La Sala II ya le había requerido a Casanello que tenga en cuenta la concesión de obra pública a las empresas vinculadas con la investigación, entre ellas el Grupo Austral, de Lázaro Báez, y también la relación personal y comercial que tenían sus accionistas con el matrimonio Kirchner.

Paralelamente, el juez federal Julián Ercolini investiga a Cristina Kirchner por el manejo de la obra pública en Santa Cruz.