l oficialismo dio este miércoles por la tarde el primer paso en su objetivo de aprobar este jueves, en el recinto de la Cámara de Diputados, el proyecto de reforma laboral, que ya cuenta con media sanción del Senado. Con el apoyo de sus aliados, el bloque libertario se aseguró el dictamen de mayoría y, con él, la llave para intentar sancionar la iniciativa con mayoría simple.
El dictamen de mayoría reunió 44 firmas del plenario de las comisiones de Legislación Laboral y Presupuesto, presidido por el libertario Lisandro Almirón. Respaldaron al oficialismo la UCR y las bancadas provinciales de Innovación Federal y de Producción y Trabajo. En cambio Pro, si bien acompañó el dictamen, lo firmó en disidencia: lo hizo porque insistirá, en el recinto, de incluir a las billeteras virtuales en el servicio de cobro de los salarios, un punto que fue eliminado por el Senado.
“Si bien este proyecto es un buen primer paso, se queda corto. Es absurdo que por una ley le digamos a los trabajadores cómo tienen que cobrar”, enfatizó Fernando De Andreis (Pro).
También acompañó en disidencia el santafesino Sergio Capozzi, el único integrante de Provincias Unidas que se desmarcó de la bancada; el resto anticipó su rechazo con un dictamen propio. Lo propio hicieron Unión por la Patria y los bloques de izquierda.
“Este proyecto es lo más regresivo en materia laboral de los últimos cien años -enfatizó el diputado Sergio Palazzo-. Como otros anteriores, este proyecto busca el debilitamiento de las organizaciones sindicales, de las negociaciones colectivas. Quita derechos de los trabajadores y, como siempre, se mejora la tasa de rentabilidad de las empresas”.
Con los apoyos obtenidos en el dictamen, el oficialismo confía en alcanzar los 129 diputados necesarios para alcanzar el quorum en el recinto y arrancar la sesión, convocada para las 14. El pedido de sesión especial fue firmado por Pro, la UCR, el MID, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, los tucumanos de Independencia, los misioneros aliados a Carlos Rovira y la neuquina referenciada con el gobernador Rolando Figueroa.
En la previa de la sesión, los distintos bloques anticiparon sus posturas durante en el plenario de las comisiones. Fue un debate caldeado, signado por la noticia del repentino cierre de la empresa de neumáticos Fate y el despido de más de 900 trabajadores.
En un último intento por torcer el rumbo del dictamen, se hizo presente la cúpula de la CGT para plantear el rechazo al proyecto y confirmar la convocatoria al paro de este jueves.
Además de referentes gremiales, entre los invitados también hubo representantes de las plataformas digitales de delivery como Rappi, asociaciones de abogados laboralistas y magistrados de distintos fueros laborales. Los apoyos al proyecto llegaron, sobre todo, de los referentes empresarios.
Gabriel Bornoroni, de La Libertad Avanza (LLA), marcó de entrada la postura del oficialismo. Anunció que retirarán el artículo 44 sobre licencias médicas y anuló la posibilidad de avalar cualquier otro cambio. “Pasaremos a la firma el texto del dictamen”, señaló.
Es que los aliados del centro político avisaron que también impulsarán otras modificaciones. Entre ellas el que propone crear el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que propone financiar indemnizaciones con aportes patronales que hasta ahora se destinan a la Anses.
“La creación del FAL es reforma previsional encubierta. Será un fondo que va a ser utilizado para fondear al Tesoro. Con esta retracción de recursos (a la Anses) no se van a poder pagar aumentos jubilatorios. Este fondo rompe el sistema previsional argentino”, advirtió Vanesa Siley (Unión por la Patria)
Otro punto que también genera objeciones es el que propone derogar varios estatutos profesionales. Un conjunto de bloques que reúne alrededor de 35 diputados ya adelantó su rechazo.
