión del control del 67,7% del capital accionario al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) y el 21,2% al gobierno de Mendoza. Estas tenencias fueron las ofrecidas en octubre de 2024 en una licitación nacional e internacional, recientemente adjudicada a Industrial Acquisition Fund, compañía controlada por Arc Energy de los Estados Unidos. El monto ofrecido fue de 27 millones de dólares en capitalización, haciéndose cargo el adquirente de reestructurar un pasivo de 576 millones de dólares. Tanto el gobierno nacional como el de Mendoza han logrado evitar el cierre de IMPSA y la consiguiente pérdida de un polo tecnológico y fuente de empleo, pero no podrán recuperar los fondos oportunamente colocados. No será extraño que esta circunstancia se repita en futuras privatizaciones en las que la administración estatal ha dejado su huella. No obstante, el proceso debe continuar para evitar pérdidas sostenidas y aún mayores que finalmente quedan a cargo de los contribuyentes.

La privatización de empresas, sean industriales o de servicios, es probablemente menos desafiante y compleja que la transferencia de la obra pública a inversores privados. El presidente Javier Milei se propuso retirar completamente el financiamiento presupuestario de esas obras y prácticamente ha cumplido hasta ahora ese propósito. La consecuencia ha sido la paralización de muchas inversiones y una drástica caída en la actividad de las empresas constructoras de caminos y de grandes obras. Al inicio del actual gobierno no se disponía de mecanismos bien desarrollados y en operación del tipo público-privado y, además, el contexto macroeconómico y el elevado riesgo país fueron hasta ahora desalentadores. Estas limitaciones tienden a superarse.

El fracaso de la licitación del dragado y balizamiento de la Hidrovía parece tener razones distintas a esos factores y se investiga una posible cartelización matizada con reclamos y acciones de amparo por el supuesto direccionamiento del pliego hacia una compañía, que paradójicamente no se presentó. Más que una obra pública, el caso de la Hidrovía se refiere a la prestación de un servicio que no requiere una significativa inversión inicial y que se retribuiría con peaje en condiciones de único prestador.

El Gobierno encara ahora la concesión de algo más de 9000 kilómetros de autopistas y rutas importantes divididos en 11 unidades. Gran parte de estos caminos están hoy a cargo de la empresa estatal Corredores Viales, que se conformó oportunamente con la reestatización de varias concesiones privadas por peaje. Se incluyen tramos de rutas troncales importantes (rutas 5, 7, 9, 12, 16, 18) y 2650 kilómetros que nunca fueron concesionados. También se licita la autopista Riccheri y la conexión Ezeiza–Cañuelas. Los criterios y condiciones son correctos. Los concesionarios asumirán plenamente el riesgo, sin avales estatales ni garantías de tráfico mínimo. Se descarta acertadamente la alternativa promovida desde hace tiempo de encarar la construcción de la red de autopistas con circulación gratuita, solventada con financiamiento privado pero retribuido mediante un fondo fiduciario constituido con un impuesto a los combustibles.

La respuesta a esta licitación será determinante para extender el procedimiento a otras áreas de infraestructura, recuperando así el retraso y avanzar sostenidamente en la modernización que reclama la competitividad de la producción nacional puesta hoy a prueba.

Fuente: La Nación

Los vientos populistas en América Latina se han concentrado desde hace tiempo en la designación de los jueces, proponiendo sustituir la selección efectuada por cuerpos especializados por una elección por voto popular. Así ocurrió en Bolivia en 2009 y ahora está ocurriendo en México, donde esto implicó la separación de unos 1700 magistrados en el nivel federal, incluidos los de la Corte Suprema.

En muchos países de América Latina existe una percepción de la Justicia como una herencia colonial, lo que por cierto no es el caso de nuestro país. Pero aun así en la Argentina no hemos sido inmunes a este tsunami de populismo: en 2013 la entonces presidenta Cristina Kirchner presentó su plan de “democratización de la Justicia” que proponía, en este caso, la elección por voto popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, es decir, del organismo responsable de la selección y el control disciplinario de los jueces inferiores. Para los candidatos a ingresar al sistema judicial proponía un sorteo por la Lotería Nacional que en su concepto garantizaría un ingreso “democrático”.

