El proyecto de ley de “Compre Argentino”, por el cual el Gobierno busca ampliar el mecanismo vigente para priorizar a la industria nacional en las adquisiciones que realiza el Estado, colocó al oficialismo y a Juntos por el Cambio en un inédito cambio de roles. Mientras el Frente de Todos encarna el papel de defensa de las empresas, Juntos por el Cambio plantea reparos y advierte que la norma, de ser aprobada, implicará sobrecostos que beneficiarán a ese sector –sobre todo a las grandes compañías– en detrimento de los contribuyentes.
El oficialismo está decidido a emitir el dictamen el martes próximo en las comisiones de Industria y de Presupuesto de la Cámara de Diputados. La iniciativa, auspiciada por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, propone priorizar a los proveedores nacionales en las compras públicas mediante un sistema de preferencias que permite que las empresas argentinas puedan ofertar más caro sus productos al Estado que los de origen extranjero. Para ello modifica una ley sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri y eleva este margen del 15% al 20% para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y del 8% al 15% para las grandes empresas.POSTALES DE LA CRISIS: ALBERTO FERNÁNDEZ PIERDE VOCES QUE LO DEFIENDAN Y CRECE LA DESAZÓN EN EL “ALBERTISMO”
El oficialismo había propuesto incorporar al PAMI en este régimen para favorecer a la industria farmacéutica local, pero finalmente dio marcha atrás luego de que la oposición, en abierto rechazo, advirtiera que el proyecto habilitaba a la obra social de los jubilados a comprar los medicamentos un 20% más caro. “Decidimos eliminar este punto del proyecto porque nos impedía discutir la cuestión de fondo, que es la promoción de la industria nacional en las compras que realiza el Estado. Nosotros queremos que sea ley”, justificó el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez.
Sin embargo, la concesión que hizo el oficialismo no altera la postura de rechazo de Juntos por el Cambio, que insiste en mantener sin modificaciones la ley sancionada en 2017. Advierte que el proyecto del Gobierno no sólo permitirá que el Estado compre sus insumos con un sobrecosto de al menos el 20% –que terminarán afrontando los contribuyentes–, sino que beneficiará en mayor medida a las grandes empresas y no tanto a las pymes.
“Con esta iniciativa se perjudica a las pymes y se beneficia a las grandes porque la brecha de diferencia pasará de ser del 7% al 5%”, explicó el diputado radical Hugo Romero. Esto es así, sostiene, porque en el proyecto oficialista se amplía del 15 al 20% el margen de preferencia para las mipymes (un 5%), mientras que para las grandes la brecha es mayor, del 8 al 15% (un 7%). Esto significa que las grandes empresas resultan proporcionalmente más favorecidas.
“Esto no es así”, responden al unísono los oficialistas Marcelo Casaretto y Carlos Heller, presidentes de las comisiones de Industria y de Presupuesto. “Cuando se aumenta más a las grandes, se trata de que esas grandes nacionales puedan competir con las grandes extranjeras”, sostuvo Heller. “Hay rubros en los que las pymes no pueden competir”, alegó.
Martínez, el jefe del bloque oficialista, no podía dar crédito a la paradoja que se planteaba en la discusión. “Es increíble –se queja– Nosotros pasamos de ser un espacio político ‘antiempresas’, como nos achacaron en varias oportunidades, y ahora somos los aliados de las grandes corporaciones nacionales. Tenemos que salir de estos estereotipos y buscar puntos de consenso”.EL SUPERIOR TRIBUNAL ENTRERRIANO RECHAZÓ EL AMPARO DE LA FISCAL GOYENECHE, QUE QUEDÓ A UN PASO DE SER DESTITUIDA
Sin embargo, Juntos por el Cambio no parece dispuesto a moverse de su postura de rechazo. No le convence en absoluto el planteo oficialista de subir los márgenes de preferencia a costa de un mayor costo para el contribuyente. “Para peor, en otro de sus artículos el proyecto oficialista habilita al jefe de Gabinete a subir todavía más estos márgenes, hasta un 10%, cuando se trata de adquisición, locación, o leasing de bienes que sean considerados estratégicos”, advirtió el radical Alejandro Cacace.
“Queremos discutir estos márgenes de preferencia porque creemos que la ley actual marca una clara diferencia entre las mipymes y las grandes empresas, no así el proyecto oficialista –sostuvo José Núñez, de Pro–. Estamos dispuestos a dar el debate, pero el Poder Ejecutivo no justificó hasta ahora por qué decidió ampliarlos como tampoco explicó qué impacto ha tenido la ley actual para merecer estas modificaciones. Juntos por el Cambio no está en contra de la industria nacional, todo lo contrario, pero no estamos dispuestos a avalar distorsiones”.
Fuente: La Nación
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