La Policía de la Ciudad nace con protestas y peleas de poder en segundo plano

En las próximas horas el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , y su ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, anunciarán oficialmente la unificación de la Policía Metropolitana y el sector de la Policía Federal que les fue traspasado desde la Nación en enero pasado.

La nueva fuerza, que se llamará Policía de la Ciudad, llega con expectativa sobre quién será su jefe y, también, con un mar de fondo traducido en malestar e incertidumbre entre parte de los uniformados, que temen perder ciertos derechos, y con disputas entre bambalinas en los altos mandos, tanto de las fuerzas que se unirán como entre la jefatura de la Federal «histórica» y la conducción de las comisarías.

Tanto desde la Ciudad como desde la Nación explicaron que los futuros ex integrantes de la Federal no perderán ningún derecho adquirido y tendrán nuevos y mejores beneficios, como una suba salarial.

La Policía de la Ciudad deberá ser aprobada por mayoría simple (31 votos) por la Legislatura porteña. El proyecto de ley correspondiente será girado en los próximos días.

Detrás de las protestas y de las quejas de varios uniformados que se resisten a dejar de ser «federales» hay una pelea política y de poder. Una muestra de esa disputa está en el edificio de la Policía Montada, situada en Figueroa Alcorta y Cavia, donde aún funcionan ocho dependencias de la Policía Federal Argentina (PFA), como Interpol, Antisecuestros y el Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF).

«Hace 75 años que estamos en ese predio. Será injusto si tenemos que abandonarlo como se pretende desde la firma del convenio [de traspaso]», dijo a LA NACION un calificado comisario general de la PFA.

Protesta viral

En el gobierno porteño creen que detrás de las protestas y de la difusión del malestar en las redes sociales hay un sector de la Federal que se resiste al cambio. «Pudo haber fallas, pero lo cierto es que fuimos comisaría por comisaría para explicar que nadie va a perder los derechos adquiridos. Y alguien, por atrás, insiste en crear malestar», explicaron las fuentes consultadas.

Ese malestar quedó evidenciado con la difusión, a través de Internet, del video de un acto en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) porteño. Las quejas, según pudo saber LA NACION, estuvieron dirigidas al jefe de la Policía Federal de la Ciudad (el sector traspasado), comisario general Guillermo Calviño. La protesta ocurrió el viernes pasado, durante la entrega de diplomas de un curso de «actualización profesional» del que participan 600 uniformados por mes. Comenzó cuando tomó la palabra una suboficial y continuó con el aplauso cerrado de la mayoría de los presentes, como mensaje de apoyo, se originó en el deseo de algunos suboficiales de ser trasladados a delegaciones federales en las provincias.

Un reciente integrante de la cúpula de la PFA estimó que el malestar se origina en la falta de contención del personal traspasado. «Muchos sintieron que con el pase perdían logros y beneficios conseguidos en el tiempo y que pasarían a ser una especie de policía provincial. También temen perder las horas adicionales, que terminan siendo una parte importante» de lo que ganan cada mes, explicó el informante.

Según informaron a LA NACION calificadas fuentes oficiales, después de la ceremonia y de la protesta, el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, se quedó en el ISSP, en el Parque Avellaneda, para atender a cada uno de los uniformados que tenía una queja.

«Hay un compromiso de evaluar cada caso en particular y si alguien tiene la necesidad, por cuestiones familiares, de ir a una delegación de la PFA en el interior se harán las gestiones necesarias con el Ministerio de Seguridad de la Nación», explicaron los voceros consultados.

Hasta ayer, D’Alessandro sólo había recibido en su mail personal dos pedidos de traspaso: uno solicitó ser enviado a Tucumán y otro, cambiar de comisaría para poder estar más cerca de su domicilio particular.

«El traspaso no contempló cuestiones básicas. Hubo matrimonios de policías separados a la fuerza: unos quedaron bajo la órbita de la Nación y otros en la de la Ciudad. Se dividió en dos una institución sin contemplar muchas cuestiones», dijo un jefe policial.

El temor de algunos uniformados de perder la caja de retiro se solucionó la semana pasada con la firma de un convenio entre la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y Ocampo, su par porteño.

«Este convenio es muy importante porque fortalece la seguridad de las familias de los agentes, haciendo que se sientan más protegidos y cuidados», sostuvo Bullrich. «Es importante que los policías sepan que el Estado los respalda», agregó Ocampo.

Sobre las quejas por la eventual pérdida de la posibilidad de hacer horas adicionales, se explicó que la nueva ley contempla que los agentes que quieran puedan hacerlas.

Fuente: La Nación