Un Congreso desconectado de la república y de los ciudadanos

Nuestro Congreso Nacional viene siendo motivo de distintas notas periodísticas. Ninguna de ellas ofrece motivos para el orgullo. Por lo pronto, ni la Cámara de Diputados ni el Senado han cumplido con el mandato constitucional y legal de seleccionar integrantes para la conformación del Consejo de la Magistratura. De parte del Senado, y en función de la postura adoptada por su más alta conducción, se ha caído directamente en un acto de alzamiento contra los criterios fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de qué tipo de “partición” resulta válida para la conformación de las minorías que deberán quedar representadas en el Consejo. Hacemos un paréntesis aquí respecto de lo que algunos denominan un “conflicto de poderes”. En verdad, en un sistema republicano como el que hemos adoptado, el intérprete final de la Constitución y de las leyes es la Corte Suprema. Entonces, ningún “conflicto” puede existir si la Corte, de manera clara y contundente, ha explicado ya qué tipo de “particiones” resultan válidas y cuáles no. Así como cuando el Congreso crea tribunales de justicia, es deber de los otros poderes acatar esa creación sin que resulte imaginable un “conflicto de poderes” al respecto, tampoco lo hay cuando la Corte determina, en los casos que llegan a sus estrados, la constitucionalidad de los actos de los otros poderes del Estado. Así de simple es la cuestión.

Paralelamente, la Cámara de Diputados fue escenario de sucesivos episodios escandalosos. Su presidenta, Cecilia Moreau, retiró los nombramientos para la conformación de las mayorías y minorías en el Consejo de la Magistratura que ella misma había elevado. Luego, convocó a una sesión preparatoria en la que se discutió acaloradamente si se había alcanzado quorum para sesionar, lo que derivó en una suerte de circo romano. Desde diversos sectores políticos, abundaron los insultos, gritos, gestos e imprecaciones indignos del cargo y responsabilidades que tienen los legisladores como delegados de la ciudadanía que los ha honrado con su voto y como miembros de un cuerpo institucional cuyo fin es –nada más y nada menos– que dictar las leyes que habrán de regir la vida de todos los habitantes del país.

Si de responsabilidades se trata, no debe olvidarse tampoco la sesión de octubre último en la Cámara baja, cuando se discutió el presupuesto 2023, de la que algunos legisladores optaron por ausentarse al momento de la votación, lo que permitió la sanción de un nuevo impuesto que, obviamente, los ciudadanos deberán afrontar. Un legislador ausentándose a la hora de una votación es el anatema de la democracia representativa. Idéntico despropósito se verifica cuando otro legislador decide viajar, como de hecho ha sucedido, para presenciar el certamen mundial de fútbol en Qatar mientras el Congreso se encuentra en sesiones. Se trata, en este caso, de una licencia que no debería de ninguna manera haber sido concedida.

El Congreso adeuda leyes de enorme envergadura, como las de boleta única y de ficha limpia, además de reparar el engendro que significaron las trabas legales en los convenios de alquileres, que perjudicaron tanto a locatarios como a locadores. La lista de temas es larga y contiene muchos más proyectos por debatir, que podrían aliviar la grave situación por la que atraviesa la ciudadanía, cansada ya de imposiciones y exhausta frente a la falta de responsabilidad, voluntad y dedicación de sus dirigentes políticos.

Pero hay, en verdad, un momento singular en el que los legisladores de las distintas bancadas sí se ponen de acuerdo: un tema que los cohesiona y para el que aparecen los consensos necesarios. Solo que no se trata de acuerdos para idear mecanismos tendientes a aliviar las angustias de sus representados, sino de algo harto más mundano: descongelarse sus haberes enganchándolos nuevamente a la paritaria del resto de los empleados del Congreso e incrementándolos en un 30 por ciento desde el mes pasado.

Cada vez más alejados de las preocupaciones ciudadanas, los legisladores abusan de sus prebendas y dan claras señales de cuán lejos están de asumir que su trabajo constituye un servicio a la ciudadanía.

Fuente: La Nación