Radiografía del descontrol: la auditoría que alertó en 2023 sobre desmanejos y aumentos inexplicables de los fondos fiduciarios

La Sindicatura General de la Nación (Sigen) alertó al gobierno de Alberto Fernández que un puñado de fondos fiduciarios registró ingresos por más de $200.000 millones desde 2020, pero permanecían en un cono de sombras porque, entre otros factores de riesgo, jamás fueron auditados durante su mandato, según consta en una copia del informe oficial que obtuvo LA NACION tras presentar un pedido de acceso a la información pública.

Liderada entonces por Carlos Montero, un hombre del círculo íntimo de Fernández, con quien se conocía desde los tiempos de la Facultad de Derecho, la Sigen sugirió múltiples “recomendaciones” para corregir las “debilidades” comunes a todos los fondos fiduciarios que detectó tras un relevamiento de datos presupuestarios, auditorías internas y externas, reportes de la propia Sigen y de los bancos Nación (BNA) y de Desarrollo Argentino (BICE).ATENTO A LAS “TRABAS LEGALES”, EL GOBIERNO ANALIZA MÁS OPCIONES PARA EL CIERRE DE LA AGENCIA OFICIAL TÉLAM

Ese relevamiento abarcó, en total, 80 insumos de información –“productos”– sobre 23 de los 29 de los fondos fiduciarios que, en total, concentraron el 86,75% del dinero que ingresó a los fideicomisos durante 2023 y el 84,95% de los gastos registrados, por cerca de $1,2 billones y $905,7 millones, respectivamente.

Otros seis fondos fiduciarios, alertó la Sigen, jamás fueron auditados durante los últimos años. Cuatro se vinculan con la energía, uno de los rubros de subsidios más desafiantes para el Gobierno, ya que representan una de las causas del déficit fiscal. Son el Fondo Subsidio a consumidores residenciales de Gas Licuado de Petróleo (Ffglp), el de Energías Renovables (Fodis), el de Desarrollo de Energías Renovables (Foder) y el de Subsidios a los Consumos Residenciales de Gas (Ffgas). Los otros dos, en tanto, son el Fondo Nacional de Emergencias y el de la Protección Ambiental de Bosques Nativos.

El informe también destacó la necesidad de seguir dos fondos de cerca, “atento a su historial de significatividad presupuestaria”: el del Sistema de Infraestructura del Transporte (Ffsit) y el Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, más conocido como Procrear. El primero representó un 30,27% de los ingresos previstos para todos los fondos durante 2023 y el segundo, el 13,79%.

Fechado en agosto pasado, el reporte de la Sigen prueba que el presidente Fernández fue informado sobre lo que ocurría en ese universo presupuestario paralelo, aunque no hay constancias de que haya adoptado medidas para corregir la situación. Y sirvió de base para un reporte posterior que llegó a las manos del presidente Javier Milei con datos adicionales que se extendieron hasta diciembre, según reveló LA NACION el 25 de febrero. Esos datos ahondaron en las “debilidades de carácter general” detectadas, “comunes a todas las auditorías”, y significaron un insumo para que el Presidente tome los fideicomisos como ejemplos de la corrupción de la “casta”.

Gestionar a ciegas

Las “debilidades” comunes a los fondos, según la Sigen, llevó a que los responsables de gestionar y distribuir cerca de $1,5 billones de las arcas públicas durante 2023 carecieran de información fiable sobre el ingreso, la asignación o el recupero del dinero, la transparencia de las compras y contrataciones, o claridad sobre la eficacia de su labor. En otras palabras, que quienes estuvieron a cargo de administrar cerca de 2 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) se movían a ciegas, en el mejor de los casos, o en una opacidad deliberada para delinquir.

¿Cuáles son esas “debilidades” que detectó la Sigen?

• La primera, “falta de formalización y/o actualización de normativa interna”: más de la mitad de los fondos fiduciarios no cuentan con manuales operativos y de funcionamiento de sus comités ejecutivos, de administración o dirección y/o de las unidades ejecutoras o, si los tienen, se encuentran desactualizados. Eso lleva a “improvisaciones” y a carecer de “sistemas de información integrales”.
• La segunda, “incumplimiento de requisitos y/o procedimientos administrativos para el otorgamiento de fondos”, ya sea en la forma de asistencias, subsidios o financiamientos de obras, por ejemplo, sin que haya documentación de respaldo, complicando la “transparencia y trazabilidad” de los recursos del Estado.
• La tercera, “debilidades en los procesos de rendiciones de cuentas y/o registración de información administrativa, contable y/o financiera”. En más de la mitad de los informes de auditoría interna y externa analizados, la Sigen detectó observaciones sobre “falta de integridad, claridad y, por lo tanto, confiabilidad de la información”, incluyendo limitaciones para individualizar “los movimientos de ingresos y/o recepción de fondos, transferencias, subsidios, incentivos, gastos y/o inversiones vinculadas a la gestión de fondos fiduciarios”.
• La cuarta, falencias al analizar el “alcance y/o impacto” de los programas desarrollados y las políticas públicas que se busca promover. Eso lleva, a su vez, que no haya indicadores “que permitan evaluar la eficiencia de la gestión y sirvan como herramienta para la toma de decisiones estratégicas”.
• La quinta, debilidades en la gestión de cobranzas. Textual: “Se advierten observaciones relacionadas principalmente con la ausencia de seguimiento respecto de las acciones de recupero de préstamos y/o asistencias otorgadas, ante incumplimientos por parte de los beneficiarios”, alertó la Sigen.
• La sexta, “debilidades en los procesos de compras y contrataciones” de algunos fondos fiduciarios, como también “falta de datos respecto de los saldos de libre disponibilidad remanentes, que permitan la planificación de compras en el corto y mediano plazo”.

