Una provincia en estado asambleario, sacudida por un malestar sin respuestas

RIO GALLEGOS.- Santa Cruz vive hoy en estado asambleario. Ante la falta de respuestas del gobierno provincial y con las clases suspendidas, la Justicia paralizada, la salud en terapia intensiva, los gremios abrieron el juego y por tercera vez en dos semanas padres, alumnos, jubilados y gremialistas se reunieron anoche en asamblea pública bajo la consigna «salud, justicia, educación y salario».

La convocatoria fue en el gimnasio de una escuela. Allí, más de 500 personas debatían sobre la realidad aciaga que atraviesa la provincia para proponer acciones concretas que logren una respuesta de parte del gobierno. Ya marcharon dos veces con antorchas por las calles y anoche decidían acciones para seguir manifestando su descontento.

Repudio a la represión, pedido de clases, enojo con el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, aplausos para los heridos, fuertes críticas para el kirchnerismo, mensajes para el gobierno nacional, reclamo de los jubilados que llevan un acampe de 26 días en la calles fueron algunos de los reclamos en una noche donde se intercalaron cuestionamientos y aplauso

La jornada de ayer mantuvo el vértigo de los últimos días. Los docentes montaron una carpa frente al Banco Santa Cruz, a diferencia del año pasado, que la montaron en la puerta de la gobernación. La entidad es objeto de críticas porque opera las cajas de ahorro de los estatales que aún no cobraron los sueldos, a quienes no obstante le aplican los débitos en sus cuentas.

A mediodía, los docentes ingresaron al primer piso del Ministerio de Economía, donde con bombos reclamaron ser recibidos por el ministro, Juan Donnini. «Es el día 25 y el sector aún no ha cobrado los haberes, nos parece denigrante lo que están haciendo, no sólo no les importa la educación sino que nos están llevando a este atropello de no pagarnos y ponernos en esta situación vulnerable», afirmó a LA NACIÓN Sara López, secretaria gremial de la Adosac, filial Río Gallegos.

El disgusto con el gobierno de Alicia Kirchner se expresó hasta en Buenos Aires. La sede de la Casa de Santa Cruz, ubicada sobre 25 de Mayo, en el microcentro, amaneció vallada, a tono con la tensión social que se vive en esta provincia. Anteanoche un pequeño grupo de vecinos de El Calafate se reunió frente al ingreso de la casa de la ex presidenta Cristina Kirchner y tras corear la consigna «queremos cobrar» se retiraron sin disturbios.

Una vez más, los santacruceños se descubren en las portadas de los diarios nacionales y se sorprenden al ver a sus vecinos en los canales de televisión, pero ya no como un símbolo de la tierra prometida con que en 2003 se retrataba a Santa Cruz sino como reflejo de una provincia cuyos dirigentes no logran identificar el rumbo.

En tanto, siguen los coletazos de los episodios violentos de la noche del sábado. Los diputados provinciales de Unión para Vivir Mejor, el bloque integrado por legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR), Encuentro Ciudadano (EC) y el Frente Renovador (FR), ayer repudiaron el accionar policial, que derivó en cuatro heridos y pidieron la renuncia del ministro de Gobierno, Fernando Basanta, quien esta noche se encontraba en la Jefatura de Policía, frente a la gobernación.

El pedido de renuncia también alcanzó a Pietragalla. «Muchas cosas han pasado en Santa Cruz desde diciembre de 2015 hasta la fecha y el señor Pietragalla no se ha expedido, y ahora no sólo no reconoció la represión, sino que ha tratado de delincuentes a quienes se manifestaron en las afueras de la residencia el viernes pasado», afirmó la diputada Gabriela Mestelán.

Pietragalla, a través de su cuenta de Facebook, había asegurado el sábado que «no fue represión lo de anoche sino evitar un acto delictivo», al referirse a los incidentes en la residencia de la gobernadora.

Además, como otra expresión del descontento social, los gremios reunidos en la Mesa de Unidad Sindical elevaron una nota al fiscal de Estado pidiéndole el apartamiento de la Romina Mercado del equipo de abogados de la fiscalía, por hallarse procesada «por el delito de asociación ilícita y lavado de activos» en la causa Los Sauces, donde también se encuentra procesados Cristina Kirchner y sus hijos.

Agregaron que «las conductas de Romina de los Ángeles Mercado se subsumen en el delito de organizador de una asociación ilícita», con un embargo de 90 millones de pesos y la prohibición de salir del país. Por estas razones, los firmantes de la nota consideran que «corresponde desde lo moral, ético, funcional, institucional, operativo y constitucional, el apartamiento del cargo en resguardo del patrimonio, defensa de los bienes del estado». Mercado, hija de la gobernadora Kirchner, asumió el cargo ad honorem.

Fuente: La Nación