Causa Vialidad: genuflexos avales para la impunidad

Vergonzosa, obscena, escandalosa y perversa son apenas algunos de los calificativos posibles para una decisión como la de la Unidad de Información Financiera (UIF), genuflexo organismo que acaba de abandonar su papel de querellante en la causa conocida como Vialidad, en la cual se investiga a Cristina Kirchner, acusada de liderar una asociación ilícita que defraudó al Estado mediante el direccionamiento de obras públicas en Santa Cruz, en beneficio del pseudoempresario Lázaro Báez.

Apenas horas después de conocida esta incalificable maniobra, el juez de la Cámara Federal Mariano Llorens instó a investigar de manera “conglobada” las causas contra la vicepresidenta. Propone considerar en su conjunto “distintos tramos de conducta asociados a un único designio criminal”, conjugando los avances de las causas Vialidad, la llamada ruta del dinero K, Hotesur y Los Sauces y los cuadernos de las coimas. Así lo planteó el camarista junto a su colega Eduardo Farah, en un fallo que dio por desistido el recurso de apelación presentado y luego retirado por el abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, contra la decisión del juez federal Sebastián Casanello de rechazar su sobreseimiento en la causa de la ruta del dinero K.

La UIF pasó sin más de acusadora a abogada defensora, una aberración que solo puede comprenderse –nunca justificarse– si se entiende que estamos ante un engranaje absolutamente funcional al encubrimiento que demandan las gestiones del kirchnerismo

Poco antes de que la UIF defeccionara de una de sus principales obligaciones en la causa Vialidad, precisamente la Oficina Anticorrupción (OA) había también incumplido sus deberes, dejando en claro que a los organismos de control del Estado durante los gobiernos kirchneristas no solo no les interesa avanzar sobre expedientes judiciales que involucran a la actual vicepresidenta y a varios de sus exfuncionarios, sino que se sienten impelidos a salir a defenderla, creando un muro de protección destinado a garantizarles impunidad.

Resulta tan irracional como disparatado que la unidad cuya función es “el análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos, la financiación del terrorismo, y los delitos económico-financieros complejos […] de modo de contribuir a reforzar el sistema financiero y el resguardo del orden socioeconómico” no solo haya decidido dejar de ser querellante, sino que haya pasado de impulsar el proceso y describir las maniobras delictivas, en tiempos de independencia durante la gestión anterior, a pedir la absolución de la vicepresidenta y sus exfuncionarios. Es decir, se pasó sin más de acusadora a abogada defensora, una aberración que solo puede comprenderse –nunca justificarse– si se entiende que estamos ante un engranaje absolutamente funcional al encubrimiento que demandan las gestiones del kirchnerismo, subordinado a los organismos de control al servicio de consagrar la corrupción.

“Que la UIF pida esas absoluciones es la confirmación del acto criminal”, dijo la diputada Mariana Zuvic (Coalición Cívica-Capital), acaso la más acertada descripción de lo que se pretende lograr digitando los organismos de control.

El control de los actos de gobierno exige el compromiso de todos con la institucionalidad. No cejemos en el pedido de justicia y breguemos por que sean castigados quienes se creen impunes

Laura Alonso, extitular de la OA durante el gobierno precedente, dio un paso más: “Con la cantidad de prueba que hay en el expediente, debería evaluarse el juicio por mal desempeño del titular de la UIF y los abogados que participan en esa querella”.

El requerimiento de elevación a juicio en esta causa fue firmado por Mariano Federici, como titular de la UIF durante el anterior gobierno. Hoy el organismo es conducido por Juan Carlos Otero, vinculado con el diputado Máximo Kirchner. Durante los alegatos del pasado lunes, Leandro Ventura, abogado del organismo, sostuvo que no existió la posibilidad de sobreprecios, que sería irresponsable avanzar en la acusación contra Cristina Kirchner y los demás imputados –piden solo unas escuetas penas para algunos exfuncionarios santacruceños de menor rango–, que tampoco existió fraude en la obra pública que recibió Báez y que no hubo delito de asociación ilícita. Y que, por todo ello, corresponde absolverlos.

“Las pruebas son contundentes. Las cartas para Cristina Kirchner están echadas”, contraatacó públicamente el legislador porteño Hernán Reyes (Juntos por el Cambio), quien trabajó con Elisa Carrió en varias denuncias de corrupción y para quien la actitud de la UIF de dejar de ser querellante en Vialidad “es parte del plan de saqueo de la obra pública: poder político, silencio judicial y complicidad de los organismos de control”.

Basta recordar que se trata de la misma causa en que la Corte Suprema de Justicia rechazó hace pocas semanas varios planteos que habían presentado las defensas de la vicepresidenta y de otros acusados objetando la investigación.

El próximo paso tras los alegatos de los abogados ocurrirá el 1º del mes próximo cuando sea el turno de la presentación del fiscal Diego Luciani. Será un día clave con vistas al pronunciamiento final del Tribunal Oral Federal 2, integrado por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Esos tres magistrados integran la lista de 24 jueces y funcionarios judiciales víctimas de la violación de los sobres reservados en la Oficina de Declaraciones Patrimoniales del Consejo de la Magistratura.

El control de los actos de gobierno exige el compromiso de todos con la institucionalidad. Naturalizar la corrupción es una de las peores cosas que podrían pasarnos como sociedad. No cejemos en el reclamo de justicia, avalemos a los jueces valientes que cumplen con su deber y breguemos por que el merecido castigo de quienes erradamente se creen impunes vuelva a poner las cosas en el lugar del que nunca debieron salirse.

Fuente: La Nación