Causa Vialidad: usar el Senado como guarida de la sinrazón

Hace casi 40 años la Argentina retomaba el camino hacia la vida democrática. La sociedad se conmovió entonces ante un candidato que ofrecía vivir según las reglas establecidas en la Constitución nacional. El Preámbulo y los valores en ella establecidos fueron la hoja de ruta de una república que recuperaba las instituciones. Un hito fundamental de ese pasado fue el alegato final del fiscal Julio Cesar Strassera en el juicio a las Juntas, en diciembre de 1985. Repitió ese día el “Nunca más” con la humildad de señalar que la frase no le pertenecía ya que, como dijo, es patrimonio del pueblo argentino.

Hay muchas razones para recordar la trascendencia de la imagen del fiscal Strassera frente al tribunal y a los integrantes de las Juntas requiriendo las condenas luego de un juicio que había insumido hasta entonces dos años.

Hoy, la valiente y loable intervención de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en la causa conocida como Vialidad es el último eslabón de un proceso que lleva seis años. Ya en 2016, el juez Julián Ercolini, en una resolución de 794 páginas, ordenó procesar a Cristina Kirchner por considerarla prima facie coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública.

La historia que siguió al procesamiento es conocida. Apelaciones, incidencias, audiencias, recusaciones, idas y venidas entre todas las instancias judiciales, incluida la Corte Suprema, con la evidente finalidad de dilatar el juicio en lugar de aportar pruebas para demostrar su inocencia.

Resulta preocupante que, por ceguera ideológica, tantos personeros del kirchnerismo estén llamando a la población a alzarse contra las leyes y la república

Ayer, bajo la pueril excusa de no poder hablar ante el tribunal, Cristina Kirchner realizó una provocadora defensa mediática luego de conocido el fundado alegato de los fiscales, que pidieron para ella una pena de 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Se trató de una simple muestra de desesperación frente a las pruebas que abundan en la causa. Fue una tan inexplicable como exultante muestra de poder realizada desde el Senado de la Nación, lugar que no debería utilizar para defenderse de delitos de corrupción. La Cámara alta no puede ser la guarida desde la cual cuestionar a la Justicia en su propio beneficio.

Cristina Kirchner no pudo rebatir hasta ahora ni las pruebas ni las conclusiones legales de los fiscales ni ningún aspecto de este juicio que intentó retrasar y bloquear mediante la presentación de un sinfín de chicanas. Le queda todavía la etapa de alegato de las defensas y la posibilidad de volver a hablar hacia el final del trámite judicial. Pero prefiere desviar el foco. Solo se ocupó ayer, una vez más, de lanzar incriminaciones políticas inconsistentes, de victimizarse, de mostrar que, si en algo le interesa la Justicia, es para poder someterla a sus arbitrios, no para preservarla como el poder independiente que es.

Así como aquel “Nunca más “de Strassera, quedará en la memoria colectiva la conclusión de Luciani: “Señores jueces, es corrupción o justicia”.

La inclusión del delito de corrupción y de la lucha contra la impunidad en el poder ha sido central en la Constitución nacional reformada en 1994. Su artículo 36 sostiene claramente: “Atentará contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”.

Cristina Kirchner conoce perfectamente el valor de esa cláusula porque fue convencional reformadora en 1994. Sin embargo, hoy la desprecia por el simple hecho de que la acusada es ella. No defiende la Constitución ni las leyes, sino que se defiende a sí misma. Ella no se percibe como una ciudadana más, sino como privilegiada. Protestar ahora mediáticamente porque los jueces no la dejaron declarar cuando legalmente ya no correspondía hacerlo en esta parte del proceso da la pauta del imaginario escalón donde pretende situarse respecto del resto de los mortales.

Haber sostenido que esta causa en la que está procesada como jefa de una asociación ilícita responsable de defraudación al Estado es “un juicio contra todo el peronismo” es un mensaje más para el adentro de su partido que para el afuera: necesita que sus compañeros de ruta apuntalen su tergiversación de los hechos, apañando el burdo invento conceptual del lawfare, victimizándose junto con ella y denunciando proscripción. En ese sentido estuvo orientado el tan escandaloso como absurdo comunicado del presidente de la Nación, Alberto Fernández, condenando la supuesta persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta. Fernández tampoco respeta la Constitución, cuyo artículo 109 dispone que “en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”. Igual que su mentora política, el jefe del Estado violenta la división de poderes y miente. ¿O, acaso, está cimentando el camino para otorgar un eventual indulto?

No pueden menos que condenarse también los términos en los que se expresó el ministro de Economía, Sergio Massa, tras conocer el pronunciamiento de los fiscales. Dijo que “estamos ante un peligroso antecedente para la política, los empresarios y aquellos que tienen dependientes”. Peligroso es que esos “dependientes” del poder de turno puedan delinquir amparados por quienes los dejan hacer para cobrar su tajada. Algo que tanto Massa como Alberto Fernández denunciaban con el dedo en alto respecto del kirchnerismo antes de volver al redil, con indisimulables ansias de poder absoluto y una progresiva amnesia política.

Las investigaciones de la Justicia hasta el momento dieron como resultado, entre otras cuestiones, que el patrimonio del seudoempresario Lázaro Báez creció 12.000 por ciento entre 2004 y 2015, y que el de Austral Construcciones lo hizo en un 46.000 por ciento mediante la adjudicación de contratos direccionados en su beneficio por el matrimonio Kirchner durante sus presidencias consecutivas. ¿Qué demostró la vicepresidenta para contrarrestar o desmentir esas pruebas? Nada contundente que se sepa hasta ahora. Solo ataques a la oposición y a la prensa independiente, cargados de inexactitudes y de furia, mucha furia. Un sentimiento que Cristina Kirchner y sus laderos esperan proyectar y mantener en alto en las calles, como se vio durante las últimas horas, incluso con agresiones de sus seguidores a la policía, que, como es su deber, trataba de evitar desmanes de parte de quienes alimentan el odio y el resentimiento. Las declaraciones de Hebe de Bonafini y de otros tantos personeros del kirchnerismo llamando a un alzamiento contra la Corte y la Constitución resultan tan aberrantes como peligrosas y desnudan la ceguera ideológica y las conveniencias personales que les impiden apreciar la verdad.

No es verdad, como dijo Cristina Kirchner en diciembre de 2019 cuando le tocó declarar en este juicio, que a ella ya la había absuelto la historia. Para que eso ocurra, tras un juicio justo y procesalmente incuestionable, primero deberán expedirse los jueces.

Estamos ante un momento bisagra de nuestra historia como país. Como bien ha dicho el fiscal Luciani en su alegato, “una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones”.

Como ciudadanos, desde el lugar que cada uno ocupa, debemos exigir a nuestros representantes el sometimiento absoluto a las normas. Perseguir la verdad defendiendo las instituciones es consolidar la democracia. Corrupción hubo siempre. Lo que como sociedad no podemos permitir es que reine la impunidad.

Fuente: La Nación