El primero en tomar la palabra fue el jefe del bloque Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, quien catalogó el debate de “desprolijo”. “Quieren evitar que este tema tenga la discusión pública que tiene que tener”.
En representación de la izquierda, Nicolás Del Caño habló de una “ley esclavista”. “Es un escándalo tratar de manera exprés una ley que pisotea todos los tratados internacionales”, consideró.
Cuando se abrió el micrófono a los invitados, Hugo Godoy, de la CTA autónoma, dijo que en la Argentina “lo único que crece es lo que ustedes dicen que quieren evitar, que es la precariedad laboral”.
Julio Piumato, del gremio judicial, anticipó que si se aprueba la reforma su pelea se trasladará a los tribunales. “Del primer al último artículo es violatorio de la Constitución Nacional”, señaló. “Da vergüenza que muchos diputados desconozcan el proyecto que están votando y el texto de la Constitución y las leyes supralegales”.
A su turno, el triunviro Jorge Sola, de la CGT, puso el foco en aquello que el texto oficial no aborda: “No se habla de robótica, de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, de nuevos modos y relaciones de trabajo, de nuevas economías”. Cuestionó, además, el FAL. “Implica una transferencia multimillonaria de 6000 millones de dólares anuales que va a pasar del salario diferido de los empleadores al sector financiero”, dijo el sindicalista del Seguro.
En la misma línea se pronunció Cristian Jerónimo, cotitular de la central cegetista, que anunció un paro nacional desde las 00. Les habló directamente a los diputados: “No tienen que olvidarse que ustedes representan los intereses del pueblo. Muchos se van a hacer los distraídos y van a apoyar diciendo que esto moderniza y crea nuevos puestos de trabajo, pero eso no es así”.
En representación de los trabajadores de prensa, Carla Gaudensi rechazó la reforma. Objetó, sobre todo, el último título en el que se derogan múltiples estatutos profesionales seis meses después de sancionada la ley. “No nos da ninguna garantía que se vaya a derogar el estatuto y nos deje sin ninguna protección. La prórroga aparece como una manera de los diputados y senadores de no hacerse cargo de lo que votan”, acusó.
El proyecto, que incluye el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo al fuero porteño, fue duramente objetado por Andrés Basso, presidente de la Asociación de Magistrados. Se trata del artículo 91, que fue adicionado en el recinto del Senado. Catalogó esta medida de “arbitraria” y “discrecional” y consideró que “proyecta el cierre del fuero del trabajo”. “El diseño de la Constitución fija claramente que la Justicia Nacional deberá quedar a cargo del Poder Judicial de la Nación mientras la Ciudad de Buenos Aires sea la Capital Federal”, argumentó.
El presidente de la asociación de abogados laboralistas, Matías Cremonte, se focalizó en los trabajadores de plataforma. Sostuvo que, si se aprueba la propuesta del Gobierno, la Argentina será “el único país que no los considera trabajadores”. “[Esta ley] va a nacer en contra del próximo convenio de protección de trabajadores de plataforma”, anticipó.
Previamente, Gabriel Buenos, director de asuntos corporativos de Rappi, defendió la propuesta. “Promovemos este tipo de discusiones. Necesitamos reglas de juego claras que permiten el desarrollo de la economía de plataformas”, argumentó.
La iniciativa también fue avalada por Santiago Mignone, presidente de Idea, el instituto para el desarrollo empresarial de la Argentina. “Este proyecto no enfrenta al capital y el trabajo, sino que los une en un mismo objetivo: crear y producir”, evaluó. “Esperamos que este proyecto pueda ser aprobado y dar un paso hacia la modernización laboral”, cerró.
Por fuera de la primera intervención de Bornoroni, y de algunos gritos de Lilia Lemoine, no hubo exposiciones libertarias. “La orden de la Casa Rosada a sus diputados fue no hablar”, reconoció una fuente oficialista a LA NACION. Trataron de evitar que un comentario fuera de lugar diera lugar a una escalada de la crisis social.
Fuente: La Nación
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