Las reacciones adversas que provocaron las propuestas de Cristina Kirchner las llevaron al fracaso, pero en 2020 insistió a través del presidente Alberto Fernández, proponiendo la creación de un consejo consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Apelar al voto ciudadano para la selección de funcionarios técnicos y profesionales requiere que quienes votan tengan un acabado conocimiento de las virtudes específicas de cada candidato. Por ello, hay un total desinterés en la ciudadanía para intervenir en estas elecciones. En Bolivia, por caso, este tipo de elecciones no han contado con respaldo popular: en 2011 el 60% de los que votaron lo hicieron en blanco o anulando su voto, cifra que en 2017 llegó al 65%.

Lo que queda en claro es la conveniencia de un buen sistema de selección de magistrados y de su constante entrenamiento. En nuestro caso, el sistema puede y debe ser mejorado, sin tocar la Constitución, pero sí mejorando las leyes.

La elección de jueces vitalicios exige un eficaz sistema de sanción, con un verdadero control y no un sistema de protección de los malos magistrados. Nuestro Jurado de Enjuiciamiento, introducido por la reforma constitucional de 1994, no ha resultado efectivo, en parte porque es el organismo convocante el que, en los hechos, se ha arrogado el enorme poder de supervisar a los magistrados y esto ha desfigurado la idea que acertadamente promovía la reforma.

Modelos como el boliviano o el mexicano son malas respuestas a propósitos virtuosos como contar con una Justicia confiable.

Fuente: La Nación

En términos de resultados, la semana que pasó fue muy buena para el Gobierno: tuvo el índice inflacionario más bajo de su gestión desde julio de 2020, logró media sanción a dos proyectos estratégicos como la suspensión de las PASO y Ficha Limpia, y logró hacer avanzar el pliego de uno de los jueces que le interesan para la Corte Suprema. Sin embargo, lejos de relajarse y celebrar, el presidente Javier Milei eligió mantener un tono agresivo y descalificatorio en el terreno público, no solo hacia sus opositores, sino también hacia aliados e incluso colaboradores cercanos a quienes no dudó en aplicar la “guillotina” ante la menor contradicción.

La lista fue larga: desde los cantantes Milo J, Lali Espósito y María Becerra, a quienes fulminó por redes por criticar su gestión o pedir ayuda para los afectados por los incendios, a los “econochantas”, “mandriles” y otros epítetos destinados a economistas que se niegan a admitir que su gobierno “es el mejor de la historia” y advierten sobre inconsistencias y debilidades del plan económico. La lista incluyó a los investigadores y exprofesores suyos del reconocido grupo de estudios económicos Cedes, por un análisis histórico que determina que su plan de estabilización se encontraría todavía en una fase no consolidada y hablar de “atraso cambiario”, un anatema para la ortodoxia fiscal que predica el presidente.

Sus colaboradores cercanos tampoco se han salvado de respuestas fulminantes ante cualquier asomo de crítica o sospecha de falta de lealtad, ante una visión presidencial que ve conspiraciones por doquier. El titular de Anses, Mariano de los Heros, fue eyectado de su cargo por animarse a insinuar una posible reforma previsional. Y el nuevo titular de Ambiente quedó en un limbo, porque antes de ser designado admitió errores del Gobierno en el manejo preventivo de los incendios forestales.

Milei admitió que su hermana Karina es quien define la salida de los funcionarios no incondicionales, utilizando la metáfora poco feliz de la guillotina.

No es una novedad el uso de términos groseros, despectivos y frase agresivas con connotaciones sexuales por parte del presidente.

En la última andanada, estos agresivos calificativos parecieran tener dos objetivos: en primer lugar, alinear verticalmente a los propios, evitando cualquier matiz personal. Por el otro, silenciar a la disidencia externa, incluso de aliados, al ser considerada cualquier crítica una “operación” motivada por oscuros intereses particulares buscan que al país “le vaya mal”.

La visión sectaria, excluyente y conspirativa que muestra el Presidente atenta contra los consensos básicos que necesita la vida democrática del país y contribuye a torpedear la eficacia de su propia gestión.

Fuente: La Nación

Desde que se conoció la nominación del juez Ariel Lijo para que integre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el rechazo se hizo oír incluso en amplios sectores vinculados al Poder Judicial, con excepción de algún nicho dentro de los tribunales, hogar de lo más rancio de la casta que denuncia el presidente Javier Milei. No ha habido prácticamente pronunciamientos a su favor y sí, en cambio, decenas de justificadas críticas y advertencias sobre su incapacidad y su carencia de méritos e idoneidad moral para ocupar tan elevada responsabilidad en la Justicia, como señaláramos reiteradamente desde este espacio.

