Presupuesto 2017: ¿política contracíclica o la vuelta al endeudamiento?

Lo primero que puede decirse del proyecto enviado al Congreso es que se trata de un presupuesto realista. Es un paso adelante para la Argentina, donde nos habíamos acostumbrado a que los supuestos macroeconómicos que se presentaban año tras año estuvieran muy distanciados de la realidad y que los gastos se subestimaran sistemáticamente. El presupuesto 2017 contiene previsiones y metas que pueden parecer optimistas, pero que son claramente alcanzables. Así, la discusión legislativa y el debate público sobre temas centrales de la política fiscal, como la evolución de los subsidios económicos y la magnitud del déficit, recobran sentido.

En términos generales, no ha habido grandes críticas a los números previstos. Un crecimiento moderado, del 3,5% anual, una inflación en baja que promediaría el 17%, niveles de crecimiento de ingresos y de gastos por encima de la suba esperada de precios pero que al mismo tiempo implican una leve disminución en la participación del Estado en la economía, son variables que generan un consenso extendido. Sin embargo, existen algunos aspectos sobre los cuales conviene llamar la atención.

Uno de ellos es la falta de claridad en la exposición de algunas cuestiones importantes. Ni el texto del Presupuesto ni el mensaje incluyen los criterios adoptados en cuanto a las modificaciones al Impuesto a las Ganancias, las retenciones a las exportaciones, las previsiones de fondos provenientes del blanqueo ni los valores de las tarifas de servicios públicos (insumo fundamental para determinar el monto de los subsidios económicos). Justamente, estos subsidios mantienen un grado de opacidad importante en cuanto a la forma en que están expuestos. Tratándose del segundo gasto más importante del Estado, después de las jubilaciones y pensiones, sería recomendable que el gobierno informara de manera transparente cuál es su nivel y su evolución.

Otro tema que no se desarrolla suficientemente en el proyecto es la relación Nación-provincias, donde aún no quedan claras las reglas de juego que quiere imponer el gobierno, a mitad de camino entre la supervisión fiscal y la discrecionalidad. Tampoco está claro que se pueda cumplir con el ambicioso plan de obras públicas previsto.

Pero el mayor interrogante que surge del Presupuesto tiene que ver con el déficit fiscal. El gobierno, que en los primeros meses de gestión había anunciado una reducción del déficit primario de 1,5 puntos del PIB para 2017, decidió adoptar un enfoque mucho más gradual, que implica una reducción de solo 0,3 puntos porcentuales. Como la decisión es limitar el financiamiento del déficit vía emisión monetaria, esto implica un mayor aumento de la deuda pública. Aquí se abren dos caminos posibles. Si se trata de una decisión puntual, basada en la necesidad de asegurar la recuperación de la actividad económica primero, para después encarar la reducción del déficit, no habría mayores problemas. La baja relación Deuda/PBI, probablemente la mejor herencia económica del kirchnerismo, permite hacer política fiscal contracíclica durante el próximo año y financiarse para posibilitar una expansión de la infraestructura pública y del gasto social, como prevé el proyecto de presupuesto.

Ahora bien, si esta política se mantiene en los próximos años, y no se encara una reducción gradual pero sostenida del déficit fiscal, en pocos años el país podría enfrentar una nueva crisis de la deuda pública. El actual contexto internacional, con tasas muy bajas que incitan a la toma de créditos, no va a durar para siempre.

El Gobierno tiene margen para diseñar e implementar su política fiscal, y ha elegido, acertadamente, priorizar la recuperación de la actividad por sobre un ajuste de características contractivas. Pero no puede confiarse ni posponer indefinidamente las correcciones necesarias. En Argentina, cuatro años pueden ser una eternidad para todo, excepto para generar una crisis económica.

Fuente: El Cronista.com