Un breve listado de las aberraciones del régimen dictatorial del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo, en el poder desde 2007, incluía ya, entre otras cuestiones, su persecución a la oposición, su continua violación a las leyes, el acoso a la prensa y la represión a las protestas de 2018, durante las cuales los abusos policiales –todavía impunes– dejaron 309 muertos.
Pero la escalada de hechos aberrantes en Nicaragua volvió a tomar un lamentable impulso con el reciente arresto por parte de fuerzas policiales de monseñor Rolando Álvarez, junto a otros ocho religiosos en la sede episcopal de Matagalpa.
En 2021, la dictadura de Ortega ordenó las detenciones arbitrarias de siete precandidatos presidenciales y 32 reconocidos críticos del gobierno, de cara a las elecciones presidenciales en las que el matrimonio en el poder se aseguró un cuarto mandato, en unos comicios que terminaron siendo una farsa.
La Argentina, en una decisión que debe celebrarse, pero que forma parte de su pendular y oscilante política exterior, condenó en la Organización de Estados Americanos (OEA) los abusos a los derechos humanos en Nicaragua y pidió la inmediata liberación de los presos políticos, en una votación alineada con la posición de Estados Unidos y de otros países de la región. El documento aprobado “condena enérgicamente el cierre forzado de organizaciones no gubernamentales, así como el hostigamiento y las restricciones arbitrarias de organizaciones religiosas y de las voces críticas del gobierno y sus acciones en Nicaragua” e insta a que se “restablezca la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos”.
El apoyo argentino a la resolución ocurrió días después de que el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos, Gustavo Martínez Pandiani, considerado el nexo del ministro Sergio Massa y la Cancillería, defendiera vergonzosamente la inclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua en el contexto de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) argumentando que “todos los países [de ese grupo] son democráticos” y que “es justamente democrático aceptar todos los sistemas de gobierno”.
Tamaña afirmación resulta contradictoria con la reciente resolución aprobada por nuestro país en la OEA asimilando la situación de la dictadura nicaragüense con los regímenes autoritarios de Cuba y Venezuela.
Respecto de la detención de monseñor Álvarez, ya se contabilizan más de 200 actos hostiles de la policía nicaragüense contra miembros de la Iglesia, incluso privándolos de medicinas y alimentos. También se registraron cierres de cadenas de radio y televisión católicas, que se suman al exilio forzado del obispo Silvio Báez, al del párroco Edwin Román, a la condena a prisión de seis sacerdotes, algunos trasladados a centros de torturas y a la expulsión del nuncio Waldemar Sommertag, en marzo último.
Las asociaciones de defensa de derechos humanos, organizaciones civiles, católicas y movimientos de Nicaragua enviaron cartas al Vaticano en las que denuncian estos atentados a las libertades religiosas. En la misiva al papa Francisco, que lleva la firma de más de 60 organizaciones, manifestaron ante el silencio del Pontífice: “Le rogamos, le imploramos que no nos dejen solos. Escuchen nuestra palabra”.
En nuestro país, el presidente del Episcopado, monseñor Oscar Ojea, envió una carta al cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, expresando la preocupación de los obispos argentinos por la situación de la Iglesia en Nicaragua.
Algunas opiniones especializadas en la política vaticana sostienen que el papa Francisco ha optado por la prudencia sopesando la posibilidad de recrudecimiento de los ataques, asimilando su postura de silencio a la del papa Pío XII ante el Holocausto cuando temía que el fin de su supuesta neutralidad pusiera en mayor riesgo la vida de miles de personas. También se plantea que no se expida ante la posibilidad de una futura intervención como mediador ante el gobierno de los Ortega, que no ha demostrado ningún interés en el diálogo. Si esa fuese la decisión del Santo Padre, debería concretarse a la brevedad posible. El inmenso sufrimiento del pueblo nicaragüense y la permanente violación de derechos humanos no admite mayores dilaciones. La izquierda radicalizada de muchos países de la región amenaza el escenario de las libertades religiosas y el ejemplo de Nicaragua marcará en gran medida el futuro latinoamericano
Fuente: La Nación
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