La notoria insuficiencia de sus antecedentes académicos, el derrotero de sus decisiones judiciales, sus convenientes demoras, cuando no la indefinida postergación de las investigaciones, las fundadas sospechas de enriquecimiento patrimonial se mezclan con las actividades de su hermano “operador judicial”, confirmando que no se trata de un candidato lógico para la Corte.

Existen muchas y variadas facetas negativas en esta nominación, pero hay una que no se ha subrayado debidamente: se trata del impacto desfavorable que una eventual designación tendrá en la percepción y evaluación de riesgos que harán quienes analicen inversiones importantes en nuestro país. Se trata de una muy llamativa omisión, sobre todo si se considera la profesión de economista del presidente de la Nación.

Los magistrados tendrán mandatos que excederán los plazos de las autoridades ejecutivas y legislativas, motivo por el cual constituyen para los inversores la principal garantía de protección del derecho de propiedad

Las certezas que ha de generar el sistema legal de un país van en directa relación con su capacidad para atraer inversiones. La falta de confianza en los jueces, como bien señalan la OCDE y todas las organizaciones económicas internacionales, atenta contra la actividad económica. Cuando los jueces que integran el Poder Judicial, mucho más aquellos que son miembros de la Corte Suprema de Justicia, responden a un gobierno y se vuelven influenciables, la garantía de amparo real de la ley se diluye, afectando a las personas y a sus patrimonios.

Toda inversión, sea en instrumentos financieros (títulos, bonos, acciones), en activos físicos (campos, inmuebles, maquinaria, vehículos) o en talentos (trabajo intelectual y conocimiento), será evaluada primariamente por el flujo de ingresos que se espera que genere en el tiempo. Dicho flujo no dejará de ser una estimación con márgenes de error e incertidumbre. Además de los riesgos propios del negocio que se esté evaluando, los factores de costo y los probables altibajos de la demanda, sumados a posibles reacciones de la competencia y estabilidad o inestabilidad del marco macroeconómico general, hay otros riesgos cuya importancia crecerá con la magnitud de la inversión.

Nos referimos particularmente a los riesgos legales, que no serán los mismos si se trata de la inversión en un negocio minorista que si involucra la inversión multimillonaria de un gran emprendimiento o de empresas multinacionales que harán negocios a escala global. En estos casos el riesgo surge también de la inestabilidad de los marcos regulatorios, de las leyes de defensa de la competencia y de los consumidores, así como de los regímenes de impuestos y aduaneros.

Ariel Lijo solo se jubilaría en 2043: hablamos de casi 20 años de actuación

A la proverbial incertidumbre macroeconómica, generada por altas tasas de inflación y la consecuente distorsión y volatilidad de los precios relativos, se agrega la incertidumbre jurídica respecto de la protección del derecho de propiedad sobre las inversiones realizadas y las ganancias que se espera obtener de ellas.

En muchos casos la rentabilidad de una inversión dependerá de las sentencias de distintas instancias judiciales, e incluso hasta de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo tanto, quienes evalúen inversiones en nuestro país considerarán indudablemente también la idoneidad, la integridad y la honestidad de nuestros magistrados.

Lamentablemente la Argentina tiene una larga historia de licuaciones, defaults, confiscaciones, controles de precios y de cambios, alteraciones arbitrarias en el régimen tributario y aduanero, además de una multiplicidad de regulaciones que interfieren en los derechos de propiedad de los inversores. El Gobierno viene realizando un esfuerzo extraordinario en pos de eliminar una enorme maraña de regulaciones, pero ese empeño no alcanza para borrar nuestro frondoso prontuario, y el futuro debe proveer las mejores garantías.

La ciudadanía argentina votó en los últimos comicios con la esperanza de que se generara un cambio económico y también moral. Sin jueces íntegros e independientes, ese cambio no estará garantizado, por más esfuerzos que se hagan desde el Gobierno para estabilizar la economía

Cada uno de estos antecedentes y la suma de todos ellos impactan en los posibles riesgos de las inversiones, con más razón si se trata de capitales de gran magnitud que deben ser “hundidos” y cuyas tasas de rentabilidad y repago se calculan no ya en años, sino en décadas. A más riesgo, mayor será la tasa de retorno exigida por los proyectos, con dos posibles resultados: o el inversor recurrirá al “lobby” para pedir privilegios y garantías que lo protejan de esos riesgos o desistirá del proyecto. En un mundo globalizado, cuando se trata de la radicación de megainversiones, nuestro país compite con casi 200 Estados soberanos.