Reportes con diferencias

El reporte que llegó a las manos de Fernández no es, sin embargo, el mismo que circuló entre los colaboradores de Milei. No consignan la misma información, por ejemplo, sobre el Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables. En el primer informe, la Sigen sostuvo que no había sido auditado durante la gestión de Unión por la Patria. Pero en el actualizado consta que sí se completó una, durante 2023.

En el reporte más reciente, además, se actualizaron las partidas de algunos fondos fiduciarios para 2024 de manera sustancial. El Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, por ejemplo, uno de los más tentadores para los gobernadores, registró una suba del 3205% en sus ingresos y una baja del 45% en sus gastos. Algo similar se repitió en el Fondo de Generación Distribuida de Energías Renovables (Fodis), uno de los que jamás fue auditado, con una suba del 1093% en sus ingresos y una caída del 16% en sus gastos. Y el FISU, que lideró Fernanda Miño, una dirigente vinculada a Juan Grabois, también incrementó 560% sus ingresos.

Apoyada en esas seis “debilidades” generales a los fondos fiduciarios, la Sigen planteó seis recomendaciones para mejorar la gestión y los controles, ya sea internos o externos. Y en esa línea destacó que hay fondos fiduciarios que no han sido auditados desde al menos 2020, ni estaba previsto en 2023. ¿Cuáles? El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas (Ffgas, al que ingresaron más de $152.000 millones durante esos años), el Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder, $3062 millones) y el Fondo Fiduciario para la Generación Distribuida de Energías Renovables (Fodis, $681 millones).

A esos tres fondos se sumaron otros dos que tampoco fueron auditados durante 2020, 2021 y 2022, pero que sí estaba previsto durante 2023: el Fondo Fiduciario Subsidios a consumidores residenciales de Gas Licuado de Petróleo (Ffglp, $145.866 millones), y el Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica (Fondotec, $2736 millones).

En ese sentido, salvo un fondo que tenía al Banco Hipotecario como fiduciante, el resto se reparte entre el Banco Nación y el BICE, sobre el que se centró el informe de la Sigen. Detectó que de 26 fondos, 18 habían sido delegados a BICE Fideicomisos; entre ellos, tres de los que nunca fueron auditados, y la Sigen solicitó que la Unidad de Auditoría Interna del banco supervise y controle.

Dato no menor: el BICE terminó fuera del listado de empresas públicas a privatizarse durante las negociaciones del Gobierno con la oposición y los gobernadores sobre el proyecto de ley ómnibus, mientras que el Banco Nación, con sucursales en todo el país y una penetración territorial y población muy superior, se convertiría parcialmente.

Las recomendaciones

Entre las recomendaciones que elevó la Sigen a la Casa Rosada figuran: formalizar o actualizar manuales de procedimiento, implantar sistemas de control interno que contribuyan a la transparencia e integridad de la documentación con la que se definen el reparto de dinero, también instalar sistemas que mejoren la administración en sí de los fondos fiduciarios, y establecer indicadores para monitorear cómo se aplica el dinero y brinden información sobre el alcance e impacto de las políticas públicas.

A esas primeras recomendaciones, la Sigen también sumó la necesidad de implementar mecanismos de fiscalización, que faciliten las cobranzas y el recupero del dinero cuando corresponda para de ese modo reducir los riesgos de incobrabilidad, y desarrollar “procedimientos y mecanismos de fiscalización que coadyuven a la legalidad, transparencia y economía en los procesos de compras y contrataciones”.

En ese sentido, la Sigen le informó a la Casa Rosada –de la cual depende de manera directa– que resulta “sustancial” que los funcionarios a cargo de los fondos fiduciarios trabajen en un marco de “transparencia, ética e integridad” a la hora de comprar o contratar. Sólo así se podría reducir o sancionar “prácticas antirreglamentarias” y la “defraudación a las Instituciones”. Es decir, el desfalco de las arcas públicas.

Con ese informe en sus manos, la primera reacción de Milei no fue adoptar las recomendaciones planteadas sino requerir al Congreso la facultad de modificar o eliminar los fondos fiduciarios a través del inciso “h” del artículo 4° del megaproyecto de ley que fue rechazado.JAVIER MILEI Y CRISTINA KIRCHNER, EN BUSCA DE LA FÓRMULA POLÍTICA

Otro informe oficial que obtuvo LA NACION detalló los fondos que fueron creados por ley o por decreto, que el Gobierno anunció que eliminará primero. Entre ellos, algunos de los más apuntados por los informes, por peso presupuestario o por presuntas irregularidades, como el de Infraestructura de Transporte, de Desarrollo Provincial y el Procrear.

El primer paso concreto de Milei vinculado a los fondos fiduciarios ocurrió este lunes. A través del decreto 215/2024, el Presidente le otorgó el control sobre todos ellos al ministro de Economía, Luis Caputo, lo que despertó reparos en la oposición, incluso en los sectores más afines a los libertarios, que desconfían de esa concentración y exigen avanzar por ley con un sistema de control más eficiente.

Hugo Alconada MonCamila Dolabjian

Fuente: La Nación