l Partido Justicialista (PJ) de Río Negro presentó en el Senado una impugnación contra Lorena Villaverde, actual diputada nacional y senadora electa por la provincia patagónica por La Libertad Avanza (LLA), a la que acusa de tener un ”pasado y presente delictivo, narcotraficante y defraudador” que configuran las “inhabilidades morales, éticas y constitucionales” que le impedirían ocupar un escaño en la Cámara alta a partir del 10 de diciembre.
La impugnación ingresó en la Cámara alta este lunes y será discutida este miércoles, a partir de las 11, por la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la peronista cordobesa Alejandra Vigo, integrante del bloque Provincias Unidas, y en la que el oficialismo está en franca minoría ante kirchneristas, radicales y representantes de fuerzas provinciales.
Según el artículo 64 de la Constitución Nacional, cada cámara “es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez”, por lo que podría postergar o hasta impedir que un legislador electo jure en su banca si es que considera que no reúne los requisitos de idoneidad correspondiente.
El escrito presentado ante el Senado lleva la firma de Manuel Castañeda y Juan Manuel Madariaga, apoderados del PJ rionegrino, quienes hacen un compendio de noticias publicadas en diferentes medios de comunicación sobre las causas judiciales que tuvieron y tienen como protagonista a la polémica legisladora libertaria.
“La idoneidad, establecida en el artículo 16 de la Constitución Nacional comprende la honestidad, transparencia y conducta ética que deben caracterizar a toda persona que aspire a representar al pueblo y/o a las provincias en el Honorable Congreso de la Nación. La conducta de la Sra. Villaverde vulnera de modo grave estos principios, afectando el orden público electoral y los valores republicanos de la democracia representativa”, sostiene los abogados en la presentación.
La impugnación del PJ rionegrino se fundamenta “tanto en causas judiciales en curso y en condenas previas al sufragio electoral, como en causas judiciales sobrevinientes a la elección del 26 de octubre, las que inexorablemente constituyen los presupuestos que generan las inhabilidades absolutas para el ejercicio de cargos públicos electivos”.
“Asimismo, el accionar en conflicto con la Ley penal y civil de la señora Villaverde se ha visto agravado durante el proceso electoral al incurrir ésta en amenazas y amedrentamiento a periodistas, abogados y ciudadanos que en distintos medios de comunicación han hecho público el pasado y presente delictivo, narcotraficante y defraudador de quien pretende ocupar ni más ni menos que una banca del Honorable Senado de la Nación”, agrega el escrito.
El tramo final de la impugnación está dedicada a destacar los lazos que vincularían a Villaverde con Federico “Fred” Machado, el ciudadano argentino procesado por narcotráfico en los Estados Unidos que sostuvo una relación con José Luis Espert. Por este vínculo, el economista tuvo que renunciar a encabezar la lista de diputados nacionales por LLA por la provincia de Buenos Aires.
Según la nota impulsada por el PJ de Río Negro, la diputada “Villaverde ha quedado expuesta en los últimos meses ya que los medios han revelado su secreto vínculo con el presunto testaferro de ‘Fred’ Machado, su primo Claudio ‘Lechuga’ Cicarelli”. En ese sentido, el escrito cita un artículo de LA NACION del pasado 4 de octubre en el cual se habla sobre los vínculos entre la diputada nacional y el primo del acusado por narcotráfico.
“El narcoescándalo y la narcopolítica no pueden explicarse en Argentina sin hablar de Espert y Fred Machado. En Rio Negro no se puede explicar a Fred Machado sin Claudio Ciccarelli. El silencio criminal, la falta de explicaciones claras y la actitud de Villaverde no hacen otra cosa que confirmar que ella forma parte del esquema narcopolítico que actualmente está operando y penetrando en el sistema político argentino”, sentencian Castañeda y Madariaga, los apoderados del PJ rionegrino.
Antecedentes
En el Senado hay un antecedente en el que la Comisión de Asuntos Constitucionales impidió la jura de un senador electo. Fue en 2003, cuando Raúl “Tato” Romero Feris se quedó con la banca por la minoría en Corrientes al frente de la lista del Partido Nuevo.
En ese momento, Cristina Kirchner, que presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales, impulsó el rechazo del título del exgobernador correntino que había sido condenado por causas contra el Estado, pero ninguna se encontraba con sentencia firme en ese momento. Por esta razón, el escaño se mantuvo vacante durante casi tres años, hasta que Romero Feris renunció a la banca y permitió que jurará Isabel Viudez, quien lo sucedía en la lista del Partido Nuevo.
En Diputados, el antecedente más conocido es el de Antonio Domingo Bussi, a quien no se le permitió jurar su banca, el 10 de diciembre de 1999, por su participación en delitos de lesa humanidad antes de que el pleno de la Cámara le terminara por rechazar su título, en mayo del año siguiente.
El mismo criterio se aplicó poco después para impedirle el ingreso al exsubcomisario Luis Patti.
Sin embargo, el antecedente de Bussi terminó con un fallo de la Corte Suprema de Justicia que, en 2007, terminó por sentenciar que la Cámara de Diputados se había excedido en el uso de las facultades que le confiere el artículo 64 de la Constitución Nacional, ya que con la exclusión de Bussi había vulnerado la voluntad popular que lo había convertido en legislador.
Por Gustavo Ybarra
Fuente: La Nación
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