Apesar de haber adherido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y al respeto de los derechos de los niños, en la Argentina cerca del 30% de los menores de edad padecen inseguridad alimentaria, por cuanto no acceden regularmente y a tiempo a los nutrientes que necesitan para poder desarrollarse y crecer correctamente.
Así lo establece un informe sobre condiciones de vida y desarrollo de la infancia elaborado por la Universidad Católica Argentina, que deja en claro que la última década tiene un saldo claramente negativo en cuanto a la relación entre los más pequeños y la alimentación, sobre todo por la falta de recursos económicos en las familias. La conclusión del informe es alarmante: la seguridad alimentaria en la infancia y la adolescencia no está garantizada en el país. El piso de carencias alimentarias se ha elevado de modo significativo desde 2018.
El pico máximo de estas dificultades para acceder a los alimentos se dio en 2020, durante el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) para prevenir los contagios de Covid-19, pero que terminó siendo contraproducente para miles de niños.
Ese contexto hizo que, en la Argentina, durante el primer año de la pandemia, el 37,2% de los niños y adolescentes corrieran riesgo alimentario. La situación pospandemia, en 2021, se retrotrajo a los niveles de 2018 y 2019, con el 29,2% y el 30,5%, respectivamente. Dentro de la población que ha restringido en cantidad y calidad la ingesta, se reconoce que, en 2021, el 14,9% experimentó hambre por problemas económicos. Para colmo, no se ven mejoras en el acceso a los nutrientes a través de paliativos estatales que, hasta aquí, vienen demostrando su ineficiencia.
Esta grave privación de alimentos en el contexto del ASPO afectó especialmente a los menores que viven en el conurbano bonaerense (20,1%), a los del estrato trabajador marginal (36,4%), a los hogares monoparentales (24,9%) y a la primera infancia y adolescencia (15,9% y 17,4%).
Si a esto se le suma la fractura que vive el sistema educativo, tanto por el desgaste histórico como por la debilidad que le imprimió la falta de clases presenciales durante gran parte de la pandemia, la situación se torna cuando menos inquietante. Estamos ante una generación que recibe una calidad educativa y de alimentación aún más endeble que la de sus padres.
Esto se vuelve indignante al ver la cantidad de recursos que el Estado dilapida infructuosamente en ayudas sociales que no son más que un parche, sin un programa seriamente diseñado e ideado para fomentar el desarrollo de la persona en su totalidad: que todos los padres puedan trabajar dignamente para alimentar a sus hijos es un doloroso desafío pendiente.
Fuente: La Nación
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