La reforma laboral abrió una grieta dentro del propio Gobierno. No es solo una pulseada con los gobernadores por el costo fiscal del proyecto: en la Casa Rosada conviven dos lecturas opuestas sobre cómo atravesar el Congreso. De un lado, los que se niegan a tocar el diseño original y defienden el capítulo impositivo como una pieza clave del equilibrio fiscal. Del otro, quienes advierten que, sin concesiones, la iniciativa puede salir desmantelada, o directamente no salir.
Esa diferencia de enfoques ya se proyecta en la estrategia política: sus principales referentes se mueven encorsetados por la posibilidad cierta de que cualquier acuerdo choque con el veto de otros despachos del Gabinete.
De un lado se ubican los intransigentes. Allí están el ministro de Economía, Luis Caputo −autor intelectual del rediseño tributario de la reforma y guardián del equilibrio fiscal−, y Federico Sturzenegger, al frente de Desregulación y Transformación del Estado, que empuja sin matices la agenda de cambios.
Los inflexibles
Federico SturzeneggerMinistro de Desregulación y Transformación del Estado
Arquitecto de la ofensiva desreguladora del Gobierno. Empuja una agenda de cambios sin concesiones y suele chocar con el Congreso, donde su ímpetu reformista encuentra resistencias incluso entre aliados.
Luis CaputoMinistro de Economía
Cerebro del rediseño tributario que acompaña la reforma laboral y custodio del ancla fiscal del Gobierno. Busca evitar cualquier freno político a su plan de baja de impuestos y reordenamiento de las cuentas públicas.
En la vereda más pragmática se alinean Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, y Martín Menem, presidente de Diputados, que conocen de primera mano la aritmética del recinto. A ellos se suma el ministro del Interior, Diego Santilli, con pasado legislativo y una hoja de ruta que pasa por las gobernaciones.
Mientras Santilli recorre las provincias con la reforma laboral como eje de conversación, Bullrich y Menem hacen su propia ronda en el Congreso para medir respaldos. Las tratativas formales, sin embargo, recién arrancarán esta semana, cuando se vuelva a reunir la mesa política del oficialismo y se pongan sobre la mesa los abordajes en disputa.
Los conciliadores
Patricia BullrichSenadora nacional
Conduce el frente político de la reforma desde el Senado. Pragmática, asume que el texto deberá absorber demandas de las provincias, pero anticipa que la versión posible debe cambiar el statu quo y ser aceptada por el resto del Gabinete.
Martín MenemPresidente de Diputados
Es el articulador central en Diputados. Coordina en espejo con Bullrich para evitar dilaciones y ordenar la negociación con la oposición. Aunque logró armar el bloque más grande de la Cámara, sabe que los votos para abrir el recinto y ganar una sesión todavía están en disputa.
Diego SantilliMinistro del Interior
Recorre las provincias en busca de apoyos para la reforma. Levanta reclamos, calibra demandas y ordena la conversación con los gobernadores para evitar recortes al proyecto. Integra, junto a Menem y Bullrich, el triángulo que conduce la negociación política.
La puja será cómo y hasta dónde ceder: cuáles son los límites de la negociación y hasta qué punto una reforma retocada sigue siendo, para el Gobierno, una reforma útil.
Del lado de los gobernadores, la posición es tan homogénea como nítida: aun cuando muchos consideran necesario un ajuste en la legislación laboral −con beneficios potenciales para sus economías locales−, admiten que hasta que esos efectos se materialicen habrá una brecha difícil de transitar. Por eso, no están dispuestos a convalidar un recorte de recursos sin algún tipo de compensación que amortigüe esa transición.
En esa puja mantienen el diálogo político con Santilli, pero reclaman abrir la discusión técnica con el equipo económico de Caputo. Algunos ya lo hicieron. La dinámica se repite en los despachos oficiales: Santilli encarna al “policía bueno” que escucha y promete; Caputo, al que marca los límites y cuida el grifo de los recursos.
En ese intercambio empezó a tomar forma una propuesta provincial: que el recorte de impuestos a las sociedades −el artículo 191 del proyecto laboral− esté atado a una recuperación de la actividad. La idea que circula entre varias provincias es que la baja de Ganancias sea progresiva y acompañe un repunte del consumo, que a su vez eleve la recaudación por IVA, otro tributo coparticipable.
Un ladero provincial lo resumió así a LA NACION: “Hoy no hay clima para votar nada que implique un costo fiscal directo para las provincias, en un contexto de caída de la recaudación y del consumo”. Algunos gobernadores son más duros, otros buscan una salida intermedia, pero todos miran el mismo punto: que el impacto del recorte de las Ganancias de las sociedades sea moderado y no desfinancie a las arcas locales.
En ese esquema dialoguista se mueven tanto aliados del Gobierno −como Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) o Leandro Zdero (Chaco)− como gobernadores que no forman parte de su núcleo político, pero están dispuestos a conversar, entre ellos Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Osvaldo Jaldo (Tucumán) e incluso La Pampa, cuyo mandatario, Sergio Ziliotto, juega dentro de Unión por la Patria pero no elude el debate.
El pulso final empezó a tomar forma tras el último viernes, cuando Milei reunió a su mesa política. Por ahora, la negociación está abierta y la letra chica sigue en disputa. Bullrich lo dejó claro en Mar del Plata: “Vamos a aceptar cambios, con la condición de que sea una ley para cambiar. Si no, nos quedamos con lo que hay”.
Fuente: La Nación
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