No se puede entonces relativizar la necesidad de contar con jueces íntegros y capaces, además de comprender la complejidad de los factores que inciden en las decisiones de inversión, sobre todo en proyectos de relevancia a largo plazo. Los magistrados tendrán mandatos que excederán los plazos de las autoridades ejecutivas y legislativas, motivo por el cual constituyen para los inversores la principal garantía de protección del derecho de propiedad en caso de que este se vea amenazado por iniciativas de los otros poderes del Estado. Lijo solo se jubilaría en 2043; hablamos de casi 20 años de actuación. Necesitamos una Corte independiente, que haga cumplir las declaraciones, derechos y garantías que nos da la Constitución, debidamente blindada contra cualquier abuso o voluntad de sometimiento que distintas gestiones de gobierno puedan querer imponer, como ya ha ocurrido en el pasado más reciente.

La ciudadanía argentina votó en los últimos comicios con la esperanza de que se generara un cambio económico y también moral. Sin jueces honestos, independientes y probos, ese cambio no estará garantizado, por más esfuerzos que se hagan desde el Gobierno por estabilizar la economía.

Cualesquiera sean los motivos que el presidente Milei haya tenido para postular a Lijo como miembro de la Corte Suprema, deben ser sopesados a partir de estas consideraciones. Bien sabe cualquier economista que se precie que sin inversiones es imposible que la economía crezca y que sin seguridad jurídica nunca llegarán los tan ansiados como necesarios capitales.

Fuente: La Nación

Nada más alejado de las funciones del Estado, que la promoción de la felicidad. Desde tiempo inmemorial, su búsqueda ha sido materia de filósofos y moralistas (Aristóteles, Epicuro, Séneca o Immanuel Kant) deseosos de encontrar la fórmula para la realización plena de las personas, como individuos. Ramón “Palito” Ortega, con menos credenciales académicas, la definió bien en una canción que, desde 1967 hasta ahora, incidió más en los argentinos que las cavilaciones del Estagirita, aunque ambos coincidieron en que se trata de un logro íntimo y no de una propuesta política.

La búsqueda de la felicidad, como derecho inalienable (“pursuit of happiness”) se encuentra en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos (1776) y fue incluido allí por Thomas Jefferson (1743-1826), seguidor de John Locke (1632-1704), el filósofo británico considerado padre del liberalismo anglosajón. Configura un límite a la acción del Estado y, como tal, una garantía frente al intervencionismo oficial.

En las antípodas de la concepción liberal, algunas naciones donde los derechos individuales están cercenados, crearon ministerios “de la felicidad” para influenciar en el ánimo colectivo de forma positiva, cuando la falta de recursos o de libertades la malogran. Así lo hicieron el aislado reino de Bután, el estado indio de Madhya Pradesh, la paupérrima Venezuela y los Emiratos Arabes Unidos, por solo tres años. En Rusia, Valentina Matviyenko, presidenta del Senado, lo propuso a Vladimir Putin para filtrar acciones de gobierno en función de su aporte a la felicidad colectiva. Como ex KGB, a Putin le gustó la idea, pero la población lo desaprobó y la propuesta se archivó.

Cualquiera sean las preferencias sexuales de quienes habitan la Argentina, todas las personas integran un colectivo aún mayor: su condición humana. Necesitan alimentarse, cubrirse, curarse

Por eso sorprendió Cristina Kirchner cuando invocó el derecho a la búsqueda de la felicidad, concepto inherente al ideario liberal, al defender los reclamos de los distintos colectivos que marcharon “contra el fascismo” en repudio del discurso de Javier Milei en Davos. En su posteo en la red social de Elon Musk titulado “Los límites” declaró que para ella el derecho a la prosperidad y a la felicidad son “límites” que el Presidente no puede violar y, si lo hiciera, deberá rendir cuentas por ello.

Pero al mirar la realidad por la pequeña rendija de su picardía discursiva, omitió considerar la escena completa. Cualquiera sean las preferencias sexuales de quienes habitan la Argentina, todas las personas integran un colectivo aún mayor: su condición humana. Como tales, necesitan alimentarse, cubrirse, curarse. Como dijo alguna vez Raúl Alfonsín: “Con la democracia se come, se cura y se educa”. Aunque no supo, no quiso o no pudo hacerlo realidad por un Plan Austral falto de reformas estructurales.

