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La vacancia y falta de cobertura de cargos en el Poder Judicial argentino, que ya ronda el 36%, vienen poniendo en jaque desde hace demasiado tiempo al Estado de Derecho y al régimen republicano de gobierno. Al generar una crisis de operatividad, dilata los tiempos en la administración de justicia, afecta los derechos humanos y debilita el principio de independencia judicial, establecido por nuestra Constitución Nacional y por tratados internacionales con jerarquía constitucional, que consagran el derecho a la tutela judicial efectiva de los habitantes de la Nación.
Los cargos judiciales vacantes en la Justicia Nacional y Federal ascienden actualmente a 364. A éstos se suma otro número importante de vacantes en el Ministerio Público Fiscal.
El gobierno de Javier Milei acumula en sus manos 203 ternas de candidatos a cubrir vacantes en juzgados que le ha enviado el Consejo de la Magistratura. A lo largo de los 27 meses de su gestión, el actual Poder Ejecutivo no ha enviado ningún pliego de jueces inferiores al Senado de la Nación para su consideración. Esto es demostrativo de una clara inacción política. Se trata de una situación grave, en especial si se suma que, además, hay 161 concursos en trámite en el Consejo.
Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reiteró un pedido al Gobierno para que se cubran las vacantes en el Poder Judicial, que además de las mencionadas, podrían llegar a superar el 40% hacia fines de este año, ante la proximidad de un número significativo de jubilaciones.
El hecho de que más de un tercio de los juzgados federales y nacionales se encuentren vacantes obliga a operar sin autoridades titulares, afectando incluso a las cámaras de apelaciones de los distintos fueros.
A lo largo de los 27 meses de su gestión, el actual Poder Ejecutivo no ha enviado ningún pliego de jueces inferiores al Senado de la Nación para su consideración
La falta de designación de jueces por parte del Poder Ejecutivo durante tanto tiempo erosiona la independencia del Poder Judicial dado que la vacancia prolongada y el frecuente uso de subrogancias generan una extrema gravedad institucional, limitando el acceso de los habitantes a la Justicia y a la pronta conclusión de causas, que en no pocas ocasiones se extienden por décadas.
Para cubrir esas vacantes se recurre a la designación de jueces subrogantes, con el riesgo de que no conozcan en profundidad los expedientes, posean menor estabilidad e independencia y queden sujetos a posibles impugnaciones en su legitimidad, que multiplican los tiempos de tramitación o generan sospechas sobre el resultado de muchas causas. La ciudadanía queda así expuesta a decisiones judiciales más vulnerables; afectándose la seguridad jurídica, que es condición esencial para las inversiones y la actividad económica en general.
Otro tema preocupante es la integración de la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal tiene actualmente tres de sus cinco integrantes: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, por lo que para dictar una sentencia debe haber unanimidad de criterio entre los tres jueces. En caso de disidencias, deben sortearse conjueces entre los presidentes de las cámaras federales de todo el país, para completar la mayoría de tres firmas, con el riesgo cierto de que se produzcan sentencias contradictorias en el seno del más alto tribunal.
Cabe agregar, que desde hace tiempo los colegios de abogados, ONG especializadas en temas judiciales y asociaciones de magistrados vienen bregando para que se designen dos juezas en la Corte Suprema.
Sería deseable que el reciente nombramiento de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, habilite una pronta solución a las dificultades que atraviesa el Poder Judicial. El flamante ministro ha expresado que “no es una prioridad” completar los dos cargos vacantes en la Corte Suprema y que sí es prioritario completar los juzgados inferiores, al tiempo que anticipó que, antes que nada, se enviarían al Senado las listas de conjueces para todo el país.
Urge proceder a normalizar prontamente esas situaciones en defensa del Estado de Derecho mediante el correcto funcionamiento del Poder Judicial.
Fuente: La Nación
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