Las llamadas jubilaciones de privilegio que cobran cuatro expresidentes, tres exvicepresidentes, tres viudas y una hija de expresidente de la Nación constituyen otra erogación que el Estado bien podría ahorrarse para destinar fondos a otros fines, pero, sobre todo, para que quienes han tenido el honor de dirigir los destinos de nuestro país no se aferren a un beneficio que, en la práctica, se ha desvirtuado totalmente en cuanto al objetivo que tuvo en algún momento de la historia.
Es una cuestión sobre la cual hay debates de forma recurrente y que este año llegaría, una vez más, al Congreso Nacional. Hasta ahora, no se ha logrado en ese ámbito ni la derogación ni la modificación de los artículos de la ley 24.018 que disponen la vigencia de estas asignaciones de elevadísimos importes para unos pocos en un sistema hoy quebrado con haberes mínimos paupérrimos y decenas de miles de jubilados reclamando judicialmente por lo que les pertenece y sin que se les conceda.
En noviembre último, las 11 prestaciones vigentes de este esquema sumaron, en bruto, 151.427.242 de pesos mensuales. En neto, significaron 101.675.878 de pesos. Si bien no todas las prestaciones son iguales, esos montos permiten establecer que, en promedio, el ingreso de cada beneficiario fue de 13.766.113 de pesos en bruto y de 9.243.262 en mano.
Si se considera que el haber garantizado del sistema general de la Anses (el mínimo más el bono de 70.000 pesos) fue en ese entonces de 403.085 pesos en bruto y de 393.093 restado el aporte al PAMI, se concluye que, en promedio, cada asignación de privilegio equivalió a 34 o a 23,5 ingresos previsionales básicos, según se observe el bruto o el neto. La cifra total indica que solo 11 personas se llevan el equivalente a 375 ingresos mínimos, en bruto, o a 258 si se considera el importe en mano.
Es posible también concluir que el beneficio promedio fue equivalente a 6 o a 4,4 haberes máximos del régimen general, respectivamente. Claro que hay una diferencia crucial: quienes perciben ese haber máximo lo obtuvieron por el nivel de aportes que hicieron en su vida laboral y por la cantidad de años con contribuciones.
Las jubilaciones o pensiones de privilegio, en cambio, se obtienen por el solo hecho de haber ejercido un cargo, sin el requisito de sumar una cantidad mínima de permanencia ni de aportes, ni de haber llegado a una determinada edad.
Las “asignaciones vitalicias” derivadas de haberse ejercido el cargo de presidente o vicepresidente de la Nación están reguladas por la citada ley y la definición del monto por cobrar está atada a los ingresos de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En el listado de beneficiarios figura Alberto Fernández, que ejerció la Presidencia entre 2019 y 2023. En noviembre último, su ingreso bruto fue de 19.383.687 de pesos, equivalente a 48 haberes mínimos con bono. En neto, la cifra fue de 7.151.917 de pesos: además de otros descuentos, como los impositivos, en este caso el 30% se destinó a la cuota alimentaria para Francisco, el hijo que tuvo con su expareja Fabiola Yañez, quien lo denunció por violencia de género.
Mauricio Macri, presidente entre 2015 y de 2019, tuvo en noviembre una asignación de 18.604.203 de pesos, en bruto, y de 12.272.993,30 netos.
A pesar de haber ejercido la Presidencia tan solo una semana, en diciembre de 2001, Adolfo Rodríguez Saá cobró ese mes 17.828.725 en bruto y 11.820.596 en mano.
También es jubilada privilegiada Zulema Yoma, que estuvo casada con Carlos Menem entre 1966 y 1991. Muchos años y otro matrimonio con divorcio incluido después, Menem volvió a convivir con Yoma, quien en el penúltimo mes de 2025 cobró 15.317.326 en bruto y, en neto, 10.248.905 millones.
Gabriela Michetti, quien fue vicepresidenta durante la gestión de Cambiemos, percibió un haber bruto de 13.524.693 y un neto de 9.303.864. Y Julio Cobos, que acompañó a Cristina Kirchner durante su primer mandato presidencial, tuvo una jubilación de privilegio en noviembre de 13.371.549 en bruto; 9.030.776 en mano.
En el listado también figura Inés Pertiné, viuda del expresidente Fernando De la Rúa, con 13.046.578 en bruto y 9.030.777 en neto. Otra pensionada de este régimen es Bety Nelly Andrés, viuda de Roberto Levingston, militar que gobernó de facto a comienzos de los 70. En noviembre obtuvo 12.045.387 en bruto y 11.820.597 en mano.
Expresidenta y viuda de un expresidente, María Estela Martínez de Perón cobró una asignación de 9.610.586 en bruto, y de 7.394.551 netos. El ingreso de privilegio fue, en tanto, de 9.428.240 y 7.281.064, respectivamente, para Amalia Carmen Guido, hija de José María Guido, presidente entre 1962 y 1963. Pese a que la ley no prevé pensiones para hijos mayores de edad, ese beneficio fue otorgado durante la presidencia de Carlos Menem.
El actual secretario de Turismo del gobierno de Javier Milei, Daniel Scioli, cobra una jubilación privilegiada por haber sido vicepresidente de la Nación en la gestión de Néstor Kirchner, entre 2003 y 2007. En noviembre, su haber bruto fue de 9.276.263, y el neto, de 6.724.679.
El primer beneficio de este tipo fue aprobado por el Congreso a fines de la década de 1930, a propuesta de un diputado que se conmovió tras conocer la situación del exvicepresidente Elpidio González, quien había salido empobrecido de la gestión pública. “Confío en que, Dios mediante, he de poder sobrellevar la vida con mi trabajo, sin acogerme a la ayuda de la República por cuya grandeza he luchado”, expresó en la carta con la que González rechazó el ingreso.
Actualmente, y más allá de los casos enumerados, hay dos exfuncionarios condenados por corrupción que reclaman que se les restituyan las asignaciones de privilegio que les fueron quitadas. El caso más provocador es el de la expresidenta Cristina Kirchner, quien, durante un tiempo cobró dos prestaciones juntas (una por su cargo y otra por ser la viuda de un expresidente) y pese a que la ley 24.018 establece claramente que es incompatible percibir dos a la vez. La Anses, bajo la gestión de Mariano de los Heros, se las dio de baja y la exmandataria sigue hasta hoy reclamando volver a cobrarlas. En noviembre de 2024 -última liquidación que percibió- ambos haberes le significaron 35.255.297 de pesos mensuales en bruto y 21.828.203 en neto. El motivo de la baja fue la confirmación de la condena por corrupción en la causa Vialidad, por la cual está presa.
El otro caso es el del exvicepresidente Amado Boudou, a quien se le dejó de pagar una asignación de privilegio que en noviembre de 2024 fue de 10.284.481 en bruto, y de 8.153.816 en neto. En este caso, la Anses resolvió revocar la asignación, bajo el argumento de que nunca debió haberse dado de alta, y gestionar judicialmente la devolución de lo cobrado por Boudou. Al momento de empezar a cobrar la prestación, el expresidente ya estaba condenado por “cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública”, en la causa judicial en la que resultó culpable de haberse quedado con la empresa Ciccone, dedicada a la impresión de billetes.
Es de esperar que, de una vez por todas, el Congreso ponga fin a esta vergonzosa situación, al excesivo “privilegio” que reclaman quienes fueron “privilegiados” en su momento con un altísimo cargo, al que -vale recordarlo-varios de ellos se encargaron de enlodar cometiendo delitos.
Fuente: La Nación
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