“Sigue estancado; pero viste cómo es esto, un día aparecen los 48 votos, se firma dictamen y tenés debate en el recinto en una semana”. Los pliegos que nominan a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema siguen, como en el título de la novela del alemán Erich María Remarque, sin novedad en el frente, mientras el tiempo avanza y se acerca a paso firme el 29 de diciembre, día en el que el máximo tribunal de Justicia quedaría con tan sólo tres de sus cinco miembros si antes el Senado no le da acuerdo a alguno de los postulantes.
La discusión parlamentaria por la integración de la Corte quedó entrampada entre las posturas por ahora incompatibles del Poder Ejecutivo, que quiere que el Senado apruebe los pliegos primero; y la del kirchnerismo, que antes de darle luz verde a Lijo y García-Mansilla pretende que el gobierno de Javier Milei abra el juego al canje de votos por cargos judiciales, con la ampliación de los miembros de la cabeza del Poder Judicial y la designación de más de 140 cargos de la justicia federal como moneda de cambio.LOS VÍNCULOS DE LA ADUANA Y LIJO, EL JUEZ QUE CONTROLA DESDE 2022 LA CAUSA DE LOS AVIONES IMPORTADOS A DÓLAR “BARATO”
En el Gobierno se muestran optimistas y dicen que están cerca de destrabar la partida de ajedrez. Cuelan en el tablero de negociaciones una motivación para el kirchnerismo: la inminencia de un fallo condenatorio contra Cristina Kirchner en la Cámara de Casación Penal. El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, comenta en círculos de confianza que hay 47 votos para aprobar el pliego de Lijo, quien recibió un número de objeciones sin precedentes por parte de entidades jurídicas, civiles y empresariales, que cuestionan tanto su escasa formación académica para llegar al máximo tribunal, como las denuncias y sospechas que arrastra por su patrimonio y el manejo de las causas sensibles para el poder.
En el Senado, sin embargo, en despacho aliados de la Casa Rosada aseguran que las cifras que maneja el hombre del Poder Ejecutivo, de línea directa con el asesor presidencial Santiago Caputo, no son un fiel reflejo de la realidad, que todavía falta camino por recorrer.
Desde que Cristina Kirchner decidió patear el tablero y desconocer la postulación de Lijo como propia y reclamar una negociación con el Poder Ejecutivo, lo que LA NACION anticipó a mediados de julio, pocos movimientos se han registrado en el Senado.
La inacción persiste aún a pesar de la regularidad en los contactos cotidianos y subterráneos que existen entre la Casa Rosada y el Instituto Patria, bunker desde el que la exvicepresidenta todavía controla a gran parte del bloque de Unión por la Patria. Con 33 miembros, sobre un total de 72 senadores, la bancada que preside José Mayans (Formosa), hombre que responde al gobernador Gildo Insfrán, es determinante para alcanzar los dos tercios de los votos de los presentes que exige la Constitución Nacional para designar a un miembro de la Corte Suprema.
En la mesa de arena kirchnerista aseguran que no piensan dar un cheque en blanco y exigen que, al menos, el Poder Ejecutivo tome la iniciativa y haga un par de gestos políticos claros que indiquen su disposición a negociar.
El primero es la puesta en marcha del debate parlamentario sobre la ampliación de la Corte. Recuerdan que en la Cámara de Diputados permanece todavía con estado parlamentario el proyecto impulsado por Cristina Kirchner y aprobado por el Senado hace poco más de dos años, que eleva a 15 los integrantes del tribunal. El Gobierno no ha dado señales de mover sus piezas en ese sentido. Más aún, afirman que están de acuerdo con la ampliación, pero que les gustaría volver a los nueve miembros que tuvo durante las administraciones menemistas.
El segundo gesto que reclama el kirchnerismo es el envío de los pliegos para completar las 143 vacantes que hay en la justicia federal. Entran en este paquete las ternas para cargos de jueces y fiscales enviados por el Consejo de la Magistratura de las que el Poder Ejecutivo tendrá que seleccionar a un candidato y enviar los pliegos al Senado para su tratamiento en la Comisión de Acuerdos. Esta arista de la negociación permitiría al peronismo mitigar los reclamos de gobernadores y dirigentes del interior, que también pretenden llevarse algo de la negociación y no dejarle todo al siempre ávido apetito kirchnerista por colonizar la Justicia.
La respuesta de la Casa Rosada es, por el momento, la misma desde hace más de un mes. Quieren que primero el Senado apruebe las designaciones de Lijo y García-Mansilla. Cumplida esta condición, sostienen, vendrá el tiempo de hablar de la ampliación de la Corte y de los otros cargos judiciales.
El rol de la UCR y Pro
Pero hay otros jugadores que también quieren tener un papel protagónico en esta película y dejar de ser simples actores de reparto. Es el caso de la UCR y Pro, que miran con atención el desarrollo de los acontecimientos.
En el radicalismo aseguran que la norma en el Senado es aceptar los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para la Corte, que no hay antecedentes de rechazo. Pero destacan, también, que eso ocurre porque los candidatos llegaban al Senado con un acuerdo político y con un oficialismo habiendo explicado las razones por las que nominó a sus candidatos.
“Eso, hasta acá, no ocurrió; por lo menos con nosotros, no”, remarcó un senador que integra el sector dialoguista de la bancada de la UCR y que pretende que el Gobierno trabaje por alcanzar un consenso y lo quiere a la luz del día, no en las sombras. “Tal vez algún día habrá que sincerarse y sentarse a negociar”, deslizó el legislador en alusión a la administración de Javier Milei.
Un antecedente parecido al actual es el de Roberto Carlés, propuesto para el máximo tribunal por Cristina Kirchner en el inicio de su último año de gobierno, en 2015. Como no obtuvo consenso previo, la oposición bloqueó su nominación negando los dos tercios en el recinto.
Desde que Lijo defendió su nominación en audiencia pública en la Cámara alta han pasado 45 días –García-Mansilla se presentó una semana después– y muchas versiones se han tejido en este tiempo. Que el dictamen del juez federal tiene cuatro firmas. Que tiene siete. Que tiene el aval de al menos dos miembros de la bancada kirchnerista. Son sólo algunas de las historias que se escuchan en los despachos de la Cámara alta. Lo único concreto es que, al día de hoy, los pliegos siguen sin alcanzar las nueve firmas para tener despacho favorable de la Comisión de Acuerdos y, por lo tanto, todavía no pueden llegar al recinto del Senado.
Fuente: La Nación
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