John Locke le hubiera enseñado a su inesperada prosélita y también al doctor Alfonsín, que la satisfacción de las necesidades básicas requiere la vigencia de los clásicos principios que inducen a trabajar e invertir en provecho propio. Son condición previa para la seguridad material y lograr así la libertad para buscar la felicidad. En términos de nuestra arquitectura constitucional, Juan Bautista Alberdi diría que son los derechos de primera generación – aquellos que el kirchnerismo desdeña como de “derechas” – los que permiten sufragar los segundos, que requieren gasto público.

La satisfacción de las necesidades básicas requiere la vigencia de los clásicos principios que inducen a trabajar e invertir en provecho propio

Los “nuevos derechos” cuyo recorte presagia la jefa del peronismo, presuponen la existencia de los primeros, de mayor impacto sobre la vida cotidiana de la gente. Los que permiten comer, abrigarse, vestirse y curarse. Los que permiten trabajar y ejercer toda industria lícita, producir riqueza, ahorrar, invertir y pagar impuestos para sostener la estructura del Estado. Las labores diarias se desarrollan gracias a derechos mucho más generales y más amplios que aquellos y no fueron creados en los últimos 22 años, sino que existen desde hace 172. A partir de esa base institucional creció la economía, se expandió la educación, surgió una clase media y sobre esa plataforma de prosperidad fue posible incorporar luego derechos sociales y colectivos.

La hiperinflación durante el último gobierno kirchnerista arrasó con los nuevos derechos, con los derechos históricos, con los ya maduros y con los recién nacidos. Dinamitó los individuales o de primera generación; los sociales, de segunda, y los colectivos, de tercera. Nadie pudo entonces buscar la felicidad, sino alimentos en la basura, favores de Tolosa Paz o canjes de sumisión por dádivas de Juan Grabois o de Eduardo Belliboni

Recordemos a la locuaz “Cristina” que no es necesario derogar leyes para restringir, privar, reducir o quitar derechos, como ella lo presagia. Basta con emitir moneda sin respaldo hasta dejarla sin valor. La hiperinflación durante su último mandato por interpósita persona arrasó con los nuevos derechos, con los derechos históricos, con los ya maduros y con los recién nacidos. Dinamitó los individuales o de primera generación; los sociales, de segunda y los colectivos, de tercera. Nadie pudo entonces buscar la felicidad – que es su “límite” –, sino alimentos en la basura, favores de Tolosa Paz o canjes de sumisión por dádivas de Juan Grabois o de Eduardo Belliboni.

Aunque ahora parece olvidarlo, el “plan platita” de Sergio Massa, cuyas consecuencias sufre aún el ministro Luis Caputo, rompió las reglas de convivencia suplantando los intercambios pacíficos por entraderas, robos y saqueos. Sin recursos para hacerlos valer, tanto los derechos nuevos como los clásicos dejaron de tener vigencia.

En la Provincia de Buenos Aires, con más de un tercio de la población argentina, subsiste el experimento kirchnerista signado por el desborde fiscal y la corrupción en todos los poderes del Estado. Afortunadamente, Axel Kicillof no tiene acceso a la emisión monetaria ni al endeudamiento externo para terminar de demolerla.

¿Derecho a la felicidad? En la lucha por sobrevivir en el conurbano, las carencias materiales y la violencia diaria afectan a todas las familias por igual. De nada vale ser lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer, intersexual o asexual para preservarse de los dolores de la miseria. Sin agua corriente, sin cloacas, sin asfalto, sin iluminación, sin transporte digno, sin turnos en los hospitales y sin seguridad en los barrios, de nada valen los derechos de papel que la jefa del peronismo reivindica con arrogancia. Mientras allí, donde gobierna su mejor discípulo, el derecho a la felicidad de los colectivos LGTBIQ+ ha sido arrasado por la igualación regresiva de la ley de la selva.

Fuente: La Nación

El 27 de enero de 1945, tropas rusas traspasaron las rejas de ingreso al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau en Polonia para encontrarse con una de las aberraciones más terroríficas que ha dado la historia de la humanidad. Los campos de muerte donde cientos de personas por día, en su enorme mayoría judíos europeos, eran encerradas y asesinadas en cámaras de gas, en lo que fue el intento del régimen nazi de exterminar a toda la población judía de Europa.

