La Justicia avanza sobre una veintena de propiedades de los Kirchner para recuperar el dinero de la causa Vialidad

La Cámara de Casación Penal quedó en condiciones de resolver si confirma el decomiso de 20 propiedades ordenado por el juez federal Jorge Gorini en el marco de la causa Vialidad, donde se busca recuperar 685.000 millones de pesos. El fiscal general ante esa instancia, Mario Villar, anticipó su postura rechazando los planteos de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner y reclamó que se ejecuten los bienes.

Las propiedades en disputa son un inmueble a nombre de Cristina Kirchner y otras 19 que fueron heredadas en partes iguales por sus hijos Máximo y Florencia. A finales de 2025, el Tribunal Oral Federal 2 resolvió que debía avanzar con la ejecución de estos bienes para que los nueve condenados en la causa respondan con sus patrimonios hasta cubrir la cifra exacta de 684.990.350.139,86 pesos. Dichos inmuebles pasarán a estar bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia, aunque el fiscal Diego Luciani ya trabaja en una segunda etapa que incluiría más bienes.https://2271f21136a6c05f1c1ac898053b009f.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

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Cristina denunció que se trata de una «nueva expresión del denominado derecho creativo, inventado hace años para perseguir a nuestra representada y ahora utilizado para castigar también a su núcleo familiar». Y fue más allá: «Estamos frente a un acto de persecución política enmascarado bajo el ropaje de una pretendida resolución judicial».

Los abogados de Máximo y Florencia insistieron en que «todos los bienes que conforman el patrimonio tienen origen lícito, lo cual ha sido acreditado por la justicia con calidad de cosa juzgada en diversos fallos». Argumentaron que sus clientes recibieron esos activos «legalmente y con total buena fe» de sus progenitores, y que por lo tanto no pueden considerarse instrumento, producto o provecho del delito investigado.

En un dictamen de 13 páginas, el fiscal Villar señaló que el tribunal actuó «correctamente» al distinguir entre el decomiso como consecuencia jurídica ya firme y las modalidades de su cumplimiento. «La resolución impugnada no modifica el contenido de la condena ni introduce nuevas obligaciones, sino que se limita a hacer operativa una consecuencia penal ya establecida», remarcó.

Villar también defendió el criterio aplicado en delitos de criminalidad económica organizada y corrupción sistémica, donde la prueba del nexo causal «debe atender a patrones de incremento patrimonial injustificado, a la simultaneidad temporal entre la maniobra ilícita y la expansión del patrimonio». El TOF 2 estableció una ventana temporal entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, período en que se desarrolló la maniobra defraudatoria vinculada a las 51 licitaciones viales otorgadas irregularmente a Lázaro Báez en Santa Cruz.

Para el funcionario del Ministerio Público, ejecutar estas propiedades es «plenamente compatible con los estándares contemporáneos en materia de recuperación de activos y con los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino». También cerró la puerta a que se discuta en sede penal el origen de los bienes: esa discusión deberá seguirse «por otras vías procesales, pero ninguna de ellas impide la ejecución del decomiso en sede penal».

Para las defensas, avanzar con la ejecución es «un atropello» que implica «abrir la puerta a prácticas que remontan a las épocas más oscuras de nuestro país, incompatibles con la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos».

Finalmente, el fiscal ante Casación enfatizó que se busca «evitar la impunidad en estos hechos graves, privar a las personas implicadas del producto de sus actividades delictivas y generar conciencia de la gravedad de estos sucesos en el rumbo de los pueblos». Ahora la pelota está en la cancha de la Cámara de Casación Penal, que debe decidir si los Kirchner pierden o no estas 20 propiedades.

Fuente: Mendoza online