Distintos datos de la realidad de la enseñanza en la Argentina y en el extranjero muestran cabalmente el problema denominado por la Unesco como “malestar docente”. Se trata del deterioro de la salud de los educadores por las características de su trabajo (el uso de la voz, diferentes horarios y lugares que exigen traslados diarios y uso del tiempo propio para correcciones e investigación), las condiciones de trabajo (mala remuneración, exceso de horas al frente del alumnado, mala infraestructura y falta de recursos tecnológicos), las condiciones sociales amenazantes (situación socioeconómica del alumnado en la pobreza y violencia generada con el que enseña) y por el estrés emocional que afecta e incluso desestabiliza las labores frente al estudiante. Esta situación es causal del ausentismo docente global, sumado a los motivos propios en la Argentina vinculados con la protesta gremial y los excesos y abusos en el uso de las licencias respectivas. En este sentido es importante tomar conciencia de lo que está sucediendo en las distintas jurisdicciones del país.
Al abrir el período legislativo provincial, en febrero pasado, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se refirió al momento crítico que atraviesa la provincia, desfinanciada y endeudada, y a la imperiosa necesidad de ordenar prioridades. “No había fondos para imprimir libros de texto y encontramos que se gastan 11.000 millones de pesos por año en adscripciones, es decir en sueldos de docentes que no están en las escuelas, sino en otras áreas de gobierno”, lamentó. Agregó que “más de 3000 millones de pesos por mes se destinan a sueldos de docentes con distintos tipos de licencias”, con suplencias en las escuelas públicas que alcanzan el 25%, mientras que en las privadas es del 5%.
El Ministerio de Educación santafesino reportó que el ausentismo docente, con una suba de 10 puntos respecto del año anterior, se consumió el 30% del presupuesto en 2023. Un cuarto de la partida asignada a salarios docentes se fue en el pago de 32.300 días de reemplazos, equivalente a lo que cuesta construir mil aulas o 50 escuelas. Según los registros, 18 mil días correspondieron al cuidado de suegros, más de 11 mil para tíos y 3 mil para sobrinos, inconcebible cuando las únicas licencias legalmente contempladas involucran a hijos, padres y parejas. “Nadie resiste con un 32% de ausentismo, eso lo vamos a corregir”, señaló el gobernador Maximiliano Pullaro, quien propuso controles y auditorías más estrictos y un sistema de alerta ante la reiteración de pedidos de un mismo docente, así como reconocimientos a quienes no falten.
En casi todas las provincias el ausentismo docente, un problema sistémico muy consolidado en el sistema, ronda en promedio el 20% en escuelas públicas y el 5% en las de gestión privada, uno de los motivos por los que muchos padres que pueden hacerlo optan por las escuelas privadas, persuadidos de que aseguran mejor calidad de educación a sus hijos.
En Mendoza, desde 2016, rige por ley el llamado “ítem aula”. La iniciativa otorga el 10% de salario extra a los docentes que no tengan faltas injustificadas. El resultado: menos ausentismo en escuelas públicas, que bajó casi hasta igualar el de las privadas, y menor acatamiento a los paros.
En Córdoba, en febrero pasado, se firmó una resolución que establece el “ítem profesionalidad docente”, similar al mendocino, para docentes que no falten más de tres veces al mes en forma justificada. Sumaron también como condición adicional la capacitación profesional.
En la ciudad de Buenos Aires, a partir de noviembre 2023, en lugar de establecer un incentivo para que no paren, se duplicó el porcentaje de descuento a los docentes que no cumplieran con el presentismo, pasándose del 2% al 4% sobre el salario neto. La decisión se sumó a otra de julio pasado que había definido un reconocimiento salarial para los docentes que tuvieran asistencia perfecta.
Muchos expertos hacen hincapié en que se requiere un plan integral que contemple ambos desafíos: el cuidado de la salud docente e iniciativas que corrijan el abuso de licencias y el crecimiento del ausentismo. Países como Finlandia, Singapur y más cercanos a nuestra cultura como España, Chile y Uruguay, entre otros, han desarrollado políticas para promover el bienestar docente con atención médica y psicológica (por ejemplo el PAP, Programa Apoyo Psicosocial de Chile o el de “Burnout Docente” de Cataluña o el de “Salud Emocional Docente” de Uruguay). Hacer funcionar ambos mecanismos (el de beneficios y el de control) viene probando ser en la práctica mucho más útil que pensar solo en declarar a la educación como servicio esencial. Apoyar la salud física y psíquica de los docentes con planes especiales y fiscalizar lo que ocurre en las escuelas y, especialmente, en las aulas es básico a la hora de emprender cualquier tipo de mejoras en el sistema educativo. El hecho de que haya tantos alumnos con serios problemas de lectura y escritura y dificultades para organizar su pensamiento abstracto no puede ser ajeno a la discontinuidad de los procesos pedagógicos.
Es importante remarcar que los planes contra el ausentismo deben ser integrales. Además de las consecuencias del desgaste emocional al que se exponen quienes transitan muchas veces extenuantes jornadas en distintos establecimientos, hay que prestar atención a enfermedades que en alto porcentaje se vinculan con el uso de la voz. En tiempos de avanzadas tecnologías, muchas escuelas deberían poder instrumentar, por ejemplo, sistemas de micrófonos más allá de brindar talleres de cuidado de tan valiosa herramienta. De lo más simple a lo más complejo.
Frente a altos niveles de ausentismo y deserción estudiantil, la escasez de docentes en varias provincias también se hace sentir: nuestra cantidad de estudiantes por docente es una de las más bajas de América Latina. La mayoría de los que están frente a las aulas sostiene lo mejor que puede un sistema en crisis, haciendo su trabajo esforzada y comprometidamente, muchas veces por magros salarios que no reconocen el valor de una labor largamente desprestigiada. Es clave trabajar para corregir las cosas que se hacen mal y reparar inequidades. Cuando, en este contexto, la falta de recursos es tan notoria, defender la inversión educativa es no malgastar ni un solo centavo, incentivando, apoyando, prestigiando y capacitando a quienes construyen junto a nuestros niños el futuro de la Patria.
Fuente: La Nación
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