Tras la finalización de la feria judicial y a la espera de una definición de la Corte Suprema sobre la competencia para resolver el conflicto, el Estado Nacional fijó una posición clara en la disputa entre Mercado Libre y la plataforma china Temu (Elementary Innovation). El Gobierno presentó una contundente contestación judicial para ratificar la medida preventiva que ordena a la empresa asiática cesar con sus campañas de publicidad engañosa.
Cuál es el conflicto entre Mercado Libre y Temu
La causa se originó a partir de una denuncia de Mercado Libre, que derivó en la intervención de la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno, dependiente del Ministerio de Economía, la cual imputó a Temu por presuntas violaciones al Decreto 274/2019 de Lealtad Comercial. En respuesta, la compañía china solicitó una medida cautelar para frenar el proceso administrativo, lo que terminó por escalar el conflicto al ámbito judicial.
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Según consta en los documentos judiciales, el gigante argentino acusó a su competidor de implementar publicidad engañosa, precios irrisorios —en muchos casos por debajo del costo— y mecanismos de juegos y recompensas que condicionan el acceso a beneficios, prácticas que, a criterio de Mercado Libre, distorsionan la competencia y afectan el normal funcionamiento del mercado.
En el escrito presentado ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, los abogados del Estado solicitaron que se declare “desierto” el recurso de apelación interpuesto por Temu y, en caso de no prosperar ese planteo, que directamente sea rechazado.
La defensa estatal argumentó que la presentación de la empresa china no constituye una expresión de agravios válida, al estar “plagada de generalidades, con escaso o nulo anclaje en las particularidades de la causa”. En ese sentido, señalaron que los argumentos de Temu no logran refutar los fundamentos de la resolución administrativa y se limitan a manifestar una mera discrepancia con lo decidido.
Otro de los puntos centrales del escrito oficial es la naturaleza de las infracciones que se investigan. Los abogados del Estado remarcaron que las violaciones a la Ley de Lealtad Comercial son de carácter formal, por lo que no es necesario acreditar un daño concreto a un consumidor específico para habilitar la intervención estatal.
Según sostuvieron, la normativa apunta a prevenir el peligro potencial que estas conductas generan sobre el mercado, la competencia y el equilibrio en las relaciones de consumo, reforzando así la postura del Gobierno en defensa del cumplimiento de las reglas comerciales frente al avance de plataformas internacionales.
Fuente: Mendoza online
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