El vocero presidencial, Adrián Ravier, ratificó este martes que el Gobierno desvió fondos específicos para arreglo de rutas y recalcó que esa maniobra «cumple con la ley».
En conferencia de prensa, el portavoz defendió sus dichos durante el fin de semana, cuando admitió que un porcentaje importante del “Sistema Vial Integrado” (SisVial), un fondo fiduciario que debería solo financiar la construcción y mantenimiento de rutas nacionales y obras viales, está robusteciendo las arcas del Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo.
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“Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos”, había reconocido Ravier ante El Diario de La Pampa, provincia donde es oriundo el exdiputado.
Consultado por los periodistas acreditados en Casa Rosada, el funcionario respondió: «En relación con las rutas nacionales, lo más importante es este cambio de paradigma que estamos teniendo en la Argentina, para que, de una vez por todas, con las rutas nacionales en manos de privados, podamos tener una continuidad en el mantenimiento y buena calidad para, en definitiva, resolver un problema que realmente a la gente le preocupa. Por supuesto que se cumple con la ley. Pero justamente, mi afirmación es que el dinero del impuesto al combustible está yendo al bacheo de las rutas nacionales».
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Ravier evitó precisar dónde están los fondos redireccionados al Palacio de Hacienda y sólo se dedicó a apoyar el proceso de concesiones para las rutas.
Sin embargo, las expresiones del economista contrastan con la denuncias que marcan un direccionamiento irregular ante un fondo que tenía un destino fijado por ley.
Según una investigación del diario La Nación, el gobierno de Javier Milei recaudó más de 1,5 billón de pesos en el fideicomiso. La tasa de subejecución del SisVial, el nombre de este esquema de obras, asciende al 73,8%. Solo se ejecutó el 11,3% de lo recaudado durante 2024 ($40.668 millones de $360.238 millones), subió al 39% ($270.592 millones de $692.514 millones) durante 2025, año electoral y de máxima confrontación legislativa, y bajó otra vez al 18,5% entre enero y mayo de 2026 ($83.144 millones de $450.500 millones).
Los cuestionamientos no solo obedecen a esa subejecución, sino a que esas partidas fueron utilizadas para otros objetivos a los que naturalmente fue creado.
Al respecto, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz radicó una denuncia penal por presunta malversación de caudales públicos y otros delitos ante la Justicia Federal para que se investigue cómo el Ejecutivo administra estos recursos.
Tolosa Paz pidió que la Justicia evalúe si funcionarios incurrieron en una malversación de fondos públicos, administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la gestión de $1,038 billones del SisVial que no se han aplicado a la construcción y mantenimiento de rutas nacionales y obras viales.
Según la denuncia periodística, $1,001 billones estaban colocados en inversiones financieras al 31 de mayo último, entre plazos fijos y títulos públicos, mientras otros $37.761 millones permanecían en una cuenta corriente.
“Lo que estamos denunciando es que recursos tributarios que tienen un destino específico e irrevocable —el pago de obras y el mantenimiento de la red vial nacional— fueron retenidos y colocados masivamente en instrumentos financieros”, afirmó Tolosa Paz.
Fuente: Mendoza online

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