El gremialista que intentó desafiar a La Cámpora y a uno de los históricos barones del conurbano

Cuando llegó al poder, Alberto Fernández resolvió extender la intervención de la Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (Osdepym). Ubicó allí a Horacio Alonso, un dirigente gremial de los judiciales con influencia en Tres de Febrero y que fue diputado nacional por el Frente Renovador. Junto con él, desembarcaron en la prestadora médica, también con cargos jerárquicos, Marcela Durrieu, suegra de Sergio Massa, y Yanina Paula Zanarini, hija del exjefe del organismo estatal que debía auditar las tareas de la intervención.

Más allá de las sugestivas designaciones, la gestión de Alonso en Odespym está en la mira de la Justicia por la compra de alimentos por casi 108 millones de pesos a una empresa constructora llamada Estructura Base SRL. El gasto habría sido hecho en concepto de “responsabilidad social” y se realizó entre abril y septiembre del año pasado, durante el aislamiento estricto por el avance del coronavirus, según los registros que obtuvo LA NACION. Durrieu, la suegra de Massa, dijo que renunció a su cargo “al inicio de la pandemia” y tomó distancia de la intervención.

Existe hoy una denuncia en contra de Alonso en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 que se realizó en octubre del año pasado y que está a cargo de Sebastián Ramos. Se acusa al interventor, al fallecido Eugenio Zanarini, exjefe de la Supeintendencia de Servicios de la Salud, y a Marcelo José Naveiro de presunta asociación ilícita y defraudación. La causa no tuvo ningún avance, según fuentes judiciales y de involucrados en la presunta irregularidad. El denunciante es Juan Demetrio Amarilla. “No hay ningún delito por asociación ilícita ni malversación de fondos. El señor Amarilla supo ser beneficiario de la obra social de taxistas y cobro el seguro de desempleo. No es afiliado de Osdepym y no se quién está detrás de la denuncia”, dijo Alonso a LA NACION.

De campaña por el conurbano

El expediente se conoce en medio quejas de afiliados de Osdepym por problemas cada vez más frecuentes con la cobertura médica y con Alonso en la mira por su actividad proselitista en Tres de Febrero, donde el sábado pasado intentó competir en la interna del Frente de Todos con una lista propia. Cedió finalmente ante el camporista Juan Debandi, vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que encabezará la nómina de los aspirantes al Concejo Deliberante. Con Debandi juega un Curto: se trata de Sebastián Hugo, nieto del exintendente que gobernó el municipio desde 1991 a 2015. “No fui candidato a nada para ayudar a la unidad del peronismo”, argumentó Alonso, que fue secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación antes de la llegada de Julio Piumato.

José Luis Bichara fue gerente de Adicciones y Salud Mental de Osdepym. A pesar del decreto presidencial que restringió las cesantías, fue despedido “sin causa justificada” el 11 de mayo pasado tras advertir sobre una serie de irregularidades en el organismo. Bichara sospecha que Alonso desvía fondos de la obra social para hacer campaña proselitista en Tres de Febrero. “Es muy grave que el Gobierno se desentienda de lo que sucede en la obra social porque está intervenida por un dirigente político puesto por el Presidente”, denunció Bichara.

Alonso se defendió por el reparto de alimentos. “En el marco de la Responsabilidad Social Empresaria interpretamos que debíamos contribuir en el marco de la emergencia alimentaria. Se distribuyeron alimentos en Tres de Febrero como en San Martín, Hurlingham o Tilcara, en Jujuy”, dijo Alonso.

La intervención de Osdepym fue ordenada en septiembre de 2018 a raíz de denuncias de desmanejos económicos y de irregularidades en la conformación del directorio de la obra social. La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), hoy con muy baja representación en la prestadora médica, fue uno de los actores que más presionaron para que Mauricio Macri decretara la intervención. “Antes había reservas financieras y se pagaba a los prestadores a los 30 de presentada la factura. Hoy hacen los pagos a medida que ingresan los fondos, pero pagan a los 120/150 días”, comentó un exjerárquico de la obra social.

Alonso, sin embargo, afirmó que Osdepym “goza de buena salud a pesar de la crisis que atraviesan las obras sociales”. El interventor que ubicó el Presidente prevé solicitar a la Inspección General de Justicia el aval para realizar una asamblea virtual y aprobar el balance de su gestión. “El servicio nunca se cortó”, se defendió. Osdepym cuenta con unos 100.000 afiliados y Alonso confía en normalizar la situación de la entidad que nuclea, sobre todo, a aportantes monotributistas.