La insólita medida del comité ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de suspender la novena fecha del torneo Apertura, prevista entre el 5 y el 8 de marzo, en repudio por la denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra aquella entidad por presuntos delitos de evasión impositiva y retención indebida de aportes, configura un liso y llano intento de extorsión por parte de dirigentes que se resisten a ser investigados por la Justicia, encabezados por Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.
Tal decisión resulta vergonzosa, no tan solo porque pretende tomar como rehenes a todos los aficionados al deporte más popular de la Argentina, sino también por la actitud cómplice de la inmensa mayoría de los representantes de los clubes afiliados a la AFA, que con su silencio avalan graves irregularidades en la conducción del fútbol local.
Como hemos señalado oportunamente, que no sea la propia dirigencia de los clubes la que exija la renovación de la AFA revela un tan escandaloso como punible nivel de complicidad. Salvo casos aislados, como el del presidente de Estudiantes de La Plata, Sebastián Verón, no se han escuchado cuestionamientos públicos de los dirigentes ante la sucesión de anomalías de las que ha sido protagonista la conducción de la entidad rectora del fútbol argentino. Algo que solo puede explicarse por el nivel de dependencia económica que tienen la mayoría de los clubes de los recursos que manejan Tapia y Toviggino, como por el temor a represalias de quienes han dado muestras de capacidad para manipular arbitrajes. Una frase de Tapia -“Ya fueron por nosotros, pueden ir por ustedes si no hacen algo”- fue la invitación del presidente de la AFA al resto de los directivos a ensayar una defensa corporativa frente a cualquier embate de la Justicia.
Las sospechas de corrupción en la AFA se asocian con múltiples presunciones de delitos, que alcanzan cifras millonarias, y que van desde el desvío y la triangulación de fondos a sociedades fantasmas en paraísos fiscales o a testaferros hasta la emisión de facturas truchas por servicios nunca prestados, la retención indebida de aportes y la evasión de impuestos
Las sospechas de corrupción en la AFA se asocian con múltiples presunciones de delitos, que alcanzan cifras millonarias, y que van desde el desvío y la triangulación de fondos a sociedades fantasmas en paraísos fiscales o a testaferros hasta la emisión de facturas truchas por servicios nunca prestados, la retención indebida de aportes y la evasión de impuestos. Estamos frente a demasiados y contundentes indicios de irregularidades como para que los involucrados en las denuncias puedan esgrimir, utilizando los mismos argumentos empleados por los políticos corruptos, que son víctimas de una “persecución”.
Existen hasta ahora cuatro causas que deberá investigar el Poder Judicial. La primera es por la presunta apropiación indebida de tributos y está a cargo del juez Diego Amarante; la segunda es por el desvío de fondos a través de la empresa TourProdEnter, de Javier Faroni, y está en manos del juez Luis Armella; la tercera es la causa de Sur Finanzas por lavado de activos, a cargo de la magistrada María Servini, y la cuarta se vincula a la lujosa quinta de Pilar, cuyo juzgado debe ser definido por la Cámara Federal de Casación Penal.
Las fechas elegidas para el paro dispuesto por la AFA coinciden con la citación a declaración indagatoria hecha por el juez Amarante a Tapia, Toviggino y otros dirigentes de la entidad, a quienes se investiga por la posible omisión del pago de aportes a la seguridad social correspondientes a futbolistas y empleados, y de retenciones impositivas, por un total que supera los 19.300 millones de pesos.
La suspensión del fútbol no es más que un vil chantaje por parte de quienes pretenden investirse de impunidad frente a hechos sobre los que necesariamente deben brindar explicaciones ante la Justicia. Les guste o no.
Fuente: La Nación
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