Uno de los problemas más acuciantes de nuestro Poder Judicial está dado por la gran cantidad de vacantes de jueces existentes, que alcanza actualmente a alrededor del 33% del total en los tribunales nacionales y federales del país. Se estima que ese número trepará hasta el 38% en 2026, en función de las jubilaciones de los magistrados que llegarán al tope de edad permitido, de 75 años.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado ya su grave preocupación por este fenómeno.
Las vacantes de mayor entidad se presentan en los fueros comerciales y civiles de familia, donde alcanzan al 50%. La situación es igualmente preocupante en tribunales como la Cámara en lo Penal Económico, compuesta teóricamente por seis jueces, pero que en la actualidad funciona solo con dos. En los muy importantes tribunales orales en lo federal de Comodoro Py, donde se sustancian los juicios por corrupción de funcionarios públicos, lavado de activos y delitos relacionados con el narcotráfico, las vacantes también alcanzan al 50%. Ello obliga a que los mismos magistrados deban subrogar en distintos tribunales simultáneamente, lo que dificulta compaginar sus agendas y repercute en la celeridad que deberían tener estos importantes procesos.
En una mayoría de casos las audiencias de juicio se fijan con una periodicidad de una por semana, lo que desnaturaliza por completo la idea de un juicio como un evento continuo, que desemboque en forma rápida en una sentencia donde los jueces puedan evaluar lo que testigos, imputados y acusadores han manifestado no demasiado tiempo atrás.
Los juzgados federales de primera instancia de Comodoro Py registran un tercio de vacantes, lo que igualmente afecta su funcionamiento, más allá de que dichas vacancias no sean la causa exclusiva del mal funcionamiento de alguno de esos tribunales. Es sabido que hay jueces que han demorado la instrucción de causas por motivos independientes de la sobrecarga de tareas, según lo hicieron notar diversas organizaciones especializadas en temas de justicia en oportunidad de impugnar la candidatura para la Corte del juez federal Ariel Lijo, un especialista en el mantenimiento de causas abiertas y sin definición.
Por si todo esto fuera poco, también cerca de la mitad de los cargos de fiscales nacionales y federales se halla vacante.
Respecto de las vacantes existentes, se verifican en nuestro país las dificultades provocadas por lo mal que conciben su propio rol muchos de quienes integran las instituciones que deben dotar al país de jueces probos y calificados.
En muchos casos, el Consejo de la Magistratura efectuó los concursos necesarios para dotar al Poder Ejecutivo de las ternas de candidatos de las que saldrán los jueces propuestos por este al Senado. Pero como la Cámara alta ha estado desde antaño influenciada por caudillos o líderes populistas, no es de extrañar que las eventuales propuestas de magistrados se conviertan en ocasiones en un botín de guerra o en prendas de negociación para la obtención de beneficios no siempre compatibles con el sano espíritu republicano.
El buen candidato a juez lo es o deja de serlo con independencia de qué ventaja o recurso pueda un senador exigir u obtener para el partido al que pertenece o para la provincia que representa.
Con ese telón de fondo, es habitual que al asumir un nuevo gobierno el Presidente retire buena cantidad de los pliegos de jueces enviados al Senado por su antecesor, a la espera de que este cuerpo sufra una renovación o bien cambie la dinámica de fuerzas o de alianzas. Por supuesto que en este juego de toma y daca de la mala política quienes sufren son los justiciables, que ven cómo los procesos judiciales se ven entorpecidos por la falta de jueces para atenderlos.
Otro problema de envergadura se refiere a la falta de adecuada infraestructura, tanto edilicia como en materia de recursos humanos y técnicos, relacionados con el acceso a internet. Existe al respecto una gran disparidad entre los recursos solicitados por el Poder Judicial y los efectivamente contemplados en el último proyecto de presupuesto elevado al Congreso. Si se tiene en cuenta, además, que en fecha muy cercana se prevé la puesta en funcionamiento del sistema acusatorio en materia penal, que demandará gran cantidad de audiencias, esa deficiencia de recursos puede hacer fracasar ese sistema, a pesar de sus buenas intenciones.
Nuestro sistema judicial está en deuda con la ciudadanía desde hace mucho tiempo, lo cual se ve reflejado en los muy bajos índices de confianza que despierta. Es indispensable tomar medidas urgentes para que el deterioro que hoy se observa no se profundice aún más.
Fuente: La Nación
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