En la antesala de la discusión del presupuesto 2023, la Cámara de Diputados aprobó anoche y giró al Senado una iniciativa clave para el Gobierno: la que dispone prorrogar, por cinco años, la vigencia de un paquete de impuestos que vencen a fin de año y cuya recaudación resulta clave para la Nación y las provincias.
La iniciativa se aprobó con 129 votos positivos, 100 votos negativos y 18 abstenciones. El oficialismo contó con el apoyo de los interbloques Federal y Provincias Unidas, mientras que los bloques de izquierda y los libertarios rechazaron el proyecto. La bancada de Juntos por el Cambio votó, una vez más, dividida: una buena parte de la UCR y de Pro votó en contra luego que el oficialismo rechazara subir el piso mínimo del impuesto a los bienes personales, mientras que la Coalición Cívica y varios diputados radicales se abstuvieron.
Entre los tributos que el Gobierno pretende prorrogar hasta 2027 figuran el de Ganancias, el que grava los créditos y débitos bancarios (conocido como impuesto al cheque) y Bienes Personales, tres gravámenes que, detrás del IVA, aportan la mayor cantidad de recursos al fisco. En efecto, según las estimaciones de la última versión del presupuesto 2022, los tres impuestos recaudan $2,7 billones anuales.
Además de estos impuestos, el Gobierno también propone prorrogar hasta diciembre de 2027 las asignaciones específicas en el IVA; el impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos; los impuestos del régimen de monotributo, y el que grava el capital de cooperativas.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, el oficialista Carlos Heller, destacó la necesidad de aprobar esta iniciativa pues, a su juicio, “lo que está en juego “es ni más ni menos que la solvencia del Estado” ya que estos gravámenes son “fundamentales en los números de la recaudación de nuestro sistema tributario”.
“Los impactos serían terribles no solo sobre las finanzas nacionales, sino de las provincias y los municipios”, advirtió, e insistió que “sería frenar la acción de los Estados” con “un altísimo costo que esto tendría para la población en las condiciones de vida de nuestra gente”.
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El bloque de Juntos por el Cambio, si bien había adelantado su predisposición a avalar la prórroga de los mencionados impuestos para no desfinanciar al Estado, no acompañó la iniciativa luego de que el oficialismo rechazara incluir cambios en el texto. Los opositores proponían, por caso, reducir las alícuotas del impuesto a los bienes personales y eximir del pago a todos aquellos patrimonios hasta $15 millones –hoy el mínimo no imponible es de $6 millones-.
Asimismo, los opositores también propusieron que el impuesto a los créditos y débitos bancarios (conocido como impuesto al cheque) pueda ser computado en un 60% como pago a cuenta del impuesto a las ganancias; en la actualidad, solo gozan de este beneficio las PyME manufactureras del primer y segundo tramo. En este capítulo los opositores impulsaron la posibilidad de que las micro y pequeñas empresas puedan computar íntegramente el impuesto al cheque como pago a cuenta de Ganancias.
“Nuestro bloque no objeta la prórroga de estos impuestos porque entendemos que el Estado debe estar financiado por impuestos, entre ellos el de Ganancias, el más progresivo de nuestro sistema tributario -indicó el diputado Luciano Laspina (Pro)-. Sin embargo, no estamos no estamos dispuestos a avalar con nuestro voto gran parte de las medidas tributarias que adoptó este gobierno, una contrarreforma impositiva que generó una verdadera catástrofe que ha impactado en los contribuyentes. Sobre todo en bienes personales, con aumentos que rozan lo confiscatorio”
Sin embargo, el oficialismo rechazó los cambios propuestos por la principal bancada opositora. “Nuestro dictamen se apoya en una ley de 2017 (de la gestión de Mauricio Macri)”, retrucó Germán Martínez, jefe del bloque del Frente de Todos.
Consenso fiscal
Previo al debate sobre la prórroga de los impuestos, el oficialismo consiguió convertir en ley el Consenso Fiscal 2022, iniciativa que faculta a los gobernadores a aumentar impuestos locales, como ingresos brutos y sellos.
Este nuevo pacto fiscal se aprobó tras un largo debate en el que oficialistas y opositores se trenzaron sobre la creciente presión fiscal que afecta a los contribuyentes. Mientras el Frente de Todos negó que este acuerdo entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores implique una suba automática de los impuestos locales, sus detractores afirmaron todo lo contrario.
“Los gobernadores buscan blindar sus cajas provinciales con vistas a las elecciones del año próximo frente al ajuste del gasto público que emprende el gobierno nacional”, asestó el diputado fueguino Héctor Stefani, de Pro.
Este nuevo consenso fiscal dispone que, en lo referido al impuesto a los sellos, la alícuota máxima sea del 3,5% a la transferencia de inmuebles, del 3% a la transferencia de automotores y del 2% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzadas por este tributo en general. Además, las provincias podrán elevar más allá del máximo de 2% el impuesto inmobiliario.
Por otra parte, la iniciativa incluye un capítulo denominado de “endeudamiento responsable”, que determina que las provincias podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera solo por medio de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito.
“El Consenso Fiscal no apunta a la idea de aumentar impuestos, sino de implementar instrumentos que procuren la distribución de la carga impositiva, para lo cual se prevé que tenga mayor incidencia en los impuestos patrimoniales, históricamente débiles en muchas provincias, y de esa forma poder compensar la eventual reducción en la recaudación de impuestos sobre las actividades productivas y el consumo”, insistió Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto.
Fuente: La Nación
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