La Cámara Federal resolvió hoy que la causa contra el protocolo antipiquetes, que tramitaba en el juzgado federal de Sebastián Casanello, pase a la justicia penal ordinaria.
La decisión la tomó el camarista Eduardo Farah y se conoció 30 minutos antes de la hora prevista para que el juzgado de Casanello retomara la audiencia de la semana pasada en la que se enfrentaron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la legisladora de izquierda Celeste Fierro (MST), promotora del caso, que pide suspender el reglamento por inconstitucional.
Lo resuelto por Farah coincide con un planteo de Bullrich, que sostuvo que Casanello era incompetente para intervenir en el caso y debía inhibirse.
El objetivo de la audiencia de hoy era que Casanello escuchara a las dos partes antes de tomar una decisión sobre el futuro del protocolo. La semana pasada, la reunión se desarrolló en buenos términos, según informaron fuentes que participaron de la reunión.
En esta causa Casanello había ordenado una medida cautelar exhortando a la ministra a adecuar la actuación de las fuerzas federales a los límites constitucionales y al estándar marcado el mes pasado por los Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esa cautelar fue apelada por Bullrich y revocada por la Cámara Federal por dos votos contra uno (con los votos de Farah y Martín Irurzun y la disidencia de Roberto Boico).
La causa fue iniciada el 18 de diciembre de 2023 por la legisladora porteña Fierro, que presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad y pidió, como medida cautelar urgente, que se suspendiera el protocolo. Casanello no accedió a disponer esa suspensión y, siguiendo el trámite que prevé la ley para un “habeas corpus preventivo” (se le dio este encuadre a la causa ante el peligro invocado de detenciones arbitrarias), citó a las partes.
El caso se radicó originalmente en la secretaría electoral del juzgado de María Servini (la demanda alegó que el protocolo afecta derechos políticos), pero Servini lo envió al fuero contencioso administrativo. De allí pasó a la justicia penal ordinaria y luego, a la federal, donde Casanello recibió el caso. Ahora, Farah dispuso que vuelva a la justicia ordinaria.

Fuente: La Nación
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