Solo en Auschwitz fueron asesinados 1,1 millones de personas, un millón de los cuales eran judíos europeos llevados en “trenes de la muerte” desde los varios países entonces ocupados por la Alemania nazi. El operativo fue parte de lo que los nazis llamaron la “solución final” para exterminar a todos los judíos de Europa. Los nazis asesinaron a 6 millones de judíos, o dos tercios de la población total de judíos del continente.

La fecha de la liberación de Auschwitz fue proclamada en 2005 por la Unesco Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto y, días atrás, al cumplirse 80 años de la liberación, se realizaron actos de recordación en todo el mundo, principalmente en Europa, donde tuvo lugar el Holocausto.

Penosamente, mucho de estos actos intentaron de modo abyecto, por razones que van desde la política hasta el antisemitismo, borrar a los judíos de la memoria del Holocausto.

Un ejemplo, tan grotesco como emblemático, sucedió en la cadena de televisión ITV del Reino Unido, cuando la presentadora de noticias señaló que “seis millones de personas fueron asesinadas en la Segunda Guerra en campos de concentración… por ser polacas, discapacitadas, gay o porque pertenecían a un diferente grupo étnico”. Un intento burdo de evitar nombrar a las principales víctimas del Holocausto: los judíos de Europa, para quienes los nazis construyeron esas ignominiosas fábricas de muerte.

Si bien es importante que todas las víctimas del nazismo sean reconocidas, intentar borrar de la memoria colectiva el trauma específico de la colectividad judía es un acto inaceptable que conlleva una flagrante falta de respeto para quienes fueron el foco principal de la criminalidad nazi.

Estas actitudes reflejan tendencias que por estos días crecen peligrosamente en Occidente. La vice primera ministra del Reino Unido, Angela Rayner, escribió en su cuenta de X que se encontraba prendiendo una vela para rememorar “a todos aquellos que fueron asesinados por ser quienes eran”, sin mención específica al pueblo judío. Un mensaje disfrazado de universalismo, pero que no pudo ocultar un intento cobarde de aplacar a los muchos votantes de su partido, hostiles a.

Vale destacar que la actitud de Rayner contrasta con la conducta del rey Carlos III, que viajó a Auschwitz a rendir homenaje a las víctimas y encontrarse con sobrevivientes.

Tal vez una de las muestras más acabadas de confusión moral haya provenido del presidente irlandés, Michael D. Higgins, quien no dudó en incorporar a su discurso sobre el Holocausto la realidad actual en Gaza, provocando de hecho una analogía inadmisible.

Ni qué hablar de las agrupaciones universitarias de ideología propalestina y woke que pululan por los campus norteamericanos, donde se equiparó nazismo con sionismo y supremacía blanca y no se dijo una palabra sobre el asesinato de 6 millones de inocentes.

Desacoplar a los judíos de la infamia de Auschwitz no es solo una actitud ahistórica, sino altamente peligrosa por su antisemitismo. Son actitudes que, lejos de buscar desactivar el odio racial, lo promueven.

Fuente: La Nación

El gobierno nacional derogó antes del cierre del año último el decreto 727/2006 de Néstor Kirchner –reglamentario de la ley de defensa nacional, de 1988–, mediante el cual se impuso la nefasta doctrina Garré, extralimitándose en la materia al descartar absolutamente el accionar de las fuerzas de defensa en la seguridad y habilitándolas solo para responder a agresiones externas de un ejército estatal.

“Se entenderá como ‘agresión de origen externo’ el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de nuestro país, o en cualquier otra forma que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”, disponía aquel documento.

Durante la gestión macrista, aquella decisión de Néstor Kirchner fue modificada en 2018 por otro instrumento presidencial –el decreto 683–, por el que se habilitó a las Fuerzas Armadas a intervenir no solo ante ataques de ejércitos de otros Estados, sino también ante ataques externos contra la soberanía, la integridad territorial, la independencia política de la república, la vida y la libertad de sus habitantes.

En su mandato al frente del Poder Ejecutivo, mediante el decreto 571, de 2020, firmado en plena pandemia de Covid-19, Alberto Fernández derogó el decreto de Mauricio Macri y restituyó el de Néstor Kirchner.

