Este martes, el Gobierno promulgó las leyes de emergencia pediátrica (o Ley Garrahan) y de financiamiento universitario, en el último día del plazo para aplicarlas. Ambos proyectos fueron aprobados en el Congreso el pasado 2 de octubre, luego de que las Cámaras rechazaran los vetos del presidente Javier Milei con amplio respaldo. Sin embargo, la aplicación de ambas normas fue suspendida hasta que el Parlamento determine las fuentes de financiamiento y agregue las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional.
La decisión del Poder Ejecutivo fue oficializada esta madrugada a través de la publicación de los decretos 759/2025 y 760/2025 en el Boletín Oficial. Es el mismo criterio que aplicó el pasado 24 de septiembre con la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Los decretos de este martes aclaran que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 24.629, toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever “en forma expresa” el financiamiento correspondiente. En caso contrario, la normativa indica que “quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional”.Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite
El argumento del Ejecutivo retoma lo expresado en septiembre por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, antes de que los vetos fueran rechazados. En ese momento, el oficialismo ya había advertido que la falta de partidas específicas impide aplicar normas que generan nuevos compromisos fiscales.
Lo mismo había ocurrido con la ley de emergencia en discapacidad, que fue aprobada pero cuya aplicación también fue postergada. A través del decreto 681/2025, publicado el pasado 22 de septiembre, Francos señaló que el Congreso había omitido “indicar de manera fehaciente la forma en la cual han de financiarse las erogaciones” previstas en el proyecto, que buscaba fortalecer el financiamiento para servicios, pensiones y otras prestaciones del área de discapacidad.
Ahora, desde el Gobierno sostienen la misma postura respecto de las normas que autorizan fondos para el Hospital Garrahan y las universidades nacionales. Según lo expresado en los decretos, la aplicación de las normas fue suspendida y será el propio Congreso el que deberá definir cómo incrementar los recursos en el Presupuesto 2026 para determinar las fuentes de financiamiento de las leyes aprobadas.https://drive.google.com/file/d/1gr2UaKAnNoJ1Ns9j51PsWqTLOIcQnCT7/preview
Qué establece la ley de financiamiento universitario
La Ley 27.795, promulgada este martes, establece un esquema de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente, con la actualización según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). También contempla recursos para becas estudiantiles, tecnología, investigación y formación académica.
Según estimaciones oficiales, la aplicación total de la norma demandaría 1,07 billones de pesos en 2025 y más de 2 billones en 2026, cifras que el Gobierno considera “inviables” sin una definición del Congreso sobre las partidas disponibles. La Procuración del Tesoro advirtió que implementar la ley sin fondos específicos sería incompatible con el artículo 5° de la Ley 24.629, que regula la ejecución del gasto público, y podría generar “responsabilidad funcional” para los funcionarios que la implementen.
Como respuesta a la postergación desde el Ejecutivo para promulgar norma, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) realizará medidas de fuerza. Esta tarde habrá movilizaciones, y el miércoles se llevará a cabo un paro de 24 horas en todo el país.
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Qué establece la ley de emergencia pediátrica
La Ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en las residencias nacionales de profesionales de la salud por un año, tiene el objetivo de garantizar el acceso a los servicios médicos para niños y niñas. La norma busca fortalecer los hospitales pediátricos y recomponer los salarios del personal sanitario, como así también ofrecer incentivos fiscales a quienes trabajen en áreas críticas. Además, la ley declara al Hospital Garrahan fue designado como centro de referencia nacional de alta complejidad.
El costo fiscal de la medida se estima en 196.270 millones de pesos, y la ley indica que los recursos provendrán de la reasignación de partidas dentro del presupuesto del Ministerio de Salud y de reservas destinadas a contingencias sanitarias. Sin embargo, el Ejecutivo considera que el monto es difícil de afrontar por el déficit de 102.400 millones que presenta actualmente la cartera sanitaria.
El decreto publicado este martes también advierte que aplicar la ley sin financiamiento concreto podría implicar el desfinanciamiento de programas esenciales, como la entrega de medicamentos a personas vulnerables o la prevención del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.
Por su parte, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), junto a otros sectores del equipo de salud del hospital, realizan un paro de 24 horas desde las 7 de la mañana en rechazo a la suspensión de la aplicación de la ley de emergencia pediátrica.
Fuente: Perfil.com
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