Freno para la reforma penal juvenil: por qué el Gobierno retiró el proyecto de Diputados

El Gobierno nacional solicitó el retiro del proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil que había sido enviado este lunes al Congreso de la Nación. La decisión se tomó tras advertir diferencias sustanciales con los bloques aliados, que ponían en riesgo su tratamiento en la Cámara de Diputados.

Qué razones tiene el Gobierno para ponerle un freno a la reforma penal juvenil

Una de las razones centrales del repliegue fue que el oficialismo incluyó en el dictamen remitido al Parlamento la reducción de la edad de imputabilidad a los 13 años, cuando el consenso alcanzado previamente con los espacios dialoguistas fijaba ese límite en 14 años, tal como había quedado establecido en el texto que obtuvo dictamen en 2025.

El proyecto que crea un nuevo régimen penal juvenil es, en términos generales, muy similar al que fue debatido y aprobado en comisión en mayo del año pasado. Sin embargo, la nueva versión incorporó modificaciones que reabrieron el debate político y obligaron al Ejecutivo a recalcular su estrategia legislativa.

Cambios en la reforma

Entre los cambios introducidos, el Gobierno sumó por primera vez una asignación específica de fondos para garantizar la implementación efectiva de la ley. En ese sentido, el texto dispone más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia, con el objetivo de fortalecer el sistema de defensa y la estructura judicial necesaria para aplicar el nuevo régimen.

En el proyecto original, el financiamiento quedaba sujeto a la discrecionalidad de la Jefatura de Gabinete, una situación que había despertado críticas y sospechas sobre la viabilidad real de la norma y el riesgo de que se transformara en letra muerta.

Más allá del refuerzo presupuestario, el principal punto de conflicto siguió siendo la edad de imputabilidad. Mientras el dictamen anterior establecía los 14 años como edad mínima punible, el texto ingresado esta semana reabrió la discusión al incorporar la posibilidad de fijarla en 13 años, una decisión que rompió el acuerdo político previo.

Con el retiro del proyecto, el Gobierno busca ahora reformular la iniciativa, recuperar consensos y evitar una derrota legislativa en Diputados, en un tema altamente sensible que combina seguridad, derechos de la niñez y fuerte impacto político.

Fuente: Mendoza online