El falaz relato histórico que el kirchnerismo pretendió imponer durante sus sucesivos gobiernos se complementó con un programa de gobierno que, por todos los medios, procuró revestir de héroes e idealistas a los miembros de las organizaciones guerrilleras que sembraron el terror en nuestro país, provocando asesinatos, secuestros, atentados con explosivos y una demonización de quienes los combatieron desde el Estado. Llegaron al punto de reconocerles a terroristas el cobro de fuertes sumas indemnizatorias y hasta se los premió con altos cargos públicos, mientras que sus víctimas nunca estuvieron en el eje de las preocupaciones. Debió pasar mucho tiempo para que una parte de ellas –muy pequeña aún- empezara a ser admitida y asistida como tal en la consideración gubernamental y legislativa.
Al cabo de casi dos décadas de kirchnerismo, podemos observar el resultado de la política de derechos humanos instrumentada por el trío compuesto por el matrimonio Kirchner, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y su entonces conductor, Horacio Verbitsky: el delito se ha extendido impunemente en todo el país, producto -entre otros factores- de la inacción de las policías, privadas de toda función útil, imposibilitadas de ejercer inteligencia y prevención, y atemorizadas por denuncias de abusos presentadas por organizaciones de derechos humanos que han incluido peritajes falsos para incriminar a los servidores públicos.
Los autores de delitos presentan comúnmente graves y numerosos antecedentes penales. No obstante, se encuentran en libertad merced a decisiones del Poder Ejecutivo, y a una legislación y una jurisprudencia que no protegen a los inocentes.
Miles de niños y jóvenes toman decisiones de cambio de sexo sin estar preparados para ello. Muchos se someten a tratamientos financiados por el Estado, que acaban de ser condenados por la Academia Nacional de Medicina, mediante un documento en el que sostiene que no avala ninguna práctica hormonal o quirúrgica orientada a modificar características sexuales en personas menores de edad.
La educación pública hace hincapié en el reclamo de más derechos, desmereciendo el cumplimiento de los deberes y cuestionando toda autoridad y respeto por las normas. Hace pocos días, padres y alumnos de sexto grado de la ciudad de La Plata agredieron a golpes a maestros y directivos de una escuela. Casi ningún docente cambia pañales o ayuda a un niño a ir al baño para hacer sus necesidades por temor a ser denunciado. Solo los padres o sus encargados pueden auxiliarlos. La política de género ha provocado que se eviten encuentros de dos personas a solas en oficinas o incluso en ascensores. Se buscan testigos de esos encuentros por temor a falsas denuncias de abusos.
Cientos de miles de hectáreas le han sido entregadas a organizaciones que dicen representar a pueblos originarios, muchas de ellas situadas en lugares paradisíacos de Parques Nacionales o pertenecientes a unidades militares de montaña. Las organizaciones de derechos humanos y las piqueteras, generosamente financiadas con miles de millones de pesos provenientes de nuestros impuestos, tomaron indiscriminadamente la vía pública hasta que la entonces ministra de Seguridad -hoy senadora nacional- Patricia Bullrich, haciendo cumplir el expreso mandato presidencial, hizo cumplir normas que nadie se atrevía a poner en práctica.
Estos datos son algunas de las muestras más evidentes del descalabro cultural, legal, jurisprudencial y educativo que se ha generado en nuestro país, que ha hecho que la Argentina perdiera no solo verdad histórica, sino también sentido común. El exsubsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños denunció el entramado de leyes dictadas al amparo del CELS que privilegian a militantes rentados, se apropian de espacios públicos y expuso el contubernio que llevó a que el Estado se allane a demandas internacionales absurdas como han sido los casos de Milagro Salas o de Santiago Maldonado, destapando valientemente convenios turbios, viajes al exterior de absurdas y abultadas comitivas y subsidios vergonzosos. Es de esperar que quien fue designado en su reemplazo, Joaquín Ignacio Mogaburu, continúe en la misma senda. Que el compromiso con la verdad del exfuncionario contribuya fuertemente con la recuperación de la legalidad y la concordia, sin las cuales es imposible superar los graves desafíos que nos plantean el presente y el futuro de nuestro país.
Fuente: La Nación
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