Y llegamos así al actual gobierno nacional. Con el decreto 1107/2024, de diciembre del año último, Javier Milei –a quien acompañan con su firma los ministros de Defensa y de Seguridad Nacional, Luis Petri y Patricia Bullrich, respectivamente– agrega a las funciones de las Fuerzas Armadas el cuidado de objetivos estratégicos –concepto que la ley de defensa no define con claridad y que queda a propuesta de los ministros de esas dos áreas para la aprobación del presidente–, como pueden ser plantas nucleares, represas hidroeléctricas, reservas críticas del tipo de Vaca Muerta, sumados a todos aquellos enclaves que el Poder Ejecutivo Nacional considere que requieran de un especial resguardo.

Ante ataque o daño a espacios de vital importancia para el Estado, las fuerzas policiales o de seguridad federal “podrán solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas o de policías provinciales”. Con esta redefinición de funciones, nuestras Fuerzas Armadas se colocan en la misma línea que la mayoría de sus pares de países occidentales y democráticos. Su margen de acción se amplió también al ciberespacio y al espectro electromagnético, además de abarcar la ayuda en el sistema de vigilancia y control de fronteras.

El diseño del operativo por desplegar en la Triple Frontera que analiza el Gobierno contempla la posibilidad de incluir la colaboración de las Fuerzas Armadas, además de las de seguridad.

La ley de defensa original y la ley de seguridad interior hablaban de agresiones externas de cualquier índole que pusieran en riesgo la soberanía, a la población y/o la integridad territorial. Hoy la mayoría de los conflictos internacionales no involucran fuerzas armadas estatales y, sin embargo, ponen en juego la soberanía de países y atacan sus regímenes. Pasó con el grupo Estado Islámico (EI), en Siria e Irak; ocurre con las milicias armadas hutíes en Yemen, así como con Hamas o Hezbollah en Líbano y Palestina. La limitación impuesta por el referido decreto era absolutamente restrictiva del potencial desempeño que exhiben las Fuerzas Armadas en el mundo.

Como parte del anuncio realizado, el ministro Petri agregó que sería deseable extender la competencia de las Fuerzas Armadas al combate del terrorismo. Será el propio gobierno el encargado de definir qué considera una amenaza terrorista. Una mayoría de países con los que nos referenciamos otorgan esta facultad a sus Fuerzas Armadas en las fases operativas del combate al terrorismo. Lo encaran de esa forma porque la capacidad de daño, el armamento, las tácticas y las sinergias con grupos del crimen organizado hacen que limitar dicho combate a las fuerzas de seguridad sea tan complejo como desigual.

Creemos que la acción de combatir al terrorismo, que atenta contra las bases mismas del Estado de Derecho y la integridad territorial, poniendo en riesgo a la nación en su conjunto, se beneficiaría de contar con las Fuerzas Armadas para repeler estas agresiones.

Quedó establecido que las fuerzas de seguridad pueden recurrir a las Fuerzas Armadas cuando haya amenazas y agresiones por parte de fuerzas, organismos, organizaciones o actores estatales, paraestatales o criminales de origen transfronterizo o nacional, durante períodos de paz, de guerra o conflicto armado y en situaciones de conmoción interior. No implica esto que las Fuerzas Armadas cumplan funciones eminentemente policiales para las cuales no han sido ni entrenadas ni equipadas.

Ante decisiones pendulares en el plano jurídico y constantes cambios en las reglas de entrenamiento o la provisión de equipamiento para atender distintas hipótesis de conflicto, las Fuerzas Armadas quedan sumamente desprotegidas. De ello surge a las claras la necesidad de dictar nuevas leyes de defensa y de seguridad que sean taxativas y que no se presten a manipulación ideológica.

Si bien entendemos que las modificaciones citadas constituyen un acierto del actual gobierno, bregamos por que se avance también en los cambios legislativos de fondo que permitan habilitar el trabajo de las Fuerzas Armadas en el combate al terrorismo siendo precisos en las reglamentación de su accionar y en la identificación de los responsables de las órdenes que se impartan y sus consecuencias, incluido el más alto nivel político institucional.

Dada la relevancia del tema, sería oportuno proponer un profundo debate que contribuya a zanjar diferencias y a limitar las funciones que no correspondan estrictamente a las Fuerzas Armadas, y que ellas mismas no desean cumplir. Para todo aquello que corresponda a la órbita policial o que restrinja derechos básicos existe el instituto del estado de sitio que ya prevé la posibilidad de usar las Fuerzas Armadas en situaciones extraordinarias.

Fuente: La Nación