esde hace décadas, como hemos destacado reiteradamente desde esta columna editorial, las organizaciones sociales a través de diversos espacios como el Foro del Sector Social, la Confederación de la Sociedad Civil o la Red Argentina para la Cooperación Internacional reclaman por un marco legal, fiscal y laboral que contemple las características de estas valiosas entidades de bien público, que no persiguen fines de lucro y que son un complemento de muchas de las políticas sociales que se impulsan desde el Estado. Sin embargo, la dirigencia política no solo ignora, sino que empeora las condiciones.
Entre las casi 9000 ONG formalizadas en la ex AFIP cubren la totalidad de las principales agendas de impacto social. Unas organizaciones se enfocan en las agendas de las necesidades básicas como alimentación, salud, vivienda y educación, y otras se orientan a la defensa de los derechos humanos, el control de la corrupción y el acceso a la justicia. Pero todas, pese al gran aporte que hacen a la calidad de vida colectiva y a la generación y gestión de bienes públicos que mejoran la vida de millones de personas, están a la intemperie de la institucionalidad dado que las normas que las regulan, lejos de fortalecerlas, las exponen a arbitrariedades y las debilitan hasta ponerlas al límite de su existencia.
Un ejemplo paradigmático es el que atraviesa la reconocida Fundación Pro Vivienda Social, creada en 1992 para mejorar las condiciones de vida en barrios populares del conurbano bonaerense, con especial foco en el acceso a la vivienda digna, la infraestructura comunitaria y los servicios básicos esenciales.
Su aporte llega a miles de familias de los sectores vulnerables, como lo demuestran los créditos solidarios asignados entre 1995 y 2001 que permitieron otorgar préstamos por el equivalente a 12,5 millones de dólares a 8700 familias que construyeron o mejoraron 73.300 metros cuadrados de vivienda. Desde 1999, la Fundación impulsa un programa para construir redes de gas natural domiciliario en los barrios más vulnerables de la zona oeste del conurbano, quienes dependían exclusivamente de garrafas para cumplir con sus necesidades básicas de gas, lo que implicaba elevados costos y altos riesgos de intoxicaciones e incendios. En la actualidad, el 31% de la población de Moreno tiene gas por red y la tercera parte fue gracias al trabajo de esta fundación. A través de fideicomisos vecinales, más de 10.000 familias accedieron al servicio de gas natural por redes y ahora cuentan con una fuente de energía más segura, económica y fiable.
Pero este modelo está en peligro. Un reciente fallo judicial , arbitrariamente estableció que hubo relación de dependencia entre un gasista y la fundación. Sin embargo, ese operario no trabajó para la fundación sino que lo hizo para un grupo de vecinos nucleados en un fideicomiso vecinal asesorado por la fundación. Si la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo se mantiene, la Fundación Pro Vivienda Social debería afrontar una indemnización que supera los 160 millones de pesos, cifra imposible de cubrir para una organización sin fines de lucro que reinvierte cada peso en proyectos sociales.
El caso no es solo una disputa jurídica; es una advertencia sobre el modo en que ciertas interpretaciones judiciales pueden desarmar aquello que funciona bien en la Argentina: la cooperación entre comunidades, empresas y fundaciones para llevar adelante políticas públicas de calidad e inversión en servicios públicos en los sectores más vulnerados de la sociedad.
El gasista no fue empleado de la fundación, sino gasista independiente (monotributista) contratado por sus propios vecinos a través de fideicomisos solidarios. Emitía facturas a terceros, tenía sus propias herramientas y elegía a sus ayudantes. Pero una absurda interpretación extensiva de la ley laboral por parte de la Justicia lo convirtió, retroactivamente, en “empleado de los vecinos” nucleados en el fideicomiso asesorado por la fundación.
El resultado va más allá de una sentencia, pues ratifica que la industria del juicio está más viva que nunca en nuestro país. Si se confirma, cada organización vecinal que actúe como facilitadora de grupos de vecinos podría ser tratada como “empleadora” de quienes trabajan por cuenta propia en proyectos colectivos: desde cooperativas de vivienda hasta huertas comunitarias o programas de eficiencia energética. En otras palabras, se castigaría a los
vecinos que se nucleen en organizaciones intermedias o sin fines de lucro para que con su esfuerzo se consigan cubrir necesidades que el Estado no cubre.
En un país que necesita más articulación y menos confrontación, la Fundación Pro Vivienda Social representa lo que deberíamos cuidar: un modelo de trabajo conjunto entre sectores que históricamente se miraron con desconfianza. Las empresas encontraron en la fundación un interlocutor que tradujo las necesidades sociales en proyectos viables y, al mismo tiempo, organizando a la comunidad, miles de vecinos dejaron de ser beneficiarios pasivos para convertirse en cogestores de su propio bienestar.
Si el fallo prospera, la consecuencia no será otro mero y nefasto precedente de justicia laboral ni sentará jurisprudencia alguna, sino que la letal imprudencia de una interpretación jurídica provocará la desaparición de una institución que ha demostrado con hechos que la Argentina puede funcionar cuando los ciudadanos confían los unos en los otros y, todos juntos, en el sistema de justicia. Es de esperar que el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires prospere y deje sin efecto un fallo que es un dramático ejemplo de leyes que, interpretadas temerariamente contra una entidad de bien público, convierten un caso judicial en el ocaso de una organización que desde hace 30 años lleva justicia social a lo profundo de la vulnerabilidad colectiva.
Fuente: La Nación
Sea el primero en comentar en "Las ONG, en riesgo"